El pasado 26 de mayo el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recibió en sesión oficial a representantes del Estado Colombiano para evaluar el informe presentado en junio de 2004, sobre el cumplimiento de las recomendaciones durante el periodo 2000-2004, y la respuesta oficial a las preguntas adicionales formuladas por el Comité en la sesión preliminar de enero de 2006.
ElInforme Alterno fue presentado por más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, y la intervención de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Human Rights Watch, Humanidad Vigente y el Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, en la pre sesión de enero de 2006, en la que se consideraron temas como, ley de impunidad y la entrega de niños y niñas combatientes, el proyecto de ley de infancia y adolescencia, el impacto negativo de la firma del TLC en la infancia y los efectos de la política de seguridad democrática en la protección de los niños y niñas, entre otros.
En sesión oficial esta semana, el Estado colombiano reconoció ante el Comité la existencia de un conflicto armado interno que afecta gravemente a la niñez, y manifestó la importancia del Mecanismo de Vigilancia del Comité y sus recomendaciones para garantizar los derechos de los niños y las niñas en Colombia, a pesar de que en reiteradas oportunidades y en diversos espacios internacionales el gobierno colombiano hubiera desconocido la existencia del conflicto armado en Colombia, con consecuencias negativas para la vigencia de la protección otorgada por el derecho internacional humanitario a la población civil.
Por su parte el Comité expresó preocupación por los suicidios de los niños y niñas Embera katío, por el programa de soldados por un día, la utilización y ocupación de escuelas por parte de grupos al margen de la ley y la fuerza pública, la violación del plazo de 36 horas para remitir a los niños desvinculados ante autoridad competente, la violación del principio de distinción establecido en el derecho internacional humanitario, la explotación sexual, el incremento del VIH-SIDA, los malos tratos denunciados en centros de detención de niños y niñas, las desmovilizaciones de los grupos paramilitares y la no entrega de niños y niñas en las mismas, la imposición de medida privativa de libertad establecida en el proyecto de ley de infancia y adolescencia y la impunidad, entre otros temas.
El Comité, como lo ha hecho en dos oportunidades anteriores (1995 y 2000), producirá un informe oficial en el cual expondrá su concepto acerca del cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y emitirá nuevas recomendaciones con el objeto de superar las causas que afectan gravemente los derechos de los niños y niñas en Colombia. El seguimiento y la exigencia del cumplimiento de estas recomendaciones será un nuevo reto para la sociedad civil para el próximo futuro.