COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A DIRIGENTES DEL CRIC
(Colombia)(Autor: ONIC - CCAJAR)

Jueves 22 de enero de 2009, por Prensa - Colectivo

Se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 32 dirigentes y asesores del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC-, solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, en virtud de una petición presentada el pasado mes de octubre por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".

Se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 32 dirigentes y asesores del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC-, solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, en virtud de una petición presentada el pasado mes de octubre por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".

Las medidas cautelares otorgadas protegen entre otros líderes indígenas a Aida Quilcué, Feliciano Valencia, Libia Armida Paz, Marlitt Puscus, Angelmiro Valencia, Emigdio Velasco, Luis Alberto Guetoto, Adolfo Vivas y Demetrio Moya, Consejeros del CRIC; Daniel Piñacue, Gobernador del Resguardo de Calderas, Elides Pechene, Gobernador del Resguardo de La María, y Héctor Arias, Gobernador del Resguardo de Quintana.

Esta medida de protección internacional también cobijó a los coordinadores de la guardia indígena, Alfredo Acosta y Rodrigo Quira, y a los asesores del CRIC, Ernesto Perafán, Alvaro Mejía, Jorge Caballero, Luis Yonda, Vicente Otero y Gilberto Yacue.

La exigencia de protección al Estado colombiano se produce un mes después de la ejecución extrajudicial cometida por el Ejército Nacional del comunero Edwin Legarda , esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Quilcué, hechos que se produjeron justo un día después de que la dirigente regresara de Ginebra (Suiza), país en el que participó en diferentes eventos públicos denunciando la situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos indígenas de Colombia, en el marco de las discusiones que se adelantaban en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con ocasión del Examen Periódico Universal EPU al que fue sometido por primera vez el Estado colombiano.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Interamericana debido al incremento desde agosto de 2008, de los homicidios, amenazas y hostigamientos en contra de la dirigencia del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ACIN. Sutuación que se agravó durante el desarrollo de la Gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular que para esa fecha ya cobraba tres indígenas asesinados, y más de 100 heridos.

Frente a ello, es necesario recordar que el presidente Álvaro Uribe Vélez en un Consejo Comunitario llevado a cabo en la ciudad de Popayán (Cauca) el 15 de marzo de 2008, en un claro desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la vida y el territorio, calificó de delincuentes a quienes adelantaban procesos de Liberación de la Madre Tierra, ordenando además, pagar recompensas por su cabeza.

Las medidas que adopte el Estado colombiano, deben ser concertadas con los beneficiarios e incluyen la obligación de investigar de manera eficaz, independiente e imparcial, los hechos que dieron origen a la solicitud de las mismas y la adopción de todas las acciones necesarias para que cesen las agresiones contra la dirigencia del pueblo indígena Nasa. Así mismo, el Estado se encuentra obligado a presentar información sobre el cumplimiento de dichas medidas, dentro del plazo de 20 días contados a partir del 14 de enero del año en curso, fecha de la notificación de las mismas.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", manifiestan su preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, la cual se ha agravado en los últimos meses e instan al Estado colombiano a dar pleno e inmediato cumplimiento a la decisión de la Comisión Interamericana adoptando sin dilación las medidas necesarias que garanticen la vida, la integridad física, cultural, territorial de los pueblos indígenas de todo el territorio Nacional, en especial de los beneficiarios de las medidas cautelares.

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