El acceso estadounidense a las bases militares en Colombia introduce un elemento de desequilibrio en la región. En una reciente entrevista con la prensa colombiana, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, en un intento de restarle trascendencia al nuevo acuerdo militar colombo-estadounidense dijo que éste solamente actualiza la manera como los dos países han venido colaborando. Es cierto. Pero la clave está precisamente en esta ‘actualización’. Es ahí en donde radica el foco de la controversia.

 

 

Los esquemas de seguridad de la guerra fría fueron reemplazados, ‘actualizados’, en su momento por las estrategias para enfrentar el narcotráfico, la nueva amenaza regional. Pero mientras la guerra a la droga de los años ochenta se limitaba principalmente a perseguir bandidos y sus cargamentos de cocaína, para Estados Unidos el carácter más complejo del crimen hoy día requeriría de estrategias de seguridad acordes con esta complejidad.

Es decir, estrategias dirigidas a enfrentar las que han sido identificadas por Estados Unidos como las nuevas grandes amenazas de la región, que se han afianzado en la última década, y que ya no se limitan a un mero problema de narcóticos: corrupción endémica, crimen organizado, bandas delincuenciales, enormes zonas sin presencia de Estado o áreas sin ley, fronteras porosas por donde circula impunemente toda clase de contrabando, armas, narcóticos, terroristas, población ilegal.

Aunque estos son incuestionablemente grandes problemas que azotan el continente, el Gobierno estadounidense no percibe que estas situaciones han sido generadas directa o indirectamente también por el fracaso de una guerra militarista a las drogas impulsada por ellos, y que si los billones de dólares gastados en esta guerra durante tantos años se hubieran invertido en el desarrollo social y económico de esos mismos grupos sociales y esas mismas regiones hoy tan problemáticos, probablemente esas grandes amenazas no existirían. La creciente desigualdad del ingreso característica de casi todos los países de Latinoamérica que ha conducido a la marginación social y económica de amplios sectores de la población debería ser percibida como una amenaza mayor.

Durante la cumbre de Unasur en Bariloche el pasado 28 de agosto, el presidente Uribe, para justificar su acuerdo con Estados Unidos, dijo que Colombia tiene convenios militares con EEUU para combatir la violencia desde 1952. A lo que el presidente Lula muy oportunamente respondió diciendo que si en tantos años la cooperación estadounidense no ha sido capaz de solucionar el problema de la violencia, entonces ya es hora de cambiar de estrategia.

La política exterior estadounidense para América Latina no parece decidirse en el Departamento de Estado sino en el Departamento de Defensa.[1] Una penetración más consistente y sofisticada de su brazo militar en el hemisferio, el Comando Sur, por medio de la instalación de los llamados lily pads [2], es la respuesta que ofrece EEUU para enfrentar estas nuevas amenazas que a su juicio ponen en jaque a algunos Gobiernos de la región, como el de Colombia. Algunos observadores temen que lo que EEUU diagnostica como la falta de cooperación de otros gobiernos de la región para enfrentar el ‘narco-terrorismo’ pudiera también ser visto como una ‘nueva amenaza’. Lo que justificaría la reacción airada del presidente Chávez ante las bases, pues según el Departamento de Estado su gobierno no hace los suficientes esfuerzos antinarcóticos, según algunos indicios, podría haber colaborado con la insurgencia colombiana, y estaría aumentando sus contactos con Irán, uno de los países del eje del mal.

No fue sorprendente entonces que Chávez llevara a Bariloche el texto del White Paper Air Mobility Command Global En Route Strategy [3] que destaca la importancia de la base de Palanquero como un nuevo CSL (Centro de Seguridad Cooperativa) en Suramérica. Independientemente de si lo propuesto en ese documento se lleva a la práctica o no, de todos modos es revelador del actual marco estratégico del Pentágono para Suramérica.

Efectivamente, como dijo el embajador Brownfield, se trata de una ‘actualización’ que corresponde al nuevo análisis de seguridad del Departamento de Defensa sobre América Latina. Y esto, a menos que el Gobierno de Obama dé otras indicaciones en su política para el hemisferio occidental, parecen ser directivas que están por encima de la administración de turno.

Diversos analistas han notado la falta de claridad de la administración de Obama en materia de política exterior para América Latina. Cuál es, por ejemplo, la posición de su Gobierno sobre el concepto de ‘guerra preventiva’ desarrollado por la administración de Bush, que podría darle a Chávez la razón en sus temores. Y en el caso específico de Colombia, qué diferencia habrá en la cooperación militar estadounidense para Colombia, teniendo en cuenta que el Plan Colombia en su variante antinarcóticos fue un fracaso, y en su variante antiterrorista, aunque sirvió para reducir a la insurgencia, no logró eliminarla, y por el contrario hay un fenómeno de rearme de diversos grupos en el campo colombiano.

Este acuerdo militar bilateral Colombia-EEUU no hace generar demasiado optimismo acerca de cambios en la cooperación, entre otras cosas, por el hecho de haber sido prácticamente firmado a espaldas del resto de los países de la región. ¿Cómo se justifica este ocultamiento cuando a la vez se pretende enfrentar amenazas que son de orden transnacional? El hecho de no haber consultado a los países de la región hace suponer que la administración de Obama desconoce las claves de la actual realidad política suramericana, algo en lo que no se diferencia de la previa administración. Aunque algunos Gobiernos suramericanos mantienen un discurso ‘anti imperialista’ para referirse a Estados Unidos – que es solamente un discurso pues esos mismos países mantienen relaciones con EEUU y jamás lo han agredido en la práctica – los países más fuertes de Suramérica, Brasil, Argentina y Chile, representan posiciones moderadas que no se pueden seguir ignorando.

Lo que ha quedado claro después de la reunión de Bariloche es que la preocupación por las bases sigue vigente en el continente. Las bases representan la introducción de un elemento que desequilibra la relativa estabilidad de una región azotada por un conflicto armado y el creciente poder del narcotráfico. En vez de ofrecer una solución a esos problemas, como lo pretenden EEUU y Colombia ignorando una década de fracaso de Plan Colombia, las bases podrían contribuir a agravar la situación al internacionalizar problemas que podrían tratarse mejor en un marco regional sin la presencia de potencias extranjeras.

Un detalle importante respecto a la misión antinarcóticos de las bases colombianas: un asunto que ha llamado la atención de diversos observadores respecto a los siete puntos de la geografía colombiana a los que tendrán acceso los militares estadounidenses es que ninguno de ellos parece reemplazar verdaderamente las funciones antinarcóticos que desarrollaba la base de Manta. Sabiendo que el Pacífico es una de las grandes rutas de la drogas hacia Estados Unidos, no es difícil suponer entonces que el rol antinarcóticos de las bases colombianas va a pasar a un segundo plano, al menos en lo que se refiere al cubrimiento del Pacífico, y que desde las bases se le va a dar prioridad a otro tipo de actividades.

Entre una carrera armamentista y la consolidación de UNASUR

Cuando un país suramericano decide concederle súbitamente a EEUU espacio para despliegue militar en siete puntos estratégicos de su geografía, es normal que los países vecinos reaccionen manifestando alguna forma de inquietud. Casi dos siglos de historia de ingerencia militar y de inteligencia estadounidense en Latinoamérica conforman un antecedente serio de temor ante cualquier nuevo anuncio de operaciones del Pentágono en el continente. Que este acuerdo se produzca además justamente en momentos en que los países suramericanos se aprestan a sentar las bases de un proceso de unidad regional que garantizaría el equilibrio militar de la región lo hace particularmente inconveniente.

La desconfianza que existe entre algunos países suramericanos no comenzó el día de la firma de este acuerdo, pero sin duda éste representa una estocada a los avances que se habían logrado, o que se esperaban de Unasur aún a pesar de las mutuas desconfianzas. Debido a que esta iniciativa es todavía muy joven, aún no había claridad entre los países miembro sobre asuntos clave como, por ejemplo, los relacionados con los acuerdos de tipo militar de un país individual con países exteriores al grupo. No estaba claro si Venezuela, por ejemplo, debería dar explicaciones en Unasur sobre sus tratados con Rusia o con Irán; si Brasil debía explicar sus acuerdos nucleares con Francia. El Gobierno de Uribe ha utilizado esto como argumento para justificar la firma de un acuerdo con EEUU sin previa consulta regional. Pero dadas las dimensiones de este último, este acuerdo es ya en sí mismo un paso atrás en el proceso de generación de confianza entre los países.

En la última década los países suramericanos han construido alianzas con otras potencias internacionales y con otras regiones diferentes a EEUU, lo que de hecho se ha traducido en una reducción del grado de dependencia de este país. El rol de EEUU en la región no es lo que era en décadas anteriores. El surgimiento de un bloque ideológico-político-económico de clara inspiración antiestadounidense – el ALBA, integrada por Venezuela, Ecuador y Bolivia – es también una señal del retroceso estadounidense en América Latina. El acceso a las bases colombianas representa ahora para EEUU una recuperación de espacio en la región que la mayoría de los países (incluso países no asociados al ALBA) hubiera preferido evitar. En términos de posicionamiento estratégico, esta situación no es comparable con los acuerdos de Venezuela o Brasil con potencias extranjeras. Aunque nada hiciera pensar que EEUU quisiera realizar operaciones militares, de inteligencia y espionaje en territorio de algún país vecino de Colombia, lo cierto es que ahora tiene más que antes la capacidad de hacerlo. Por eso no es de extrañar que, señalando especialmente la base militar de Palanquero, desde la cual los aviones estadounidenses pueden sobrevolar en cuestión de minutos el Amazonas brasilero, el ministro Celso Amorim dijera: “El hecho de que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo”.

Pero quizás la peor consecuencia de este acuerdo es que arriesga frenar los avances de los propósitos de Unasur en temas de seguridad que tanta urgencia tienen en la región: control de fronteras, control del tráfico ilegal de armas, de narcóticos, cultivos ilícitos, la posible creación de una fuerza conjunta suramericana para prevenir el desplazamiento transfronterizo de la insurgencia y del crimen organizado. Uno de los principales objetivos de Unasur es servir como marco en el cual se resolverían las diferencias que pueden tener los diferentes países, como es el caso de Colombia y Venezuela con respecto a la insurgencia de las Farc, o las diferencias entre Colombia y Ecuador sobre temas de emigración, desplazamiento, y estrategia de drogas. La presencia estadounidense se erige ahora como un obstáculo para la cooperación entre los países, además de que será un nuevo estímulo a la carrera armamentista que se ha desatado casi sin excepción entre los países suramericanos. [4]

Latinoamérica es todavía una de las regiones menos armada del planeta. Esta situación está cambiando a pasos acelerados. América Latina parece haber dejado atrás el sueño de cooperación política, comercial, económica y militar propuesto desde décadas anteriores, y hoy arriesga convertirse en un escenario en el que se enfrentan países rivales alineados a una u otra ideología política y económica, y en donde podrían trasladarse conflictos que tienen lugar en otras partes del mundo. Las nuevas bases son un nuevo elemento de perturbación. En tal tipo de escenario aumentan las posibilidades de que estalle un conflicto bélico entre algunos de esos mismos países que supuestamente estaban a punto de lograr una unidad para la paz.

Vientos de guerra

Es una expresión del presidente Chávez como reacción a las bases, que no contribuye precisamente a distensionar el malestar entre Colombia por un lado y Venezuela y Ecuador por el otro después del ataque al campamento de las FARC en Ecuador en marzo de 2008, cuando también Chávez habló de poner tanques en la frontera con Colombia. Aunque, como hemos indicado, el temor del bloque ‘bolivariano’ tiene sus fundamentos, también es cierto que el gobierno venezolano no ha desaprovechado la oportunidad para encender más una situación ya bastante delicada. Dados los sentimientos nacionalistas que desatan en Colombia las declaraciones belicosas de Chávez, éstas podrían darle a Uribe el empujón que necesita para un tercer período (inconstitucional) en el poder.

El discurso provocador del presidente Chávez hace que el riesgo de una mayor desestabilización en la región no se le pueda achacar solamente a las torpezas militares del gobierno de Uribe, ni a una eventual operación militar de EEUU desde una de las bases. Un discurso belicista no es lo que se esperaría de Gobiernos comprometidos con la cooperación e integración regional. Una guerra, y ni siquiera la amenaza de una guerra, es el escenario que necesita Suramérica para enfrentar la enorme cantidad de problemas que aqueja el subcontinente. Lo que Estados Unidos percibe como las ‘nueva amenazas’ no se resuelven con la intervención militar. Por el contrario, de lo que se trata es de desmilitarizar las regiones, adoptar respuestas civiles, y reemplazar las armas por educación, salud y desarrollo.

En este mismo contexto, vale la pena recordar que Holanda deberá decidir próximamente sobre su acuerdo de cooperación militar antinarcóticos con Estados Unidos respecto a la prolongación o no de las bases de Aruba y Curazao. Las condiciones en las que se firmó ese acuerdo hace diez años han cambiado. Holanda debería hacer una profunda evaluación sobre la conveniencia de prolongar en sus territorios de ultramar la presencia de una fuerza bélica extranjera en el Caribe suramericano, en donde diez años de actividades antinarcóticos desde esas mismas bases sólo han logrado contribuir a deteriorar la seguridad de la región mientras el narcotráfico se extiende y diversifica. Además, tendría que considerar el riesgo de que las bases se vean involucradas en operaciones militares antiterroristas para las cuales no estaban originalmente designadas.

Mientras no haya mayor claridad de parte de la administración de Obama hacia América Latina, y para evitar que Holanda termine contribuyendo indirectamente a enardecer las tensiones existentes en la región, sería más prudente no prolongar las bases y con esto dar una señal de apoyo a iniciativas regionales destinadas a disminuir el escalamiento de las tensiones. Holanda no debería seguir prestando el territorio para una estrategia militar estadounidense que acaba de recibir un fuerte rechazo de parte de la mayoría de los países del subcontinente.

Cómo se podría superar la crisis

Lo único que podría ayudar a neutralizar el malestar que ha quedado en el subcontinente por la ampliación de la presencia militar de EEUU es que este país comience a mandar señales positivas respecto a su futuro rol en la región. Esta señal pasaría por una ‘despentagonización’ de su política exterior para América Latina. Unasur y los países miembro están en mejor capacidad de contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia que un aumento de las zonas de acceso militar estadounidense en ese país. Ahora bien, Estados Unidos en cooperación con Unasur sí podría jugar un rol diplomático y político en beneficio de la paz en Colombia.

El Gobierno del presidente Obama debe responder adecuadamente las solicitudes hechas por el presidente Lula de Brasil para reunirse con los países de Unasur y ofrecer las garantías que las naciones están pidiendo de no involucramiento en asuntos internos de los países. No le conviene a EEUU seguir ignorando esta petición o responder de la manera desdeñosa como lo ha hecho la Secretaria de Estado Clinton diciendo que el acuerdo militar es un acuerdo que sólo le concierne a Colombia y Estados Unidos y no hay que dar explicaciones. Esta respuesta se inscribe perfectamente en el estilo del gobierno de George W. Bush que muchos creían superado.

Una señal favorable de cambio de EEUU sería la búsqueda de un acercamiento político y diplomático con todos los Gobiernos de los países, tendiente a distensionar y despolarizar la atmósfera política de la región. Tal actitud de EEUU contribuiría sin duda a que el Gobierno venezolano elimine por su parte el discurso belicista que en nada beneficia la precaria armonía aún existente con los países vecinos, y a una despolarización de la política regional. La próxima Asamblea General de la ONU en septiembre podría ser un marco apto para un encuentro directo entre los jefes de Estado que dé inicio a un diálogo tendiente a resolver las diferencias e impulsar los proyectos comunes.

En Bariloche se lanzaron propuestas interesantes que deberían ser consideradas seriamente con el fin de superar el obstáculo generado por las bases. El Perú ha propuesto que se implemente un proceso de verificación in situ sobre lo que hagan las bases. Una efectiva veeduría de la actividad de los militares estadounidenses en Colombia restaría enormemente el nivel de desconfianza que su presencia genera entre los países vecinos.

En lo referente al narcotráfico, ante el fracaso de la estrategia estadounidense, le corresponde a la propia región intentarlo con una nueva estrategia regional. En este sentido hay que acoger la propuesta del presidente Correa de crear un Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, entidad que diseñe las políticas antidrogas para la región. Esta sugerencia va a tono con otras propuestas recientes para políticas de drogas hechas por organismos latinoamericanos, como la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que viene abogando desde hace un tiempo por un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas.

El gobierno estadounidense debe reconocer que el enfoque militarista de la guerra a las drogas ha sido un fracaso. Si bien la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad reinante en las ‘zonas sin ley’ son problemas reales, son también una consecuencia de la guerra a las drogas. No es con más balas que se enfrentan los graves problemas que aquejan la región. La salida militarista sólo genera más desconfianza entre los países y debilita las posibilidades de cooperación regional. En vez de aumentar, Estados Unidos debe reducir su ingerencia militar en América Latina y dejar a esos países resolver sus propios problemas de seguridad.

Colombia debería buscar un mayor acercamiento con los países vecinos, Ecuador y Venezuela, insistiendo en los puntos de concordancias. Ecuador ha afirmado reiteradamente que no tiene ninguna relación con las FARC. Sobre esta base le corresponde a Colombia recomponer las relaciones diplomáticas con ese país en beneficio propio. Igualmente en el caso de Venezuela, las importantes relaciones comerciales con este país no deberían dejarse afectar por episodios aislados de contactos con las FARC difundidos por los medios de comunicación con frecuencia con pocos fundamentos.

Y finalmente, el asunto importante de la inmunidad no debería hacerse a un lado, máxime cuando ya ha habido en el pasado numerosos casos en que EEUU ha abusado de este derecho que se atribuyen por encima de toda legislación nacional e internacional. En este sentido, debería acogerse la propuesta de la Procuraduría de Colombia sobre la inmunidad, para que tanto contratistas como miembros de las fuerzas militares estadounidenses se acojan a la ley colombiana y sean juzgados por jueces nacionales cuando infrinjan las leyes colombianas.

Bariloche se cerró con un llamado a la paz. En materia de seguridad y narcotráfico Colombia tendría más que ganar estando del lado suramericano que con Estados Unidos.

Amira Armenta

[1] Véase, “Por debajo del radar. Programas militares de EEUU con América Latina 1997-2007”. http://www.ciponline.org/facts/0704deba.pdf

[2 ] Esquema militar aplicado por EEUU en otras regiones del mundo. Se trata de un modelo más flexible, que concibe el ejército como una fuerza expedicionaria, con base en la cooperación con los gobiernos locales. Requiere de menos hombres y aparatos en tierra. Véase este artículo: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26152.html , y también, el analista de seguridad sobre la evolución del ejército estadounidense, Thomas P.M. Barnett, http://www.worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=4181 que destaca que estas instalaciones de ‘acceso’ a bases militares de un país anfitrión permiten cubrir tanto terreno como possible casi sin dejar huella.

[3] Otros detalles sobre la identificación de Palanquero como una base ideal para EEUU instalar una Cooperative Security Location CSL (Centro de Seguridad Cooperativa) se pueden leer en el documento del Pentágono, “White Paper Air Mobility Command Global En Route Strategy”: http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRouteStrategy.PDF “… Desde este puesto se puede cubrir casi medio continente con un C-17 sin necesidad de recargar gasolina. […] Hasta que el Comando Sur establezca un programa de actividades más robusto la estrategia de convertir Palanquero en un CSL debe ser suficiente para la movilidad aérea en el continente suramericano” p. 22.

[4] Véase el artículo, “En América del Sur el gasto militar creció cerca de un 50% desde 1999: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1160425