Juicio contra Noguera: En busca de justicia para la no repetición

Juicio contra Noguera: En busca de justicia para la no repetición

Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre límites de la inteligencia estatal en un Estado democrático de derecho. En este sentido, es vital que los interrogatorios que vienen a partir del próximo 22 de abril permitan a las víctimas contextualizar su testimonio, narrar de manera suficiente todos los impactos en su vida familiar, social y laboral por la persecución sufrida. Así la Corte podrá identificar las dimensiones del daño ocasionado para determinar la gravedad del delito y la pena a aplicar. Con fundamento, las víctimas han venido reclamando en varias oportunidades que se deben investigar los delitos de persecución política y tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad.

 

Esta semana se desarrolló la primera parte del ciclo de testimonios en el caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera, Ex director del DAS, por los cargos de abuso de autoridad y concierto para delinquir. En diciembre pasado la Corte determinó la prescripción de los cargos en su contra por violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” además de ser víctima directa de la persecución emprendida desde el disuelto organismo del Estado, representa a más de 20 defensoras y defensores, nacionales y extranjeros, periodistas, sindicalistas y líderes políticos, víctimas del DAS.

Los testimonios rendidos hasta ahora y los que están por rendirse van a demostrar que se trató de una operación ilegal sistemática y generalizada, y que el Sr. Jorge Noguera como director del DAS entre 2003 y 2005, lideró una campaña de persecución que operó bajo instrucciones de la Casa de Nariño. También que el llamado proceso de “las chuzadas” no se circunscribió a la interceptación de comunicaciones sino que desde la misma “empresa criminal” como la llamó la Fiscalía se cometieron homicidios, atentados, torturas, desplazamientos forzados, exilios, amenazas, actos de sabotaje y montajes judiciales.

Las actividades ilegales del DAS, si bien se concentraron contra la oposición política, líderes de izquierda, organizaciones sindicales y defensoras de DH y periodistas, también abarcaron a funcionarios de Embajadas y organismos internacionales, y a las Altas Cortes, en retaliación por sus investigaciones contra políticos involucrados con el paramilitarismo.

Por el conjunto del llamado “escándalo del DAS”, se adelantan 15 procesos penales y hasta hoy han sido condenados al menos 15 ex funcionarios y ex funcionarias, y cerca de 30 están vinculados en delitos cometidos contra alrededor de 500 víctimas. En cuanto a los máximos responsables, la Corte Suprema adelanta procesos contra Jorge Noguera, Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.

A pesar de lo anterior, la Fiscalía está en mora de abrir investigación contra los integrantes del Grupo de Análisis de Medios de Organizaciones Terroristas, GAME, que operó al interior del DAS con fines de propaganda. De igual forma, urge mayor celeridad y debida diligencia en la investigación relacionada con máximos responsables donde se incluyen otros miembros del círculo presidencial y el propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Por otra parte, es obligación del Estado tomar decisiones efectivas ante las denuncias de este tipo de persecución. Un ejemplo de su ineficiencia es el vivido por esta institución: En octubre de 2002 advertimos por primera vez sobre la persecución de organismos de inteligencia pero transcurrieron ocho años antes de que hubiese una reacción desde el Alto gobierno y la justicia. Durante el mandato del presidente Santos han continuado estas operaciones ilegales como lo demostró recientemente el escándalo “Andrómeda”, y otros hechos concretos que hemos puesto en conocimiento de las autoridades.

La superación de la impunidad en el caso DAS y la no repetición de lo sucedido suponen también que el Estado colombiano pase la página de las doctrinas de seguridad nacional que sustentan la persecución e impiden la construcción de una auténtica democracia.

Por eso afirmamos que hoy la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre límites de la inteligencia estatal en un Estado democrático de derecho. En este sentido, es vital que los interrogatorios que vienen a partir del próximo 22 de abril permitan a las víctimas contextualizar su testimonio, narrar de manera suficiente todos los impactos en su vida familiar, social y laboral por la persecución sufrida. Así la Corte podrá identificar las dimensiones del daño ocasionado para determinar la gravedad del delito y la pena a aplicar. Con fundamento, las víctimas han venido reclamando en varias oportunidades que se deben investigar los delitos de persecución política y tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad.

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