Las comunidades del Bajo Baudó, municipio de Pizarro vienen padeciendo el escalonamiento del conflicto armado dada la disputa territorial que se presenta en la zona protagonizada por grupos paramilitares denominados “Rastrojos” y “Águilas Negras” quienes se confrontan entre sí y con unidades de guerrilla conformadas por la alianza entre el “Frente de Resistencia Cimarrón” del ELN y el Frente “Aurelio Rodríguez” de las FARC – EP, todo esto promovido por el vertiginoso avance en los cultivos denominados de uso “ilícito” y las actividades del narcotráfico.
Al igual que la declaratoria de la zona especial para la explotación de hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos actividad realizada de manera inconsulta con los pueblos Indígenas. A esto se le suma la expansión del distrito minero en el municipio de Istimina, zona dedicada a la extracción de oro y otros minerales por parte de multinacionales.
La llegada de megaproyectos de infraestructura como el proyecto Arquímedes, el Plan 2500 y la explotación irracional de madera en esta selva chocoana. También vemos como los grupos armados paramilitares con presencia en las cabeceras municipales han permeado instancias institucionales y sociales, generando entre la población un alto nivel de temor y zozobra por la imposibilidad de denuncia de amenazas y persecuciones permanentes de las cuales son víctima líderes y autoridades indígenas que en el marco de la autonomía indígena luchan y defienden los derechos de sus comunidades.
En este contexto se han presentado múltiples desplazamientos masivos hacia los municipios de Pizarro y Quibdó, entre otros. De estos desplazamientos también han sido víctima aproximadamente 1.400 personas, de las cuales gran parte provienen de comunidades indígenas, quienes en su mayoría se desplazan forzadamente entre los resguardos de la zona.
Desde 2010 líderes indígenas como voceros de las comunidades del Resguardo del río Purricha han manifestado su voluntad de afiliarse a la Asociación OREWA para fortalecer sus procesos de defensa del territorio ancestral y el gobierno propio. Ante esta manifestación han recibido múltiples amenazas y hostigamientos.
Entre ellos se encuentran 4 líderes indígenas 2 gobernadores y 2 docentes de las comunidades de Birrinchao y Villanueva, quienes llegaron en el mes de julio de 2011 a la ciudad de Quibdó para diligenciar la afiliación de sus comunidades a la Asociación OREWA y denunciar casos de corrupción en la ejecución de los recursos destinados a la garantía al derecho a la educación de niños y niñas indígenas.
Estas denuncias provocaron una persecución contra estos líderes indígenas quienes están siendo buscados en la ciudad de Quibdó por miembros de un grupo armado paramilitar para ser asesinados. También han recibido constantes amenazas de muerte vía celular. Estos líderes quienes se encuentran en condición de desplazamiento forzado, desafortunadamente se suman a otras autoridades indígenas amenazadas y/ forzadas a abandonar su territorio por la labor de defensa del mismo y de sus comunidades quienes también se encuentran confinadas por el accionar de grupos armados. Igualmente, miembros de los equipos de la Asociación OREWA han sido amenazados por acompañar y asesorar las comunidades Embera Dobida del Bajo Baudó.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre este tipo de situaciones y la grave situación humanitaria de las comunidades indígenas del Baudó, particularmente del municipio de Pizarro, tal como aparece en el Informe de Riesgo 011 del 29 de abril de 2009, ratificado como alerta Temprana por parte del CIAT y su consecuente nota se Seguimiento No. 015 del 10 de Junio de 2010. Lo cual corrobora que los factores de riesgo de las comunidades de la región prevalecen sin la actuación debida de las autoridades competentes.
