No obstante, tras su grito desesperado –e inadvertido- pudo emprender la fuga, dejando al vigilante en el baño.
Minutos más tarde otra estudiante de la Universidad de Antioquia, esta vez Karen Xiomara Marín, entró al baño donde Nedardo esperaba a su siguiente víctima. La aprisionó y la agredió mientras le decía: “le voy a hacer cositas ricas”. Karen, practicante de artes marciales, se defendió con tal ahínco que el agresor no tuvo oportunidad de lograr su cometido.
Pese al temblor que dominaba su cuerpo cuando regresó al lugar donde estudiaba con algunos compañeros, logró contar lo sucedido y salir en busca de los vigilantes adscritos a la Universidad –finalmente más confiables que los de la seguridad privada-, quienes ya estaban enterados del primer incidente.
En su compañía, Karen y Estefany denunciaron las agresiones de las que fueron víctimas ante el supervisor de la empresa ATEMPI y llamaron a la Policía, logrando la captura del empleado, contra quien formularon las respectivas denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento. Actualmente se desarrolla la investigación penal pertinente, mientras el vigilante se encuentra recluido en el Centro Carcelario y Penitenciario Bellavista.
La Corporación Jurídica Libertad, organismo no gubernamental de Derechos Humanos, expresa su preocupación ante el acontecimiento de estos actos al interior de la Universidad de Antioquia, especialmente en tan aciagos momentos para la comunidad universitaria, a quien el Consejo Superior Universitario y la Fuerza Pública le han impuesto toda clase de restricciones. Y manifiesta también su inquietud ante la práctica de los abusos señalados por quienes están llamados a garantizar la seguridad al interior del centro universitario, sumándolo a las reiteradas quejas y voces de protesta contra los funcionarios de ATEMPI a causa de las agresiones verbales, los allanamientos a algunas oficinas estudiantiles y las amenazas que han lanzado contra algunos estudiantes.
SOLICITAMOS
Que se investiguen con todo rigor los incidentes narrados.
Que se exija de la empresa ATEMPI una investigación de los hechos y asuma la correspondiente responsabilidad.
Que haya un pronunciamiento público por parte de la dirección de la Universidad de Antioquia sobre estos hechos.
PRISIONERAS POLÍTICAS DE JAMUNDÍ DENUNCIAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
(Colombia)(Autor: La Corporación Semilla Y Memoria)
(Fecha: 19 de Abril de 2011)
DR/55/11
Las Prisioneras Políticas recluidas en el establecimiento EROM y RM Jamundí somos victimizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la dirección del centro carcelario y penitenciario de EROM y RM Jamundí que violan nuestros derechos a: la dignidad humana, a la igualdad, a la salud, a la garantía y respeto de los derechos humanos, de los derechos de las personas privadas de la libertad y a recibir el estatus de prisioneras políticas.
HECHOS
El día 24 de Noviembre del año 2010 en la reclusión RM Jamundí nos dimos cuenta que, el agua que nos dan a consumir es impotable, aunque aseguren lo contrario desde la reclusión, dicha agua genera en la pieles infección cutánea, hongos y caída del cabello.
El 30 de Noviembre de 2010 nos fueron realizados (a varias de nosotras) todos los exámenes necesarios para ver qué tipo de problemas físicos tenemos y en este momento no han llegado los resultados, incluyendo el de VIH.
El 10 de Diciembre de 2010, una compañera logró, luego de 2 semanas de insistencia, pasar al servicio de salud, con infección cutánea, y brilló en dicha ocasión (como en otros casos) la ausencia de medicación.
El 1 de Febrero del 2011, le fueron realizados unos exámenes de riñones a otra compañera que tiene problemas de cálculos desde antes de ser recluida; a pesar que lleva 3 meses interna, sólo hasta 20 días después le hicieron los exámenes , de los cuales, no ha obtenido el resultado.
El 1 de Febrero de 2011, hubo una emergencia dental, en la que una compañera estuvo expulsando de su boca inflamada agua sangre, sin embargo, tuvo que esperar hasta el lunes 7 de Febrero pues es el día que viene el odontólogo.
Desde que llegamos a la reclusión nunca nos han reconocido el estatus de prisioneras políticas, y en la exposición principal del tipo de reclusas, el registro de prisioneras políticas es de cero.
La comida no es balanceada, nos dan arroz, sopa y papa, con poca ensalada y una dosis proteínica mínima.
Estos son unos cuantos casos que constantemente viven en la reclusión, y sería imposible enumerarlos todos porque no terminaría la lista.
DELITOS Y FALTAS DEL INPEC
· Es un delito contra los derechos humanos tener en una prisión en condiciones de máxima seguridad a personas que se encuentran Sindicadas, es decir, que aún no se ha comprobado ningún delito y con las que existe la presunción de inocencia.
· Es un delito tener en una prisión y en condiciones de máxima seguridad a prisioneras con condenas inferiores a seis (6) años. (como es el caso en el pabellón de condenadas)
· Es una falta ingresar al patio de sindicadas, a mujeres mayores de sesenta (60) años, porque “no tienen espacio” en el patio años dorados, patio especializado para el tratamiento de mujeres con esos rangos de edad.
· Es un delito tener a una persona con limitaciones mentales, en la unidad de tratamiento especial, es decir, en el calabozo, por no tener ni el equipo especializado ni las condiciones para brindar adecuada y humanamente este tipo de atención a esta (s) persona (s).
· Son faltas de tipo disciplinario, el trato agresivo de algunos dragoneantes del INPEC para con las reclusas.
RESPONSABILIZAMOS
A la dirección del centro penitenciario y carcelario EROM RM Jamundí y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por la violación a los derechos fundamentales, del derecho humano internacional y los derechos de las personas privadas de la libertad, en el pabellón de sindicadas de Jamundí
EXIGIMOS
Que la Fiscalía General de la Nación inicie investigación contra los funcionarios del INPEC que dirigen el centro penitenciario de Jamundí;
Que la Procuraduría General de la Nación, inicie las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios del INPEC y la dirección del Centro penitenciario, por las faltas cometidas contra las prisioneras de la cárcel de Jamundí.
Que se realice investigaciones desde las Cortes Internacionales para que se haga una aplicación correcta de las leyes que protegen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
SOLICITAMOS
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
Por lo expuesto en los anteriores hechos solicitamos a las organizaciones de Derechos Humanos y Populares sus intervenciones para que respalden nuestras peticiones, permanezcan atentas ante nuestra grave situación en la reclusión y envíen sus cartas de apoyo a las autoridades en Colombia.
