EMPRESAS TRANSNACIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA
(Colombia) (Autor: Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo")

Lunes 7 de abril de 2008, por Prensa - Colectivo

La añeja Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de reciente entrada en vigor, trae varias condiciones acumulativas para endilgar formalmente la condición de mercenario [3]. Sin embargo, el mercenarismo actual o la actuación de las empresas transnacionales de seguridad privada ha alcanzado tal nivel de sofisticación y legalización de su negocio, que resulta imposible aplicar tal normativa o cualquier otra a fin de establecer respecto de ellas o de los gobiernos que les utilizan, responsabilidades por los crímenes que cometen.

EMPRESAS TRANSNACIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA

Caso Estudio: Plan Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Febrero 4 de 2008
Bogotá, Colombia

En esta breve ponencia [1], se utilizarán las expresiones “contratistas privados” y “mercenarios” en idéntico sentido. Esto por cuanto, ambas expresiones hacen referencia al mismo fenómeno: tropas que sirven en un país extranjero a cambio de cierto estipendio. En términos generales, se conoce como mercenario “(del latín merces, - eris, «pago»), a aquel soldado que lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración en la ideología, nacionalidad o preferencias políticas con el bando para el que lucha [2]”.

La añeja Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de reciente entrada en vigor, trae varias condiciones acumulativas para endilgar formalmente la condición de mercenario [3]. Sin embargo, el mercenarismo actual o la actuación de las empresas transnacionales de seguridad privada ha alcanzado tal nivel de sofisticación y legalización de su negocio, que resulta imposible aplicar tal normativa o cualquier otra a fin de establecer respecto de ellas o de los gobiernos que les utilizan, responsabilidades por los crímenes que cometen.

En todo caso, la Convención afirma que se es consciente de que “se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos [4]”. Enfrascarnos en una conceptualización bien intencionada pero arcaica para la descripción de un fenómeno tan arrasante, sirve en realidad para aplazar un debate urgente en nuestras pretendidas democracias sobre la cesión y manipulación del monopolio exclusivo de la fuerza por parte de los Estados, el concepto de soberanía y los derechos de los pueblos sometidos a esta industria transnacional y su reconocimiento como víctimas.

También es necesario mencionar que partimos de que en Colombia existe un verdadero conflicto interno de carácter armado, político, económico y social, y no una amenaza terrorista contra la democracia como se ha querido presentar por parte del actual gobierno. Por ejemplo, según Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, un conflicto armado existe si hay existencia conflicto armado, básicamente si se dan “1) enfrentamientos entre el Estado y actores armados disidentes, siempre y cuando éstos tengan 2) mando responsable y 3) control territorial suficiente para realizar operaciones militares y 4) aplicar las normas humanitarias. Un breve análisis es suficiente para concluir que esas condiciones existen en Colombia [5]”.

Según cifras oficiales del gobierno colombiano [6], entre agosto de 2002 y noviembre de 2007, la política de “Seguridad Democrática” arroja como resultados en la lucha contra la insurgencia la captura de 28.388 personas y el “abatimiento” de 10.568. Al mismo tiempo 3.191 miembros de la Fuerza Pública fueron muertos en combate y 9.049 fueron heridos. Estas cifras se presentaron en el marco de un aumento en el número de combates [7] y de un fortalecimiento del pie de fuerza, infraestructura, tecnología y doctrina operacional del Ejército y la Policía [8] apoyado fundamentalmente por la asistencia militar estadounidense en el marco del Plan Colombia.

Esta caracterización es relevante en tanto es claro “que no pueden ser iguales las estrategias jurídicas o políticas para enfrentar una amenaza terrorista que para superar un conflicto armado [9]”, pero en ningún caso justifica la utilización del mercenarismo transnacional para contenerle.

Adicionalmente debe partirse en esta exposición de la existencia en Colombia de un intolerable nivel permanente de violación a los derechos humanos y de comisión de crímenes de lesa humanidad que tienden al aumento pese a los malabares y las entelequias discursivas de la Seguridad Democrática.

Recientemente las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos presentamos un informe ante la Comisión Interamericana en la que señalábamos el aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a miembros de la Fuerza Pública, concluyendo que

“Durante el último año (julio de 2006 a junio de 2007), por lo menos 1.348 personas civiles perdieron la vida en Colombia a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 119 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 70,8% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa el 39,1% (287 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 31,7% (233 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 29,2% de los casos (214 víctimas).

Si a esas cifras se añade lo registrado durante los últimos cuatro años (julio de 2002 y junio de 2006), se tiene que, por lo menos, 12.547 personas civiles han perdido la vida a causa de la violencia sociopolítica. Ese período coincide con la implementación de la llamada política de ‘seguridad democrática’, cuyo objetivo declarado es la protección de la población colombiana. Paradójicamente, a lo largo de esos años se ha reportado un inusitado incremento de las violaciones al derecho a la vida cometidas directamente por los agentes estatales, quienes son los ejecutores de la política de ‘seguridad democrática’ y los llamados a proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos.

Entre julio de 2006 y junio de 2007, se registraron 287 violaciones al derecho a la vida directamente cometidas por agentes estatales (51 desapariciones forzadas y 236 ejecuciones extrajudiciales). Si a esas muertes se suma lo registrado durante los cuatro años precedentes (julio de 2002 a junio de 2006), se tiene que, en total, durante el tiempo de implementación de la política de ‘seguridad democrática’, 1.190 personas perdieron la vida a causa de la acción directa de los agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales).

Durante el quinquenio anterior (julio de 1997 a junio de 2002), se registraron 635 violaciones al derecho a la vida directamente cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales). De tal forma, durante el período comprendido entre julio de 2002 y junio de 2007, el total de violaciones al derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado se incrementó en 87,4% (las desapariciones forzadas aumentaron en 305,17% y las ejecuciones extrajudiciales en 65,51%). Ese panorama cuantitativo pone en evidencia que la política de ‘seguridad democrática’ no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida [10]”.

La idea de un escenario de “posconflicto” tras el proceso seguido con los paramilitares [11] dista mucho de ser una realidad en tanto tales estructuras han mantenido su dinámica criminal contra la población civil victimizando a través del asesinato o la desaparición forzada a por lo menos 3.040 personas [12] justamente durante su periodo de “desmovilización” y se han revitalizado rearmándose en bastas zonas del país sólo cambiando sus nombres [13]. Su institucionalización antes que desmonte efectivo, se ve alentado por el marco legal que en vulgar desconocimiento de los derechos de las víctimas les otorga a la mayoría de ellos total impunidad a sus crímenes y sólo a una minoría un procedimiento legal confuso que no satisface los derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantía de no repetición de sus crímenes [14].

En materia de derechos económicos sociales y culturales cuya violación estructural atiza la continuidad del conflicto interno, el panorama no es menos desalentador. Existen más de tres millones de personas desplazadas forzadamente, en condiciones indignas de supervivencia por lo que la Corte Constitucional ha declarado el “estado de cosas inconstitucional [15]” en esta materia y las recientes reformas en materia agraria, según ha alertado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abren “la posibilidad de que algunos desplazados se conviertan en víctimas por segunda vez [16]”.

En este escenario, si cabe lugar a hablar de terrorismo, este es el Terrorismo de Estado, que “se da cuando el Estado mismo se convierte en agente de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin ceñirse a las normas del ‘Derecho en la Guerra’, ya sea porque a través de sus estructuras, instituciones, procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los valores fundamentales: vida, integridad o libertad de sus ciudadanos, creando campos ambiguos donde la seguridad o el riesgo están sometidos a la arbitrariedad, o señalando campos de riesgo no ambiguos pero inspirándose en principios irracionales o anti-éticos [17]”.

Finalmente, debe aclararse que en Colombia diferentes niveles de mercenarismo se han manifestado históricamente y en esta exposición sólo ahondaremos en uno de ellos: el de las empresas transnacionales de seguridad que participan de los programas del “Plan Colombia”.

Pero recordaremos el caso de Yair Klein, mercenario israelí que vendió armas en la década de los ochenta al cartel del narcotráfico liderado por Gonzalo Rodríguez Gacha y a los hermanos Castaño y entrenó junto con Tzedaka Abraham y Terry Melnik a paramilitares, entre ellos “Alfredo Baquero, alias ‘Vladimir’, acusado formalmente de ser el autor de las masacres de Honduras y La Negra, en Urabá, y Mejor Esquina, en Córdoba [18]”. Este paramilitar declaró en una ocasión:

“Ellos nos enseñaron la táctica inglesa y alemana, que consistía en que al enemigo había que exterminarlo de raíz. Nos dijeron que un guerrillero o un auxiliador de la guerrilla, ubicado en un sitio clave, nos podía hacer mucho daño. Entonces salimos como locos a perseguir a los colaboradores y al brazo armado de las Farc. Y les dimos muy duro. Al que detectábamos le dábamos. Fue apasionante ser alumno de Yair Klein [19]”.

Las declaraciones de este paramilitar vinculaban al General del Ejército Farouk Yanine en las masacres conocidas como “19 Comerciantes” y “La Rochela”. En ambos casos el Estado colombiano ha sido declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque en 2001 el Tribunal Superior de Manizales condenó a estos israelíes a 10 años y ocho meses de cárcel, por delito de fortalecimiento y adiestramiento en prácticas militares y de terrorismo a grupos paramilitares [20]. En septiembre de 2007 fue capturado en Rusia, pero su extradición no se concretó en razón a su edad [21]. Lo cierto es que los gobiernos de Colombia e Israel no realizaron las acciones necesarias para lograr su captura y extradición durante casi siete años, premiando con tal negligencia a los entrenadores de criminales de lesa humanidad colombianos [22].

Pero Colombia también es un enclave importante en el negocio: exporta nacionales para actividades mercenarias y entrena tropas extranjeras en su territorio. En el primer caso, se trata de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano activos o retirados, pero diestros en labores militares y de inteligencia, que son contratados por empresas como Blackwater o Halliburton Co. a través de pequeñas empresas en Colombia como ID Systems o en Ecuador como EPI Security & Investigation, con métodos y estrategias que les dejan desprovistos de cualquier protección legal de sus derechos contractuales y civiles una vez pisan suelo iraquí [23].

La capacitación previa a sus labores en Irak se produce en instalaciones militares colombianas por parte de expertos norteamericanos [24], y son los colombianos son preferidos en razón a que “la mayoría [...] son policías y militares en retiro que recibieron entrenamiento en unidades militares de Estados Unidos y están habituados a trabajar con tropas norteamericanas [25]”. Pese al escándalo que han suscitado las condiciones de trabajo de los colombianos allí, no se tiene conocimiento de actividades realizadas por el gobierno colombiano a fin de garantizar los derechos de esos ciudadanos o controlar o investigar las actividades de los contratantes.

El entrenamiento de tropas extranjeras, por su parte, también es una actividad relevante en la actualidad. En una base militar del departamento del Tolima se entrenan comandos especiales en las más modernas técnicas de asalto. “La policía antinarcóticos de Colombia entrena a los extranjeros en situaciones de conflicto en zonas rurales, pero también asaltos en zonas urbanas. Las Fuerzas Especiales de Fort Bragg - Estados Unidos, enseñan técnicas de asalto para combatir la insurgencia en espacios cerrados. Los profesores enseñan desde arriba, todo es simulado, pero las balas si son de verdad [...] En cuatro meses tienen la misión de formar una unidad de 130 hombres que luche contra el narcotráfico en Afganistán, primer productor en el mundo de heroína, los colombianos jungla no conocen mucho sobre esta tierra pero también les tocará su turno de ir a hacer un intercambio allá [26]”.

Sobre estos cursos la información al público es casi nula, no se tiene conocimiento si quienes se capacitan en estos cursos pertenecen a las Fuerzas Militares de los países de los que son originarios o son personas vinculadas a empresas transnacionales de seguridad privada, tampoco se conoce la procedencia de los capacitadores.

Mercenarismo en el marco del Plan Colombia

La asistencia militar internacional hacia Colombia a través de empresas transnacionales privadas de seguridad no es exclusiva de los Estados Unidos ni se limita al Plan Colombia. Esta “cooperación” también implica a empresas de otros países como Israel con pleno conocimiento de dichos gobiernos y de Washington, y en jugosos contratos de millones de dólares firmados directamente por el Ministerio de Defensa de Colombia [27].

Sin embargo, es la actividad mercenaria a través del Plan Colombia la más publicitada. En 2006, se conoció el informe oficial sobre las empresas estadounidenses que han suscrito acuerdos con el Departamento de Estado o Departamento de Defensa con fin de realizar actividades antinarcóticos en el marco del Plan Colombia [28]. La mayoría de las empresas contratistas privadas están bajo la responsabilidad del Departamento de Defensa, pero el contrato más grande (Dyncorp) está en manos del Departamento de Estado.

Los siguientes cuadros resumen a grandes rasgos el informe [29]:

EMPRESAS VINCULADAS CON EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Contratista Valor de pagos en 2006 Actividades principales
Lockheed-Martin $52,868,553 Apoya a la Policía Nacional (PNC) en el mantenimiento de instalaciones de la flota aérea colombiana
DynCorp International, LLC [30]
$164,260,871 Suministra pilotos, técnicos de mantenimiento, y apoyo logístico a las brigadas antinarcóticos del ejército colombiano (EC) y al programa de erradicación aérea de la PNC.
Olgoonik [31] $2,425,739 Suministra personal de apoyo administrativo y personal de apoyo logístico con fin de apoyar al EC, el programa de erradicación de la PNC, el programas en Cárceles, en Seguridad Portuaria, y en el Ministerio de Defensa.
ARINC, Inc. [32]
$7,875,000 Apoya en el mantenimiento de sensores, ingeniería, logística, y capacitación para aeronaves C-26 de la PNC equipadas con sistemas de vigilancia
$20,953,000 Entrena personal y brinda apoyo logístico y de mantenimiento para las aeronaves y veeduría de la seguridad del programa por parte del Gobierno de EEUU
Oakley Networks [33] $5,000,000 Suministro de programas y equipo de vigilancia de Internet con el fin de ayudar en programas de monitoreo de Internet realizados por parte de la Unidad de Delitos Informáticos de la PNC y la Dirección de Policía Judicial (DIJIN).

Como se ve, el contrato más costoso corresponde a Dyncorp International, LLC, teniendo casi un cuarto del total de la asistencia que para el Plan Colombia canalizan las empresas privadas de seguridad. En el caso de Arinc Inc., el programa no se transferirá a Colombia y el programa desarrollado por Oakley Networks es directamente monitoreado por la DEA.

La empresa Dyncorp es la empresa mercenaria más reconocida, por participar directamente en las tareas de aspersión aérea química, pero especialmente en razón a los escándalos que ha protagonizado. Estos escándalos se relacionan especialmente con tráfico de heroína y cocaína, abusos sexuales a niñas y venta de municiones dirigida a grupos paramilitares [34].

EMPRESAS VINCULADAS CON EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA

Contratista Valor de pago en 2006 Actividades principales
MANTECH $1,192,055 Suministra vigilancia al Centro de Coordinación de Operaciones Antinarcóticos.

MANTECH Internacional [35] (CECOM) $2,951,000 Suministra apoyo técnico completo a sistemas de comunicaciones utilizados en operaciones antinarcóticos. Suministra información en tiempo real.
MANTECH International $561,900 Suministra actividades de apoyo a operaciones de base en el sitio de avanzada de operaciones del sur del ejército estadounidense en Apiay, Colombia
ITT [36] $6,533,502 Opera y realiza mantenimiento al Sistema de Radar Hemisférico (SRH) en Colombia.
Northrop Grumman Information Technology International, Inc. [37] $479,000 Realiza apoyo logístico al Sistema para Panorama de Paz II (SPP). Suministra apoyo técnico para la integración de los alimentadores de datos de la Aeronáutica Civil Colombiana.
Northrop-Grumman Mission Systems $2,851,863 Suministra apoyo logístico de avanzada para dos aeronaves de reconocimiento aéreo.

ARINC $356,000 Coordina y apoya actividades y proyectos de radar, comunicaciones y comando y control entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la de Colombia.

Lockheed Martin Integrated Systems (LMIS/OPTEC) [38] $2,345,442 Opera un sistema aéreo para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas
$52,254
Suministra apoyo en el país a la investigación y la actividades continuas relacionadas con la segura y rápida recuperación y regreso de los tres rehenes americanos actualmente retenidos en Colombia.
$822,559 Administra el sistema para servicios de apoyo del sistema de tecnología informática.
$1,700,000 Raytheon Integrated Defense Systems (IDS) suministra apoyo directo para el Proyecto Orion, esfuerzo conjunto de dominio marítimo, involucrando a la armada colombiana, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF-S), el Comando del Sur de EEUU y la DEA.

Lockheed Martin Integrated Systems (LMIS)

$3,394,768 Suministra entrenamiento en comunicaciones públicas antiterroristas de múltiples escalones, apoya al Ministerio de Defensa el Comando General del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Transmite información en tiempo real a estas agencias.
$2,751,542 Suministra apoyo de estandarización para el uso de aeronaves UH-1 y Huey II y Suministra personal de mantenimiento para ayudar a la FAC en mantener los helicópteros UH-1H
$1,470,434 Suministra apoyo en mantenimiento para Ventas Militares Extranjeras a Colombia de las aeronaves UH-60L.
Lockheed Martin $250,000 Suministra especialización in situ de Operaciones de Información sincronizándolas en apoyo del Grupo Militar y el Comando Sur estadounidense. Redacta planes anuales de enfrentamiento para habilitar las fuerzas militares colombianas en la realización de Operaciones de Información.

Lockheed Martin Technology Services Aproximadamente $600,000 Suministra servicios profesionales, de asesoría logística y de gerencia al Grupo Militar estadounidense y a las fuerzas militares colombianas en apoyo de esfuerzos antinarcóticos y antiterroristas
$3.4 millón Suministra asistencia técnica al Ministro de Defensa y las fuerzas de seguridad con el fin de establecer un centro nacional conjunto de mantenimiento.
$207,000 Planea y ejecuta operaciones de entrenamiento antinarcóticos en áreas en las cuales las fuerzas de la infantería marina estadounidense ejercen control táctico.

Lockheed Martin Mission Support $292,005 Suministra apoyo logístico al personal del grupo estadounidense y a los recursos tácticos de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur.
OPTEC $9,409,664 Opera un sistema aéreo para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas
Telford Aviation [39] $2,783,000 Suministra apoyo logístico avanzado para dos aeronaves de reconocimiento aéreo.
King Aerospace [40] $9,036,310 Desempeña servicios de mantenimiento de aeronaves, apoyo logístico, y actividades de gerencia en aeronaves De Havilland DASH-7.

CACI, Inc. [41] $555,230 Suministra apoyo técnico en comunicaciones electrónicas/satelitales desempeñan apoyo logístico de nivel I y II para los sistemas TROJAN ubicados en Colombia.

Tate Incorporated [42] $420,603 Suministra el personal, equipo y los materiales o servicios requeridos para servicios de planeación y ejecución de Recuperación de Personal con el fin de establecer y operar en el país Centros de Equipo Combinado de para la Recuperación de Personal.
Chenega Federal Systems [43] $200,000 Suministra mantenimiento y administración de bases de datos de inteligencia para el Centro de Fusión de Inteligencia de la Embajada (CFIE) en Bogotá, Colombia.

PAE Government Services [44] Aproximadamente $40,000 Suministra apoyo administrativo al Grupo Militar estadounidense y las fuerzas militares colombianas en apoyo de esfuerzos antinarcóticos y antiterroristas.
Aproximadamente $2.5 millones Suministra apoyo en operaciones de almacenamiento, mantenimiento vehicular, coordinación de transporte y servicios profesionales al Grupo Militar estadounidense y a la fuerza militar colombiana.
OMNITEMPUS [45] Aproximadamente $1 millón Suministra transporte para todo el personal del Grupo Militar estadounidense dentro de Colombia
Construction, Consulting, & Engineering (CCE) [46] $300,000 Suministra servicios de apoyo técnico profesional y administrativo al Grupo Militar estadounidense y la fuerzas militares colombianas en apoyo de esfuerzos antinarcóticos y antiterroristas.
U.S. Naval Mission Bogota Riverine Plans Officer [47] $200,000 Asesora y planifica operaciones de la misión naval estadounidense para todos asuntos relacionados con el Programa Ribereño de Anti - narcoterrorismo en operaciones conjuntas, combinadas, multinacionales e interagenciales.
Science Applications International Corporation [48] $78,879 Suministra intercambio y enlace de información de inteligencia del Centro de Fusión de Inteligencia de la Embajada al personal de inteligencia conjunto de las fuerzas armadas colombianas.

En lo referente a las empresas dependientes del Departamento de Defensa sólo los contratos con Lockheed Martin Technology Services, Construction, Consulting, & Engineering (CCE) terminaron en septiembre de 2007, uno de los programas suscritos con Northrop Grumman Information Technology International, Inc. está en periodo de transición de la tecnología a Colombia. No son transferibles los programas desarrollados por MANTECH, MANTECH International, ARINC, Lockheed Martin Integrated Systems (LMIS/OPTEC), OPTEC, Telford Aviation, Northrop-Grumman Mission Systems, King Aerospace, CACI, Inc., Chenega Federal Systems, OMNITEMPUS, U.S. Naval Mission Bogota Riverine Plans Officer, Science Applications International Corporation, ni ITT. Es decir, que las empresas dependientes del Departamento de Defensa en términos generales tienen vocación permanente de operaciones en el país, sobre todo en razón a la puesta en marcha de la operación militar Plan Patriota en el sur del país.

Sólo en el caso de Lockheed Martin Mission Support se advierte expresamente sobre la prohibición de acompañar fuerzas de seguridad colombianas en ejecución de operaciones de combate o de seguridad. Lockheed Martin Integrated Systems (LMIS/OPTEC) y Tate Incorporated estarían al frente de la recuperación de los tres rehenes estadounidenses que permanecen en poder de las FARC.

De la descripción de las labores de estas contratistas y de su ilimitado poder de información, coordinación e inteligencia, puede fácilmente concluirse que existe una participación directa por parte de ellas en la conducción de las hostilidades en el conflicto armado interno colombiano. Varios son los problemas que conlleva esta situación, en materia de democracia, soberanía y derecho internacional de los derechos humanos.

El primero de ellos está relacionado con la sustracción del conocimiento que sobre las actividades de estas empresas mercenarias deberían tener las ramas del poder público legislativa y judicial en Colombia.

La asistencia militar del Plan Colombia ha sido legalizada a través de la figura de “acuerdos simplificados” a acuerdos y convenios binacionales firmados antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991. Dada la forma en la que se legaliza la presencia de esas empresas en el país, no existe control político por parte del Congreso ni jurisdicción para los operadores de justicia frente a sus actividades.

Resulta grave y lesivo para la democracia colombiana que el Congreso no ejerza control político sobre las actividades del Ejecutivo en el involucramiento de ejércitos internacionales oficiales o privados en el conflicto armado interno. Igualmente, la exclusión de jurisdicción penal para la investigación, juzgamiento y sanción de delitos que cometan en el país, termina alentando la comisión de crímenes en absoluta impunidad.

Como en materia de drogas, el principio de corresponsabilidad sólo opera en un sentido (el del más débil, es decir, Colombia). El narcotráfico ejercido por miembros de estas empresas no es investigado y no se tiene conocimiento que la justicia estadounidense opte por procesarlos tampoco o que sancione a las empresas de las que son miembros.

El sustraerles de la jurisdicción penal colombiana implica simultáneamente la invisibilización y la negación de los derechos de las víctimas de sus delitos, que recordemos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos, el acceso a la justicia y a una reparación integral que involucre la garantía de no repetición de esos crímenes.

Violaciones a los derechos a no ser desplazado forzadamente, salud, alimentación, medio ambiente sano, vida digna y muchos otros, son cometidas también por esos contratistas en razón precisamente a que vienen en misión oficial a Colombia. Su vinculación directa con el gobierno de Estados Unidos que a su vez tiene una relación contractual con Colombia les convierte en responsables también de las violaciones a derechos humanos que provoca su actividad.

En este sentido, la responsabilidad por violación a derechos humanos de agentes privados transnacionales opera solidariamente en razón a su vinculación directa contractual con agencias gubernamentales.

El segundo, tiene que ver con que el Ejecutivo colombiano si bien accede a información a la que no pueden las otras ramas, sólo conoce parcialmente de las operaciones realizadas dado que al ser contratadas estas empresas directamente por los Departamentos de Defensa o de Estado de los Estados Unidos sólo se someten a la veeduría y control de personal especializado de la Sección Antinarcóticos de la Embajada de ese país en Bogotá.

Es decir, se configura una violación automática al principio de Soberanía. El artículo noveno de la Constitución Política colombiana prescribe que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. Colombia no puede presumir soberanía si desconoce los detalles de la actuación de agencias privadas en su territorio en gracia a convenios suscritos con otros gobiernos.

El tercer problema se relaciona con el desconocimiento de las normas de la guerra o Derecho Internacional Humanitario. Aunque blindados por instrumentos legales y discursos políticos e ideológicos al participar directamente de las hostilidades internas (ocultando sus roles y el nivel mismo de involucramiento) tendrían que respetar necesariamente tales las normas. Sin embargo, no resulta evidente que estén respetando efectivamente los principios de distinción, proporcionalidad, prohibición de utilización de medios superfluos, etc. La práctica de las fumigaciones aéreas es un ejemplo de ello [49].

La asistencia hacia Colombia de los programas bilaterales actuales se centra en dos únicos ejes: lucha contra la producción de drogas de uso ilícito y lucha contra el terrorismo en la región Andina. Es por esta razón que los programas se concretan en asistencia para la aspersión aérea (y la infraestructura y tecnología que le es necesaria) y en programas de producción de información en tiempo real e inteligencia.

La primera de estas actividades ha tenido impactos perversos en materia de derechos humanos: miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos y ecuatorianos afectados en su vida, bienes y entorno ambiental por las fumigaciones, negándoseles el acceso a la justicia [50]. La segunda, pone en riesgo todos los días la seguridad y honra de miles de colombianos que son victimizados atribuyéndoseles la condición de auxiliador de la insurgencia a través de detenciones arbitrarias, montajes judiciales, ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada.

Los primeros en ser registrados en informes de inteligencia bajo reserva por motivos de “seguridad nacional” son los líderes comunitarios, indígenas y campesinos que resisten en medio del conflicto en una activa lucha por sus derechos fundamentales y los defensores y defensoras de derechos humanos quienes a través de la exigibilidad jurídica, política y social denunciamos las violaciones de estos derechos y a los responsables.

Una cantidad importante de los éxitos de la Seguridad Democrática en términos de capturas y dadas de bajas en combate, se integra por población civil victimizada a través de la conducción institucional del conflicto interno.

Es en este punto en el que debo retomar las precisiones realizadas al comenzar este escrito. La misión contratista del Plan Colombia es ciertamente una misión mercenaria: integrada por personas de la más alta cualificación en el arte de la guerra pero desprendida de todas las reglas de conducta humanitaria en razón al estatus inmune que les blinda legalmente.

Esa misión participa directamente de un conflicto armado interno caracterizado por la utilización de los más abyectos mecanismos de terrorismo de Estado y la presencia mercenaria se añade al carácter irregular del conflicto. Esta misión participa de la lógica de violación masiva y sistemática de derechos humanos en Colombia y está implicada en ellos y en sus consecuencias: desplazamiento forzado, pérdida de legitimidad de las instituciones y supresión de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

No puede desconocerse que históricamente en Colombia la actuación mercenaria ha estado relacionada con el favorecimiento de poderes de facto de mafias y grupos de criminales de lesa humanidad. En el estado actual de aumento en la tendencia del Ejército Nacional de realizar ejecuciones extrajudiciales en población indefensa y no habiendo roto sus estrechos vínculos con grupos paramilitares, los organismos de colaboración oficial y privada internacional para ese Ejército, que manejan y producen información tecnificada, se convierten en co-responsables de esos crímenes.

Nos permitimos concluir esta presentación, puntualizando lo siguiente:

1. Coincidimos con los apuntes del antiguo Relator Enrique Bernales Ballesteros, en el sentido de que la actividad mercenaria supone en sí misma la comisión de múltiples delitos. Por ello, no existe otro camino que el que dichas empresas sean desmanteladas. Su existencia misma es una violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos, y de hecho, un ejercicio de Terrorismo de Estado. Constituye un eje fundamental de la comunidad global de derechos humanos la lucha contra la existencia de compañías transnacionales de seguridad privada.

2. Los Estados donde estas empresas operan y donde tienen sus casas matrices, así como los que las financian, contratan, legalizan, utilizan, encubren o se benefician de sus servicios son responsables de los delitos y violaciones a derechos que ellas cometen.

3. Como quiera que la responsabilidad por delitos y violaciones a los derechos humanos es individual. Los miembros de las empresas mercenarias deben ser investigados, juzgados y sancionados bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. No puede excluirse su responsabilidad en razón al mandato ordenado por los gobiernos que les utilizan: la “obediencia debida” no opera en casos de violación a los derechos humanos.

4. La responsabilidad por los crímenes que cometen también debe tener una dimensión corporativa: las empresas deben ser también investigadas y sancionadas.

5. No es suficiente la regulación voluntaria de las empresas transnacionales de seguridad privada. Las empresas transnacionales de seguridad privada deben someterse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a las leyes penales de los países donde operan y donde tienen sus casos matrices. Todas las jurisdicciones deben estar en capacidad de investigarles, juzgarles y sancionarles, no más impunidad de sus crímenes.

6. Resulta de vital importancia que la Academia aborde la temática de la privatización de la seguridad de los Estados desde la perspectiva de los derechos humanos. La pérdida del monopolio de la fuerza es, en términos reales, un síntoma de democracia formal, vacía e ilusoria.

7. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas que abordan el mercenarismo y la regulación de empresas transnacionales deben comprender la dimensión del poder transnacional bélico y actuar en consecuencia. La perspectiva de la “autorregulación” no se compadece con la carta de Naciones Unidas y no es aceptable que sea promovida por sus agencias.

8. Siendo que los Estados en el ejercicio de su poder promueven un terrorismo institucionalizado y son los mismos que utilizan estos ejércitos privados para sus fines, blindándolos legalmente a través de instrumentos que vulneran procedimientos democráticos, es deber de la sociedad civil, la academia y los grupos de los derechos humanos denunciar esta práctica y promover en las instancias de justicia nacionales e internacionales la investigación, juzgamiento y sanción de sus crímenes.

Notas de Pie de Página

[1] Presentado en la conferencia: "The Privatization of Security and Human Rights in the Americas: Perspectives from the Global South", en el Pyle Center de la Universidad de Wisconsin-Madison, EUA, entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2008.

[2] “Mercenario”, Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Mercenario.

[3] “A los efectos de dicha Convención, 1. Se entenderá por ‘mercenario’ toda persona: a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado; b) Que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; c) Que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; d) Que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y e) Que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto. 2. Se entenderá también por ‘mercenario’ toda persona en cualquier otra situación: a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de: i) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o de, ii) Socavar la integridad territorial de un Estado; b) Que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal significativo y la incite a ello la promesa o el pago de una retribución material; c) Que no sea nacional o residente del Estado contra el que se perpetre ese acto; d) Que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y e) Que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto.” (Ver: “Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios,” Asamblea General de las Naciones Unidas, 72ª sesión plenaria, Diciembre 4 de 1989, A/RES/44/34, http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/resinssp.htm).

[4] “Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.” Ob Cit.

[5] “¿Existe o no conflicto armado?” Rodrigo Uprimny Yepes, Más Allá del Embrujo: Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo, Septiembre de 2005.

[6] “Logros de la política de consolidación de la Seguridad Democrática - PCSD”, Ministerio de Defensa, Diciembre de 2007, http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionales/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Nov%202007.pdf

[7] “En el año 2006 la Fuerza Pública sostuvo por iniciativa propia 2.176 combates contra los grupos armados irregulares, es decir un promedio de 6 acciones por día. Después de 2003, con 2.414 combates, esta es la cifra más alta de los últimos veinte años y representa un aumento del 23% con respecto al año 2005. Pesaron en este aumento los combates contra las Farc los cuales ascendieron 40% al pasar de 1.184 en 2005 a 1.661 en 2006. En el caso de las acciones contra el ELN y las autodefensas, éstas disminuyeron en 1% y 82% respectivamente; en el de las Bandas Emergentes, en el año 2006 se reportaron 58 acciones lo que quiere decir que la Fuerza Pública las combatió en promedio 1.5 veces a cada una, mientras que a las Farc las combatió 28 veces por frente. [...] Es evidente que la Fuerza Pública se concentró en combatir más en términos relativos a las Farc que a las otras agrupaciones. La participación en el total de los combates contra esta guerrilla aumentó en casi diez puntos en 2006, con 76%, frente a 2005 cuando fue de 67%”. (Ver: “Balance de Seguridad 2006”, Fundación Seguridad y Democracia, http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/conflictoArmado/balanceSeguridad2006.pdf).

[8] “Sin incluir personal civil entre 2002 y 2007 el pie de fuerza estatal incrementó en un 31%, llegando a 405.729 combatientes. Entre las nuevas unidades militares se tiene la creación de 2 Divisiones del Ejército, 6 nuevas Brigadas, 12 nuevas Brigadas Móviles, 2 Comandos Operativos, 6 Batallones de Alta Montaña, 9 Unidades Tácticas, 3 Gaulas, 13 nuevas Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, 598 nuevos pelotones Soldado de mi Pueblo, 7 compañías Meteoro, la Capacidad Táctica se incrementó con la adquisición de 25 nuevos aviones SUPER TUCANO, 12 Helicópteros de instrucción BELL 206 RANGER, 8 Helicópteros Black Hawk, 4 Helicópteros MI, 3 Helicópteros Comando y Control, 2 Aviones Gran Caravan Comando y Control, 1 Plataforma de Inteligencia y la construcción 5 buques de apoyo tipo nodriza. La Policía contó con la creación de 31 nuevos EMCAR Escuadrones Móviles de Carabineros, 3 Nuevos Grupos GAULA y 2.400 nuevos Policías de Carreteras y 1.200 motos -grupos UNIR- (Unidad de Intervención y Reacción)”. (Ver: Ministerio de Defensa. Ob Cit.).

[9] Rodrigo Uprimny Yepes. Ob Cit.

[10] “Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia”, Julio de 2006 a Junio de 2007, Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, DC, 10 de octubre de 2007, Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Sembrar, Corporación Yira Castro, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos

[11] “El Estado reaccionó al resurgimiento de la violencia y en 1965 promulgó en forma transitoria, bajo el estado de excepción, el Decreto 3398 que establecía en su artículo 25 que ‘..todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.’ Seguidamente, en su artículo 33, parágrafo 3, el Decreto indicaba que ‘el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas’ con lo cual grupos de civiles se armaron legalmente. Este Decreto fue convertido en legislación permanente en 1968 y los llamados ‘grupos de autodefensa’ se conformaron al amparo de estas normas, con el patrocinio de la Fuerza Pública”. (Ver: “Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, Diciembre 13, 2004, http://www.cidh.org/countryrep/Colombia04sp/informe3.htm).

[12] Según cifras consolidadas por la Comisión Colombiana de Juristas, los grupos paramilitares “continúan violando el derecho a la vida, a pesar del proceso de negociaciones con el Gobierno. Desde el inicio de ese proceso el 1º de diciembre de 2002 hasta el 30 de abril de 2007, por lo menos 3.040 personas fueron muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares. El Gobierno no ha reaccionado al respecto, a pesar de que había anunciado que dicho proceso estaba sujeto a la condición de que tales grupos no cometieran ni una muerte más. Por el contrario, el Alto Comisionado para la Paz ha declarado que ‘El cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad’”. (Declaración del Alto Comisionado para la Paz, durante una jornada de seguimiento al proceso de negociaciones con los paramilitares (en Bogotá, el 24 de febrero de 2005, en Residencias Tequendama). (Ver: Comisión Colombiana de Juristas, http://www.coljuristas.org/documentos/documentos_pag/pop.htm).

[13] “De acuerdo con la información recolectada y procesada por la Fundación Seguridad y Democracia entre julio de 2006 y febrero de 2007, se registraron 78 casos de rearme de organizaciones delictivas que entraron a ocupar aquellos territorios donde operaban las autodefensas ya desmovilizadas3. Estos casos se concentraron en los departamentos de Antioquia con el 23%, Magdalena y Tolima con el 14% cada uno, Casanare con el 13%, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca con el 12% cada uno. Asimismo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) afirmó en el Octavo Informe que como resultado de sus labores de verificación se identificaron 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente tres mil integrantes, de los cuales una parte importante fueron miembros de las autodefensas desmovilizadas durante el proceso de paz. Sobre 8 de estas estructuras se tuvo indicio de un posible fenómeno de rearme, constituyéndose estos casos como alertas. Los restantes 14 casos fueron plenamente verificados por la Misión. [...] Una caracterización de las organizaciones emergentes del paramilitarismo necesariamente pasa por la mayor o menor intensidad del vínculo con las estructuras que conformaban los grupos de autodefensa que entraron en el proceso de paz con el gobierno Uribe”. (Ver: “Rearme paramilitar”, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, Junio 1 de 2007, http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/especiales/informeEspecial16-2.pdf).

[14] “Según datos suministrados por el Ministerio de Defensa Nacional, se han desmovilizado un total de 44.667 miembros de grupos al margen de la ley, de los cuales se han acogido al proceso de desmovilización colectiva 31.687 miembros de grupos paramilitares. Por su parte se han acogido al mecanismo de desmovilización individual un número de 12.980 personas, de los cuales 8.938 militaban en organizaciones insurgentes y 3.601 hacían parte de grupos de autodefensa . Esto es, se han desmovilizado un total de 35.288 paramilitares. De esos 35.288 paramilitares desmovilizados, 2.782 se encuentran postulados para ser beneficiarios del procedimiento de justicia y paz según información suministrada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cifra que es contradictoria a la revelada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la cual estima el número de postulados en 2.715, por su parte la Fiscalía General de la Nación registra un total de 3.017, todos estos datos se manejan de forma paralela en un mismo periodo de tiempo”. (Ver: “La Desmovilización Paramilitar, en los Caminos de la Corte Penal Internacional”, Federación Internacional de Derechos Humanos, Octubre 2007).

[15] Ver: Sentencia T-025 de 2004 y posteriores autos de seguimiento.

[16] “Quejas sobre violación de derechos humanos por la Fuerza Pública aumentan en Colombia, dice la ONU”, El Tiempo, Marzo 16 de 2007, http://www.eltiempo.com/politica/2007-03-16/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3478050.html.

[17] “Para poder visualizar mejor los mecanismos a través de los cuales se ejerce el Terrorismo de Estado, podríamos señalar primero aquellos que se refieren a la CONDUCCION DEL CONFLICTO y luego los que se refieren a las ESTRUCTURAS, INSTITUCIONES O PRACTICAS SISTEMATICAS. A) En la CONDUCCION DEL CONFLICTO el Estado ejerce el terrorismo al violar las normas fundamentales del ‘Derecho en la Guerra’. Las más recurrentes de esas violaciones suelen ser: 1) La no distinción entre combatientes y no combatientes: esto lleva a tomar como ‘objetivo militar’ o blanco de ataque o de represión a población civil no combatiente, sus zonas de residencia o de trabajo o sus medios de subsistencia. Ordinariamente se justifican estas prácticas aduciendo que los combatientes se camuflan como población civil y con tal explicación se justifica, de paso, toda la represión que se ejerce contra organizaciones comunitarias, sociales, humanitarias y políticas que se oponen al statu quo o que se posicionan como críticas frente al mismo. Tal indiscriminación se proyecta también al campo de lo judicial/penal, confundiendo la insurgencia con formas de militancia política de oposición, o dándoles el mismo tratamiento, estableciendo por este camino el ‘delito de opinión’. [...] 2) El trato indigno o cruel al ser humano: aún suponiendo que la represión se ejerza contra verdaderos insurgentes, el ‘Derecho en la Guerra’ se viola también por el exceso de fuerza contra el enemigo; por la crueldad; por las destrucciones inútiles (no necesarias para obtener una ventaja militar); por el desconocimiento de la dignidad humana. Las modalidades más recurrentes son: la tortura; los tratos crueles, inhumanos y degradantes; la desaparición forzada de personas; las ejecuciones extrajudiciales; las agresiones sexuales o afrentas al pudor; la negación de juicios justos, del ejercicio de los derechos procesales y de condiciones carcelarias humanas, cuando todas estas prácticas se legitiman como acciones o procedimientos de guerra. [...] B) Pero el terrorismo de Estado tiene también EXPRESIONES MAS ESTRUCTURALES, INSTITUCIONALES Y SISTEMATICAS. Aunque dichas expresiones conservan una referencia al conflicto o a la guerra interna, afectan las estructuras y las instituciones mismas del Estado en su funcionamiento ordinario, como por ejemplo el papel de la Fuerza Pública o de la Administración de Justicia. En este nivel estructural o institucional, el Estado ejerce el Terrorismo principalmente por estos medios: 1) Ideologías o doctrinas que no son aceptadas explícitamente por los funcionarios del Estado, pero cuya adopción como guía se demuestra principalmente en la sistematicidad de acciones y procedimientos que se acomodan a sus postulados. Vale mencionar en primer lugar la ‘Ideología de Seguridad Nacional’ [...] 2) El Paramilitarismo, entendido como confusión e indefinición en las fronteras entro lo civil y lo militar, ya sea por la utilización de civiles en acciones militares, ya por el accionar de los militares sub specie civili (bajo apariencia civil). Cuando el Paramilitarismo se erige en política de Estado, como es el caso evidente de Colombia, ya no solo se crean campos ambiguos de riesgo para los valores humanos fundamentales de vida, integridad o libertad, sino que el Paramilitarismo responde justamente a la estrategia de agredir esos valores ocultando o encubriendo la responsabilidad del Estado y por lo tanto facilitando al máximo el ataque indiscriminado contra la vida, la integridad o la libertad. [...] 3) La ‘Justicia Sin Rostro’ es otra de las formas que asume el Terrorismo de Estado, afectando esta vez principalmente el valor de la libertad. [...] 4) La Impunidad , sobre todo cuando se apoya en mecanismos estructurales e institucionales de la administración de justicia, constituye otra de las modalidades que asume el Terrorismo de Estado. Si quienes ponen permanentemente en alto riesgo los valores fundamentales de vida, integridad o libertad, gozan de la garantía de la impunidad y ésta se arraiga en mecanismos institucionales, ello equivale a avalar desde el Estado la amenaza permanente contra esos valores y, por lo tanto, a mantenerlos sitiados por un alto riesgo. (Ver: “El Terrorismo de Estado”, Padre Javier Giraldo, Noviembre 23 de 2004, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article88).

[18] “El Mercenario”, Revista Semana, Junio 18 de 1990, Edición No. 420, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=27229.

[19] “Vladimir se Confiesa”, Revista Semana, Agosto 11 de 1997, Edición No. 793, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=33722.

[20] “Mercenario condenado”, Revista Semana, Marzo 18 de 2002, Edición No. 1037, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=21860.

[21] “Además, Israel busca la extradición, pese a que fue capturado en Moscú el mes pasado gracias a circular roja de Colombia. Así lo reportó a sus superiores y al Ministerio de Relaciones Exteriores la comisión de la Interpol que regresó al país hace 17 días después de estar en Moscú gestionando el envío del mercenario. ‘Pueden considerar que es muy mayor para pagar la condena de una década de cárcel que tiene en el país’, explicó una de las fuentes”. (Ver: “El mercenario Yair Klein se salvaría de extradición a Colombia por tener 64 años”, El Tiempo, Septiembre 27 de 2007, http://www.eltiempo.com/justicia/2007-09-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3740321.html).

[22] Pese a este capítulo vergonzoso de la historia colombiana, en la actualidad el “general israelí Israel Ziv, en la reserva, asesora en asuntos de seguridad al Gobierno Colombiano [...] Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza y ex comandante de operaciones, es el militar de más alto rango entre los que se ocupan de tareas relacionadas con la seguridad, y entre ellas entrenamiento de personal y servicios de protección a personalidades, entre otros”. (Ver: “Militar israelí asesora al Gobierno en seguridad”, El País, Septiembre de 2007, http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto292007/milisrae.html).

[23] “Atrapados en Bagdad”, Revista Semana, Agosto 19 de 2007, Edición 1268, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=96550; “Contratación controvertida”, Hernando Salazar, BBC Mundo, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2006/mercenarios/newsid_5300000/5300032.stm; “Una aventura peligrosa: contratan ex militares colombianos para matar en Irak”, Carlos Quintanilla. CSCAweb, Diciembre 15 de 2007, http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/iraq/latinos_15-12-04.html; “Investigarán a empresa estadounidense que contrata mercenarios colombianos para Irak”, Leovany García, Prensa Latina, Agosto 13 de 2005, http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/29345.php; “Asesinan a capitán retirado que reclutaba colombianos para guerra en Irak”, El Tiempo, Mayo 31 de 2007, http://www.eltiempo.com/justicia/2007-06-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3578466.html.

[24] Ibídem.

[25] “Mil mercenarios colombianos, listos para ir a Irak por la mitad del salario que cobran en Estados Unidos”, Noticias Ya.com, Febrero 8 de 2005, http://noticias.ya.com/mundo/12/08/2005/mercenarios-colombianos-irak.html.

[26] Ver noticiero en: http://poorbuthappy.com/colombia/post/soldados-de-otros-paises-entrenan-entre-los-mejores-del-mundo/.

[27] “[...] El grupo está compuesto por varios oficiales retirados del Ejército de Israel, cuya cabeza es un general al que acompañan de manera permanente dos coroneles, otro oficial de bajo rango y tres traductores argentinos, pues ninguno habla español. Hay otros asesores que viajan al país cuando se les necesita para una conferencia o un entrenamiento muy especializado. La base de operaciones de este grupo está en la base de Tolemaida (Nilo, Cundinamarca), y su injerencia es al más alto nivel, pues están trabajando en dos áreas que son críticas en todo el sector defensa: mejorar la inteligencia, y los procesos de comando y control. En otras palabras, tratar de arreglar el caos que hay en estas áreas. La asesoría ya ha arrojado frutos. Uno de ellos son las entrevistas que se les hacen a los desmovilizados. [...] También están proponiendo mecanismos para blindar la información. ‘Nos están enseñando a mantener el secreto, a transformar la información en operaciones y a evitar que todos los que están en esta tarea quieran salir en los periódicos’, dijo uno de los funcionarios de inteligencia que los ha tenido como maestros. ‘Son una especie de sicoanalistas. Nos hacen las preguntas que son y nos ayudan a ver todos los problemas que tenemos y que no vemos’, dice Sergio Jaramillo, viceministro de Defensa De Tel Aviv a Tolemaida”. (Ver: “De Tel Aviv a Tolemaida”, Revista Semana, Agosto 4 de 2007, Edición 1318, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105405).

[28] Congressional Report: Half of U.S. military aid goes through private contractors, http://www.cipcol.org/?p=416.

[29] Cuadro elaborado con base en una traducción no oficial.

[30] En 1946, un grupo de ex pilotos militares estadounidenses fundaron a DynCorp como una compañía de transporte de cargas, bajo el nombre de California Eastern Airways Inc. A partir de 1987 lleva su actual nombre. Actualmente, tiene más de quince mil empleados, con presencia en todos los continentes y con un movimiento anual de más dos mil millones de dólares. Se afirma DynCorp hizo presencia en Colombia hacia 1993 o 1994, como parte de los convenios binacionales cooperación firmados con los Estados Unidos. Según su registro en la Cámara de Comercio de Colombia, esta empresa tiene como objeto social: “suministrar servicios de apoyo para programas bilaterales contra los narcóticos entre el gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Colombia [...]”. DynCorp es de las empresas mercenarias extranjeras más representativas y con mayor antigüedad en Colombia. Igualmente, es de las mejores libradas en la venta de sus servicios para el Plan Colombia. Por ende, al mismo tiempo es la que ha estado más comprometida en la comisión de delitos en este país y con las violaciones a derechos humanos generadas a propósito de la actividad de aspersión aérea que realiza. (Ver: “Acusación en contra la Transnacional DynCorp”, Tribunal Permanente de los Pueblos, Audiencia sobre Biodiversidad, Zona Humanitaria de Cacarica, Bajo Atrato, Colombia, 24 a 27 de febrero de 2007, http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=1110).

[31] Olgoonik Corporation, con sede en Wainwright, Alaska, EEUU, fue creado en 1973 por indígenas del pueblo inupiat. (Ver página de empresa: http://www.olgoonik.com). No obstante, solamente entró como contratista militar a partir de 1999 y desde 2002 ha obtenido más de 225 millones de dólares en contratos para obras de construcción en instalaciones militares estadounidenses. (Debido a un mico legislativo, por ser una empresa de personas de pueblos originarios del estado de Alaska, tiene el derecho de formular una oferta no competitiva para contratos con el estado estadounidense -sin limite con respecto al tamaño del contrato-, y después pueden subcontratar el trabajo a otras empresas). (Ver: Jeffrey St. Clair, “Contract Casino”, Counterpunch, Marzo 22, 2006, http://www.counterpunch.org/stclair03222006.html). Hoy en día, Olgoonik cuenta con 175 empleados, pero solamente siete son miembros del pueblo inupiat y la empresa Halliburton es un importante socio para realizar los diferentes contratos. (Ver: Michael Scherer, “Little Big Companies”, Mother Jones, Enero/Febrero de 2005, http://www.motherjones.com/commentary/notebook/2005/01/11_400.html). (El vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, fue director general de Halliburton hasta 2000 y es la empresa que ha recibido los contratos más lucrativos para la ocupación de Irak). Como ejemplo de la corrupción de este sistema de ofertas no competitivas, hasta 2007 una empresa boliviana suministraba comida a cerca de 1.500 soldados y policías bolivianos como parte de las actividades antinarcóticas financiadas por EEUU en el país. La empresa boliviana cobró aproximadamente 6.500 pesos colombianos por día por persona. Desde marzo de 2007, Olgoonik suministra la comida, pero a un costo de 10.000 pesos por día por persona. (Ver: Humberto Vacaflor, “La corrupción importada”, Plaza Pública, Junio 4 de 2007, http://www.plazapublica.org/articulo.php?id=462).

[32] Aeronautical Radio, Incorporated (ARINC), creado en 1929, es un proveedor importante de comunicaciones de transporte. (Ver página de empresa: http://www.arinc.com). Actualmente mantiene más de 3.200 empleados en más de 120 lugares del mundo. En Julio de 2007, accionistas de ARINC Inc. la venta de 90% de sus acciones al estadounidense Grupo Carlyle para la suma total de mil millones de dólares. (Ver: “The Carlyle Group to Acquire ARINC Incorporated”, Arinc Inc., Julio 5 de 2007, http://www.arinc.com/news/2007/07-05-07.html). En su historia, el Grupo Carlyle ha contado con ex presidente George Herbert Walker Bush, ex Secretario de Estado James Baker III, ex Primer Ministro británico John Major, y el ex Secretario de Defensa Frank C. Carlucci, entre muchos otros, como funcionarios, directivos, asesores o accionistas. (Ver: Caryle Group, Sourcewatch, http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Carlyle_Group). Según el libro “House of Bush, House of Saud”, familiares de Osama Bin Laden fueron accionistas importantes hasta el año 2001. (Ver: Craig Unger, “The great escape”, Salon, Marzo 11 de 2004, http://dir.salon.com/story/books/feature/2004/03/11/unger_1/index_np.html).

[33] Oakley Networks, con sede en Salt Lake City, Utah, EEUU, fue creada en 2001 y cuenta con alrededor de 200 empleados. (Ver página de empresa: http://www.oakleynetworks.com.) La empresa suministra servicios de protección y seguridad informática al gobierno estadounidense y varias trasnacionales estadounidenses. En septiembre de 2007, la empresa Raytheon adquirió a Oakley Networks. (Ver: Oakley, http://www.oakleynetworks.com/news/raytheon.php). Raytheon, una de las más grandes contratistas militares estadounidenses, obtuvo ingresos de más de 20 mil millones de dólares en 2006 y cuenta con más de 73,000 empleados. Actualmente, John M. Deutch, ex director de la CIA, se incluye como uno de sus directivos. (Ver: Condé Nast Portfolio, http://www.portfolio.com/resources/company-profiles/3788).

[34] Para mayor información sobre DynCorp, ver: “Acusación en contra la Transnacional DynCorp”, Tribunal Permanente de los Pueblos, Audiencia sobre Biodiversidad, Zona Humanitaria de Cacarica, Bajo Atrato, Colombia, 24 a 27 de febrero de 2007, http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=1110.

[35] ManTech International Corporation con sede en Fairfax, Virginia, EEUU, fue creada en 1968 y trabaja estrechamente con diferentes agencias estadounidenses en temas relacionadas con seguridad. (Ver página de empresa: http://www.mantech.com). Se ha especializado en el desarrollo de programas informáticas, seguridad informática, apoyo a operaciones de inteligencia, ingeniería de sistemas, entre otras actividades. Actualmente, ManTech cuenta con más de 5.500 empleados en más de 30 países en el mundo. A modo de ejemplo, la empresa apoya los sistemas de telecomunicaciones utilizados en la ocupación de Irak, suministra seguridad física y cibernética a embajadas estadounidenses en todo el mundo, ha desarrollado sistemas de comunicación seguros y colaborativos para el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, y construye y mantiene bases de datos sobre personas consideradas presuntas terroristas. (Ver: http://www.mantech.com/careers). Entre sus actuales directivos, se incluyen importantes dirigentes civiles y militares del estado estadounidense, tales como Richard L. Armitage (subsecretario del Estado entre 2001 y 2005), Mary K. Bush (directora ejecutivo alterna de EEUU del Fondo Monetario Internacional durante el primer gobierno de Reagon), Almirante (Ret.) David E. Jeremiah (ex director general del Comando Conjunto para los generales Powell y Shalikashvili), Richard J. Kerr (subdirector de la CIA entre 1989 y 1992), y General (Ret.) Kenneth A. Minihan (director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa entre 1995 y 1996 y director de la Agencia Nacional de Seguridad entre 1996 y 1999), entre otros. (Ver: http://www.mantech.com/about/board.asp).

[36] ITT Corporation es una de las más grande empresas fabricantes de EEUU y en el año 2006 obtuvo ingresos de $7.8 mil millones de dólares. (Ver: ITT Corporation, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ITT_Corporation). Asimismo, la empresa actualmente cuenta como una de las principales empresas contratistas para la industria militar estadounidense. La empresa fue fundada inicialmente en 1920 como International Telephone & Telegraph. Según el libro "The Sovereign State of ITT", Sosthenes Behn, el entonces director general de ITT, fue uno de los primeros empresarios estadounidenses que se reunió con Hitler tras su toma al poder en 1933. En el mismo sentido, según el libro "Wall Street and the Rise of Hitler", subsidiarios de ITT efectuaron pagos en efectivo al líder nazi Heinrich Himmler. En marzo de 2007, ITT Corporation fue el primer contratista militar de EEUU por violar la Ley de Control de la Exportación de Armas en hechos relacionados con la exportación de gafas de visión nocturna y información clasificada sobre armas laseres. Les impusieron una multa de $100 millones de dólares. (Ver: “ITT Corporation to Pay $100 Million Penalty and Plead Guilty to Illegally Exporting Secret Military Data Overseas”, Departamento de Justicia, Marzo 27 de 2007, http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/March/07_nsd_192_spanish.htm).

[37] Northrop Grumman Corporation es la tercera más importante empresa contratista militar para las fuerzas militares estadounidenses y el principal constructor de buques para la fuerza armada. (Ver: Northrop Grumman, Sourcewatch, http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Northrop_Grumman). Northrop Grumman actualmente cuenta con más de 120.000 empleados en todo el mundo. En año 2003, la empresa obtuvo ingresos $18.7 mil millones de dólares por sus contratos militares. Se ha especializado en equipos electrónicos, buques de guerra, sistemas de radares y misiles, incluyendo el bombardero B-2 Stealth. Asimismo, al menos siete funcionarios, asesores o accionistas de Northrop Grumman han entrado al actual gobierno de Bush, incluyendo Paul Wolfowitz, ex subsecretario del Departamento de Defensa y actual director del Banco Mundial, I. Lewis Libby ex jefe de personal de la Vicepresidencia, Dov Zakheim, contralor del Pentágono, y Sean O’Keefe, director de la NASA. (Ver: Northrop Grumman, Corpwatch, http://www.corpwatch.org/article.php?list=type&type=11.) I. Lewis Libby fue condenado a treinta meses de prisión por mentirle a los fiscales federales sobre su participación en el caso de filtración de la identidad de una agente encubierta de la CIA. (Ver: Titulares, Democracy Now!, Junio 6, 2007, http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/06/06/1843219)

[38] Lockheed Martin se creó en 1995 con la fusión de Lockheed Corporation y Martin Marietta. Tiene su sede en Bethesda, Maryland, EEUU, y cuenta con 125.000 empleados en todo el mundo. Lockheed Martin es el mayor contratista militar en el mundo y se especializa en investigación, diseño, fabricación, y integración de sistemas, productos y servicios de tecnología avanzada. Alrededor de 80% de los ingresos de Lockheed Martin provenían del Departamento de Defensa de EEUU y otras agencias gubernamentales estadounidenses. (Ver: Lockheed Martin, Sourcewatch, http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Lockheed_Martin). Productos de Lockheed incluyeron el cohete Trident, el satélite DSCS-3, y los aviones P-3 Orion, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, C-130 Hercules, y A-4AR Fightinghawk. (Ver: Lockheed, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin). Martin Marietta especializaba en equipos para exploración espacial. En septiembre de 1999, la sonda Mars Climate Orbiter fue destruida debido a un error de navegación. El error se debió a que Lockheed Martin (el principal contratista de la misión) hacía uso del sistema de medidas inglesas para calcular los parámetros de inserción y envió los datos a la nave que realizaba los cálculos con el sistema métrico decimal. (Ver: “Una sonda espacial s e destruyó por un error de cálculo”, Clarin, Octubre 2 de 1999, http://www.clarin.com/diario/1999/10/02/e-05701d.htm).

[39] Telford Aviation Services fue creada en 1982 como un operador de vuelos charter. (Ver página de empresa: http://www.telfordaviation.com). Aunque su sede principal se encuentra en Bangor, Maine, EEUU, su sede para "programas gubernamentales" se ubica en Dothan, Alabama, EEUU. Estos servicios “gubernamentales” incluyen el mantenimiento de aeronaves e instalaciones aéreas, apoyo logístico material y técnico, y el suministro de entrenamiento y mantenimiento de sistemas para equipos utilizados en misiones encubiertas, entre otras actividades.

[40] King Aerospace, con sede en Addison, Texas, fue creado en 1992 por Jerry King-Echevarria para apoyar la fuerza aérea estadounidense con su flota de aeronaves E-9A (DHC-8). (Ver página de empresa: http://www.kingaerospace.com). King Aerospace suministra servicios de ingeniería, modificaciones, mantenimiento de motores y aviónica, y apoyo de inspecciones. La empresa también suministra servicios de logística integrales, operadores de equipo para misiones, y entrenamiento para certificar operadores. Además de suministrar servicios para aeronaves E-9A (DHC-8), King Aerospace suministra servicios de apoyo aéreo y terrestre en la prueba de armas, lo cual incluye servicios de radar, reparaciones rutinarias, ingeniería, fabricación, instalación, entrenamiento, y análisis de sistemas.

[41] Originalmente, se conoció a CACI Inc. como California Analysis Center Incorporated. (Ver: CACI International, Sourcewatch, http://www.sourcewatch.org/index.php?title=CACI_International). La empresa fue creada en los años 60 por Herbert Karr y Harry Markowitz, el último Premio Nobel de Economía en 1990. (CACI Inc., Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/CACI). La empresa obtuvo sus primeros contratos gubernamentales para sus lenguajes informáticos hecho a medida utilizados en la construcción de programas de simulación de combate. (Ver: Pratap Chatterjee and A.C. Thompson, “Private Contractors and Torture at Abu Ghraib”, CorpWatch, Mayo 7 de 2004, http://www.corpwatch.org/article.php?id=10828). Hoy en día cuenta con más de 10 mil empleados y se ha especializado en sistemas informáticos, servicios de redes, seguridad informática, simulaciones, y ingeniería y logística. Asimismo, sus directivos han sido importantes dirigentes militares y civiles estadounidenses, incluyendo Barbara McNamara (ex subdirectora de la Agencia de Seguridad Nacional), Arthur L. Money (ex subsecretario del Departamento de Defensa), y General (Ret.) H. Hugh Shelton (ex boina verde, responsable para la invasión y ocupación de Haití in 1994, ex comandante general del Comando de Operaciones Especiales, ex director del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y actual directivo de Red Hat, compañía responsable de la creación y mantenimiento de una distribución del sistema operativo GNU/Linux). En mayo de 2004, CACI Inc. se vio envuelto en la tortura sistemática empleada en la cárcel de, Irak, cuando un informe clasificado del ejército estadounidense implicó a dos de sus contratistas, Stephen Stephanowicz y John Israel. (Pratap Chatterjee, “La privatización de la inteligencia”, Marzo 16 de 2005, http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=33212). Concretamente, los investigadores encontraron que el interrogador Stephanowicz impulsó a que la policía militar aterrorizara los internos y que “sabía obviamente que sus instrucciones equivalían a abuso físico”. (Ali Abunimah, “¿Otorgó Washington contratos de seguridad a cambio de entrenamiento en interrogatorios?”, The Daily Star, Mayo de 2004, http://www.rebelion.org/palestina/040524abunimah.htm).

[42] TATE Incorporated (Trusted Agent for Technology and Engineering), con sede en Germantown, Maryland, EEUU, fue creada en 1994 para suministrar apoyo a operadores de alto riesgo, con particular énfasis en la recuperación de personal. (Ver página de empresa: http://www.tate-inc.com). Con más de 250 empleados en EEUU y Sud América, esta empresa es uno de los contratistas principales en suministrar planes y operaciones de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), detención gubernamental en tiempos de paz, detención de rehenes, y recuperación de personal. (Ver: “Major Government Employment Firm Reaches Out to Hire U.S. Veterans”, Hire Veterans, http://hireveterans.blogspot.com/2007/10/tate-incorporated-partners-up-with.html). Según su página oficial, “se dedica a asegurar que la recuperación de personal se integre a todas las diferentes facetas del entrenamiento, planeación, desarrollo de tecnología, ensayo y despliegue, y ejecución de misiones de las fuerzas militares y gobierno estadounidenses”. Sus clientes han incluido la fuerza aérea estadounidense, el ejército estadounidense, la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, entre otras agencias estadounidenses.

[43] Chenega Federal Systems (CFS) es una empresa creada en 2005 por indígenas del pueblo chenega de Alaska, EEUU. (Ver página de empresa: http://www.chenegafederal.com). No obstante, de sus 2.300 empleados, no más de 40 cuentan como indígenas originarios de Alaska y la sede no se encuentra en Alaska, sino Alexandria, Virginia (donde se encuentran muchas otras empresas mercenarias y cerca del Pentágono. (Debido a un malabar legislativo, por ser una empresa de personas de pueblos originarios del estado de Alaska, tiene el derecho de formular una oferta no competitiva para contratos con el estado estadounidense -sin limite con respecto al tamaño del contrato-, y después pueden subcontratar el trabajo a otra empresa). (Ver: Jeffrey St. Clair, “Contract Casino”, Counterpunch, March 22, 2006, http://www.counterpunch.org/stclair03222006.html). Según su página oficial se ha especializado en el análisis y manejo en la recolección de inteligencia, lingüística, tecnología informática, apoyo logístico integral, gerencia de programas, y apoyo a operaciones militares. En estos pocos años, su crecimiento no se ha detenido y en octubre de 2006 obtuvo un contrato (valorado a 260 millones de dólares) para apoyar durante los próximos cinco años la Oficina de Programas para Operaciones Sicológicas de Estado Unidos. (Ver: Military Industrial Complex, Chenega Federal Systems, Octubre 30, 2006, http://www.militaryindustrialcomplex.com/contract_detail.asp?contract_id=3). Igualmente, ganó otro contrato (valorado a 250 millones de dólares) para transportar y deportar inmigrantes no documentados en EEUU durante los próximos cinco años. (Ver: Joseph Richey, “Fencing the Border: Boeing’s High-Tech Plan Falters”, The Nation Institute, Julio 9 de 2007 http://www.nationinstitute.org/ifunds/34/fencing_the_border_boeing_s_high_tech_plan_falters). Asimismo, en octubre de 2007, tenía dieciséis interrogadores en la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, como parte de un contrato valorado a más de 150 millones de dólares. (Ver: Griff Witte and Renae Merle, “Contractors Are Cited in Abuses at Guantánamo”, Washington Post, Enero 4, 2007, Página D01, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/03/AR2007010301759.html).

[44] PAE Government Services, un subsidiario de la Lockheed Martin Corporation, se especializa en la ejecución de operaciones y el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas de conflicto. (Ver página de empresa: https://www.pae-react.com/Default.asp).

[45] OMNITEMPUS LTDA., una empresa de seguridad colombiana, fue fundada el 18 de Septiembre de 1990 y cuenta con una nómina de casi mil trabajadores. (Ver página de empresa: http://www.omnitempus.com). Según su página oficial, su objeto principal es “brindar servicios de seguridad física, protección a bienes y personas, y medios tecnológicos, servicios conexos (auditorias, asesorías, contra-vigilancia e investigaciones)”. Actualmente, presta servicios de vigilancia y seguridad a varias empresas multinacionales y embajadas, incluyendo la Embajada de Estados Unidos, Embajada de India, Embajada de Suecia, BASF Química, Colmotores GMC, Eveready, Gillette de Colombia, IBM, Laboratorios Roche, Laboratorios Frosst, Leo Buernett, Nokia, Phillips, Phillips Morris, Hotel Meliá Santafe. El 29 de noviembre de 2005, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, denunció que, tras la afiliación de cien trabajadores al Sindicato Único de Vigilantes de Colombia, Sinuvicol, y la presentación de un pliego de peticiones, Omnitempus Ltda. desató una “feroz persecución contra los trabajadores sindicalizados y aplicó una política de discriminación y hostigamiento contra los mismos, incluido el despido”. (Ver: “Denunciamos a la empresa Omnitempus por su política antisindical”, Central Unitaria de Trabajadores, Noviembre 29, 2005, http://colombia.indymedia.org/news/2005/11/34817.php).

[46] Esta empresa constructora tiene su sede en Las Cruces, Nueva México, EEUU, importante centro de investigación y desarrollo de los sectores nuclear y satelital estadounidenses. (Ver: http://directoryplus.com/profile.do?listingId=550238&city=Las%20Cruces).

[47] U.S. Naval Mission Bogota Riverine Plans Officer es una posición contratada por el ejército estadounidense. Entre otras, se requiere del candidato un pasaporte estadounidense vigente y una autorización de seguridad estadounidense. (Ver: FedBizOpps, http://www.fbodaily.com/archive/2006/01-January/19-Jan-2006/FBO-00967582.htm).

[48] Science Applications International Corporation (SAIC), una empresa ingeniera y de investigación, fue fundada por el científico nuclear J. Robert Beyster en 1969. (Ver: Science Applications International Corporation, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Science_Applications_International_Corporation). En 2007, SAIC contaba con más de 44.000 empleados en 150 lugares del mundo y obtuvo ingresos de $7.8 mil millones de dólares. Esta empresa tecnológica trabaja estrechamente con el Departamento de Defensa y otras agencias de inteligencia estadounidense, incluyendo la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. En sólo el año 2003, SAIC obtuvo ingresos de casi $2.6 mil millones de dólares por sus contratos con el Departamento de Defensa. En su historia, esta empresa ha contado con varios altos dirigentes del estado estadounidense como alto funcionarios o miembros de su junta directiva, incluyendo Melvin Laird (ex secretario del Departamento de Defensa), William Perry (ex secretario del Departamento de Defensa), John Deutsch (ex director de la CIA), Almirante Bobby Ray Inmanalto (ex alto funcionario de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad), y David Kay (quien dirigió la búsqueda por armas de destrucción masiva para las Naciones Unidas en 1992 y para el gobierno de Bush en 2003). Este engranaje entre la empresa y la agencias de espionaje estadounidense ha brindado su fruto y hoy en día SAIC es el principal contratista para la Agencia de Seguridad Nacional y la quinta más importante para la CIA. Según el empleado, ex oficial de operaciones especiales del ejército estadounidense, "somos una empresa sigilosa [...] estamos en todas partes, pero casi nunca nos ven". (Ver: Science Applications International Corporation, CorpWatch, http://www.corpwatch.org/article.php?list=type&type=17).

[49] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Ob Cit.

[50] Entre otros derechos, por el menosprecio al principio de PRECAUCIÓN en materia ambiental.

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