Se realicen mayores esfuerzos, con el fin de obtener la verdad de lo que sucedió con la comunidad de Manpuján, solicitó el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” al Tribunal de Conocimiento de justicia que en días pasados, decidió condenar a los paramilitares Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juan Dique” y Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino” a ocho años de prisión, por su responsabilidad con las víctimas de la masacre de Manpuján, ocurrida el 11 de marzo del año 2000.

 

 

El 10 de marzo de 2000, un grupo de paramilitares bajo el mando de Rodrigo Mercado, alias “Cadena”, incursionó en la población de Manpuján, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, reunió a sus habitantes y los obligó a abandonar este lugar bajo la amenaza de que les podía suceder lo mismo que a los pobladores de “El Salado” quienes un mes antes, habían enfrentado una incursión y masacre paramilitar similar. Fue así como ese día, de la región salieron desplazadas aproximadamente 1.600 víctimas, y fueron asesinadas doce de las cuales la Fiscalía 11 de la unidad de Justicia y Paz, solamente reconoció once.

Según la información disponible, la masacre y desplazamiento masivo se dio por orden de alias “Diego Vecino”, y en ella participaron, no sólo el paramilitar alias “cadena”, sino el propio alias “Juancho Dique”, comandante del frente “Héroes Montes de María”, pertenecientes todos ellos al Bloque del mismo nombre, en connivencia con militares del batallón Malagana, ubicado a escasos 20 minutos del corregimiento de Manpuján, que días antes de la masacre, estuvieron en el lugar, haciendo empadronamiento de los pobladores y quienes según el paramilitar “Juancho Dique” le habían entregado un listado de dos a tres mil personas de la zona.

Las víctimas y sus familiares han manifestado que no sienten que los autores materiales hubiesen confesado su participación real en la masacre, como tampoco que la Fiscalía 11 de la Unidad de Justicia y Paz haya realizado una investigación integral, no obstante la publicidad que los medios masivos de comunicación han querido dar a la misma, mostrando la supuesta eficacia de la ley. En este sentido, aún no se ha establecido la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública (Batallón Malagana) en la comisión de la masacre, ni de otros autores que participaron en su planeación y ejecución, como tampoco se ha ahondado en la responsabilidad penal por el desplazamiento forzado de la población.

 

 

De la misma manera, aún no se ha esclarecido quiénes se beneficiaron
con los asesinatos cometidos, con los desplazamientos, e incluso con el robo de tierras, y que tampoco se conoce la verdad de las torturas de varios de los miembros de la comunidad, entre ellos, Joaquin Fernando y Alfredo Posso Ortega y García respectivamente, ni las razones por las cuales la propia Fiscal 11, Yolanda Gómez, no reconoció el secuestro y posterior crimen del señor Pedro Castellano Prado.

Pero no solamente no se ha contado la verdad del caso, sino que los paramilitares involucrados, no han hecho una propuesta seria de reparación para las víctimas, toda vez que alias “Diego Vecino” entregó los bienes inmuebles al Fondo de Reparación para las Víctimas de la masacre del Salado, no para éstas y alias “Juancho Dique” no ha entregado bienes para tal finalidad. Esto sin contar que la reparación debe nacer desde la perspectiva de las víctimas y no desde la concepción por parte de este victimario y mucho menos en el sentido de recordar la victimización causada, si no por el contrario exaltar cada una de las personas asesinadas en cuanto a sus sueños, su oficio y las acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y la de su comunidad.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, es claro que estos dos jefes paramilitares, han venido negando u ocultando verdades, no tienen un ánimo real de reparar a las víctimas y por si fuera poco, ni ellos, ni el gobierno nacional dan garantías de no repetición, tres de los requisitos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas y para que los paramilitares sean beneficiados de las penas alternativas – de cinco a ocho años de prisión – que establece la llamada “ley de justicia y paz”.

Así mismo el Colectivo de Abogados, solicitó no conceder la reparación en los términos que propone la Procuraduría en cuanto a establecer un batallón en el pueblo de Manpujan debido a que la presencia de la fuerza pública en estos espacios se constituye una infracción a las normas humanitarias y pone en riesgo la integridad de los habitantes en medio del conflicto, así como la existencia de bases militares en los centros poblados. De otro lado, la propuesta de la Procuraduría confunde actos de reparación integral con acciones que de suyo le competen al Estado.

Es notorio el afán de sacar avante este proceso por parte del gobierno, a pocos días de cumplirse los cinco años de promulgada la ley, y justo cuando se presenta un proyecto en el Congreso para prorrogarla, queriendo demostrar así, su efectividad que permitiría su modificación, para que los paramilitares, puedan acogerse a los beneficios de la ley 975, sin importar la época en que ocurrieron los delitos, que es lo que plantea el proyecto de ley presentado.

Es necesario recordar que a la fecha según diversos informes, entre ellos, el de la MAPPOEA, que aún existen paramilitares, no sólo en esta región, sino en el resto del país, a pesar que el gobierno nacional se comprometiera, incluso con la creación de la ley 975, que estos se desmovilizarían en su totalidad.

De tal manera, el Colectivo de Abogados, radicó ante el Tribunal de Conocimiento, no sólo un documento que recopila una serie de recomendaciones frente al caso específico, sino una constancia histórica que deja claro, de producirse en su totalidad el incidente de reparación, que el proceso seguido en este caso por la masacre de Manpuján no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, tal y como se pretende hacer creer a la opinión pública nacional.

 

Sentencia completa

 

Constancia