Este 18 de enero de 2014 se conmemoran 25 años de la masacre de La Rochela, en la que 12 funcionarios judiciales fueron asesinados y 3 sobrevivieron al cruento ataque de un comando de 40 paramilitares que actuaron bajo la denominación “Los Masetos” en colaboración con integrantes del Ejército. Por estos hechos fue condenado a 30 años el paramilitar Jesús Alonso Baquero, alias “El Negro Vladimir”, quien involucró a altos mandos militares como autores intelectuales de los hechos.

 

El 11 de mayo de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esta masacre y ordenó reabrir investigación por el crimen y juzgar a los autores materiales e intelectuales, así como desarrollar actos de reparación simbólica y administrativa. La Corte determinó la responsabilidad estatal en la existencia de leyes que permitieron la creación de grupos de autodefensa, posteriormente paramilitares. También estableció que el Estado colombiano vulneró el derecho a la justicia por los mínimos avances en investigación y sanción de los responsables.

En junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales en retiro del Ejército Farouk Yanine Díaz, (quien falleció en agosto de ese año) Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, además del ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, quien evadiendo la justicia y una condena proporcional por el crimen cometido, se acogió a la Ley de Justicia y Paz. Tres de las víctimas de este caso, viudas de los operadores judiciales fallecidos en la masacre, recibieron múltiples amenazas de parte de grupos paramilitares y fueron destinatarias de medidas provisionales de protección aún vigentes.

El Estado colombiano ha cumplido de manera parcial con la sentencia de la Corte. Indemnizó a las familias de las víctimas y realizó actos de reparación simbólica, algunos de ellos de manera inconsulta y sin contar su participación. Pero quizás la deuda más grande ha sido la de la justicia que hasta el día de hoy sigue sin producir fallos condenatorios contra los máximos responsables y sin vincular a la investigación a integrantes del Ejército señalados durante el proceso, como los oficiales Carlos Julio Gil Colorado, Jaime Fajardo Cifuentes así como los llamados a indagatoria en 2009, entre otros.

El Colectivo de Abogados requiere al Estado colombiano para que dé cumplimiento integral a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace un llamado a la Fiscalía para que honre la memoria de sus funcionarios que murieron investigando violaciones a derechos humanos y garantice pronta justicia a las víctimas y sus familiares.