En su recorrido por la geografía nacional, cerca de 46 defensoras y defensores de Derechos Humanos han logrado conocer las dificultades y obstáculos a que se ven enfrentados los activistas en Colombia y constatar su vertiginoso aumento en el último año, pese al interés que mostró por el tema el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión al mencionar que la defensa de los Derechos Humanos es un “compromiso indeclinable” y una “convicción profundamente democrática, ética y humana”.
De acuerdo al informe presentado por el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, con respecto al año 2010, entre enero y noviembre de 2011 aumentaron en la región, en un 62.3 por ciento, las vulneraciones a defensores de Derechos Humanos. Mientras el año pasado 12 personas fueron asesinadas en razón de su trabajo, en 2011 han sido víctimas de este crimen 43 activistas.
El informe también señala que las detenciones arbitrarias en el Norte, los asesinatos en el Bajo Cauca, los seguimientos y hostigamientos en el Nordeste, las amenazas individuales en el Valle de Aburrá, Oriente y Suroccidente fueron las agresiones que con más frecuencia se presentaron en las subregiones.
Justamente apoyado en los datos del Programa Somos Defensores, escenario no gubernamental que participa en la campaña Por el Derecho a Defender los DerSilencioechos Humanos en Colombia, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[i] manifestó, en su informe de 2011 “La Perseverancia del Testimonio”[ii], su preocupación por la elevación de las cifras con respecto a las agresiones cometidas contra defensores en el país. Mientras en el año 2010 se constataron 174 violaciones a sus derechos, entre ellas 32 asesinatos, y 168 ataques contra organizaciones de Derechos Humanos; entre enero y abril de 2011 se registraron agresiones en contra de 96 defensores y 64 organizaciones sociales y de Derechos Humanos, dentro de las cuales se cuentan 68 amenazas, 9 asesinatos, 7 detenciones arbitrarias y 4 desapariciones forzadas.
Continuaron los actos de violencia y estigmatización, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, difamaciones y hostigamientos judiciales basados frecuentemente en indicios poco fiables, en contra de miembros de organizaciones sindicales, especialmente sus dirigentes; líderes indígenas y defensores ambientalistas, defensores de los derechos de las personas desplazadas y por la restitución de tierras, defensores de la población LGTBI, organizaciones no gubernamentales, sociales, comunitarias y populares.
“Las autoridades utilizan la ley para obstaculizar y controlar la labor de los defensores de Derechos Humanos, lo cual limita el alcance de sus actividades en lugar de brindarles la protección que deberían recibir en caso de ser necesario. Todavía más grave es el hecho de que en algunas ocasiones las leyes son empleadas activamente como instrumento en contra de los defensores de derechos humanos”, afirmaba entonces Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT, y agregaba que “lejos de disfrutar de reconocimiento por lo que son –actores esenciales para el cambio, garantía de una sociedad libre– los defensores sufren la represión cotidiana de regímenes que se muestran tanto más feroces cuanto más comprenden la fuerza y legitimidad de sus reivindicaciones”.
Las declaraciones dadas al final de la reunión en Medellín por Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz e integrante de la Misión de Verificación, no son más alentadoras: “a pesar de que en Colombia se vayan generando leyes de víctimas y de retorno de tierras que pudieran dar una pequeña luz de esperanza, se va viendo cómo en paralelo sigue lo mismo: que pasa el tiempo, los años y las situaciones siguen igual”.
