Hechos
1. En desarrollo de la acción irregular y según informa la comunidad, “los uniformados recogieron un cilindro viejo que se encontraba vacío y abandonado cerca del caserío, lo llevaron hasta la residencia de los campesinos antes nombrados, integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Playón, registraron cada una de las pertenencias y demás objetos y detuvieron temporalmente a los campesinos Keney Rada Oyola y Selgie Zambrano, bajo el argumento que serían conducidos a la Fiscalía para su judicialización”, todo esto sin que mediara orden de allanamiento, ni de captura alguna.
2. Al percatarse de lo ocurrido los presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunal, pertenecientes a la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Nulpe, Mira y Mataje – ASOMINUMA- se reunieron para reclamar a los uniformados el respeto por los derechos humanos, al debido proceso y la libertad de los campesinos a quienes se pretendía judicializar.
3. Según testimonio de las comunidades: “las unidades militares armaron un artefacto explosivo con el cilindro que ellos mismos llevaron hacia la vivienda, amarrando alrededor de este, un cable, un paquete pequeño y finalmente lo sellaron con cinta adhesiva, tomaron luego registros fotográficos aduciendo que esta era una bomba que los campesinos tenían lista para explotar.”
4. Ante los reclamos de la comunidad hacia los uniformados, estos exigieron a los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas El Playón, Vallenato, Jardín, Aduana, Cañaveral, Tandíl, Azúcar, Montañitas, entre otras, a figurar en un video filmado por los uniformados, obligándoles a garantizar en el término de 15 días la comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Tumaco de los campesinos Keney Rada Oyola y Selgie Zambrano, sin mediar citación alguna de autoridad competente, todo esto a cambio de dejarlos en libertad, a lo cual los integrantes de ASOMINUMA accedieron. Siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde y después de un largo día de señalamientos e intimidaciones los militares destruyeron el artefacto explosivo que ellos mismos armaron.
Antecedentes
La Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje ASOMINUMA, de la Coordinación Departamental Nariño del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, al igual que varias organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento de Nariño desde hace varios años ha sido señalados, amenazados, estigmatizados y varios de sus miembros han sido víctimas de violaciones de derechos humanos como lo muestran los antecedentes:
1. El día 26 de Abril de 2013, en medio de enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y el Ejército Nacional resultó muerto el campesino Alvaro Fernando Quenguan, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Mugui y fueron detenidos de manera arbitraria señalados de ser guerrilleros los campesinos Eliderman Gutiérrez Ramos, Yehimi Johana Bonilla Trujillo, Álvaro De Jesús Zambrano, Libardo Rosero Urbano, Albeiro Castaño, José Armando Sánchez Balderrama, José Erney Arciniegas, Oscar Albeiro Morales, Héctor Alirio Toro Romo, Argelino Ocoro Arboleda, Luis David Molina Caibido, Juan Carlos Quenguan, Víctor Julio Sánchez Pinzón Y Blas Francisco Ramírez Herrera, quienes posteriormente fueron dejados en libertad por irregularidades en la captura. Estas acciones sin observar respeto por el DIH en lo que se refiere al principio de distinción.
2. El día 20 de Mayo de 2013, en la vereda Corosala, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso del Ejército Nacional ingresan a la casa de habitación de los campesinos Cristian Burbano y la señora Esmeda Preciado y posteriormente a la casa de Luis Juatin y de la señora Jenifer Garcia, viviendas en las que se realizaron allanamientos ilegales, registro de las pertenencias, señalando a los campesinos de ser guerrilleros y llevándose los alimentos de las familias antes mencionadas. Además se profirieron amenazas contra las familias advirtiéndoles que “los tenían entre ojos y que les prohibían salir de la vereda.”
3. A mediados del mes de Julio de 2013 miembros de la Brigada N° 35 del Ejercito Nacional de Colombia, detuvieron de manera arbitraria a un campesino que por razones de seguridad se reserva su identificación, quien labora en una de las fincas ubicadas en la Vereda el Azúcar, sobre el Rio Mira. El campesino fue amarrado de pies y manos con cordones, torturado, atado a un árbol, su cabeza fue atada con una capa perteneciente al Ejercito Nacional, golpeado y señalado de ser guerrillero. Fue dejado en libertad por exigencia de varios integrantes de ASOMINUMA quienes se percataron de los hechos y acudieron rápidamente en su auxilio.
4. Las Unidades militares, en desconocimiento de la Constitución Política de Colombia, han usurpado funciones de policía judicial, en las acciones ilegales procediendo a indagar personas, filmar sus rostros, proferir señalamientos y someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a la comunidad. Tal proceder constituye una violación al debido proceso constitucional y pone en riesgo a la comunidad frente a los diferentes actores armados que existen en el territorio. Es evidente el contenido intimidatorio de este proceder, por cuanto, hechos como estos en Colombia comúnmente han precedido a las ejecuciones extrajudiciales y montajes judiciales.
5. Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado repudiamos las acciones arbitrarias adelantadas por miembros del Ejército Nacional de Colombia quienes actúan en representación del Estado y vienen ocasionando afectaciones sobre la población civil, estigmatizando y poniendo en riesgo a las personas, procesos sociales que se gestan, y ante todo a la vida comunitaria que se teje en los territorios.
6. Responsabilizamos al Estado y a las Fuerzas Militares presentes en la zona por los perjuicios físicos, psicológicos y materiales que se ocasionen a la comunidad y a los integrantes de ASOMINUMA como resultado del proceso de militarización que se lleva a cabo en la zona.
7. Solicitamos a las autoridades competentes que en la menor brevedad procedan a excluir de cualquier archivo de inteligencia militar la información recaudada, con verificación de las Entidades encargadas. (Defensoría- Procuraduría)
8. Solicitamos a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación iniciar las correspondientes investigaciones de los militares adscritos a la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional de Colombia, que hacen presencia en la zona para que se esclarezcan los hechos y se adopten las sanciones que correspondan.
9. Solicitamos al Ejercito Nacional de Colombia, Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso que explique su accionar arbitrario y se comprometa de manera seria con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
10. Solicitamos a La Gobernación Del Nariño, adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación de los integrantes de las diferentes organizaciones sociales y políticas que existen en el territorio nariñense.
11. Solicitamos a La Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, pronunciarse sobre estos hechos y a realizar seguimiento constante a las investigaciones hasta que se culmine y sancione estos hechos.
