La canoa surca el río Baudó desde el municipio Pie de Pató, pueblecito habitado por afrocolombianos y algunas familias indígenas del departamento del Chocó. En ella navegamos seis personas: un representante del Coordinador Nacional Agrario, el agrónomo de la Federación de Estudiantes, el representante cultural de la alcaldía de Pie de Pató, el motorista, la persona que dirige con garrocha en mano la embarcación o panga desde la proa, y yo. En medio de la espesura verde de la selva, pequeñas aldeas y caseríos se abren paso saludando al río. En las riberas se divisan plataneros que proveen en gran parte la dieta de la población. Necesitamos tres horas de constante remo para llegar a la comunidad del Batatal.
El Batatal fue fundada en 1993 por María Cruz Perea cuando instaló aquel caserío que ahora alberga a 45 familias que intentan vivir dignamente a pesar de estar sometidas a un total abandono por parte del Estado colombiano. Allí esperan los representantes de los Consejos Comunitarios de algunas comunidades afrocolombianas que flanquean el Alto Baudó; aún no han llegado los Cabildos Indígenas. Un motivo ha reunido a toda esta gente aquí: las fumigaciones con glifosato que tuvieron lugar del 25 al 29 de junio en Santa María de Condotó, una comunidad de indígenas Embera situada río arriba, a unas ocho horas de viaje en panga.
Mecanismo común de recolección del agua lluvia que reemplaza al sistema de acueducto inexistente.
Allí una maestra de primaria educa a niños y niñas del poblado, durante algunas horas al día mientras que un médico tradicional prepara pócimas en “botellas”, (licor con plantas medicinales) que luego adquiere la comunidad porque carece de un promotor o puesto de salud cercano, debiendo desplazarse a otra población para recibir atención cuando sus dolencias son leves y a Pie de Pató si los males son más graves o urgentes, con el añadido coste económico de tener que pagar la gasolina para recorrer tremendas distancias también en las pangas. Aunque hay un campo a cielo abierto que hace las veces de cancha de fútbol, no hay balón. Ellas y ellos recogen el agua lluvia para beber y cocinar, usando enormes cisternas ya que no cuentan con ningún tipo de acueducto; tampoco hay letrinas ni saneamiento básico y deben hacer sus necesidades en el campo o en el río, con los consecuentes riesgos sanitarios que eso implica. Así mimo, existen plantas generadoras de electricidad pero sin conexión a la red eléctrica. A pesar de tener el Río al lado no hay peces ni una piscifactoría que pueda abastecer a la comunidad de proteína; no hay cerdos porque estos dañan los cultivos, y las pocas gallinas se pueden contar con los dedos de las manos.
Por otro lado, la existencia de algunas plantaciones de plátano y caña, depende de la disposición o no de un trapiche para obtener jugo y elaborar biche (licor).
Esta situación de marginalidad, desidia, desnutrición, hambre y pobreza extrema ha llevado a las comunidades establecidas a lo largo del Río Baudó, a inclinarse por un cultivo ilícito pero rentable: la hoja de coca.
La reunión
Después del saludo de bienvenida ofrecido por don Oscar Córdoba, representante de Batatal, una oración y una breve presentación de las y los presentes, inicia la reunión.
En el primer punto de la orden del día, Fabián, el agrónomo consultado, habló sobre el glifosato, un compuesto químico producido por la empresa transnacional norteamericana Monsanto, (productora de las semillas transgénicas que están siendo introducidas en la cultura agrónoma de los países del Sur de América) quien inicialmente lo denominó “agente naranja” y lo desarrolló para la guerra contra Vietnam con el propósito de regarlo sobre extensos campos, ocasionando la muerte a todo ser viviente.
En Colombia las fumigaciones con glifosato no solo destruyen las plantaciones de hoja de coca, sino que también terminan con la vida de humanos, animales y plantas, además de contaminar fuentes hídricas y cultivos, comprometiendo la soberanía alimentaria y la salud de las comunidades, pues permanece en el medio ambiente de 2 a 3 años.
Esta situación preocupa enormemente a la población de Santa María de Condotó y ha despertado alarmas.
Según Fabián, “las personas más débiles son quienes padecen con mayor frecuencia las consecuencias del venenoso glifosato; niños y ancianos evidencian erupciones supurantes en la piel y temblores porque el tóxico ataca el sistema nervioso central, pudiendo producir cáncer y otras enfermedades, entre ellas impotencia sexual”.
Otra de las consecuencias fatales de las fumigaciones con glifosato, dice el agrónomo, “es el incremento de la violencia debido a que, el uso de avionetas provoca el despliegue de tropas militares para protegerlas de posibles ataques de las guerrillas, reproduciendo la lógica del conflicto armado y del desplazamiento forzado de la población”.
La comunidad de El Batatal mantuvo una actitud participativa durante la reunión.
Como segundo punto de la orden del día, el representante del Coordinador Nacional Agrario, Fidel Silva, y Nelson, representante cultural de la alcaldía de Pie de Pató, ofrecen un taller sobre fortalecimiento organizativo. Hablan de la necesidad de que los Consejos Comunitarios afrocolombianos y los Cabildos Indígenas estén coordinados en sus objetivos porque ambos tienen los mismos problemas; desde la promulgación de la Ley 70, las tierras son comunales en el Chocó y todos deben permanecer unidos y organizados para la consecución de los objetivos, deben dividir acciones y responsabilidades. Hay que dar más poder a la Comunidad, a la Asamblea, comentan, y hacer que los líderes comunales rindan cuentas ante la Asamblea de la comunidad y sean trasmisores de lo que esta decida. Insisten en la necesidad de crear mecanismos de control político evitar casos de corrupción como el que se presentó en El Batatal, cuando el anterior alcalde y los concejales dejaron al pueblo sin el dinero para proyectos. También plantean la importancia de ser conscientes de la problemática existente y lo que ocurre en el territorio, de la “sensibilización ante los problemas de otros porque nos pueden ocurrir a nosotros mismos”, aseguran. Exponen la posibilidad de realizar movilizaciones, actuar juntos como una práctica social, capacitarse para actuar correctamente, y de comprometerse con el cambio de las situaciones adversas. Se refirieron a la preeminencia que tiene la comunicación para que el colectivo funcione, así como el contacto permanente y la asertividad para los objetivos planteados.
El tercer y último punto tuvo que ver con la deliberación y la toma de decisiones. Las y los participantes acordaron exigir al Estado colombiano, el cese inmediato de las fumigaciones que agravan las condiciones de pobreza extrema en que viven la mayoría de habitantes del Chocó; establecieron la necesidad de avanzar en un proceso de sustitución de cultivos y erradicación manual del cultivo de coca, tal como muchas comunidades lo han hecho; instarán al Estado a encaminar sus políticas hacia la inversión social antes que la represión indiscriminada; reiteraron la urgencia de iniciar un proceso de diálogo a través de la Mesa de Concertación para el Desarrollo del Baudó, mediante la cual se promueva el progreso del territorio. Finalmente demandan del Estado un trato digno como colombianas y colombianos con derechos, identidad y autonomía.
Es facil entender porque el glifosato, aquel agente extremadamente destructivo, es usado por el Estado colombiano cuando su uso está prohibido en muchos países. Las fumigaciones empezaron desde que el gobierno de Álvaro Uribe llegó a acuerdos de cooperación con los Estados Unidos para eliminar los cultivos de coca y terminar con una de las fuentes más grandes de financiación de la insurgencia, en el marco del Plan Colombia y otros posteriores como el Plan Patriota y el Plan Consolidación; no obstante, el gobierno afirma que quienes plantan coca son guerrilleros o narcos y que ambos grupos dañan la imagen de Colombia, ahuyentando el capital extranjero. De esta manera, al utilizar el veneno consiguen desplazar a comunidades enteras que, privadas de su fuente de ingresos, se tienen que marchar a otras veredas y municipios si es que no terminan en las barriadas pobres de las ciudades, dejando de lado su forma de vida y su cultura; también opacan la resistencia de gentes que luchan por permanecer en su territorio desde hace muchos siglos. Al final el camino queda despejado para que las empresas transnacionales puedan operar libremente, depredando el territorio y no dejando sino desolación a su paso.
Vale la pena recordar que el Chocó es un departamento rico en recursos naturales, en minerales (oro, plata, platino, níquel, cobre…), en madera de regeneración rápida, en plantas apetecidas por la industria farmacéutica, en fuentes hídricas… en un activo para los intereses extranjeros y las élites capitales del País. Por eso el Estado es responsable de dar vía libre a planes económicos particulares interesados en la explotación de todo tipo de recursos; el Estado incentiva su implantación; da vía libre a modelos productivos extractivistas y suministro de la infraestructura necesaria para la articulación de los mismos. Pareciese que detrás del discurso altruista para favorecer a los grupos étnicos, el Estado los considera atrasados, premodernos, ineficientes, marginados, y sobre todo, causa principal de sus carencias materiales individuales y comunitarias; al mismo tiempo, desconoce su papel en la conservación de la biodiversidad y adopta una posición indiscutible frente al “desarrollismo” que traerá bienestar a la población y sacará a las comunidades de su atraso. La situación reafirma la huella del capitalismo neoliberal destruyendo culturas para construir economías.
