“Mujeres en territorios urbanos de inseguridad”

Este informe de la Corporación Humanas ha recogido información en cooperación con académicos, representantes de ONG y organizaciones eclesiásticas desde 2011 en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y en la localidad de Kennedy de Bogotá para comprender de qué manera las dinámicas de la violencia y del conflicto armado afectan la vida de las mujeres. Está compuesto por tres partes.

 

En la primera se relaciona información sobre la incidencia de la violencia en las áreas urbanas mencionadas. El aumento de la criminalidad constituye un problema desde 2008 y consiste entre otros en un incremento de algunos delitos tales como el homicidio, el hurto a motos, a residencias, a personas, la extorsión, la tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes y la violencia sexual. A eso se añade múltiples formas de violencia por razones de género. Colombia ocupa el séptimo lugar de las tasas más altas de homicidio del mundo con una tasa de 5,3 mujeres por 100.000 habitantes. Según los datos obtenidos, Cartagena sería la ciudad con mayor incidencia de homicidios contra las mujeres. En los municipios en estudio, la tasa de violencia familiar fue más alta que la del país en general. A escala nacional y en los municipios en cuestión, la violencia familiar afecta en mayor parte a las personas del sexo femenino. La única excepción es cuando las víctimas son mayores en este caso los hombres son más victimizados. Sólo en Bogotá las mujeres son siempre las víctimas mayoritarias en todas las modalidades de violencia intrafamiliar. Además, en todos los municipios en estudio, la tasa de mujeres víctimas de violencia sexual es más alta que la nacional (con excepción de Barranquilla). Por último es importante tener en cuenta que Colombia, en el contexto americano, se revela como el tercer país de mayor desigualdad en la región y que las cifras de este fenómeno así como de pobreza afectan mucho más a las mujeres.

La segunda parte trata de los factores de inseguridad identificados. El informe distingue dos grupos de factores de inseguridad en los municipios mencionados. Primero, las estructuras criminales que según el ámbito (la política, la justicia, etc.) reciben nombres y títulos distintos como delincuentes comunes, infractores del derecho internacional humanitario, desmovilizados, paramilitares o bacrim. Desde la perspectiva del estudio, los principales agentes de inseguridad son los grupos armados que manejan los negocios y benefician de las ventas de poder sembradas por el paramilitarismo. Recluten y se aprovechan de los jóvenes con experiencia violenta o castrense. Aunque el narcotráfico son actividades lideradas por las bandas criminales, los motivos de la actuación de los paramilitares pueden variar. De esta manera, en Santa Marta y sus zonas aledañas se suma el contrabando de combustible o en Bogotá, los actores armados tienen un interés político, pero algunos barrios de la capital son también un foco de comercio sexual que estaría sustentado en la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual de niñas. En el segundo grupo de factores de inseguridad se analiza el ordenamiento de género desde los estereotipos, como las masculinidades violentas y la resolución de las diferencias a través de la fuerza y las demostraciones de virilidad, en tanto se considera que son un sustrato de inseguridad. Así, el pandillismo constituye una demostración de fuerza y el comercio sexual una forma de ejecución. A pesar de que la violencia es una opción típicamente masculina, hay algunas ocasiones en las que las mujeres son integrantes de las pandillas o hasta existen pandillas de solo mujeres. Sin embargo, cuando mujeres participan en una pandilla cumplen papeles distintos en la gran mayoría de los casos. Sirven por ejemplo como objeto sexual de los pandilleros o carnada para atraer al enemigo. Con respecto a la explotación sexual, el problema es muy difundido, no obstante hay sitios claves en los municipios en estudio, como los terminales de transporte y de carga.

En la tercera parte se presenta una cartografía de la inseguridad a partir de la cual se muestra la compartimentación que los actores generadores de inseguridad hacen de las ciudades. Dichos actores hacen del fracaso, del deterioro urbano (como de la vías sin pavimentar, los campos de juego y los extramuros) y de la segregación espacial, una ventaja para su accionar. Especialmente la luz es un elemento que juega a favor del delito. Así muchos sitios en los municipios en estudio se identifican como peligrosos en tanto que no tienen (buena) iluminación. Los principales riesgos que corren las mujeres son ser violadas o atracadas. Además las materiales de construcción que usan los pobres pueden hacerles más vulnerables. Por otra parte hay que tener en cuenta la “territorialización”. Existen territorios que los pandillos califican como suyos, que son fragmentos del espacio público de los que la población se ve despojada. Actualmente se forman también “ciberespacios”. En Cartagena por ejemplo las pandillas utilizarían redes sociales como Facebook para pelear. En cuanto a las mujeres, dependiendo del control, ellas necesitan crear estrategias para hacer frente a los factores y territorios mencionados. Por consiguiente, se resguardan en la casa y están el menor tiempo posible en la calle o se evaden de esos territorios.

Oidhaco[1], aprovecha para reiterar las recomendaciones del informe “Abriendo todas las puertas de la UE a las mujeres”, las cuales siguen de actualidad. Solicita a la Unión europea :

– Verificar los avances para el cumplimiento del Auto 092 (2008) de la Corte Constitucional;

– Avanzar en el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas 1325, 1820 y 1888 sobre Mujeres, Paz y Seguridad;

– Promover espacios de diálogo político y consultas con las organizaciones de la sociedad civil;

– Instar al Estado colombiano a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y en particular el feminicidio.

– Instar a los Estados en su obligación internacional de conducir eficazmente los procesos penales en curso sobre violencia contra la mujer. Las investigaciones deben incluir una perspectiva de género

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