Bogotá, 18 de enero de 2024. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), destaca la decisión del Gobierno Nacional de retirar las condecoraciones honoríficas entregadas al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales como una medida de satisfacción en favor de las víctimas de desaparición forzada en los hechos del Palacio de Justicia y de la sociedad en su conjunto. Con esta acción se llama la atención sobre la función constitucional que cumplen las Fuerzas Armadas en una democracia y la incompatibilidad de su misión con la comisión de graves violaciones a derechos humanos.
“Estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Presidente y el Ministro de Defensa (ad hoc) de retirarle toda condecoración al general (r) Arias Cabrales, pues su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia está plenamente probada y por eso hay una condena. Es incontrovertible que no hubo ninguna acción que no fuera autorizada por él y son también contundentes los videos que prueban que hubo personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron posteriormente desaparecidas”, indicó el abogado de Cajar y representante de las víctimas, Eduardo Carreño Wilches.
Para algunos de los familiares, si bien esta acción por parte del Gobierno es ejemplarizante y cumple con lo ordenado por Ley en caso de militares que han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que continúan esperando justicia y que Arias Cabrales cuente toda la verdad sobre lo ocurrido y ayude a determinar dónde están las víctimas que permanecen desaparecidas.
“Esperemos que esto sea un sacudón para que nos cuente la verdad, porque fue tan cínico ante la JEP al negar y desconocer los hechos. Sin embargo, a estos personajes no los mueve nada, ni nadie. Nada es suficiente mientras no nos cuenten la verdad y mientras no aparezcan los cinco que nos hacen falta y el resto de los cuerpos que nos entregaron parcialmente, con el común denominador de muerte por causa no determinada, cuando está comprobado que fueron los militares que lo sacaron, los retuvieron, los torturaron, los asesinaron y los desaparecieron. Exigimos del Estado colombiano verdad y justicia”, manifestó Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán.
Ninguna violación a derechos humanos debe ser premiada. El fortalecimiento de la legitimidad de las Fuerzas Armadas pasa por la construcción de una nueva doctrina en la que toda persona sea vista como sujeto de protección y no como enemigo.
Esta decisión, que además debería extenderse a todos los responsables de graves violaciones a derechos humanos condenados judicialmente, aporta en esa dirección.
Al respecto, Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán Fuentes, señaló “aunque tarde, esta acción es un ejemplo y un llamado de atención para todos los militares y agentes del Estado que han cometido crímenes de Estado, especialmente para Arias Cabrales que ha sido tan ofensivo con los familiares de las víctimas y negado la verdad. Lo mínimo que merece por sus acciones es que le retiren los honores que obtuvo por supuestamente ser un héroe de la patria, cuando realmente es un genocida”
La decisión tomada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, y por el Ministro de Defensa (ad hoc), Néstor Iván Osuna, está fundamentada en el Decreto 1070 de 2015, que establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para militares condenados por delitos dolosos.
También es importante resaltar que Helena Urán, hija del magistrado Carlos Urán, desaparecido, torturado y asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia había solicitado a principios del año pasado al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, retirar la Medalla Servicios Distinguidos en Órden Púbico al general (r) Arias Cabrales, quien, como comandante de la Brigada XIII, lideró la operación militar que produjo la desaparición y asesinato de un centenar de personas.
Antecedentes
Recordamos que el 24 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 35 años de prisión a Arias Cabrales por la desaparición forzada de Luz Mary Portela León, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis.
De otro lado, el General se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en calidad de agente del Estado e integrante de la Fuerza Pública, en búsqueda de beneficios jurídicos. Ese estamento aceptó el sometimiento y le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada. Sin embargo, en 2023 lo expulsó de su jurisdicción especial, dado que “no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985”. La actuación pasó al Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá́.
Finalmente, es importante señalar que por los hechos del Palacio de Justicia, el 15 de marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia confirmó condena de 40 años de prisión impuesta contra el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos Ferney Ulmardin Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia, integrantes del B-2 de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional en Bogotá, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales.
