Después de haber permanecido privado de la libertad por más de 37 meses, un juzgado penal otorgó la libertad provisional al presidente del Comité Regional de DD.HH. “Joel Sierra” de Arauca, JOSE VICENTE MURILLO TOBO.

 

 

Sin que se hubiera emitido la sentencia correspondiente en el proceso adelantado contra JOSE VICENTE MURILLO TOBO y otros dirigentes sociales de Arauca, el Estado le ha restituido “provisionalmente” la libertad, aduciendo que ha permanecido en prisión un tiempo superior al que tendría que haber permanecido tras las rejas si hubiera sido condenado en la actuación penal urdida por inteligencia militar y fiscales delegados ante la Brigada XVIII del Ejército.

Quedó una vez más en evidencia la falta de garantías procesales, las arbitrariedades y la ruindad del proceso penal montado por militares y fiscales acólitos de estos, contra líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos de Arauca, los que han tenido que purgar penas sin que hubieran sido sentenciados; aprestándonos a presenciar la consumación del abusos y de la violación de las garantías procesales, pues los mismos funcionarios judiciales que son responsables de la referida violación de Derechos Humanos, son los que producirán los fallos correspondientes.

¿Qué iluso creerá que la jueza penal de Saravena y los magistrados del Tribunal Superior de Arauca, responsables de que JOSE VICENTE MURILLO TOBO y otros dirigentes y defensores de DD.HH. hubieran pagado, sin que hubieran sido sentenciados, los delitos que de manera torva y espuria le imputaron los militares y los fiscales pagados por la empresa OXI, fallaran en derecho esos procesos?

¿Quién le creerá, si de hacerlo, abrirían las puertas para que se estableciera su responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial por la violación de Derechos Humanos de la que son responsables?

No. Ni la jueza ni el tribunal fallaran en derecho, porque al hacerlo pondrían en evidencia su compromiso con los atropellos y las violaciones de Derechos Humanos de la que son responsables.

Por ello llamamos a desconocer la legitimidad y legalidad de las sentencias que se emitan contra los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales araucanos, porque serán producidas en procesos viciados desde su nacimiento, en los cuales no se han respetado los preceptos constitucionales y se ha atropellado las garantías fundamentales de los procesados, para complacer los intereses de militares, políticos y multinacionales que han clamado, al lado de la estrategia de eliminación física, por judicializar al movimiento social araucano.