Comunidades del Bajo Naya no han podido participar en audiencias de exparamilitares

Puerto Merizalde, 28 de marzo de 2011

Señora VIVIANE MORALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

GONZALO SÁNCHEZ

CNNRR – GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA

VOLMAR PÉREZ DEFENSORIA DEL PUEBLO

Señores

MAPOEA

Los y las delegadas-os del consejo Comunitario del Bajo Naya, en atención a la convocatoria hecha por la Fiscalía general de la Nación, según el oficio 58000-0465 ONJYP del 7 de marzo de 2011, dejamos constancia y expresamos nuestra objeción y rechazo a la continuidad de participación en la audiencias de los exparamilitares, en razón de,

La imposibilidad de garantizar por parte de la Fiscalía los recursos necesarios para la participación activa como víctimas del Bajo Naya, con la instalación de al menos dos antenas de transmisión satelital ubicadas en el territorio colectivo, accedimos a participar como delegados y delegadas, trasladándonos hasta el lugar de Puerto Merizalde, donde la Fiscalía se comprometió a transmitir en diferido la versión libre de los 60 postulados, adelantada entre el 22 y 25 de marzo, en la fecha del sábado 26 y domingo 27 de marzo; así como la transmisión en directo de las versiones de los días 28 al 1 de abril. A este lugar acudirían las víctimas de Yurumangui, Resguardo Indígena de Joaquincito y Bajo Naya.

1. Dejamos constancia que de los acuerdos logísticos se cumplieron parcialmente, ya que recibimos tres millones cien mil pesos m/cte. ($3.100.000.oo) destinados a alimentación y seis millones de pesos m/cte. ($6.000.000) para transporte.

Que en atención a lo acordado, los delegados y delegadas acudimos al lugar, hora y día señalados, sin embargo el material de video correspondiente a la versión libre ya realizada, no llegó el día acordado. Lo que impidió la participación real y activa de las víctimas en el proceso. Además se nos informó que no habrá transmisión en directo de las versión libre del día lunes 28 de marzo, por ausencia de las antenas de transmisión satelital y no se garantiza la presentación completa de las audiencias previas.

2. Que el objetivo de esta diligencia, según la convocatoria era escuchar las versiones libres y participar en estas a través de preguntas. En ningún momento fuimos informados de que se pretendían desarrollar actividades como: toma de registro de víctimas para lo que no hay condiciones para que este se haga con los requerimientos necesarios; registros fotográficos, audiovisuales y toma de testimonios, situación que debe ser consultada con todo el consejo y para lo cual se requiere que se garanticen las condiciones de seguridad y protección, en razón de la situación de vulnerabilidad de las comunidades.

3. En vista de lo anterior, consideramos que se han presentado serias irregularidades, en el desarrollo de esta diligencia, que impiden la participación real de nosotros las víctimas y por tanto no se garantiza el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y mucho menos generara condiciones de no repetición a las que tenemos derecho, por lo que no vemos las condiciones mínimas para participar de esta diligencia y hemos decidido retirarnos.

Estos nuevos hechos constatan las serias limitaciones de la aplicación de la ley 975, el obstáculo para acceder a la verdad, al que se suma la imposibilidad de acceso a las versiones de los extraditados, como Ever Veloza, quién tendría mucho qué decir sobre responsabilidades de altos mando militares, empresarios en la consumación de la masacre del alto Naya y lo ocurrido en el bajo Naya, con la violación y asesinato de nuestra hermana Juana Bautista Angulo, el saqueo, la quema de bienes y nuestro desplazamiento.

Estaremos atentos a que nos brinden pronta y efectiva respuesta, expresamos nuestra voluntad de continuar participando en las diligencias que se adelanten siempre y cuando se garanticen las condiciones necesarias para cumplir con nuestro derecho de acceder a la verdad y se respeten nuestras costumbres y decisiones. Reconocemos el esfuerzo hecho por los funcionarios que asistieron a la diligencia pero expresamos que las instituciones estatales continúan en deuda con la comunidad nayera.

Con profundo dolor por esta nueva burla a nuestros derechos.

Atentamente,

Delegados Comunidades del Bajo Naya

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