Como organización asumimos el reto de seguir soñando un nuevo país, un nuevo mundo posible, en contra de la estigmatización y la criminalización implementadas por el Estado y en particular por el anterior gobierno de Uribe Vélez, desde su política de “Seguridad Democrática” a través de la desinformación y de sus aparatos coercitivos, especialmente los organismos de inteligencia militar y la fuerza pública misma. Ahora el nuevo gobierno que cambia de estilo pero básicamente continúa con la línea del gobierno anterior nos coloca en el mismo panorama.
Seguimos corriendo el riesgo de ser acusados como artífices y responsables del caos y la anarquía, porque en realidad solo trabajamos y estudiamos para ser ciudadanos constructores de ciencia, de industria, de comercio, de arte, de cultura, de política, de ideales. Ya la experiencia de Difamación y Calumnia de Francisco Santos y José Obdulio Gaviria actualmente ante los estrados judiciales, significó un error a no repetir, ahora con nueva estrategia soterrada y anónima ponen en riesgo la Universidad.
Repudiamos de manera vehemente la difamación y la Calumnia como practica recurrente para deslegitimar procesos e incentivar a los violentos para que actúen en contra de ciudadanos con la simple prueba de un “Documento Anónimo”, (el cual nos recuerda la época negra del gobierno Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, cuando existió el B2 organismo de origen militar que causó mucho daño al movimiento sindical, estudiantil y en general a todo opositor al régimen), hoy el anónimo B1 es un “Documento” que ataca organizaciones constituidas legalmente y que en su trasegar han denunciado de manera frentera la connivencia de altos mandos militares con el Paramilitarismo en Antioquia, relata hechos señalando a estudiantes como asesinos, sin visualizar la existencia del ESMAD aparato policial con licencia del Estado para violentar los Derechos Humanos en el país, aparato represor que se ha paseado por todo el país asesinado estudiantes, campesinos, indígenas, niños y atemorizando la expresión constitucional a la protesta en las calles, no existe ley ni prueba que condene a alguna de sus integrantes, para ellos la Impunidad es norma, asesinatos probados a estudiantes como Johnny Silva en Univalle, Nicolás Neira entre otros muchos, no son castigados por la Justicia Colombiana.
El Estado reconoce la importancia política para el desarrollo de la democracia en el país. Literalmente el documento “Política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho Internacional humanitario: 1998-2002- del Cambio para Construir la Paz del gobierno de Andrés pastrana Arango “considera que los grupos y asociaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y del derecho Internacional Humanitario, así como en la prevención y el esclarecimiento de las violaciones e infracciones de los mismo, constituyen un elemento indispensable de la democracia y contribuyen a la lucha contra la impunidad y la prevención y reducción de los padecimientos de las víctimas…”(pág.21)
Las leyes de punto final, ley 975 o de “Justicia y Paz” aprobada por un Congreso cuyos miembros en su mayoría tenían vínculos con el paramilitarismo, y que luego de la aprobación de esta ley se ha comprobado que ha sido una burla para las víctimas, colocaron a los victimarios en condición ventajosa dándole premios por cada asesinato, por la ubicación de un desaparecido o la declaración de sus atrocidades y solo lograron re victimizar a las víctimas, los numerosos asesinatos calificados como FALSOS POSITIVOS, que desaparecieron a personas inocentes a lo largo y ancho de la geografía Colombiana, proporcionaron asensos, descansos, bonificaciones económicas etc., una práctica sistemática aplicada por las Fuerzas Militares en el país, legalizaron el asesinato de campesinos inocentes y ciudadanos que cayeron en las trampas donde ofrecían empleo con jugosos salarios en el mejor de los casos, porque en otros, fue el asesinato, bajo el disfraz de combate con insurgentes, caso Golondrinas en el Valle, caso Sindicalistas en Arauca.
Deslegitiman procesos acusan a defensores de derechos Humanos con el sustento legal de las declaraciones de Informantes desmovilizados de la guerrilla. Cabe recordar que la red de informantes, como uno de los pilares fundamentales de la mal llamada política de “seguridad democrática” ha servido para sustentar “falsos positivos” y con ellos, la persecución a numerosos intelectuales, estudiantes, docentes, líderes sociales, populares, indígenas que actualmente inundan las cárceles del país, no en vano se habla hoy de más de 7.000 presos (as) políticos (as) sometidos (as) a condiciones inhumanas y de hacinamiento, y que el Estado colombiano trata de ignorar con el sofisma de estar librando una batalla frontal contra el terrorismo.
¿Qué hay en el fondo de esta realidad? La neutralidad de la universidad, tan argumentada y defendida por Sirios y Troyanos se niega a sí misma porque lo que impera ni es discurso pluralista, ni la tolerancia a la ideas, puesto que todas las voces de oposición, de protestas o de denuncias contra las anomalías de las políticas del gobierno nacional , regional o local en materia educativa, cualquier asomo de veeduría o de exigencia de transparencia en el manejo de financiero de las universidades son castigadas con persecuciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, amenazas, exilios y asesinatos que, luego aparecerán presentadas como víctimas de la violencia colombiana, así en abstracto, o causadas por el choque de fuerzas que se disputan el dominio del poder al interior de las universidades. Semejante explicación o justificación no convence a nadie, ni siquiera a quienes las crean y las difunden.
Si los estudiantes se dedicaran a estudiar, estudiar y estudiar, y los profesores, empleados y directivos a trabajar y trabajar, es decir, a no opinar ni relacionar y menos a cuestionar la función de la universidad con las realidades socioeconómicas y políticas del país, aquí todos estaríamos en paz. No importa que esa paz sea muy semejante a la paz de los sepulcros, como también nos lo recuerda H, Arendt.
Las argumentaciones que fluyen en los discursos al analizar esta situación de permanente y sistemática violación de los derechos Humanos en el Campus Universitario son:
La universidad debe mantenerse como “territorio neutral,” por tanto, los llamados actores armados en este territorio de paz no tendrán cabida, así a secas, como si esto fuera posible en un país donde la violencia se ha generalizado de tal manera que se cuela por los poros de cualquier relación social por mínima e intrascendente que parezca. Cualquier acto legítimo de manifestación universitaria de los estudiantes, profesores, empleados o pensionados, sin beneficio de inventario, es encajado en el calificativo de violencia, subversión o terrorismo, delincuencia, etc. Por lo tanto, “debe ser controlado y cortado de raíz, para que no se reproduzcan esos gérmenes del vandalismo, anarquía y terrorismo, pero además porque estos actos desnaturalizan la función de la universidad cuya esencia es la pluralidad y la tolerancia en el libre juego de las ideas…”
En este contexto la Universidad pública pierde legitimidad frente a la sociedad como portadora de soluciones a los problemas sociales y como lugar de equidad frente a la demanda de educación superior. Pérdida de Institucionalidad al tener que enfrentar la contradicción de luchar por su autonomía como centro de saber, frente a las imposiciones internacionales y gubernamentales que pretenden someterla a intereses no académicos. Comienza entonces un desmantelamiento de la universidad pública debido a factores externos e internos, entre los que se pueden señalar: en lo externo la ofensiva Internacional de las multinacionales para “colonizar” la educación superior en los países Latinoamericanos y las exigencias del Fondo Monetario Internacional para privatizar los servicios públicos con el fin de asegurar, en los Estados acreedores, el pago de los intereses de la deuda externa mediante “la racionalización del gasto”. En lo interno las constantes amenazas que señalan a la comunidad Universitaria y su Autonomía como pretexto y nido de la subversión colocándola ante la opinión nacional como centro del terrorismo y justificando cualquier acción Estatal, Paramilitar o de cualquier actor que legitime acciones violentas en contra de sus integrantes, (estudiantes, docentes o trabajadores) representados como gremios, en Sindicatos y ONG”S de Derechos Humanos, colocando en riesgo sus vidas, pues este tipo de acusaciones son el pretexto para asesinar, “panfletear”, así lo señala la historia de nuestras Universidades Públicas.
Sin universidad pública se limita el pensamiento crítico de lo que pasa en la sociedad, pues, su papel crítico y analítico va más allá de los intereses confesionales o empresariales y puede ir más allá de las políticas de gobierno e inclusive en contra de ellas cuando deshumanizan. Su razón de ser como bien social centrado en el conocimiento de las disciplinas y las profesiones hace de la investigación científica y la docencia un imperativo ineludible. El apoyo y financiación por parte del Estado, a través de los aportes que los ciudadanos hacen con el pago de sus impuestos, le dan una responsabilidad social que implica poner esos mismos conocimientos e investigaciones al servicio del país, del pueblo, y abrir sus puertas sin exclusiones a todos los ciudadanos que tengan los méritos requeridos aunque no tengan los recursos. La democratización radical de la universidad pública es también un imperativo social. Lo que pasa en la universidad pública nos compete a todos y su direccionamiento y políticas tienen sentido en la medida en que contribuyan a consolidar su naturaleza como un bien social y un derecho ciudadano. Se deduce también que la universidad pública es fundamental para la construcción de Nación y un espacio privilegiado para el ejercicio de una ética civil que recupere lo público como espacio de responsabilidad colectiva, única vía para la resolución de los conflictos que hoy nos afectan como país. Y que, como bien público de carácter social, compete a todos los ciudadanos, pero en especial a la comunidad universitaria, velar por su legitimidad y progreso.
Debemos fijar una posición crítica frente a las amenazas que se ciernen sobre la universidad pública, reconociendo la crisis, definiendo su naturaleza y enfrentado con imaginación y creatividad los retos que afectan su autonomía.
Es un esfuerzo por pensar la universidad desde las disciplinas que en ella circulan y aprovechando el pensamiento de profesores y estudiantes y trabajadores recuperando su hegemonía en el orden del conocimiento para aportar soluciones inteligentes, interdisciplinarias y rigurosas que consoliden su identidad y generen sentido de pertenencia.
JOSÉ MILCIADES SANCHEZ ORTIZ
COORDINADOR NACIONAL EQUIPO DDHH
SINTRAUNICOL.