Es el reflejo de las evidentes fallas de un modelo de desarrollo centrado en el libre mercado, sumado a las consecuencias negativas de las políticas laborales que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, las cuales ahondaron la precarización laboral y generaron una ruptura con el contrato de trabajo estable. Proliferaron las órdenes de prestación de servicio, contratos temporales de empleo y las cooperativas de trabajo asociado, instrumentos que fueron empleados en la reducción de espacios para el trabajo decente y digno de los jóvenes en Colombia. Y todo esto bajo un débil control por parte del Estado.

La estrategia económica esbozada por Juan Manuel Santos deja entrever algún interés por responder a tres exigencias, que se relacionarían con la generación de empleo: ampliar la base de personas ocupadas por el sector formal de la economía, retrasar el ingreso de los más jóvenes al sistema laboral, y hacer atractivo para los empresarios la generación de nuevos puestos de trabajo. Así lo dejó entrever en el discurso de posesión, donde expresó que impulsaría una Ley de Primer Empleo tomando como base la propuesta del Partido Liberal, y a través de dicha norma, se darían “[…] incentivos a quienes contraten a los jóvenes que ingresan al mercado laboral”.

Para la generación de nuevo empleo los empresarios ponen como condición el desmonte o eliminación parcial o total de parafiscales, y en ese sentido es una propuesta con un sabor agridulce, pues se generan unos empleos formales, pero en condiciones laborales más débiles frente a los empleados formalizados actualmente. Por ello, las personas que obtengan un empleo formal tendrán que asumir los parafiscales, carga prestacional que hasta hoy asumía en gran medida el empleador. [1]

Las cinco locomotoras de desarrollo propuestas por Juan Manuel Santos: vivienda, política agropecuaria y de tierras, inversión en infraestructura, innovación, y apoyo al sector mineroenergético, que según él darán impulso al crecimiento económico y generarán empleo, van en contravía de las ramas por actividad económica, donde se concentra la proporción más alta de población ocupada entre 14 y 26 años. Las cifras presentadas por el DANE para el trimestre móvil octubre-diciembre de 2009, muestra la participación de los jóvenes por sector económico de la siguiente manera: comercio, hoteles y restaurantes (27,7%), agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura (19,6%), servicios, comunales, sociales y personales (16,7%), industria manufacturera (13,7%), transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,1%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%), construcción (5,1%) y otras ramas (2,4%).

La Ley de Primer Empleo debe estar soportada por políticas locales e internacionales que garanticen el trabajo decente para la población menor de 26 años, de modo que el trabajo de éstos no se limite a la subsistencia, sino que constituya un medio de crecimiento económico-social personal y colectivo. Un sustento mínimo de las condiciones de decencia en el trabajo para los jóvenes, es que estos puedan recibir un pago justo, tener la estabilidad necesaria, beneficiarse de la seguridad social y puedan ejercer sin obstáculos y con libertad el derecho a sindicalizarse, a través de un contrato de trabajo que garantice su inserción laboral en condiciones dignas.

Desafortunadamente el gobierno saliente tomó como punta de lanza aspectos como el microempresarismo, el emprendimiento juvenil y la baja capacitación de los jóvenes; elementos que chocan con un trabajo formal adecuadamente remunerado y en condiciones dignas. Está por verse si el nuevo gobierno sigue esa senda o la cambia. En ningún caso la propuesta esbozada de Ley de Primer Empleo menciona o contempla la necesidad de proteger los derechos laborales de la juventud mediante reformas legales (a las leyes 100 de 1993 y 789 de 2002) que garanticen contratos de trabajo directos, con estabilidad laboral, acceso a organizaciones sindicales, de manera que dicha población sea menos vulnerable ante el riesgo del desempleo.

Las altas tasas de desempleo en la población joven, aumentan su vulnerabilidad en el mercado laboral, ya que la falta de oportunidades de ocupación puede llevar a aceptar condiciones de trabajo precarias, o al “rebusque” en la informalidad.

Sería ingenuo pensar que quienes dejaron de trabajar o de buscar trabajo en los últimos cuatro años, ahora se dediquen principalmente a estudiar. Sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes, pues casi un millón y medio de ellas se retiraron del mercado laboral para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado.

Por otro lado, tras el incremento de la inactividad juvenil puede esconderse el desánimo generalizado ante la falta de oportunidades, y lo que es peor, subyace la posible vinculación a la ilegalidad mediante la delincuencia común, el narcotráfico y los grupos armados –en especial en los hombres del sector rural–, como última alternativa de subsistencia.

Finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha sustentado la tesis de que la promoción de los derechos sindicales fortalece los ingresos de los trabajadores, dinamiza sectores estratégicos como la construcción, potencia el mercado interno y por lo tanto, contribuye a crear más puestos de trabajo en condiciones dignas. Lo anterior debe ir de la mano de un sistema educativo sólido, adecuadamente financiado por el Estado y de calidad, que sirva como punto de partida para una inmersión del joven en el mundo laboral con las herramientas adecuadas.

Notas