El lunes 8 de febrero de 2016 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publica su informe anual “Paz en los titulares, miedo en la redacción”, en el que se hace un diagnostico de las condiciones en la que periodistas y medios de comunicación realizaron su labor durante 2015.
De entrada, el panorama no es alentador. El 2015 fue el año más violento de los últimos seis para la prensa, se registraron 147 ataques que dejaron 232 periodistas víctimas. Este último número representa un incremento de un 39% frente al 2014. Dentro de estos lamentables hechos están los asesinatos de Luis Peralta en el Doncello, Caquetá; el de Flor Alba Nuñez en Pitalito, Huila; y el secuestro de Juan Diego Restrepo por parte del EPL en El Catatumbo.
Adicionalmente, la impunidad sigue siendo una constante en nuestro país. De los 152 periodistas asesinados por razones de su oficio, cuatro casos prescribieron este año. Este número se suma a los 74 casos que la justicia había dejado vencer en años anteriores para sancionar a los responsables de crímenes contra la prensa.
Por otro lado, la eventual firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc plantea varias preguntas para la libertad de prensa. Una de ellas es ¿Hasta qué punto y en qué forma deben los medios hacer difusión de los acuerdos de paz? El proyecto de ley establece que, tanto las emisoras de radio como los canales de televisión, deben disponer de cinco minutos de su parrilla de programación en horario prime time para la difusión de este tema.
Sin embargo, en el proyecto no se especifican las condiciones para esta difusión. En el estudio que la Corte Constitucional hace sobre la iniciativa legislativa se debe tener en cuenta que esta obligación no se puede convertir en una imposición de contenidos por parte del gobierno a los medios de comunicación.
La FLIP identificó, además, que en 2015 la Fiscalía y los jueces de la república actuaron como censores en repetidas ocasiones. El Fiscal General, Eduardo Montealegre, citó varias veces a periodistas para que declararan sobre hechos relacionados con su oficio. Algo similar ocurrió el tres de julio de 2015 cuando, luego de unas explosiones de baja intensidad en Bogotá, el Fiscal les pidió a los periodistas que hubieran registrado los hechos en audios y videos que entregaran el material a la Fiscalía o la Policía. Montealegre advirtió que si esos archivos llegaban a manos de periodistas o medios de comunicación, se estaría incurriendo en un delito.
En cuanto al cubrimiento de audiencias y juicios penales, los periodistas continuaron teniendo dificultades. La labor de los reporteros se puede agravar en caso de que se apruebe la reforma al Código de Procedimiento Penal que establece que los periodistas deben hacer una “reproducción fiel” de lo que ocurre en las audiencias. Esto último puede traer graves problemas a la libertad de prensa.
En 2015 el programa de protección a periodistas cumplió 15 años. El balance general muestra que los esquemas de seguridad todavía se demoran mucho en ser implementados y la reacción de las autoridades ante riesgos inminentes sigue siendo lenta. Adicionalmente, en el interior del programa se han hecho varios cambios que propiciaron el aumento en la burocracia para la toma de decisiones, los casos de corrupción y se han presentado sobrecostos. Uno de los temas pendientes del programa es la persecución y sanción a las personas que amenazan a periodistas. El rol pasivo que ha jugado la Fiscalía en este sistema muestra que se trata de una política de gobierno, sin ser todavía una política de Estado.
Este año se presento el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “La palabra y el Silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)”. El documento muestra que la mayoría de periodistas asesinados por razones de oficio -112 de 115- trabajan en medios pequeños y que la concentración de estos hechos está en Cali, Medellín y Bogotá (24%). Solo en cuatro casos se ha condenado al autor intelectual y el narcotráfico fue uno de los principales perpetradores de estos hechos entre 1977 y 1995, seguido por los grupos paramilitares hasta el 2005. Se destaca también la participación de funcionaros públicos y guerrilleros en estos crímenes.
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