Se investigue penalmente la participación de los directivos de la multinacional Drummond Jean Jakim, Garry Drummond, Agusto Jiménez y Alfredo Araujo, en el asesinato de los sindicalistas de Sintramienergética, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ordenó a la Fiscalía General de la nación el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

 

 

El fallo se produce, luego de dos años que el presidente Álvaro Uribe celebrara la absolución de la empresa por una corte de Estados Unidos, en un discurso pronunciado en el marco de la celebración de los 184 años de la Armada Nacional, en el que dijo que “El fallo de la justicia de Estados Unidos, librando de responsabilidad a la empresa carbonera Drummond en el asesinato de Sindicalistas en el departamento del Cesar es el comienzo del desmonte de falsos testimonios y montajes jurídicos para mancillar el honor de la Patria”

El juzgado así mismo estableció no solo indagar la participación del coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad de servicios de la Mina Drummond y del medio hermano del ex-procurador Edgardo Maya, Jaime Blanco Maya, representante legal de la empresa industrial de Servicios y Alimentos –ISA-, sino condenar a 30 años de prisión a Jairo de Jesús Charris Castro por el delito de homicidio agravado de los sindicalistas mencionados.

La sentencia reviste gran importancia, por cuanto además de ser la primera condena que se produce por el asesinato de los sindicalistas de la Drummond, ordena investigar penalmente a los directivos de la empresa en Colombia, entre ellos su presidente Augusto Jiménez, y Alfredo Araujo, representante de la empresa carbonera frente a la comunidad, y quien es primo de Álvaro Araujo, senador encarcelado por parapolítica en el año 2008.

En este punto es necesario recordar que el ex jefe de informática del Das, Rafael García, aseguró en una de sus declaraciones que estuvo presente en una reunión, en la cual, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, con el fin de “eliminar obstáculos sindicales”

Los sindicalistas Valmore Locarno y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente de Sintramienérgetica fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 en jurisdicción del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según distintas pruebas allegadas al proceso, que fueron contundentes para que juzgado tomara las decisiones del fallo, los sindicalistas venían siendo amenazados por los paramilitares de la zona, desde tiempo atrás e incluso, sus nombres habían aparecido en varios panfletos que circularon en la región, en la que señalaban de guerrilleros a todos los sindicalistas.

Pero además, señala el juzgado, la junta directiva de Sintraminergética por esos días, estaba “ejerciendo presión ante la multinacional Drummond para que se cambiara o mejorara el servicio de alimentación que se prestaba en el Casino de la Loma, por parte de la empresa industrial de Servicios y Alimentos – ISA, representada por Jaime Blanco Maya”.

De ahí que, afirma el juzgado “ no se puede perder de vista que la causa de la muerte violenta del presidente y del vicepresidente de la Drummond, se encuentra inescindiblemente ligada a la lucha sindical por lograr el mejoramiento de un servicio de primera y sensible necesidad, al punto que si no se llegaba a un arreglo o solución distinta, la amenaza de cese de actividades como mecanismo de presión, era inminente.”

El juzgado también tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el hoy condenado Jairo de Jesús Charris, quien para entonces laboraba en el Casino a ordenes de ISA, y que en audiencia pública afirmó que “lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato, según se acordó en al reunión del 6 de marzo anterior en la que participó Jaime Blanco y Jean Hakin, uno de los directivos de la empresa”

Pero fueron las declaraciones del confeso paramilitar Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, las que más incidieron para que el juzgado tomara la decisión de investigar directamente a Jaime Blanco, ya que en una de las audiencias afirmó que fue éste quien solicitó a Oscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, comandante paramilitar de la zona, que “solucionara de raíz el problema del presidente y vicepresidente del sindicato, quienes le habían hecho la vida imposible para quitarle el contrato de alimentación”

Testimonio que complementa el guardaespaldas de Tolemaida, Alcides Manuel Mattos Tabares alias el “Samario”, quien además de reconocer las reuniones que mantenía su jefe con Jaime Blanco, afirma en audiencia pública que la persona que ese día dirigió el operativo fue Adinael, comandante urbano del frente Juan Andrés Álvarez, operativo en que participó igualmente José Aristides Peinado, que de trabajar con Blanco pasó a la organización paramilitar en el año 2001.

Para el juzgado es claro que “de esta manera queda probatoriamente identificado, sin equívocos, que efectivamente fue la organización paramilitar AUC la que destacó el personal que cumpliría el cometido de dar muerte a los sindicalistas, pero con colaboración del personal que tenía conocimiento de las personas que encarnaban la condición del presidente y vicepresidente de Sintraminérgetica.

Ese día, aproximadamente a las seis de la tarde, los paramilitares que se movilizaban en una camioneta Ford de color lobo verde y vidrios polarizados, luego de interceptar el bus e identificar a los sindicalistas, dispararon a Valmore, y se llevan retenido a Víctor Hugo, quien horas más tarde aparece igualmente asesinado.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo es un paso más en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, en casos, como este, de multinacionales que fueron, y siguen siendo las financiadoras de grupos paramilitares en Colombia.