A propósito del trámite de una nueva ley de víctimas en el Congreso de la República, el Sr. Fernando Araujo, Presidente del Partido Conservador ha manifestado en estos días que: “No podemos hacer una ley de víctimas que se convierta en una vena rota para el presupuesto nacional.”, “Frente al tema de los agentes del Estado tenemos muchas reservas”, “No estamos de acuerdo con incluir el capítulo de restitución de tierras en la ley de víctimas.”

 

 

Pretende ignorar el Sr. Araujo que sus preocupaciones son insignificantes y marginales frente a la realidad de un estado victimario que debe resarcir con una reparación integral a miles de familiares y víctimas. Entre otras cosas el Partido Conservador (integrante de la coalición de gobierno) es uno de los entes con mayor responsabilidad. ¿Se le olvida que durante sus gobiernos en la época de la violencia fueron asesinados mas de 300 mil colombianos y despojadas de sus tierras más de 500 mil familias?, ¿Olvida la frágil mentalidad del héroe de chambacú que decenas de sus copartidarios vinculados con la parapolítica están presos por relaciones paramilitares y el despojo de sus víctimas?

Las verdades que se han logrado filtrar hacia la opinión en los últimos cinco años, han confirmado certeramente las miles de denuncias sobre la existencia de crímenes de estado en Colombia. Decenas de sentencias de los estrados judiciales en Colombia y otro tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han demostrado la relación criminal de altas esferas del estado y los partidos de la coalición de gobierno con paramilitares, narcos, terratenientes y transnacionales, cuyo resultado fatal fueron 5 millones de desplazados, el despojo de 8 millones de hectáreas de tierra y centenares de masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Toda esta estrategia criminal contra la población indefensa ha tenido como telón de fondo intereses rentísticos con la ejecución de mega proyectos productivos, energéticos, mineros, hidroeléctricos, agrarios e, entre otros.

De tal forma que la ley de víctimas no es una dádiva del establecimiento, es una enorme deuda social y política con los millones de ofendidos y ultrajados del para-estado en este país. El actual gobierno ha dicho por boca del ministro Vargas Lleras que la ley de víctimas será una de sus prioridades, pero, ¿qué proyecto de ley se piensa poner a consideración del Congreso?, ¿la bancada oficial mayoritaria aprobaría una ley de víctimas que mínimamente concuerde con los estándares internacionales y constitucionales en materia de reparación?

Ya se conoce que el proyecto de ley sería de iniciativa gubernamental, en ese sentido planteamos que la concertación del gobierno y el Congreso con las victimas es imprescindible. No puede discutirse y aprobarse un proyecto de tal naturaleza de espaldas a la población victimizada, que en razón de su condición de sujetos políticos y de derechos, es la llamada a presentar, debatir, cuestionar y construir propuestas que satisfagan sus necesidades morales, éticas, políticas, sociales y materiales .

La Ley 975 y sus instrumentos fracasaron porque fue un proceso diseñado en beneficio de los victimarios y porque las víctimas fueron excluidas y silenciadas; pero al mismo tiempo porque fue diseñada para excluir la responsabilidad de quienes financiaron, prohijaron y cohonestaron el paramilitarismo y son sus principales beneficiarios. El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado – MOVICE- ha considerado importante participar en este debate, con el objetivo de colocar sobre la mesa 12 propuestas para que sean contempladas e incluidas en el proyecto.

El Movice considera que cualquier iniciativa que surja desde la institucionalidad, debe empezar por reconocer la responsabilidad del Estado colombiano en la conformación, auspicio y consolidación de los grupos paramilitares, como una estrategia de control territorial, económico, político y de persecución y exterminio del movimiento social. Este reconocimiento, en consecuencia, debe ser el fundamento de una política pública coherente de protección a los derechos de las víctimas, que incluya la garantía efectiva del derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral.

Las victimas exigen que el proyecto de restitución de bienes haga parte de la ley de víctimas y no de la ley de tierras, esencialmente porque es una modalidad de reparación. La reparación integral implica el ejercicio de las dimensiones de satisfacción, indemnización, restitución, rehabilitación para las personas y colectivos victimizadas pero adicionalmente, para que estas medidas sean sostenibles y evitar nuevos hechos violentos que atenten contra los derechos humanos de la población, es necesario contemplar las garantías de no repetición.