Corte Constitucional protege los derechos de los niños

Miércoles 5 de agosto de 2009, por Humanidad Vigente

El anterior Código del Menor -Decreto 2737 de 1989 -, consagraba un procedimiento administrativo en el que designaba la competencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por intermedio de las Defensoras y Defensores de Familia, para que sancionaran a los medios de comunicación escritos que a la hora de hacer sus respectivas trasmisiones o publicaciones atentaran contra la integridad moral, psíquica o física de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el defensor de familia sujetado a los procedimientos administrativos establecidos en el Código del Menor, investigaba y sancionaba con multa de tres (3) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales a los medios de comunicación escritos

Colombia | Niñas y Niños |

que hubieren incurrido en alguna de las conductas prohibidas en dicho ordenamiento, atendiendo también a la aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo[1].

Tras la derogación del Código del Menor a partir de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), y muy a pesar de que el artículo 53.7 de ésta última establece como medidas de restablecimiento del derecho el “Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar”, el ICBF perdió la competencia para sancionar a los medios escritos que incumplieran con las responsabilidades especiales frente a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, Humanidad Vigente en el mes de julio de 2008 presentó demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), puesto que existía en la ley un vicio de inconstitucionalidad por la omisión legislativa referida.

La Corte, a través de la sentencia C-442 de 2.009 reconoció que en la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), existe una omisión legislativa absoluta, frente a la ausencia del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la vulneración de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Debido a lo anterior, exhortó al Congreso de la República para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral, con fundamento en las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, en materia de protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes.

De igual manera, remitió la sentencia al Consejo de Estado para que por intermedio de Consulta y Servicio Civil, si lo considera pertinente, prepare y entregue un proyecto de ley sobre la materia al legislativo.

[1] Artículo 2°, Decreto 1673 de 1994.

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