Noticias internacionales

Última actualización: 1ro de febrero.

  • Carta abierta a la Fiscal General de la Nación de Colombia sobre la investigación de las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa

    1ro de febrero, por FIDH

    Las organizaciones abajo firmantes, constituidas parte civil en el proceso judicial iniciado en Bélgica en el marco de las investigaciones de las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia de respuesta de la Fiscalía a la solicitud enviada por la Justicia de Bélgica de autorizar la ejecución de una Comisión Rogatoria en Colombia.

  • La autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben ser fortalecidas

    25 de enero, por CCJ

    El 25 de enero el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá las recomendaciones presentadas por el Grupo de Trabajo Especial de reflexión sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos (en adelante “el Grupo de Trabajo”). Desafortunadamente algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo dadas a conocer el 13 de diciembre de 2011, de ser acogidas, debilitarían las funciones que ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”).

  • Human right group issues open letter to Colombian president Manuel Santos on recent statements regarding 1997 Mapiripán massacre

    18 de noviembre de 2011, por Center for Constitutional Rights

    Yesterday, The Center for Constitutional Rights (CCR) issued an open letter to Colombian President Manuel Santos condemning recent statements by the Colombian government intended to delegitimize an international legal case concerning the 1997 massacre in Mapiripán, Colombia. During the massacre, the government and paramilitary groups tortured, mutilated, dismembered, and threw civilians into the Guaviare River. A woman who had been previously recognized as a victim of the massacre recently testified in a separate hearing that the disappearance of her two sons and husband did not occur during the massacre. Despite the fact that it was the Colombian government that had provided the evidence now in question, President Santos took the opportunity to call into question the credibility of those seeking accountability for the massacre and accuse them of fraud.

  • Colombia: Abogado de víctimas de masacre asegura que el Estado debe aclarar los hechos

    1ro de noviembre de 2011

    El vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Eduardo Carreño, aseguró que el Estado colombiano debe brindar la protección necesaria a las víctimas para que aclare lo sucedido durante la masacre de Mapiripán (Meta, centro). De acuerdo con un reciente hallazgo de la Fiscalía no hubo la cantidad de muertos que se informó para el momento de los hechos ocurridos en 1997.

  • A un año del gobierno de Juan Manuel Santos, las violaciones a los DDHH continúan

    24 de octubre de 2011, por AAJ

    La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, reunida en Asamblea en San José, Costa Rica, el 27 de septiembre de 2011, declara que a más de 1 año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia continúan como en el anterior gobierno de Álvaro Uribe y siguen incrementándose. El Estado, a través de las fuerzas militares regulares e irregulares, es el principal responsable de estas violaciones.

  • Más de 55 Parlamentarios Británicos Declaran su Apoyo para un Proceso de Paz en Colombia

    21 de octubre de 2011, por Justice for Colombia

    En el parlamento británico se presentó una resolución solicitando al gobierno británico para respaldar esfuerzos para un proceso de paz entre las partes del conflicto colombiano para encontrar una solución política negociada. La resolución No 2276 (abajo), llamado un Early Day Motion en el parlamento, fue presentada conjuntamente por diputados de los tres partidos principales del país, del partido conservador y liberal de la coalición gobernante y del partido laborista.

  • La paradoja con los indignados

    21 de octubre de 2011, por Eduardo Febbro - Página 12

    Hace diez años, Bin Laden y su socio carnal, el ex presidente norteamericano George W. Bush, globalizaron el terrorismo de masa y la represión a escala mundial. El Plan Cóndor aplicado al universo. Exactamente una década después, el movimiento de los indignados globalizó la protesta social y el hartazgo ante un modelo de depredación social, de abuso y de consumo cuyo control está reservado a una elite violenta e impune.

  • Mujeres Indígenas se movilizan en contra de El Cerrejón y La Alumbrera.

    10 de octubre de 2011, por Noti Wayuú

    La problemática relacionada con las industrias extractivas en territorios indígenas de Latinoamérica, es cada vez más dramática en materia de violaciones a los derechos humanos, a los derechos colectivos y a los derechos de la Madre Tierra.

  • Organizaciones de DDHH piden que se vayan militares extranjeros de Haití

    7 de octubre de 2011, por Soaw Latina

    Una delegación de Observadores de Derechos Humanos de los Estados Unidos ha llamado a poner fin a la intervención extranjera en Haití, incluida la retirada de la misión de las Naciones Unidas conocida como MINUSTAH.

  • Colombia no debe retroceder en su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos

    16 de septiembre de 2011, por Organizaciones Sociales

    El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

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