Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar

Miércoles 6 de mayo de 2009, por CCJ

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia), en octubre de 1997

Este jefe paramilitar además aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento. Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”[1].

Salvatore Mancuso ya había mencionado en otras diligencias de versión libre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre. En efecto, el 15 de enero de 2007, en diligencia de versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Mancuso aseguró que con motivo de esta masacre sobrevolaron e hicieron presencia en la zona cuatro helicópteros. Uno de ellos fue identificado por Salvatore Mancuso como de la Gobernación de Antioquia[2].

Ante estas afirmaciones surgen muchas preguntas sobre el papel que tuvieron la Gobernación de Antioquia y el Gobernador de entonces en esta masacre, pues ni las víctimas ni la sociedad cuentan aún con explicaciones sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre y sobre su inacción frente a las atrocidades que estaban cometiendo paramilitares y miembros de las Fuerza Pública contra la población de ese corregimiento, máxime cuando tanto autoridades civiles como militares estaban al tanto de la presencia de grupos paramilitares en la zona, y además estaban alertadas sobre la posible comisión de una masacre.

Otros testimonios que comprometen al Presidente

Estas preguntas continúan en aumento ante otros hechos y revelaciones que también comprometerían a la Gobernación de Antioquia y a Álvaro Uribe en la masacre de El Aro. Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos contra el Presidente de la República por su supuesta participación en la masacre de El Aro. Los señalamientos provienen de Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, un paramilitar que se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997, hasta el pasado 30 de marzo, cuando le fue concedida la detención domiciliaria.

Las declaraciones que implican al Presidente en la masacre de El Aro fueron reveladas el 23 de abril de 2008, cuando el propio Álvaro Uribe Vélez contó, en una entrevista radial, que un paramilitar había afirmado que él había felicitado y condecorado a los paramilitares que participaron en la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997 siendo él Gobernador de Antioquia.

En efecto, el 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía General de la Nación, ante la cual afirmó que el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre. A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército nacional así como de la Policía, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Así mismo, Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos y que, incluso, este había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), por grupos paramilitares en noviembre de 1997[3].

En sus declaraciones, Francisco Villalba también aseguró que la masacre de El Aro se habría perpetrado para rescatar a ocho personas que habían sido secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Villalba, en la mencionada reunión, “Álvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”[4]. También aseguró que después de perpetrada la masacre y en la misma finca donde habría sido planeada, el propio Álvaro Uribe Vélez lo había felicitado a él y a otros paramilitares por la comisión de la masacre. Según Villalba, sólo en ese momento se dio cuenta de que quien lo felicitaba era el Gobernador de Antioquia: “supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”[5].

El 13 de febrero de 1998, Francisco Villalba decidió entregarse voluntariamente a las autoridades porque, según él, los grupos paramilitares, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes, estaban planeando una serie de magnicidios con los que él no estaba de acuerdo. Las declaraciones que rindió este paramilitar luego de entregarse a la Fiscalía fueron importantes para aclarar algunos aspectos de la masacre de El Aro. Sin embargo, al divulgarse las afirmaciones de Villalba salieron a la luz algunas inconsistencias que hicieron que se le diera poca credibilidad a la declaración. Las inconsistencias tienen que ver con la fecha en la que, según el paramilitar, se cometió la masacre, pues en su declaración Villalba aseguró que la masacre se cometió en noviembre de 1997, cuando en realidad ocurrió en octubre de ese año. Otra inconsistencia está relacionada con la afirmación de Villalba en el sentido de que a la reunión que se llevó a cabo en La Caucana, días antes de perpetrarse la masacre, habría asistido el General Alfonso Manosalva. El Presidente Álvaro Uribe manifestó que eso era imposible debido a que este General había fallecido en abril de ese año. Finalmente, según el Presidente, existe otra inconsistencia en lo que se refiere a la supuesta participación de su hermano Santiago Uribe en la reunión de planeación de la masacre, pues a quien Villalba identifica como hermano de Álvaro Uribe es a una persona que tenía el alias de “el Pecoso”, mientras que el Presidente asegura que al que le decían así era a otro hermano suyo, que falleció en el 2001 y no a su hermano Santiago[6].

Adicionalmente, luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Francisco Villalba que involucran al Presidente y a su hermano, se conocieron dos cartas que parecieron poner en entredicho, aún más, las declaraciones de Villalba. La primera fue una carta que llegó a las manos del Presidente en mayo de 2008 en la que Francisco Villalba aparentemente se retractaba de lo dicho y le pedía perdón al Presidente por “mancillar su nombre”. La otra es una carta del paramilitar Libardo Duarte, en la que este asegura que Francisco Villalba le había ofrecido la suma de 250 millones de pesos si corroboraba las declaraciones que él había dado contra el Presidente. Según la misma carta de Duarte, Villalba le habría hecho esta propuesta debido a que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell, le habrían pagado a él 500 millones de pesos para involucrar al Presidente en la masacre de El Aro. En uno de sus apartes, se lee en la última carta: "Este dinero era pretendiendo que fuera al Congreso y manifestara cosas no ciertas del señor Presidente y debido a esto es que deseo aclarar la verdad ante la comunidad nacional e internacional, y ante los medios de comunicación que usted crea convenientes"[7].

Sin embargo, en octubre de 2008 se reveló que la supuesta carta de retractación no fue escrita por Francisco Villalba. Este paramilitar ha afirmado que él sí firmó una hoja por petición de Jesús Amado Sarria, conocido como “el chucho Sarria”, quien se encontraba recluido en la misma cárcel con Francisco Villalba. Jesús Amado Sarria le habría manifestado a Villalba que lo podía cambiar a un mejor patio en la cárcel, pero que para hacer los trámites necesarios requería de su firma. Así las cosas, Villalba habría firmado una hoja en blanco, en la que posteriormente se consignaría la supuesta retractación. Adicionalmente, según lo denunció el periodista Daniel Coronell, la otra carta, es decir, la de Libardo Duarte, al parecer está escrita con la misma letra de la carta que supuestamente escribió Villalba, por lo que todo apunta a que esta carta tampoco fue escrita por quien la firmó, y que fue Jesús Amado Sarria quien escribió las dos cartas y las envió al Presidente[8].

Frente a las inconsistencias de las supuestas cartas de retractación, el pasado mes de octubre, en entrevista concedida a un noticiero nacional, Francisco Villalba negó que se hubiera retractado y por el contrario se reafirmó en sus declaraciones contra el Presidente al mencionar que: “Él me dio las decoraciones, se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso”[9]. Adicionalmente, el 12 de noviembre de 2008 y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Villalba se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez.

De existir el video y las fotos que, según Villalba, comprometen la responsabilidad del Presidente, será muy difícil que sean reveladas, pues el 23 de abril de 2009, en horas de la tarde, Francisco Villalba fue asesinado cerca de su casa ubicada en el barrio La Estrella en la ciudad de Medellín, por sicarios que le dispararon con silenciadores en frente de su esposa y de su hija de cuatro años de edad. Resulta por lo menos extraño que, pese a las condenas que pesaban sobre este paramilitar, las importantes confesiones que hizo sobre la masacre de El Aro, y las acusaciones que había hecho contra el Presidente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no tuviera bajo su custodia y vigilancia a este paramilitar, quien desde que salió de la cárcel sólo había recibido cuatro visitas a su casa por parte de este instituto[10]. Frente a este crimen, es indispensable que se realicen las investigaciones tendientes a esclarecer los móviles del asesinato, así como que se determine la responsabilidad de quienes ordenaron la muerte de este paramilitar.

El debate sobre el paramilitarismo en Antioquia

No es la primera vez que el Presidente de la República y su hermano han tenido que enfrentar cuestionamientos sobre supuesto favorecimiento a grupos paramilitares. En abril de 2007, el senador Gustavo Petro realizó un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia. En el debate, el congresista señaló, entre otras cosas, que en dos fincas de propiedad de la familia Uribe Vélez –fincas La Carolina y Las Guacharacas- se habrían cometido asesinatos y planeado crímenes. En suma, que las fincas eran utilizadas como base de operaciones de grupos paramilitares. Además de esto, se señalaron en el debate los presuntos nexos que tendría Santiago Uribe con el grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y con otro denominado “Los R-15”. Así mismo, en el debate se mostró una fotografía en la que aparecen, muy amigables, Santiago Uribe y el reconocido narcotraficante Fabio Ochoa[11].

En el debate también se puso en evidencia la aprobación que la Gobernación de Antioquia, encabezada entonces por Álvaro Uribe Vélez, dio a las denominadas “Convivir”. El propio Gobernador, sin tener facultades para ello[12], aprobó la conformación de muchas de estas empresas de “seguridad privada” en las que participaban algunos paramilitares que para la época ya eran reconocidos como miembros de esa estructura[13]. Otro de los graves señalamientos que se hizo tiene que ver justamente con la masacre de El Aro, pues en el debate se hizo referencia a las declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la mencionada masacre.

Por otra parte, más recientemente, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Toro, alias “Don Berna”, aseguró, en las audiencias de versión libre que está rindiendo desde Estados Unidos, que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2001. Lo hizo a través de su abogada, quien aseguró que alias “Don Berna” aportó dinero para financiar la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, lo cual fue confirmado por alias “Don Berna” cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo con lo asegurado por su defensora[14].

Las denuncias de Jesús María Valle

Pero no sólo no es la primera vez que sobre el Presidente recaen acusaciones sobre supuesto favorecimiento a grupos paramilitares, ni es tampoco la primera vez que se le involucra con los hechos ocurridos en El Aro en 1997. En efecto, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había denunciado desde 1996 la aparición de un grupo paramilitar en el municipio de Ituango y sus fuertes vínculos con la IV Brigada del Ejército nacional. Así mismo, Jesús María Valle había anunciado y prevenido a diversas autoridades militares y civiles sobre la masacre que se perpetraría desde el 25 de octubre de 1997 en El Aro. Fue así como, en julio de 1997, este defensor de derechos humanos declaró lo siguiente ante algunos medios de comunicación:

“Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”[15].

Las constantes denuncias sobre el grupo paramilitar que operaba en Ituango y sobre sus nexos con la Fuerza Pública nunca fueron escuchadas y, por el contrario, fueron utilizadas por la IV Brigada del Ejército para denunciar penalmente a Jesús María Valle por calumnia. Al ser llamado a rendir declaración dentro del proceso que se seguía en su contra, Jesús María Valle aseguró que:

“Yo siempre vi y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”[16].

Frente a la denuncia interpuesta por miembros de la Fuerza Pública en contra de este defensor de derechos humanos, el entonces Gobernador de Antioquia aseguró:

“He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en fundamento probatorio, diga lo contrario”[17].

Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina ubicada en Medellín, pero sus denuncias fueron escuchadas finalmente el 1 de julio de 2006 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres de La Granja y del Aro en el municipio de Ituango (Antioquia). En la sentencia, el tribunal internacional reconoció que la masacre fue cometida por grupos paramilitares que contaron con la colaboración, no sólo por omisión sino también por acción directa, de miembros de la Fuerza Pública adscritos a la IV Brigada del Ejército nacional. Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2008 el mismo tribunal condenó nuevamente al Estado colombiano, esta vez por la muerte de este destacado defensor de derechos humanos, en hechos que tuvieron relación directa con las denuncias que Jesús María Valle venía realizando sobre los evidentes nexos entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.

Además de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por los hechos ocurridos en La Granja y El Aro en 1996 y 1997 respectivamente, ahora se cuenta con la versión de un paramilitar que participó en la última masacre y que comandó un grupo de 22 de los hombres que la ejecutaron, que afirma que el actual Presidente tiene responsabilidad directa en la planeación de la masacre. Se cuenta además con la confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso que afirma que un helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre, y que el Secretario de Gobierno del entonces Gobernador de Antioquia sabía del plan que tenían los paramilitares, pues había asistido a una reunión en el municipio de Tierralta (Córdoba) con Carlos Castaño en la que se enteró de lo que iba a ocurrir en el corregimiento de El Aro y no hizo nada para impedirlo, pues tenía fuertes nexos con reconocidos paramilitares como Salvatore Mancuso que lo llevaron a impulsar, junto con estos grupos, la creación de las “Convivir” en el departamento de Antioquia. Según este paramilitar, Pedro Juan Moreno, “era un patriota, convencido de la lucha antisubversiva y apoyó las Convivir desde el comienzo”[18]. También se cuenta con las afirmaciones de este paramilitar que comprometen al entonces Comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, General Carlos Alberto Ospina, quien, según Salvatore Mancuso, habría prestado apoyo logístico a Carlos Castaño para la ejecución de la masacre. Esto llevó a que, el pasado mes de febrero, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía compulsara copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue al General Ospina por su presunta participación en la masacre de El Aro[19].

La necesidad de un pronunciamiento pronto de la justicia

El Presidente Álvaro Uribe ha negado enfáticamente cualquier nexo o vínculo con grupos paramilitares, y también ha puesto en entredicho las acusaciones que hizo Villalba por las aparentes inconsistencias de las mismas. Sin embargo, pese a que las afirmaciones de Villalba resulten ser falsas -lo cual debe ser determinado por la justicia-, aún quedan muchos interrogantes por resolver sobre la actuación de Álvaro Uribe durante el período en el que ejerció como Gobernador de Antioquia en el momento en el que se cometió la masacre de El Aro. En concreto, es preciso que la justicia aclare si un helicóptero de la Gobernación de Antioquia hizo presencia en el momento de la ejecución de la masacre, tal como lo asevera Salvatore Mancuso y, de ser así, que se aclare por qué estaba presente un helicóptero de la Gobernación que no dio aviso oportuno a las autoridades para que se impidieran los crímenes que estaban cometiendo los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional. Así mismo, es necesario que se aclaren los vínculos que Mancuso afirma que existieron entre los grupos paramilitares y Pedro Juan Moreno, uno de los amigos más cercanos del actual Presidente, quien además se desempeñó como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia en el período en el que Álvaro Uribe ejerció como Gobernador.

Todos los anteriores son interrogantes que deberán ser resueltos por la justicia, así como deberá establecerse la veracidad o falsedad de las afirmaciones de Villalba y de Mancuso, pues el hecho de que quienes las estén haciendo sean paramilitares no necesariamente las invalida. Esto lo deberá determinar con claridad y prontitud la justicia en aras de que se conozca la verdad sobre lo sucedido en El Aro y sobre los apoyos políticos y militares con los que contaron los grupos paramilitares que perpetraron la masacre. Por ello, y por tratarse de crímenes de lesa humanidad que comprometen directamente al Presidente de la República, el esclarecimiento de las acusaciones es de interés no sólo de las víctimas de la masacre de El Aro sino de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el esclarecimiento de la verdad, aun si con ello se devela la responsabilidad de altos funcionarios del Estado, resulta de vital importancia para el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y para garantizar que no se volverán a cometer este tipo de crímenes ni a pasar por alto los evidentes nexos que desde siempre han mantenido los grupos paramilitares con empresarios, militares y políticos colombianos.

* La presente publicación ha sido elaborada con el auspicio de la Unión Europea y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Comisión Colombiana de Juristas. En ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
[1] Diario El Espectador, “Mancuso acusó”, 19 de noviembre de 2008, en: www.elespectador.com.
[2] Versión libre del paramilitar Salvatore Mancuso, 15 de enero de 2007.
[3] Gonzalo Guillén y Gerardo Reyes, “Detalles del testimonio que involucra a Uribe con masacre”, en: El Nuevo Herald, 26 de abril de 2008.
[4] Ibíd.
[5] Ibíd.
[6] Revista Semana, “Uribe: Yo no me reuní con paramilitares”, 23 de abril de 2008, en: www.semama.com.
[7] Diario El Espectador, “Petro asegura que testigos manipulados son del narcotráfico”, 27 de agosto de 2008, en: www.elespectador.com.
[8] Daniel Coronell, “El enviado del señor”, en: Revista Semana, 23 de agosto de 2008.
[9] Noticias uno, “Paramilitar dice tener pruebas de reunión previa a la masacre de El Aro”, 6 de octubre de 2008. Consultar en: www.noticiasuno.com/noticias/entrevista-villalva.html.
[10] Diario El Tiempo, “¿Por qué ‘para’ asesinado tenía el beneficio de la detención domiciliaria?”, 24 de abril de 2009, pág, 1-4.
[11] Congreso de la República, debate sobre paramilitarismo en Antioquia convocado por el Senador Gustavo Petro, 17 de abril de 2007.
[12] La entidad competente para aprobar el funcionamiento de las Convivir era la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, del Ministerio de Defensa, según el artículo 39 del decreto-ley 356 de 1994, según el cual: “Servicio especial de seguridad privada es aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad”. Posteriormente, mediante resolución 368 de 1995, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dispuso: “Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que se autoricen por esta Superintendencia, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto de proveer su propia seguridad, se denominarán Convivir”. Por consiguiente, la autorización de Convivir por parte del Gobernador de Antioquia constituyó un evidente acto de abuso de poder.
[13] Ver, al respecto, Comisión Colombiana de Juristas, serie de boletines sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975 de
2005, “Todas las convivir eran nuestras”, boletín n.° 27. Consultar en: www.coljuristas.org.
[14] Radio France Internationale, “Cadena perpetua para narcotraficante ex paramilitar”, 23 de abril de 2009, Consultado en: http://www.rfi.fr/actues/articles.
[15] Agencia de Prensa IPC, “Connivencia en Antioquia entre Fuerza Pública y paramilitares no fue una ficción”, 25 de febrero de 2008.
[16] Declaración que rindió el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Tomado de: Agencia de prensa IPC, “In memoriam- Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”, 27 de febrero de 2007.
[17] Ibíd.
[18] Diario El Tiempo, Unidad de Justicia y Paz pide investigar a General (r) Carlos Alberto Ospina por masacres, 17 de febrero de 2009, versión electrónica.
[19] Ibíd.


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