De manera sorprendente el pasado 25 de julio, algunas cadenas y medios de comunicación señalaron que la Policía metropolitana de Bogotá (MEBOG), utilizará Pistolas Eléctricas conocidas como Taser. Según reportes técnicos de organizaciones de Derechos Humanos (entre ellas Amnistía Internacional) este tipo de armas eléctricas han producido la muerte a 334 personas en los EEUU (cifra de 2008). En noviembre 2009 EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), referencia que: “El Estado Parte debe considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas “Taser” por parte de la policías locales”.

 

 

En julio de 2012 el comandante de la Policía nacional, General José Roberto León Riaño, firmó un decreto-resolución que implementa y autoriza el uso de las denominadas Armas de “letalidad reducida” para el servicio policial en Colombia.

Estas armas de “letalidad reducida” pueden ser mecánicas (Lanzador de esferas, Fusiles lanza gases-perdigones), Químicas (Gas pimienta), Acústicas (Granadas de aturdimiento) y Electromagnéticas.

De manera sorprendente el pasado 25 de julio, algunas cadenas y medios de comunicación señalaron que la Policía metropolitana de Bogotá (MEBOG), utilizará Pistolas Eléctricas conocidas como Taser. Según reportes técnicos de organizaciones de Derechos Humanos (entre ellas Amnistía Internacional) este tipo de armas eléctricas han producido la muerte a 334 personas en los EEUU (cifra de 2008). En noviembre 2009 EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), referencia que: “El Estado Parte debe considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas “Taser” por parte de la policías locales”.

Según consultas que hemos efectuado a organizaciones de derechos humanos de la región, el uso e implementación de las descargas eléctricas contra la población civil y personas, estaría violando potencialmente varios artículos de la Carta “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de las NACIONES UNIDAS (ONU).

Como organizaciones sociales & defensoras de derechos humanos en la Universidad Industrial de Santander (UIS), consideramos deplorable el uso de este tipo de armas eléctricas contra los ciudadanos colombianos, y rechazamos con la mayor dureza la política guerrerista en materia de derechos humanos que viene liderando e implantando al interior del país, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

Finalmente nos preguntamos: ¿A dónde fueron a parar los $125.000 millones que recortaron al presupuesto de COLCIENCIAS? ¿Inyectaron dicho dinero a los planes bélicos de las fuerzas militares?

Colectivo Informativo Susurro (UIS), Corporación SILGARÁ, Observatorio universitario (DLOEA)

Bucaramanga (Colombia), julio 27 de 2014