SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: ¿PARAINSTITUCIONALIZACIÓN?

Es evidente que en simultaneidad con la puesta en marcha del Plan Colombia en predios del gobierno Pastrana, el crecimiento en las filas paramilitares fue excepcional y fruto, como bien lo reseña Miguel de la Espriella del partido Colombia Democrática, de un plan bilateral coordinado desde 2001 del que participaban activamente más de 40 congresistas con el objeto de elevar al grado de estado, las estructuras de gobierno criminal desplegadas paralelamente en bastas regiones del país, y que responde con sujeción a intereses económicos y políticos a fin con el ascenso de una emergente clase dirigente.

 

 

Es evidente que en simultaneidad con la puesta en marcha del Plan Colombia en predios del gobierno Pastrana, el crecimiento en las filas paramilitares fue excepcional y fruto, como bien lo reseña Miguel de la Espriella del partido Colombia Democrática, de un plan bilateral coordinado desde 2001 del que participaban activamente más de 40 congresistas con el objeto de elevar al grado de estado, las estructuras de gobierno criminal desplegadas paralelamente en bastas regiones del país, y que responde con sujeción a intereses económicos y políticos a fin con el ascenso de una emergente clase dirigente.

Fue así que un sin número de instituciones del estado donde dichos congresistas administraban sus cuotas burocráticas como el Incoder, La Superintendencia de Vigilancia, FINAGRO, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Instituto Nacional de Concesiones, embajadas, consulados, administraciones regionales y locales, medios de comunicación, representaban la avanzadilla del proyecto, coronado por el control de la legislatura del primer gobierno Uribe que lanzaría las expectativas de carácter regional y local a uno de amplitud nacional.

Las potencialidades en el éxito del proyecto se estimaban a su vez por la aquiescencia del estamento militar con las acciones paramilitares. Jefes de campaña regionales que apalancaron la elección del presidente Uribe en 2002, como Jorge Noguera fueron delegados por el presidente de la república a la gestión de entidades de carácter estratégico en la seguridad del país como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En la rama judicial, la administración de Luis Camilo Osorio en la Fiscalía General de la Nación tuvo como encargo el congelamiento de las investigaciones y la concesión en la acción punitiva de los paramilitares a quienes osaban denunciarlos, garantizado por la filtración de procesos, testimonios, y testigos que involucraban intereses en la expansión del proyecto parapolítico.

Era la gran oportunidad del proceso que paramilitares iniciaron allende la primera fase comenzada desde 1995 llevada a cabo en Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena, desdoblada desde 1997 en el norte de país en Cesar, Atlántico, Guajira, a los llanos Orientales incluyendo Meta, Casanare, Guainía, Vichada, en el litoral pacífico con Chocó, Cauca, Nariño, y ya en otros departamentos como Cundinamarca, Putumayo, Norte de Santander, y que requería de la asistencia de un proyecto político acorde con el establecimiento de un régimen garantista de las metas logradas a fin con legalización de millones de hectáreas obtenidas, el poder económico consecuencia del trafico de drogas, el indulto para el caso de la comisión de delitos de lesa humanidad y la elusión a la extradición, en síntesis el proyecto inicial del gobierno de la Ley de Justicia y Paz.

La legislatura parlamentaria 2004-2006 ejemplifica las convergencias del proyecto ya dadas a conocer públicamente por los lideres paramilitares en el sentido de identificar como propias las iniciativas del presidente electo y la seguridad democrática, que tuvo expresión en un grupo de determinante importancia en la constitución de las mayorías uribistas a través de la cual se aprobó la reforma a la constitución que permitió la reelección presidencial, y Las reformas económicas que fueron también copatrocinadas a través de los avales con los gremios económicos.

La ley de Justicia y Paz cruzó transversalmente la legislatura caracterizada por el choque entre la propuesta del gobierno, la oposición, las presiones internacionales de la Unión Europea , los cuestionamientos del Tribunal Penal Internacional, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de instituciones nacionales como la Corte Constitucional , la Procuraduría General de la Nación , la Contraloría , y mas recientemente la Corte Suprema de Justicia. En suma y ante la evidencia de los efectos del terror que explican la inactividad de las movimientos sociales, esta sinergia de instituciones, por lo pronto, representa la contraparte al imperio de la violencia instaurada por el proyecto parapolítico.

Por ahora el balance es el cuarto de siglo de dolores para el país, medido por una perdida generacional en todos los órdenes, en un proceso que aún no termina, en el que la troica medios de comunicación, políticos y gremios económicos participan eufóricamente bañados en ríos de réditos monetarios, mientras miles de colombianos se suman rutinariamente a los ya millones de personas lesionadas en sus mas mínimos derechos, en una circunvalación que se manifiesta desde las relaciones laborales rutinarias, la desocupación, o la aplicación de la mas flagelante violencia, la masacre, la tortura, la desaparición, lo que cifra la desestructuración del estado, o de otra forma la confirmación de la sociedad colombiana como un Estado Fracasado. El cuerpo social tallado con la impronta de una historia de escarnecimientos.

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