FINALMENTE SE DECLARA DE MANERA JUDICIAL LA INOCENCIA DE 34 DIRIGENTES SOCIALES DETENIDOS EN EL AÑO 2002.

El Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá D.C., en sentencia de fecha 22 de enero de 2007, proferida dentro del radicado número 2003-0019, por el supuesto reato de Rebelión, puso fin a la primera instancia de una investigación adelantada por uno de los hechos más aberrantes de nuestra historia reciente.

 

 

El Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá D.C., en sentencia de fecha 22 de enero de 2007, proferida dentro del radicado número 2003-0019, por el supuesto reato de Rebelión, puso fin a la primera instancia de una investigación adelantada por uno de los hechos más aberrantes de nuestra historia reciente.

El mundo entero se conmovió con la noticia de la retención arbitraria de más de 2000, ciudadanos de Saravena en el Coliseo Cubierto Jacinto Jerez Archila, en un operativo envolvente iniciado a tempranas horas de la madrugada del 12 de noviembre del año 2002, cuando el pueblo se encontraba terminando su participación en las ferias tradicionales.

Los moradores del municipio, fueron sacados violentamente de sus casas e incluso de la misma plaza de ferias, y llevados al escenario deportivo, donde eran expuesto al reconocimiento y señalamiento de varios sujetos, según se dijo después supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición; los que eran “escogidos”, por éstos, eran amarrados con sunchos plásticos y apartados del grupo y a los que no, se les marcaba con un sello y se le dejaba ir. Procedimiento propio de los regímenes fascistas.

De esta manera se separaron 90 personas, las cuales fueron trasladadas al Grupo Revéiz Pizarro, y de éstos judicializados 43, 36 acusados de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional y 7 de ser miembros de las FARC, cobijados posteriormente con auto de detención, y resolución de acusación, por la Fiscalía 30 de la Unidad de Terrorismo, sólo con la versión de los supuestos reinsertados y en un proceso plagado de una serie de irregularidades y violaciones a las garantías legales y constitucionales.

En su pronunciamiento, el operador de justicia, sobre los dichos de estos sujetos, anota: “… En suma, se tiene que la premisa de la cual partió la Fiscal Delegada para otorgar plena credibilidad a los testigos de cargos, carece, carece de fundamento, y por el camino de la sana crítica resultan sus relatos cuestionables y sospechosos de acierto generalizado, en cuanto al contexto de toda la imputación que formularon contra la mayoría de los acusados… El análisis efectuado al respecto, pone de presente, las capacidades para mentir que tienen quienes ocultaron en sus versiones iniciales, su verdadera condición de miembros de la organización subversiva en cuestión, la cual surgió a la palestra pero ya en el curso de la actuación…”

Nuevamente se evidencia, entonces, la forma como se fraguan estos ardides, para llevar a las mazmorras a dirigentes sociales y personas del común únicamente con el fin de mostrar supuestos resultados en la lucha contra la subversión que en realidad no se han obtenido, y además para desarticular el histórico tejido social araucano.

Aún así, continúan con esta estrategia de Estado de detenciones masivas arbitrarias, contra la dirigencia como las recientes de Fortúl y Saravena.

¿Cuántas personas más tendrán que sufrir este calvario?

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