Bajo Putumayo, Plan Patriota - Plan Colombia y la sepultura de los sueños
(Colombia) (JUsticia y Paz)

Viernes 6 de enero de 2006, por Prensa - Colectivo

Entre el silencio, entre el temor, entre las cortinillas que dejan entrever la dignidad, unas palabras escritas como rompimiento del muro de la desinformación y del terror. La vida habla, aunque este la muerte a la vuelta de la mirada. Indígenas, campesinos desde el Putumayo hablan en las noches de insomnio, en las noches en que la muerte visita pero da espera.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la situación de derechos humanos, derecho humanitario se ha ido agravando, perpetuando la crisis humanitaria de años atrás, derivada del conflicto social, político y armado del departamento inscrito en el conflicto colombiano. Detrás de lo que hoy sucede en el Putumayo se encuentran los intereses económicos tras de los cuales se encuentran las razones de fondo de la militarización, razones que copan más allá de las conocidas sobre las siembras de coca.

La implementación del Plan Patriota en el marco de la política de seguridad “democrática” ni ha sido protección ni seguridad para todos ni ha logrado propiciar los niveles de seguridad para los inversores internacionales, tampoco ha logrado la creación de condiciones para el mercado local. La militarización territorial ha producido judicializaciones falsas y arbitrarias, nuevas dinámicas de control militar-paramilitar y nuevas tácticas de estrategia militar dentro de la guerra de guerrillas de las FARC EP.

La incursión armada realizada el 18 de octubre en estrategias de “civiles armados” de la estrategia paramilitar en el resguardo de San Marcelino de la etnia Quechua o Quichua, saqueando viviendas y tiendas, reteniendo documentos de identidad y pasados judiciales, amenazando a docentes que prestan sus servicios a la comunidad, atropellando físicamente al gobernador del cabildo HOMERO VARGAS, reteniendo a seis indígenas, y obligando al desplazamiento forzoso de 11 familias son los signos visibles, algunos de los más públicos, de la existencia de un conflicto armado, del desarrollo una estrategia paramilitar que bajo el supuesto -falso y artificioso- de enfrentar a la guerrilla define como blanco de sus operaciones a la población.

La represión armada institucional que combina operaciones regulares e irregulares contra los pueblos indígenas en el marco de estrategias contra insurgentes, ocultan los intereses territoriales que están detrás de la guerra. La ubicación de la población indígena en espacios territoriales importante en las lógicas del mercado mundial explica el interés por imponer una nueva forma de propiedad o propiciar el despojo a los pueblos originarios de sus tierras para determinar los tipos de producción y explotación.

La habitación territorial de la comunidad San Marcelino, etnia Quechua, se remonta a los años 50, reconocido por ser conformada por 492 pobladores en mayo de 1998. De las 9.813 hectáreas que reclamaba la comunidad solamente 2.888 hectáreas fueron reconocidas, el 29.4% del total, las otras 6.925, el 70.6%, están ocupadas por colonos. El reconocimiento formal del INCORA muy limitado a la exigencia de las comunidades indígenas propició la propiedad colonial, una Resolución del INCORA que dentro del resguardo reconoció propietarios individuales los cuales están vendiendo a particulares los predios, rompiendo la unidad territorial del resguardo y consigo la cohesión social.

El resguardo de San Marcelino se encuentra asentado en suelos con reserva petrolera, en la zona de influencia de los proyectos viales de infraestructura que articularán a Colombia con el Ecuador, y en las que se proyectan desde perspectivas de desarrollo agroindustrial - el cacao, el caucho y la palma -. Proyectos que implican la imposición de lógicas de valoración que prioriza el capital, el cambio de uso del suelo, la transformación productiva, la destrucción biodiversa y la negación del derecho a la existencia de pueblos originarios.

Las prácticas y formas de interacción indígena con el ambiente y de auto subsistencia establecidas por los indígenas se contraponen a los nuevas lógicas de apropiación y utilización impulsada en una primera fase a través de la violencia política.

Si bien actualmente no existen cultivos de palma, se creo en la región del Bajo Putumayo la Cooperativa de Palmicultores- ASOPALMAYO-, con la finalidad de promocionar en mediano y largo plazos, la siembra de palma aceitera cuya implantación fracturara las formas de producción y reproducción social de indígenas y colonos con el fin de consolidar el dominio espacial de los principales núcleos poblaciones, centros de comercialización y distribución de bienes y servicios y corredores fronterizos y zonas con cultivos de uso ilícito.

Esta comunidad indígena ha venido siendo duramente golpeada por el accionar del paramilitarismo como estrategia militar encubierta a través de las Autodefensas del Bloque Central Putumayo, BCP, que controla el casco urbano de La Dorada, después del asesinato del líder campesino JOSE HURTADO, y continúan controlando las áreas perimetrales de este poblado, de San Carlos, y Puerto Colón en jurisdicción de San Miguel, donde en los ultimas semanas se han venido presentando asesinatos selectivos.

Pero el poder de la estrategia paramilitar en medio de la aplicación del Plan Patriota, se expresa con el control en los corregimientos El Placer donde se halla la base de entrenamiento y operaciones del BCP, el caserío El Tigre y La Esmeralda, en el Valle del Guamuéz, el área urbana del municipio de Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo realizando recorridos de control y sometimiento de los pobladores a sus normas. Nadie quiere hablar, pero las preguntas deslegitiman la autoridad institucional, pues nadie entiende como uno de los departamentos con mayor presencia militar, policial y de organismos de seguridad, es al mismo tiempo de absoluto control paramilitar. A buen entendedor, pocas palabras.

En el municipio de Orito, en el corregimiento del Empalme los enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC EP desde el mes de julio ocasionó el desplazamiento de aproximadamente un centenar de familias que posteriormente retornaron a sus territorios. A finales de octubre han ocasionado el desplazamiento de campesinos e indígenas cofanes del resguardo de Santa Rosa de Sucumbíos, que habitan las localidades de Siberia y la Libertad.

Ha sido evidente que el frente 48 de las FARC EP ha logrado afectar el normal desarrollo de las actividades petroleras, sus acciones de saboteo ha generado en la región profundos cuestionamientos a la capacidad militar institucional de asegurar la inversión privada, situación que a nivel nacional e internacional ha sido ocultada.

Las actividades de exploración por parte de las compañías contratistas de ECOPETROL, se viene adelantando en el territorio del resguardo Embera La Venada Simorna-, afectando la vida y existencia de los Embera en sus territorios.

En el municipio de Puerto Asís los paramilitares desaparecieron y asesinaron al líder campesino LUIS MELO BASTIDAS, presidente de la Asociación campesina del Sur occidente del Putumayo -ACSOMAYO-. LUIS venía orientando y representando a las 57 caseríos del sector Puerto Vega - Teteyé - en materia de Derechos Humanos para definir una posición de consenso frente al consorcio petrolero COLOMBIA-ENERGY, pues es evidente que los pobladores que habitan en este sector del municipio de Puerto Asís, carecen de los servicios básicos a pesar que la actividad de extracción de petróleo se reanudó hace aproximadamente 2 años. El asesinato de LUIS debilitó enormemente la organización campesina y el fortalecimiento de unidad con las comunidades indígenas para trabajar el logro de vida digna para sus pobladores y la afirmación integral a sus Derechos.

Las comunidades habitantes de Puerto Vega han venido siendo sometidos a una serie de atropellos especialmente por parte de la fuerza pública que hizo presencia en la zona con bases del Batallón Energético y Vial No 11 desde que se reanudó la explotación petrolera.

Los militares señalan a la población campesina como colaboradores de la guerrilla intimidando a la población para que no denuncie los allanamientos ilegales, los abusos sexuales, las torturas a los jóvenes que sindican de milicianos, la estrategia de terror contra la población mantiene silenciada la verdad.

La estrategia desplegada por la fuerza pública sobre los habitantes del sector se pretende justificar como respuesta a las acciones que la guerrilla realiza esporádicamente con la quema de carro tanques que transportan el crudo desde Puerto Asís hasta Orito.

Los militares desplegados permanentemente a lo largo de la vía Puerto Asís-Teteyé despliegan sus operativos para contrarrestar la acción de la guerrilla capturando campesinos inocentes que actualmente se encuentran en la “cárcel municipal”, de Puerto Asís, sindicados de ser los que queman carros, según la fiscalía, de acuerdo a informantes pagados con los recursos de la seguridad democrática.

Pero no solo se castiga a la población campesina por vivir en área rural, también se le asesina cuando sale al casco urbano donde opera un grupo paramilitar al mando de alias “tomate”. Las ejecuciones extrajudiciales son constantes, pan cotidiano, como el silencio para lograr prolongar la vida biológica, así se muera el alma.

Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, entre enero y septiembre de 2005 se presentaron 47 acciones contra lo que constata que el ambiente de seguridad, los factores de riesgo contra la población civil persisten.

En la actualidad en el departamento del Putumayo se encuentran 4.300 militares en la Brigada XXIIV “Cofanes” con sede en Mocoa, una Fuerza Especial contrainsurgente, integrada por unos 5.000 hombres provenientes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza Naval; la Brigada Naval de Puerto Leguìzamo con más de 2.500 hombres que recorren los ríos Putumayo y Caquetá, y en Villagarzón opera una de las bases más grandes de Antinarcóticos del país que vigila la infraestructura del oleoducto Trasandino y se pretende crear la Brigada Móvil 27 para cercar la retaguardia de las FARC.

De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, en el Putumayo, la tasa de homicidios por cien mil habitantes a septiembre de 2005, es de 71 - 42 puntos por encima de la nacional - superando la del 2004 - 66 - y un punto debajo de la 2003 - 72 -. Con relación a la población desplazada, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social - registra a octubre del 2005, 3.556 personas desplazadas de la región, 3.832 personas menos que en el 2004, datos que no permiten visualizar la realidad del desplazamiento de pobladores que por temor a ser asesinados en las cabeceras municipales, emigran hacia el Ecuador o a otros departamentos del interior del país.

La situación de derechos humanos en los municipios del Bajo Putumayo tiende a agravarse, ya se iniciaron las obras viales del megaproyecto Tumaco - Belem do Parà en Brasil, se inició otra fase del Plan Patriota, se mantienen las fumigaciones aéreas con glifosato y se adelantan visitas de compañías petroleras como Repsol para la exploración en territorios del pueblo indígena Siona sobre el río Putumayo, situación que ocasionó la detención del líder indígena FRANCO EBER YAIGUAJE, al parecer por la guerrilla de las FARC EP, hace 23 días. Y por supuesto, las empresas madereras ya están a la vista, echando el ojo a los recursos forestales, por que ya cuenta con la ley maderera, el Putumayo, un lugar del laboratorio extractor, destructor y aniquilador

En el consejo comunitario adelantado por el presidente el pasado sábado 3 de diciembre en Mocoa nuevamente los planteamientos se sustentan en salidas militaristas, el costo humano y social en los sectores campesinos e indígenas, no importa, al fin y al cabo no existe conflicto armado sino la existencias de una lucha contra el terrorismo - léase la población civil en la que se camufla la guerrilla - toda población organizada o que pretenda organizarse para afirmar sus derechos a la vida y al territorio. La guerra sigue, la estela de muerte no cesa, y los mecanismo de represión legal y extralegal se extreman pues al fin y al cabo ha llegado el tiempo del progreso”, del “desarrollo” y de la reconciliación”. Por supuesto una pacificación a sangre y fuego en el que indígenas y campesinos no cuentan, pues a ellos solo les está quedando posible contar sus cuentos, sus dramas, sus sueños, en absolutas noches de silencio y de oscuridad, pues el terror se ha ido apoderando de las almas, de las palabras, de los sueños.

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