Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Abril 18 de 2006. “Ese día, 18 de abril, en la mañana llegaron los paramilitares a nuestra comunidad en Bahía Portete, a violar nuestros derechos, maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a los menores para que dijeran dónde se encontraban sus padres … De esta manera fueron torturados, violados o asesinados y picados, niños, mujeres, jóvenes y ancianos”
Tres días antes de su llegada y de la realización de esta masacre, miembros del pueblo indígena Wayuú dieron aviso del riesgo que corrían a diversas autoridades colombianas, “tanto del Ministerio de Defensa en Bogotá, como de la fuerza pública con jurisdicción en el departamento de la Guajira”. Sin embargo su llamado de auxilio no obtuvo respuesta.
El resultado según la Organización Nacional Indígena de Colombia: 13 personas asesinadas, 30 desaparecidas y el desplazamiento de más de 300 familias. No obstante, dos años después, las investigaciones no arrojan resultados concretos en cuanto a los directos responsables. Por el contrario, a pesar de tener serios indicios, ni siquiera el comandante paramilitar Jorge 40 ha sido vinculado al proceso. Y de una u otra forma la masacre continúa.
El pasado 13 de julio, Edilia Epinayu, madre de 12 hijos, y quien hacía parte del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación por este caso, fue asesinada por paramilitares, “al no encontrar a su compañero en el lugar donde habitaban” según lo mencionaron sus familiares.
Por estos hechos y para que el tiempo no los borre de la memoria, la comunidad indígena realiza en Bahía Portete el “Segundo Yanamá, por un desierto propio” que cuenta con la presencia de otras comunidades indígenas del país, ancianos sabedores, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, el cual permitirá además, dar cuenta de la situación de las familias desplazadas desde ese entonces.
“Dos años después lo que más nos duele es que infortunadamente ni siquiera un paramilitar va pagar por los actos cometidos, porque todos ellos se encuentran protegidos por la supuesta ley de Justicia y Paz” , afirmó uno de los familiares de las víctimas, que lo único que espera ahora es que quizá se haga justicia en espacios internacionales.