Tanto la academia como diversos analistas políticos se han planteado, con argumentos sólidos, la tesis de que en los intentos de negociación con la insurgencia, ocurridos hasta el momento, ha primado más que el desbroce de caminos para superar el conflicto armado, la intencionalidad manifiesta de servirse de estos procesos para desarrollar ajustes a las relaciones de poder en la guerra. En ello, gobiernos e insurgencia se la han jugado encontrando en la negociación la oportunidad para inclinar la balanza cada cual a su favor.
Frente al actual proceso que se desarrolla en la Habana, cabría entonces preguntarse si, tanto gobierno como insurgencia, están alineados para dar un paso hacia la paz y superar el conflicto armado o están, una vez más, en un ejercicio centrado en la lógica de la guerra.
En nuestra opinión, podríamos encontrarnos frente al momento en el cual gobierno e insurgencia coinciden en sus cálculos frente a la pertinencia de entrar en un escenario distinto, en cuanto a un replanteamiento en el cómo alcanzar los motivos y razones que los llevaron a la actual guerra degrada. Un escenario como éste estaría cimentado en lo siguiente:
1. De fondo, el hecho relevante de haberse firmado el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” por parte de la guerrilla bajo el contexto de la caída de Alfonso Cano el inspirador y promotor de este proceso y, de parte del gobierno, el de haberse sostenido en su apuesta de paz no obstante la arremetida del PURO Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, en donde anidan quienes han sido beneficiarios de la guerra, aquellos que no quieren renunciar a sus privilegios que han defendido a sangre y fuego. Haberse superado esta etapa marca una diferencia sustancial con los procesos anteriores.
2. Gobierno e insurgencia estarían llegando al aserto de que con la guerra se está en un punto muerto: la escalada de la seguridad democrática dio sus frutos pero la promesa de la derrota no llegó y la guerrilla sintió, como nunca, no sólo las importantes derrotas militares sino el profundo desprestigio político, lo cual le podría haber obligado a reconsiderar su estrategia y táctica. Haber firmado el Acuerdo antes aludido, implica para las FARC admitir que su proyecto político se tramita dentro del marco de la lucha política legal y no con las armas.
3. Al bloque en el poder le urge para sus los intereses económicos en juego, dentro de los que se destacan los contenidos de las “locomotoras” del presidente Santos, remover un obstáculo importante como es la presencia de la insurgencia en territorios claves. Así, entonces, aparte de cualquier altruismo en torno a la paz, la élite también se la juega en reconsiderar su estrategia y táctica frente a una coyuntura económica que les abre oportunidades importantes.
El paso de “aproximaciones” a la formulación de “acuerdos” como lo manifestaron los delegados del Gobierno en reciente comunicado, señala que, aún bajo el clima de guerra, la arremetida uribista y los acentos distintos con respecto a los contenidos del Acuerdo General firmado ya, se están llegando a acuerdos y de manera particular en un tema tan crucial como lo atinente al campo, lo cual es también indicativo de que se están dando condiciones para ganar en confianza y credibilidad.
La decisión de Santos de sumarse a la marcha por la defensa de los diálogos de paz, convocada por la Marcha Patriótica, el Congreso de los pueblos y el Poder ciudadano, es un gesto inequívoco de bajarle a la guerra mediática plagada de discursos descalificadores, de caminar por la ruta de la reconciliación y de apostarle al proceso sumándole el apoyo ciudadano tan indispensable para hacerlo sostenible.
Se camina, pues, con una dosis mayor de optimismo sin desconocer que aún se está al borde del abismo pues las amenazas que trabajan por el fracaso están ahí activas haciendo también sus propios cálculos y madurando sus propias estrategias. Negociar en medio de las balas y la guerra discursiva, no dejará de ser una permanente amenaza. También faltan puntos cruciales para ser tratados en la agenda y ni se diga la necesidad de contemplar con anticipación la complejidad de los problemas jurídicos para abordar un pos conflicto a la luz de los tratados firmados por el país.
Necesitamos que los pasos dados no tengan reversa y que, si esto ocurre, como se dice popularmente, sea sólo para tomar impulso.