Colectivo de Abogados

TLC con Estados Unidos

Prensa - Colectivo — 2012-05-17T03:15:48Z

Campaña mediática en contra del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia

Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda — 2012-05-17T01:49:55Z

El domingo 13 de mayo circuló un artículo en el periódico El Colombiano titulado “U de Antioquia, amenazada por agitadores, narcotráfico e ilegalidad.” Este artículo se suma a los diferentes informes noticiosos en los que de manera tendenciosa e irresponsable se pretende asimilar la organización estudiantil y las acciones de protesta social con actos ligados al narcotráfico y al conflicto armado que a traviesa el país.

Es importante resaltar que una protesta social acude a muchas formas de expresión y de manifestación, que en ocasiones y ante la arremetida estatal, busca solucionar las inconformidades sociales; sin embargo, en ocasiones las políticas estatales han pretendido acabar con los sectores inconformes de la sociedad, a través de métodos legales e ilegales, ante lo cual los estudiantes han acudido a vías de hecho que resultan mínimas en relación a las violaciones a los Derechos Humanos que ha cometido el ESMAD y el accionar de los grupos paramilitares. Igualmente, es de recalcar que la afectación ocurrida al agente del ESMAD el pasado mes de abril, la cual es absolutamente lamentable y rechazable, resulta ser el único hecho que destacan los medios de comunicación y las autoridades estatales, desconociendo las múltiples afectaciones que el ESMAD ha causado en contra de los diferentes manifestantes y de la comunidad universitaria en general.

De igual manera, es irresponsable la forma como las directivas universitarias, los medios de comunicación y los organismos de seguridad del Estado, pretenden desdibujar la protesta social equiparándola con acciones ligadas al narcotráfico. Para ello es importante señalar como desde hace años, los estudiantes por medio de asambleas generales y de diferentes oficinas y organizaciones estudiantiles, han rechazado el micrográfico de drogas que se presenta en la universidad; éstos han enfatizado en que su solución no puede pasar, ni por la militarización del centro de educación superior, ni por medidas que impidan que la sociedad antioqueña ingrese a la universidad. Los estudiantes han expresado que es a través de la autoregulación del consumo de drogas, la cual no debe ser considerada como delito, y una verdadera persecución a los grades poderes dueños de las plazas de vicio de la ciudad como puede solucionarse el problema del tráfico ilegal de drogas, entre ellas la plaza de que funciona al interior de la universidad, referenciada en diferentes pronunciamientos públicos de distintas organizaciones sociales e institucionales.

Así mismo, es cuestionable la permanencia de la plaza de vicio en la universidad después de la implementación de la TIP, ya que a la universidad sólo podía ingresar personal vinculado, o aquellos autorizados por la administración en cabeza del departamento de vigilancia; ello da cuenta de dos situaciones, la primera el fracaso de la TIP como medio de control, y por lo tanto una malversación de los recursos de la universidad, lo cual debería ser investigado por los entes de control del Estado; y la segunda una posible connivencia o tolerancia del personal de vigilancia con los expendedores de droga, pues en últimas, son éstos los que le permitirían el ingreso a la universidad.

De otro lado, es cierto que en la universidad existe un alto grado de impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos, pues a la fecha no se han establecido las responsabilidades de decenas de asesinatos y desapariciones en contra de diferentes miembros de la comunidad universitaria; la Fiscalía no ha establecido ni en investigaciones ordinarias, ni en los procesos de Justicia y Paz, quiénes han sido los “ojos y oídos de los paramilitares dentro de la universidad” que conformaron las llamadas Autodefensas Universidad de Antioquia, las cuales han operado en la universidad desde el año 1998 hasta la fecha, en al cual además de los asesinatos del profesor del Departamento de Antropología Hernán Henao, el estudiante de Filosofía Gustavo Marulanda, el empleado de la cafetería de la Facultad de Derecho Hugo Jaramillo y otros miembros de la comunidad académica que han sido amenazados y obligados al exilo.

Las preguntas obligadas son ¿por qué ni la Fiscalía ni los organismos de inteligencia del Estado han investigado?, ¿quiénes son los miembros directivos que han entregado información a los grupos paramilitares?, tal y como lo afirmó Carlos Castaño en su libro y otros paramilitares en audiencias de Justicia y Paz, en la que un alto miembro directivo de la universidad resulta comprometido.

Reiteramos nuestro llamado para que los medios de comunicación no se presten para generar discursos, que de una u otra manera, lo único que buscan es avalar, justificar y/o propiciar acciones violentas y violatorias de derechos en contra de la comunidad universitaria, y en especial en contra de aquellas expresiones críticas y propositivas que surgen desde la universidad; al consejo superior universitario para que busque salidas concertadas con la comunidad académica de la universidad y poder solucionar las acciones violentas que se desarrollan en el campus universitario. Hoy en día existen propuestas desde diferentes oficinas estudiantiles para ello.

Y por último, nos dirigimos a la comunidad universitaria para que esté atenta y rechace cualquier discurso y acción que pretenda ser un factor de violación de derechos. Nuestro llamado es para que no se estigmatice la protesta social, y para que en la universidad, así como en el país, busque salidas concertadas y políticas ante las diferentes problemáticas que las aquejan.

“!Es que nadie piensa en nosotros! ¡No matamos a nadie! ¡No hicimos nada!

Corporación Claretiana — 2012-05-17T01:49:34Z

Entonces pude ver al Escuadrón de la Policía en guardia y dispuesto a la lucha, rodeando la vieja y olvidada Plaza de los Mártires. Esta vez no había Ejercito custodiando el monumento al patíbulo; los pordioseros, callejeros y callejeras no orinarían y defecarían en él, pues estaban arrumados a un lado del hoy elegante monumento que hondeaba las banderas de la ciudad y de la patria.

El ESMAD de la Policía portaba trajes y cascos pesados, similares a las armaduras medievales, armas de aturdimiento, tanques de agua. Un carro de bomberos y ambulancias se desplegaron desde la Avenida Caracas por los alrededores de la L, la 9na y la 11 hasta la carrera 16. El normal miedo que ronda en este sector de la ciudad era más intenso: las palomas habían sido desplazadas y se habían apostado en las columnas, paredes y techos del Sagrado Corazón que mira al centro de Bogotá desde la cima de la nave principal de la Basílica Menor del Voto Nacional por la Paz, iglesia en ruinas que bendice al país del Sagrado Corazón. Hoy las palomas tendrían que esperar la retirada militar para carroñar.

En el centro de la Plaza, el Alcalde Local ordenó la instalación provisional de una gran carpa con una tarima de concierto. Y sobre la calle automóviles de medios de comunicación nacional: radio, televisión y prensa escrita. Había también buses de la Policía de Infancia y Adolescencia y payasos alrededor de la carpa en espera de iniciar el espectáculo que nunca iniciaría por lo que pasó en el otro extremo de la Plaza.

Los habitantes de la calle, hombres y mujeres, estaban a un lado del obelisco a los Mártires, amontonados en el pasto. Más abajo, justo en la esquina, al lado del Batallón 52 del Ejército Nacional, dos carros de Medicina Legal acababan de recoger tres cadáveres de habitantes de la calle y algo más de siete heridos. Al preguntarle al portero del edificio si sabía qué había pasado, susurró que habían matado a unos ñeros de ésos y luego la señora que nos ayuda algunos días en la oficina, dijo que había llegado a las seis y que había visto tres cadáveres en la entrada de la calle del Bronx.

Al medio día pasamos por el frente del Bronx con las compañeras de la oficina y la Policía estaba en plena acción, derrumbando y tumbando las casuchas y casetas. Habían ocupado la calle por completo y sacado a todos y también sacaban la ropa que venden de segunda, lámparas y muchos chécheres, pues dicen que allí se consigue todo lo que uno se puede imaginar y lo que no, también, armas, droga, medicinas, etc. En la enentrada de la calle algunos de sus habitantes observaban impotentes y gritando vulgaridades a los policías y se escondían detrás de los otros sin poder hacer más.

Uno dijo con acento de ñero: “!Es que nadie piensa en nosotros! ¡No matamos a nadie! ¡No hicimos nada! A los que matan no les hacen nada, fueron ellos mismos…” y se fue agachando la cabeza. Entonces pensé en Lorena que seguía sin aparecer, nos preguntamos con las compañeras en dónde estaría rebuscando para pagar la pieza, comer y según ella para ayudar a su hijo que lo tiene en custodia una hermana, pues ella parece un poco deschavetada.

En la tarde los noticieros informaron del escándalo provocado por la masacre de tres personas la mañana del 14 de marzo en pleno centro de la capital por desconocidos según la policía, por lo que tuvo que hacer el operativo, allanar y romper todo para encontrar pruebas de los móviles del múltiple crimen, pero sólo hallaron unas cuantas bicicletas presuntamente robadas, armas y alucinógenos, y ni una sola pista de los asesinos. También informaron escandalizados la decisión del Alcalde Mayor de detener la acción policial y suspender al subalterno alcalde menor por el trato dado a los habitantes de la calle, con la promesa de estudiar cómo atendería las necesidades de esta población que lleva décadas en difíciles situaciones.

Al día siguiente, estaban otra vez los militares y policías de siempre, cuidando el obelisco al patíbulo y corriendo y amenazando con las culatas de los fusiles y palos de dotación a los habitantes de la calle para que no defecaran y orinaran en él. Ya las banderas habían sido retiradas, las palomas volaban libremente entre la iglesia, el Sagrado Corazón y el centro de la plaza a donde bajaban a carroñar y a esperar que los habitantes de la calle les tiraran una migaja de su miseria y éstos, esperando a los transeúntes que por miedo, asco o compasión tiraran una moneda.

Este día si salió Lorena, vino brincando como una niña que tararea en un bosque fresco y verde, tal vez feliz porque podía otra vez trabajar: “Lala lala lala—y me dijo lo de siempre, con ansiedad—¡Buenos días padrecito!, ¿cómo le va?, ¿cómo está?, ¡yo lo acompaño!, <>, ¡bueno vaya con Dios, padrecito!, ¡que Dios lo acompañe!. ¡Que Dios le pague!”.

Trasnacionales lucran con conflicto armado

Marcela Águila Rubín y Andrea Ornelas, swissinfo.ch — 2012-05-17T01:49:11Z

“Las políticas contrainsurgentes, y en especial el paramilitarismo, no han atacado a la insurgencia sino a los pueblos campesinos, mestizos, indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en zonas que se necesitan para la inversión nacional y extranjera”, acusan los expertos colombianos.

Por ello, el abogado Alirio Uribe pugna desde Berna por la creación de una Corte Económica Internacional que juzgue la responsabilidad de esos actores privados y por que cortes helvéticas conozcan la responsabilidad civil o penal de los actos en que incurran las empresas trasnacionales (ETN) con sede en Suiza. “En La Guajira hay presencia de las FARC, del ejército y los paramilitares. Los wayuu hemos puesto muertos en ese conflicto que no es de nosotros, pero la mayoría de las víctimas han sido de la minería. La mayor parte del territorio que ha sido despojado ha sido en favor de la minería”, denuncia Angélica Ortíz, de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu.

Trasnacionales, minería, derechos humanos… La vocera de la etnia indígena y el jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ratificaron ante autoridades suizas e internacionales, representantes de ONG y en foros públicos, la urgencia de que las empresas se porten igual dentro y fuera de sus países sede.

“Señalamos a las autoridades la importancia de que haya una legislación más dura en el sentido que permita que cortes suizas conozcan eventualmente la responsabilidad civil o incluso criminal que pueda tener una empresa que opera en un país como Colombia o en otros países donde hay gobiernos débiles, donde no hay democracias completas, donde puedan presentarse abusos”, anota Uribe.

Negra apuesta al carbón

En entrevista con swissinfo.ch, los visitantes colombianos analizaron también el peaje social de la decisión gubernamental de transitar al desarrollo por el insidioso camino de la explotación minera con una guerra irresoluta.

“La minería del carbón a cielo abierto tiene los mismos impactos si se hace en Perú o en Bolivia o en un país africano: destrucción de ecosistemas, contaminación de ríos, desplazamiento de comunidades, por ello se ha proscrito en muchos países”. Pero en Colombia, agrega el abogado, “estos problemas tienen un incremento de impacto porque seguimos en un conflicto armado”.

Y la vigencia de la lucha, estima el experto, condena al fracaso iniciativas propias de una era postconflicto ajena aún a Colombia. Entre ellas, las leyes de reparación de víctimas y restitución de tierras emitidas por el Gobierno de Juan Manuel Santos. A guisa de ejemplo: horas después de la primera devolución agraria, en Urabá, el líder de la comunidad beneficiada fue asesinado.

Tampoco es el momento de volver a Colombia un país minero, añade Alirio Uribe. Esa decisión, advierte, aumenta el nivel de riesgo hacia las comunidades. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, consagrado a la defensa de los derechos humanos, ha constatado que la mayoría de las tierras arrebatadas a los 4.5 millones de desplazados en Colombia coinciden con las zonas de implementación de grandes proyectos, incluida la explotación de carbón:

“El conflicto armado se utiliza como pretexto para justificar los ataques a la población civil, pero realmente hay una recomposición de la propiedad y el territorio a favor de esos actores privados que son los beneficiarios de la guerra sucia que padece la población civil”.

En el caso de la minería del carbón, la mayoría de las concesiones para la explotación están en territorios indígenas, pero las comunidades afectadas han sido excluidas de cualquier toma de decisión, lamenta el especialista.

“En 30 años de explotación, Cerrejón ha ocasionado mucho sufrimiento en La Guajira. Comunidades afrocolombianas y comunidades Wayuu han ido desapareciendo”, deplora Angélica Ortíz, cuya organización colabora con las 'Féminas Nómadas', en resistencia contra la minería, y reclama que las empresas del consorcio “se pongan al día con el pasivo social que tienen hacia ellas”.

Respuesta de la empresa

"Cerrejón ha recibido diversos premios por sus programas sociales y medioambientales; algunos de ellos operados con el gobierno para promover el desarrollo sostentible", precisa la vocera de Xstrata, Alison Flynn, en entrevista con swissinfo.ch.

Se refiere también a la Fundación ‘Cerrejón para el Agua' en La Guajira y explica que es un fondo financiado por Cerrejón para mejorar la calidad y gestión del agua, y el saneamiento básico de la región. La Fundación, dice, contribuye también a mejorar el almacenamiento de agua y su distribución a las seis comunidades indígenas de la región.

Afirma igualmente que Cerrejón monitorea la calidad del aire y del agua en sus operaciones y en las regiones circundantes a través de un extenso sistema de evaluación.

"El agua residual se almacena y se trata por separado, y más del 80% se recicla para su uso en las operaciones de Cerrejón. Durante los últimos tres años, el consorcio ha trabajado con la Universidad de Valle en el desarrollo y aplicación de indicadores de calidad del agua relativos al impacto potencial de la actividad minera sobre el Río Ranchería".

" En Xstrata todas las operaciones se ciñen al marco de su política industrial, sin importar en dónde están ubicadas en términos geográficos " Alison Flynn, Xstrata

Piden moratoria a minería

Alirio Uribe y Angélica Ortíz se muestran escépticos sobre los pronunciamientos de las empresas, tanto en materia ambiental como social. E ilustran como ejemplo de deuda de Cerrejón con las comunidades locales el caso Tabaco.

“Una sentencia de 2002, de una tutela de la Corte Suprema ordena volver a hacer la población de Tabaco. Han pasado 10 años y a pesar de que la empresa dice que eso ya está saldado, pues la realidad es que esa población no se ha construido”, precisa el abogado.Las empresas arguyen que trabajan en el caso (véase columna de la derecha).

Empero, lamenta el jurisconsulto: "Si tu miras las comunidades que habitan en la zona de explotación minera, son comunidades que están en extrema pobreza y con necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación, empleo y la pregunta que se hacen ellos es ¿para quién es el desarrollo y quién realmente se beneficia de este tipo de explotaciones?"

El jurista y la vocera indígena reclaman que las empresas de Cerrejón declaren una moratoria en el incremento de la producción hasta tanto no se pongan a paz y salvo todas las deudas sociales que hay. Sobre todo ahora que pende la amenaza de desviar 34 kilómetros el cauce del Río Ranchería, en cuyas márgenes se ubican unas 130 comunidades, para prolongar las explotaciones.

“El Río Ranchería es un gran afluente de agua dulce de nuestro departamento, desértico casi en su totalidad, y donde son pocos los nacederos de agua. Estamos muy preocupados”, subraya Angélica. La desviación del Ranchería sería para La Guajira “como cortarle la vena horta a un ser humano”.

Los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

Prensa CIDH — 2012-05-17T01:48:04Z

El informe identifica que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son: el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria; y el uso excesivo de la detención preventiva.

La falta de control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la región produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de los reclusos, como por ejemplo altos índices de violencia carcelaria, organización y dirección de hechos delictivos desde las cárceles, y sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido”, lo cual también es producto de la corrupción endémica en muchos sistemas.

La Comisión Interamericana considera que esta realidad es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la región, y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema. De esta manera, los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción. La naturaleza de esta situación revela la existencia de serias deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos. Asimismo, esta realidad impide que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de las personas condenadas.

En relación con el derecho a la vida, el informe analiza las muertes provocadas por agentes estatales, las resultantes de la violencia en las cárceles, así como las derivadas de la falta de prevención y reacción eficaz de las autoridades. En este sentido, la CIDH destaca que en el caso de los incendios, independientemente de la causa inicial que haya causado el fuego, la mayoría se han producido en cárceles superpobladas, con instalaciones físicas deterioradas, en las que no había mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones, y/o en circunstancias en las que las autoridades fueron manifiestamente negligentes en controlar la situación de emergencia.

En relación con el derecho a la integridad, el informe destaca que la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas de investigación criminal. Entre las principales causas que contribuyen a la persistencia de esta práctica se identifica la existencia de prácticas institucionales heredades y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotación de recursos, equipos adecuados y capacitación técnica en los cuerpos de seguridad; las respuestas represivas del Estado como “políticas de mano dura” y “tolerancia cero”; y el conceder valor probatorio a las confesiones o a información obtenida mediante el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El informe subraya que es imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos índices de violencia carcelaria; en los que existen cárceles en las que el control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios presos, y no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica. Uno los problemas más graves y extendidos en la región es, precisamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En este sentido, el hecho de que la población carcelaria de un Estado sea significativamente joven, hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo; toda vez que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante, y que de no ser así dicha población corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal.

En este sentido, el informe se sustenta en la idea fundamental de que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario, el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de rehabilitación contribuiría a la prevención del delito y la violencia, y por lo tanto a alcanzar la seguridad ciudadana.

Este informe ha sido publicado gracias al apoyo del Fondo de España para la OEA.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a título personal.


Informe completo

Pacto de Chivolo: primer laboratorio de la para-política

Arco Iris — 2012-05-17T01:47:27Z

Con estas capturas se reabre el capítulo de la parapolítica, sobre el que los investigadores y analistas León Valencia y Claudia López, dicen “no se conoce ni siquiera la mitad de lo que realmente sucedió en las regiones del país, ni los verdaderos motivos que tuvo la clase política local para realizar acuerdos con los jefes paramilitares.”

Hace 12 años Jorge 40 diseñó una estrategia electoral para hacerse con el poder político de la Costa en Chivolo, Magdalena. La Fiscalía investiga a 70 de sus aliados, lo que puede implicar que se conozcan detalles de este pacto criminal.

Fuentes de la Fiscalía han asegurado a distintos medios de comunicación que durante lo que resta de la semana agentes del CTI y de la Policía realizarán nuevas capturas de los implicados en este primer acuerdo firmado por líderes locales con las AUC. El Pacto de Chivolo selló el respaldo del grupo armado a 13 candidatos a alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea del Magdalena, y los concejos de Plato, Tenerife, Pivijay Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, San Antonio, Algarrobo y el Piñón. A su vez, todos ellos apoyarían a José Domingo Ávila en su intención de llegar a la gobernación del Magdalena .

El Pacto nació cuando Jorge 40 citó un centenar de político y líderes sociales en el corregimiento de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de Chivolo, para acordar las candidaturas que más adelante serían avaladas por los Partidos Liberal y Conservador. También se crearon el Movimiento Alternativa Avanzada; Moral y Voluntad Popular; que lograron capturar toda la representación política de zona en las elecciones del año 2000, en una especie de unidad local que más adelante le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a la contratación pública en infraestructura, salud, y otros rubros vitales para los más pobres.

El Pacto de Chivolo sirvió como abrebocas para posteriores acuerdos como los de Pivijay,firmado el 20 de septiembre de 2001 y Magdalena firmado en 2002, este último fue acordado por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes para hacer una “parcelación electoral”, que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques de la Costa entre los que estaba Dieb Maloof.

El acuerdo también planteaba cooperación en materia logística y económica en favor de las personas que hicieron parte de este nuevo documento, mediante el cual se cerraba la estrategia sistemática de captura del poder, (Alcalde, gobernador y Senador), con lo cual Jorge 40 aumentó su poder sobre las rentas públicas.

"En Argentina Sí fue instalada una base militar estadounidense"

Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro AlbaCiudad — 2012-05-17T01:45:46Z

Dice el texto: “El edificio que será inaugurado este mes está ubicado en el predio del aeropuerto de Resistencia -capital de la provincia norteña del Chaco- y se encuentra en su etapa final de construcción, será así el primer centro de operaciones en Argentina. 'Solo resta equipar con tecnología informática y amoblar el lugar para luego culminar con una capacitación al personal', dijo el comandante estadounidense Edwin Passmore, del Comando Sur, quien se reunió semanas atrás con el gobernador Jorge Capitanich”.

Días más tarde, El 5 de abril, el Chile de Sebastián Piñera, le abría las puertas al mismo Comando Sur.

Un recinto militar, ubicado en el Fuerte Aguayo de la comuna de Concón, región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad capital Santiago, era inaugurado con honores.

Ante las protestas, quien sale el paso es el Secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, asegurando que no es una base militar operado por su país, sino una base chilena para entrenamiento de fuerzas de paz de Naciones Unidas [1].

En la actualidad el Comando Sur maneja bases militares en Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia y Perú.

En entrevista para el programa radial La Brújula del Sur [2], Walter Goobar escritor, editor del semanario dominical Miradas al Sur y columnista del diario Tiempo Argentino, comentó que el Gobierno de Estados Unidos ya no llama “bases militares” a esas instalaciones financiadas por el Comando Sur, ahora con su nuevo discurso se denominan: Emplazamiento Cooperativo de Seguridad , CSL (según sus iniciales en inglés) o Emplazamiento Adelantado Operativo, FOL.

El Comando Sur, nos explica, “está intentado penetrar en distintos países con programas que no sean militares (ayudas para catástrofes, emergencias, etc) con lo cual se pueden saltar las autorizaciones de los congresos, o de la autoridades nacionales”.

A pesar de que el Gobernador de la provincia de El Chaco, Jorge Capitanich, negó rotundamente que la instalación cedida al ejercito de EE.UU fuese una base militar, Goobar señala: “para mi es obvio que se trata de instalaciones militares, financiadas por el Comando Sur. Quien aparece por parte de EEUU, firmando los acuerdos con el gobernador del Chaco, es el comandante Edwin Passmore un hombre conocido en Venezuela ya que fue expulsado por realizar actividades de espionaje, es un hombre de inteligencia” estadounidense.

Control de la triple frontera

El escritor y analista argentino asegura que la provincia de El Chaco es altamente trascendental por varias razones, “en este caso específico (una base) le permitiría al Comando Sur el control de una zona estratégica que es donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay y por donde corre el famoso Acuífero Guaraní”.

Al perder la iniciativa política en Suramérica, Estados Unidos tiene una necesidad de control de tipo territorial, Goobar agrega que “la instalación de bases en El Chaco y en Chile, les permite además, reclutar fuerzas locales, para tenerlos bajo sus ordenes y a sueldo”.

Consultado sobre las razones del gobernador de El Chaco para otorgar el permiso, Walter Goobar nos dijo: En lo personal creo que el gobernador Capitanich, está tratando de conducir una especie de política exterior, por cuenta propia. Está contradiciendo los postulados básicos de la política exterior de Néstor y Cristina Kirchnner”.

¿Rodeados?

En sus columnas [3] Goobar analiza el despliegue militar del Comando Sur y considera que “si hay razones para preocuparse. Este despliegue militar va de la mano o a la par con el despliegue de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, en las islas Malvinas, de naves de tipo nuclear”.

“Parte de este despliegue tiene que ver con que el Pentágono prevé algún tipo de crisis en los países del Alba [4] y también con un eventual ataque por parte de Israel y/o Estados Unidos contra Irán y la necesidad de tener bajo control su propio patio trasero”.

Goobar fue enfático al señalar “Yo creo que efectivamente nos está rodeando el Comando Sur”.

Desembarco militar

La base ofrecida al Comando Sur en Argentina por el gobernador de El Chaco bajo el eufemismo de “base de atención de emergencias” está ubicada en el aeropuerto principal de la región.

¿La razón? Walter Goobar la explica: “En este momento, la principal arma de Estados Unidos son 7.500 aviones no tripulados llamados drones y para operar estos aviones no hace falta un desembarco de marines, el único despliegue militar necesario es un Joystick [5], 14 pantallas de computadoras y un piloto que es capaz de volar 3 drones a la vez”

Es para ocuparse.

Passmore

El Coronel cumplió “tareas humanitarias” en la invasión de Afganistán comandando sus tropas. Además fue asesor de Inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait durante la invasión a Irak.

Desde 2005 se desempeñó como agregado militar en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, país del que fue expulsado por actividades de espionaje, en el año 2008.

En febrero de 2011, Edwin Passmore fue protagonista de la introducción de las valijas diplomáticas “bajo cuerda” contentivas de aparatos para comunicaciones secretas, codificación e intercepción de comunicaciones, equipos de posicionamiento global (GPS) paquetes de software (soporte lógico) y una gran lista de sustancias narcóticas y psicotrópicas

[1] En: http://www.soychile.cl/Santiago/Soc...

[2] La Brújula del Sur es un programa que se transmite en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad (albaciudad.org, @albaciudad, 96.3 FM) y Radio Rebelde (radiorebelde.info, @radiorebelde915, 91,5 FM), conducido por Ernesto J. Navarro y producido por Indira Carpio Olivo.

[3] La página de Walter Goobar: www.waltergoobar.com.ar

[4] En: http://www.patriagrande.com.ve/tema...

[5] En: http://www.alegsa.com.ar/Dic/joysti...

Familiares del 16 de Mayo reclaman justicia

USO - Rebanadas de realidad — 2012-05-16T20:31:47Z

El 16 de mayo de 1998 un comando armado de las Autodefensas Unidas de Santander y sur del Cesar irrumpió en el sector de los barrios El Campin y María Eugenia y asesinó a siete pobladores y desaparecieron forzadamente a 25 personas bajo la premisa de ser auxiliadores de la guerrilla; de las cuales cinco restos fueron encontrados, identificados y devueltos a sus familiares una década después, mientras los 20 restantes aún continúan desaparecidos.

Los procesos adelantados en la Fiscalía, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales de opinión han coincidido en señalar como responsables de esta masacre a agentes estatales y paramilitares con nexos y connivencia con los organismos de seguridad del puerto petrolero. Esto corroborado por fallos de la Fiscalía condenando al militar Rodrigo Pérez y las mismas declaraciones de varios de quienes participaron en la masacre, entre ellos Ovidio Sánchez alias Chino Niño, Julián Poveda alias Cuca, Alexander Gutiérrez alias la Picúa y Robinson Solano alias buche gato.

La responsabilidad del Estado Colombiano es evidente, tanto por no prevenir o evitar la ejecución de la masacre y como se ha probado judicialmente por el contrario cohonesto con el delito, pero peor aún es la desidia en términos de la búsqueda de la verdad, ya que el primer militar vinculado al proceso, cuya investigación lideró la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía el mismo año de la masacre, fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, que pertenecía al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja.

A Pérez se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto del mismo año de la masacre, por los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo, como presunto coautor de los 7 homicidios y las 25 desapariciones forzadas ocurridos el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja. Sin embargo, a los ocho meses recuperó la libertad provisional bajo el pago de una fianza.

Pese a los señalamientos incluidos los de 'Panadero' en anteriores versiones de Justicia y Paz, con lo cual se tiene a catorce militares involucrados, hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado o condenado por los hechos del 16 de mayo de 1998.

Además en la investigación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se avanzó en identificar como colaboradores en esta masacre a personas del Corporativo de Seguridad Física de Ecopetrol, lo cual es una de las evidencias de la colaboración de empresas con acciones paramilitares ocurridas en los últimos quince años en la región del Magdalena Medio y el País.

Los familiares ante la impunidad Nacional y la falta de garantías, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del cual se espera su pronunciamiento en la próxima sesión, ya que se están analizando los informes del Estado Colombiano sobre los avances en la investigación de este caso.

Como organización sindical con presencia permanente en Barrancabermeja, profundas raíces históricas y lazos de solidaridad con los sectores populares, campesinos, sociales y estudiantiles; expresamos todo nuestro sentimiento de hermandad a los familiares de las víctimas del 16 de mayo y los alienta a seguir trabajando, luchando y resistiendo por la recuperación de la memoria Histórica y la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos.

Nos parece paradójico que el Gobierno hable e impulse una ley de víctimas y restitución de tierras; mientras esta masacre transita hacia la impunidad y peor aún en términos de no repetición el pretendido control que viene ejerciendo la estructura paramilitar de los botalones en la región del Magdalena Medio, ya el informe del mes de Mayo de 2012 del Observatorio de Paz Integral - OPI advierte y enciende las alarmas al señalar: "La población civil del Magdalena Medio, está en riesgo por la presencia y agresión de grupos armados ilegales".

Nuevamente hacemos un llamado a la justicia colombiana para que concluya este proceso y se sanciones a los autores materiales e intelectuales de este horroroso crimen. A la Comunidad Internacional para que insista ante el gobierno colombiano por el esclarecimiento de esta masacre; a sus autores materiales, los paramilitares para que devuelvan a las personas desaparecidas o sus restos y al pueblo colombiano para que no se olvide este hecho de barbarie y se apoye incondicionalmente a las víctimas de esta masacre.

Centrales sindicales rechazan la entrada del TLC

2012-05-16T20:31:36Z

En un comunicado conjunto con la AFL-CIO, la más grande confederación sindical del país del norte, argumentan que el Plan de Acción firmado entre los presidentes Obama-Santos hace un año, ha tenido efectos muy limitados, que aún no se han resuelto ninguna de las graves violaciones de las libertades sindicales o los derechos humanos.

Por considerarlo de interés, transcribimos a continuación el texto de este comunicado conjunto.

COMUNICADO DE LAS CENTRALES SINDICALES

COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

La AFL-CIO, la CUT, la CGT y la CTC, centrales sindicales de los EE.UU. y Colombia, se unen en la oposición al anuncio de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia entrará en vigor a partir de este 15 de Mayo.

En abril del 2011, los EE.UU. y Colombia acordaron un plan de acción sobre los derechos laborales destinada a "proteger derechos laborales internacionalmente reconocidos, prevenir la violencia contra dirigentes sindicales, y enjuiciar a los autores de esa violencia" en Colombia. Aunque el plan de acción incluye algunas medidas que los sindicatos colombianos y la AFL-CIO han estado pidiendo durante años, su alcance realmente ha sido muy limitado: no se resolvió ninguna de las graves violaciones de las libertades sindicales o los derechos humanos.

Hemos estado monitoreando los avances del Plan de Acción y concluimos que a pesar de nuevas leyes y directivas emitidas, el Gobierno de Colombia no ha demostrado aún una implementación exitosa. Los trabajadores de todas las ramas económicas por regla general, siguen siendo relegados a un empleo indirecto y por lo tanto precario que les impide ejercer su derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva porque el Gobierno no está completamente a la altura de sus promesas en relación con la eliminación de las "cooperativas de trabajo asociado” y otras formas de vinculación, como las nuevas SAS (Sociedades anónimas simplificadas), que afectan los derechos laborales. El Gobierno de Colombia tampoco acumuló un récord de éxito de los procesos penales a los empleadores que ilegalmente interfieren con los derechos fundamentales de los trabajadores. Los activistas laborales y defensores de derechos humanos siguen siendo objeto de amenazas y de violencia, inclusive asesinatos, cuando se levantan para luchar por sus derechos.

Además, estamos de acuerdo en que el tratado comercial subyacente perpetúa un modelo económico que expande los derechos y privilegios de las grandes empresas y corporaciones multinacionales a costa de los trabajadores, consumidores y el medio ambiente. El acuerdo utiliza un modelo que históricamente ha beneficiado a una pequeña minoría de los intereses empresariales, dejando a los trabajadores, familias y comunidades atrás.

En lugar de avanzar para implementar el TLC, instamos a los dirigentes de ambos países a volver a examinar no sólo los avances en el Plan de Acción, sino también a todo el acuerdo de libre comercio. Un nuevo modelo de comercio que genere empleo, impulse el desarrollo económico y aumente los niveles de vida en ambos países, es posible. Debemos trabajar juntos para eliminar las disposiciones que ponen en riesgo los derechos de los trabajadores y las libertades así como las regulaciones de interés público. En su lugar, hay que añadir disposiciones para garantizar la mayor protección de los trabajadores, un medio ambiente sano, productos y alimentos seguros y la capacidad para regular los mercados financieros y de otros, para evitar crisis como la del 2008.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA - CUT

DOMINGO TOVAR ARRIETA WITNEY CHAVEZ SANCHEZ Presidente Secretario General

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO CGT

JULIO ROBERTO GOMEZ ESGUERRA MYRIAM LUZ TRIANA ALVIS Presidente Secretaria General

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COLOMBIA – CTC

LUIS MIGUEL MORANTES ALFONSO ROSA ELENA FLEREZ GONZALEZ Presidente Secretaria General

AFL-CIO

President: Richard L. Trumka Secretary Treasurer: Elizabeth Shuler Executive Vice President: Arlene Holt Baker Mayo 10 de 2012

Nuevas amenazas contra defensor de los Derechos Humanos Abelardo Sánchez Serrano

Front Line Information — 2012-05-15T13:52:15Z

Hechos:

El 30 de abril del 2012, a las 08:30 horas, la hija de Vladimir Amaya Garcés llamó por teléfono a su tía para informarla que dos personas no identificadas estaban sacando fotografías de la fachada y parte interna de su vivienda a través de una contraventana que se habían abierto. La casa, en Barrancabermeja en el departamento de Santander, había sido cerrado en el momento. Unos vecinos de la familia informaron que era la tercera vez que habían observados a estos individuos por el barrio, y que aunque dijeron que buscaban una vivienda para comprar también habían estado preguntando con quien trabajaba Vladimir Amaya Garcés como escolta. Además, vecinos de Abelardo Sánchez Serrano, informaron que el 29 de abril del 2012 un taxi el cual llevaba tres personas en su interior había estado en las cercanías de la vivienda del defensor de derechos humanos, preguntando por “la casa donde vive Sánchez el que trabaja en los Derechos Humanos”. Cuando se percataron que había una patrulla de la policía en el barrio debido a la elección de juntas de acción comunal, se marcharon. Front Line Defenders expresa su preocupación por la seguridad de Vladimir Amaya Garcés y su familia dada estas incidencias de seguridad y su conexión con Abelardo Sánchez Serrano.

Front Line Defenders publicó un llamamiento en enero de 2012 después de una amenaza por individuos armados en contra de Abelardo Sánchez Serrano en el cual los atacantes le advirtieron de que tenía setenta y dos horas para abandonar la ciudad. Desde septiembre de 2010, el vocero de CREDHOS, David Rabelo Crespo se encuentra encarcelado y está enfrentando un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado tras ser acusado por un paramilitar desmovilizado. Durante su detención ha sufrido amenazas directas y hostigamiento en varias ocasiones. Front Line Defenders ha seguido el caso de David Rabelo Crespo desde su detención en septiembre de 2010.

Front Line Defenders considera que esta reciente amenaza de muerte contra Abelardo Sánchez Serrano, forma parte de una campaña continuada de amenazas, intimidación y hostigamiento contra CREDHOS y contra otras organizaciones de derechos humanos trabajando en la región. Entre 1991 y 1992 fueron asesinados seis integrantes activos de CREDHOS mientras que otros tuvieron que exiliarse. En los últimos años varios integrantes de CREDHOS y de otras organizaciones de la región han recibido amenazas de muerte firmadas por presuntos grupos paramilitares: nueve amenazas de muerte fueron registradas en 2008 y doce entre 2009 y 2011.

Front Line Defenders mantiene que esta amenaza contra Abelardo Sánchez Serrano está directamente relacionada con sus actividades en defensa de los derechos humanos, concretamente en el marco de su trabajo con CREDHOS y el trabajo que hacen denunciando violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales. Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de Abelardo Sánchez Serrano, su escolta Vladimir Amaya Garcés, y otros miembros de CREDHOS, especialmente teniendo en cuenta que las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los miembros de CREDHOS están suspendidas ya que el gobierno Colombiano argumenta que ya no existe el riesgo con la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares en el país.

Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:

1. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte contra el defensor de derechos humanos Abelardo Sánchez Serrano con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales; 2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica del defensor de derechos humanos Abelardo Sánchez Serrano; 3. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en Colombia, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias, incluyendo el hostigamiento judicial.

Preocupación en Chinchiná por actividades a nombre de familiares víctimas del genocidio de la UP y el PCC

CPDH — 2012-05-15T13:47:58Z

Hechos:

1- El CPDH-Caldas, deja constancia que en ningún momento convocó ni se hizo partícipe de las actividades que se realizaron en el municipio de Chinchiná con los familiares de las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad militantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y defensores de DD.HH miembros del CPDH el día lunes 9 de abril, fecha decretada por el gobierno nacional como el “día nacional de la memoria y la solidaridad con las victimas”

2- El Cpdh-caldas, también hace claridad que el único día reconocido como el día de las víctimas de los crímenes de estado y acogido por las diversas organizaciones es el día 6 de marzo, al igual que el día de memoria y la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica es el que desde años atrás, ha sido convocada e institucionalizada por la Corporación Reiniciar la cual se conmemora anualmente el 11 de octubre en el marco del aniversario del magnicidio del Dr. Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP, fechas en las que expresamos con firmeza y dignidad que no estamos reclamando del Estado Colombiano solidaridad, exigen reales garantías de no repetición, Verdad, Justicia y Reparación Integral

3- En consecuencia rechazan seriamente que el nombre de destacados y abnegados defensores de DD.HH del CPDH Caldas, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado –Movice-, sea utilizado por algunos personajes buscando si se quiere prebendas y beneficios personales y estén orientando amañadamente a las víctimas a participar de los actos convocados por el gobierno nacional, ya que las reparaciones ofrecidas por el ejecutivo en ningún momento corresponden a todas las gestiones que ha encaminado la organización a reparar integralmente a las víctimas de crímenes de Estado, recuperar su memoria y su dignidad

4- De igual manera es necesario aclarar además, que si los familiares de las víctimas o algún ciudadano tienen alguna duda sobre el tema jurídico y de las gestiones que se han adelantando al respecto, es necesario comunicarse a las oficinas de la corporación reiniciar en Bogotá, en donde reposa dicha información, toda vez que la Corporacion Reiniciar, la Corporación Colombiana de Juristas y el PCC son los peticionario del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso que está en curso

5- De otra parte queremos señalar que tanto el CPDH como el MOVICE caldas, no acatamos los ofrecimientos del gobierno nacional para los familiares de las víctimas de crímenes de Estado y del conflicto social y armado porque dichos ofrecimientos en nada reparan el daño causado y es meramente un sofisma de distracción para el gobierno nacional ajustar sus políticas y permitir la entrega de nuestros territorios a las multinacionales que saquean nuestros recursos y profundizan la desigualdad social.

Finalmente expresan a los familiares y amigos de las víctimas del genocidio contra la unión patriótica y del partido comunista colombiano no solo en Chinchiná sino en Manizales y caldas, como a los colombianos de bien a los que aun se le siguen violentando de manera salvaje sus derechos, que no solo reafirmamos nuestro compromiso por la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los colombianos, sino que los seguimos acompañando en espera que las instancias judiciales de carácter internacional obliguen al estado colombiano acoger nuestros sentidos reclamos de justicia, cese a la impunidad y reparación integral dejando claro que nuestra exigencia no se inscribe en el asunto meramente económico; nuestra lucha es porque se reconozca la responsabilidad estatal en estos crímenes, se establezcan medidas reales y efectivas de no repetición y de salvaguarda de la vida y la dignidad humana de las víctimas y sus familiares

Ola de violencia azota a los pobladores de Arauca

Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra — 2012-05-15T13:45:45Z

Hechos:

El 7 de mayo, hacia el mediodía, se realizó el levantamiento del cadáver de una joven de 17 años, quien en vida respondía al nombre de María Fernanda Gómez Gutiérrez.

El domingo 6 de mayo, fueron asesinadas los señores Pedro Nel Ramírez Ospina de 53 años y Jorge Evelio Restrepo Ospina, cuyos cuerpos fueron hallados en la vereda Puerto Nuevo del municipio de Cubara-Boyacá y traídos hasta la morgue del municipio de Saravena.

El 4 de mayo, en el municipio de Arauquita cerca de la Granja de la Fundación el Alcaraván, fue levantado el cuerpo sin vida del joven Jeffry Alexander Martínez Cabrera, de 24 años de edad, de ocupación caletero y quien residía en la población de la Victoria de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Es preocupante el aumento en la cifra de muertes violentas presentadas en territorio araucano durante los primeros cuatro meses del año que avanza, que ya sobrepasa las 30 víctimas miembros de la población civiles, y aún, es más inquietante cuando la mayoría de estos casos se quedan en la impunidad.

Como organización defensora de los derechos humanos, reiteramos nuestro llamado a los actores del conflicto (Fuerza pública y Organizaciones Rebeldes) a buscar salidas políticas al mismo con la superación de las causas estructurales que lo originaron y que lo mantienen, y a dejar por fuera de sus acciones a la población civil. A los organismos de justicia del Estado adelantar de manera responsable las investigaciones en cada uno de los casos denunciados tendientes a que estos no se queden en la impunidad.

Asesinado Luis Fernando Marín Carrillo, hijo de defensor de Derechos Humanos

organizaciones sociales — 2012-05-15T13:38:50Z

El homicidio de este joven ocurrió el domingo 6 de mayo de 2012 en horas de la madrugada y, según la fundación humanitaria Nuevo Amanecer, este es el segundo hecho lamentable que enluta a la familia Marín Carrillo, luego que en el año 2005 grupos armados desaparecieran y posteriormente asesinaran a un hermano de Luis Fernando Marín, cuya muerte lamentamos y exigimos no quede en la impunidad.

Como es de conocimiento público, esta alianza se ha empeñado en impulsar procesos de movilización y visibilización del movimiento de víctimas para respaldar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hecho que sabemos no ha sido bien recibido por los actores armados ilegales por lo cual se ha elevado el nivel de riesgo de los líderes de restitución y de sus familias.

Por ello le hacemos un llamado a todas las instancias de orden nacional e internacional, así como al gobierno nacional, a solidarizarse con la Fundación Nuevo Amanecer y en especial con el señor Danober Marín, para que se le otorguen a él y a todos los miembros de su familia garantías reales y efectivas de protección a la vida y la integridad física.

Además demandamos que los hechos ocurridos el pasado 6 de mayo sean investigados de manera rápida y eficaz, buscando establecer quiénes fueron los responsables de la muerte de Luis Fernando Marín y cuáles fueron sus motivaciones, para que se haga justicia y sean castigados todos los implicados en este crimen. Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ

Instituto Popular de Capacitación – IPC

Corporación Nuevo Arco Iris – CNAI

Asociación Nacional Tierra y Vida

Fundación Forjando Futuros

Continúan las amenazas de muerte contra defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia

Organizaciones Sociales — 2012-05-15T13:33:37Z

Las organizaciones amenazadas y sus integrantes Fensuagro, Conap, Cnd, Andescol, Reiniciar, Mane, Andas, Mesa Nacional, son asociadas, por parte de este grupo paramilitar, a miembros de la Unión Patriótica y de la Marcha Patriótica, a quienes les advierten exterminar como lo hicieron en el pasado con la UP, señalando que “No nos importa si están protegidos… porque al igual de nada les va a servir, les queda (sic) pocos días para abandonar la ciudad…”.

Así mismo, los declaran objetivo militar porque están “…sublevando las comunidades para que reclamen sus supuestos derechos, reclamen tierras y demás supuestos beneficios…” y porque “…se oponen al muy merecido fuero militar de nuestros héroes de la patria…”, entre otros.

Esta amenaza se suma a los cientos de hechos ilícitos ocurridos en este gobierno contra defensores y defensoras, evidenciando que los compromisos en materia de prevención y protección realizados en la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos, no han pasado de ser mera retórica. Adicionalmente, las investigaciones judiciales por las denuncias que hemos hecho ante la Fiscalía por los homicidios, las desapariciones, las amenazas, los robos de información, las estigmatizaciones por parte de funcionarios del Estado y asesores del anterior gobierno, se hallan en la más completa impunidad lo que propicia que estos hechos se sigan repitiendo.

Exigimos al Gobierno Nacional brindar las garantías suficientes a los defensores y defensoras amenazados para que ejerzan su legítima labor y por lo tanto, solicitamos con urgencia una reunión con el Director de la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría para concretar medidas inmediatas e idóneas de protección que permitan prevenir la materialización de esta amenaza.

Así mismo, solicitamos la inmediata intervención de la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Defensores, y con la intervención de un agente del Ministerio Público de acuerdo a la Directiva 012 de 2010, para que se adelanten las investigaciones pertinentes que esclarezcan el origen y los responsables de esta amenaza, así como para que se nos informe acerca del avance de las investigaciones sobre las múltiples denuncias que por hechos similares hemos presentado ante la Fiscalía las organizaciones que suscribimos este comunicado.

Firmantes:

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC.

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS.

Asociación Nacional de Desplazados de Colombia – ANDESCOL.

Campaña Tierra, Vida y Dignidad.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH.

Coordinación Nacional de Desplazados – CND.

Coordinaciones Regionales de Víctimas y Familiares del Genocidio Contra la Unión Patriótica residentes en Bogotá.

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS.

Corporación Reiniciar.

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO.

Fundación Manduco.

Acciones arbitrarias en contra de integrante del Consejo Patriótico del Cauca

2012-05-15T13:27:27Z

Hechos:

Al sur occidente de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Popayán.

Miércoles 9 de mayo de 2012

Barrio La María Occidente, Cancha de fútbol, cerca de las 7:00 de la noche, en momentos en que el ciudadano Gustavo Adolfo Hernández Calambas, en compañía de dos personas se disponía a salir del lugar, luego de esperar más de media hora a que llegaran otros jóvenes, con los cuales se habían citado para tratar temas de interés comunitario, como el apadrinamiento de los niños del asentamiento Los Lagos para ingresar a una escuela de fútbol, la compra de un ternero, entre otros temas; son abordados por una patrulla motorizada del Comando de Policía Cauca.

Inmediatamente, los agentes les pidieron a los presentes una requisa, un agente registró a Gustavo y otro con actitud agresiva se dirigió a los dos ciudadanos restantes. Cuando estaban en la requisa el agente agresivo trato con palabras soeces a uno de los ciudadanos (señor mayor de 40 años) “viejo hijeputa, tan viejo y marihuanero”. Hecho ante el cual el muchacho que estaba con el señor le dijo que esa actitud no era de la autoridad, este joven tenía una bicicleta de su propiedad, la cual fue arrebatada por el policía agresor lanzándola contra el piso y luego le propino varios golpes a este ciudadano.

Gustavo, al ver el comportamiento del policía agresor le dice al agente policial que acababa de hacerle la respectiva requisa “ese no es el trato para un ciudadano por parte de la autoridad”, ante lo cual el agente encoje los hombros sin pronunciar palabra.

Al ver la negligencia frente al caso, Gustavo saca su celular para registrar el número de la moto policial, el policía agresor se dirige hacia él y de un golpe en la mano le tumba el teléfono al piso, y le dice “¿qué hace, me está filmando? ¿Me va a denunciar o qué?” y se dirige a su compañero policía preguntándole si ya requisó a Gustavo, a lo cual Gustavo contesta que ya fue requisado, y el agente agresor le dijo “él si lo requiso pero yo no”. Luego el policía empezó a registrar a Gustavo y tras no encontrar nada, hizo el teatro como si del bolsillo del pantalón hubiera sacado una bolsa de marihuana de aproximadamente 20 centímetros. El agente la sacó y empezó a restregarle la bolsa en la cara a Gustavo, ante lo cual Gustavo le dijo que eso no era de él, mientras el policía le gritaba “marihuanero, te encontré la marihuana” y luego se abalanzó sobre la humanidad de Gustavo y le pegó un cabezazo con el casco puesto.

Luego y por largo tiempo el policía empezó a propinarle puños, patadas y cabezazos, preguntando insistentemente si lo iba a denunciar, mientras Gustavo le decía que esa no era la forma de actuar de la fuerza pública “su deber es proteger la integridad de los ciudadanos”, el agente agresor le contesta diciéndole “con lo que te encontré te voy a legalizar, es mi palabra contra la tuya, sos un peligro para la sociedad” y continuó golpeándolo.

Luego llegaron otros policías y Gustavo les explicó lo que estaba sucediendo contra su humanidad, buscando auxilio en ellos, y estos no le prestaron atención. El policía agresor les preguntó a los demás policías “¿quién está viendo? ¿Alguien está viendo algo? Y los agentes se quedaron callados, mientras el agente agresor continuaba golpeando a Gustavo.

Gustavo se dirigió al primer agente que lo había requisado, para que este diera testimonio de que en la requisa no había encontrado nada, pero el agente en silencio le devolvió la cédula y el celular. El agente agresor al ver la entrega de estos elementos se abalanza contra Gustavo para quitárselos, al Gustavo negarse el agente lo encuella y le tuerce el brazo, forzando la entrega del celular.

Después el agente agresor ordena esposar a Gustavo, para llevárselo a la URI. Ya esposado el agente agresor sigue maltratando física y verbalmente a Gustavo. El agente agresor encuella a Gustavo y lo dirige a la salida que de la cancha que conduce al barrio La Capitana, en este transcurso el agente agresor que llevaba a Gustavo esposado le da golpes en la cara y el tórax y le dice: “Yo cuando me pongo el uniforme me vuelvo loco, con este uniforme solo tengo ansias de sangre, si yo quisiera lo podría matar y tirarlo al rio cauca y nadie diría nada porque yo tengo el apoyo de la comunidad” luego lo lanza a una zanja (hueco) donde le propina patadas en la cabeza y le tira piedras.

Luego el agente coge una piedra grande y se ubica sobre el cuerpo de Gustavo (que yacía en el piso) e intenta tirársela sobre la cabeza como para lapidarlo, pero Gustavo empieza a gritar que lo van a matar, hecho ante el cual el policía le dice “deje el show” y luego le tira la piedra sobre la rodilla izquierda.

En todo el camino el agente de policía le da golpes en el estómago y la cara y le dice a Gustavo que lo va a legalizar, que en el CAI tiene suficiente cocaína y bazuco para sumarle al paquete de marihuana suficiente como para que Gustavo pase 5 años en la cárcel. Llegando a la carretera del barrio La Capitana el policía agresor le advierte a Gustavo “ni se le ocurra denunciarme, ya vio que yo soy un loco y soy la autoridad”. Luego el agente le dice a Gustavo que no lo va a legalizar sino que lo va a dejar libre para que sirva de ejemplo y para que les diga a los marihuaneros que su misión es hacer limpieza, igualmente le dice a Gustavo que no vaya a denunciar, si lo hace el va a buscar a la familia y a Gustavo y los va a matar a todos.

Cuando le quitan las esposas y se marchan los policías, Gustavo hace un registro de sus pertenencias y se percata de que le faltan $150.000 que llevaba en el bolsillo delantero derecho y su teléfono celular. El parte médico legal, dictaminó que Gustavo tiene:

Cabeza: Cuero cabelludo edema moderado de 3 x 2 cm en región temporo pariental izquierda, cabello de buena calidad.

Cara: 2 equimosis rojiza de 2 x 1 y 1 x 0.5 en región fronto facial izquierda con edema perilesional, equimosis rojiza de 3 x 2 cm en región malar izquierda, equimosis rojizas linealeas de 1.5 x 1 y 1 x 0.5 cm en reborde mandibular izquierdo.

Ojos: pupilas isocoricas foto-reactivas, reflejos oculares normales, equimosis violacea moderada de 5 x 3 cm en región infraorbitaria izquierda, hemorragia conjuntival moderada en región temporal del ojo izquierdo, equimosis violácea de 2 x 1 cm en región infraorbitaria interna derecha y equimosis rojiza tenue de 1 x 0.5 cm en reborde orbitario derecho. Se queja de dolor en mentón pero no se observan lesiones externas.

Nariz: tabique centrado, leve equimosis filiforme de 0.5 en puente nasal lado derecho. Se queja de dolor a la palpación pero no se observan otras lesiones.

Cavidad oral: Equimosis rojiza de 1.5 x 1 cm en mucosa de labio superior lado izquierdo, se queja de odontalgia en arcada superior izquierda, no lesiones dentarias, apertura oral normal. Cuello: equimosis rojiza de 11 x 3 cm no continua, longitudinal, en cara anterior en la línea media.

Tórax: normal, equimosis rojiza irregular de 2 x 1 cm en tercio interno de la clavícula derecha. Otra filimorme de 3 cm rojiza longitudinal en reborde costal izquierdo. Se queja de dolor a la palpación en hemitorax anterior derecho pero no se observan lesiones externas.

Pulmones: murmullo vesicular presente sin sobreagregados. Corazón rítmico sin soplos.

Abdomen: Blando, depresible. Sin lesiones.

Región dorso lumbar: Eritema de 4 x 2 cm con puntos equimóticos rojizos en cara posterior del hombro derecho. Región glútea: Sin lesiones.

Extremidades

Miembros superiores: eritema de 1.5 x 0.5 cm en región antero lateral de la muñeca izquierda, eritema de 2 x1 cm en región postero medial de la misma muñeca, eritema de 1 x 0.5 cm en cara antero lateral de la muñeca derecha con herida filiforme y eritema de 2 x 1 cm por encima de la apófisis estiloides de la misma muñeca. Se queja de dolor a la movilización del miembro superior derecho, movimientos conservados.

Miembros inferiores: equimosis violácea de 7 x 4 cm con escoriaciones con costra rojiza en cara postero lateral tercio distal del muslo izquierdo.

Examen genital: se omite.

Conclusión: Mecanismo Causal: Contundente incapacidad médico legal: provisional doce (12) días debe regresar a reconocimiento médico legal, al término de la incapacidad provisional. Debe traer un nuevo oficio petitorio emitido por la autoridad a la que se haya asignado el caso; favor anexar copia de anteriores reconocimientos y copia de la historia clínica de donde fue atendido por los hechos Frente al Fundado temor de los integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el ciudadano afectado

Señalando que:

Gustavo Adolfo Hernández Calambas, es un destacado dirigente popular, actual Coordinador de la Asociación de expendedores de leche cruda en Popayán, ex candidato ante el consejo Municipal de Popayán por el Polo Democrático Alternativo en las elecciones locales del año 2011, integrante de la Juventud Comunista e integrante del Consejo Patriótico departamental Cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

Responsabilizan:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Cauca en Cabeza de Temistocles Ortega, al Teniente Coronel Ricardo Augusto Alarcón Campos comandante del Comando de Policía Cauca, por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen.

Exigimos:

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad del ciudadano Gustavo Adolfo Hernández Calambas y de los integrantes del Consejo Patriótico departamental Cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)

El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al Estado Colombiano

· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad del ciudadano Gustavo Adolfo Hernández Calambas y de los integrantes del Consejo Patriótico departamental Cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos consagradas en los hechos de esta Denuncia Pública.

A la Gobernación del Cauca

A la Defensoría del Pueblo

· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad del ciudadano Gustavo Adolfo Hernández Calambas y de los integrantes del Consejo Patriótico departamental Cauca del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

Solicitan:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)

· En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instan a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento del Cauca.

Ataques contra la población civil en el departamento de Nariño

REDDHFIC — 2012-05-15T13:21:07Z

Hechos: Al sur occidente de Colombia, Departamento de Nariño, Municipio de Ipiales

Martes 8 de mayo de 2012

Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, cerca de las 9:15 de la noche, inicia un operativo militar aéreo y terrestre de integrantes de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional. Miércoles 9 de mayo de 2012

Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, vereda Fronteras del Amarradero (límites con el Ecuador), cerca de las 00:30 de la madrugada, se desarrolla un fuerte bombardeo aéreo seguido de ametrallamientos indiscriminados desde Helicópteros, sobre zona poblada del Consejo Comunitario “Liberación y Futuro” y posteriormente se realiza el desembarco de militares de la Brigada Móvil No. 13 en el mismo lugar.

A las 7:00 de la mañana, se conforma una Comisión de Verificación integrada por comuneros de la región entre quienes estaban: José Carabalí (Presidente del Consejo Comunitario), Dailer Mosquera, Luis Ángel Carabalí, Luis Bisbicus, Albenio Arrieta, Ferley Cerón, Isaías Coronel Y Jonás Caicedo. Cuando la comisión se acerco al lugar de los bombardeos, fueron detenidos por un grupo de soldados profesionales que ocultaban sus identificaciones, quienes no les permitieron continuar por los caminos de la vereda.

Pese a ello, la comisión pudo acceder a la vivienda del señor Faustino Carabalí, vivienda en la cual el grupo de militares de la Brigada Móvil No. 13 se encontraban acampa mentados y tenían retenida en contra de su voluntad a la señora Cayetana Carabalí, bajo el argumento de los militares de “garantizarle la seguridad por posibles combates que se pudieran presentar”. Igualmente su vivienda había sido allanada irregularmente (no existía orden judicial) y los militares causaron daños en muebles, enseres y alimentos.

Durante el tiempo en que la Comisión de Verificación estuvo en la vivienda del señor Faustino Carabalí. El grupo de militares los registraron fotográficamente, sus documentos de identidad fueron registrados y recibieron graves señalamientos por parte de los militares, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla al interrumpir el desarrollo del operativo y no informar sobre la ubicación de grupos guerrilleros o campos minados.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana se desplegó otro grupo de militares en otras áreas de la vereda y durante las horas de la mañana se han presentado sobrevuelos sobre la región. Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Ipiales y ante el temor de las comunidades y los ciudadanos afectados

Responzabilizan:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Nariño en Cabeza de Raúl Delgado, a los comandantes de las fuerzas militares y policiales asentadas en la zona, por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Militares que dirigen.

Exigen

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, en el Departamento de Nariño que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

· El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al Estado Colombiano

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

A la Gobernación del Nariño

· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

A la Defensoría del Pueblo

· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

Solicitan:

A la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (Oacnudh)

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instan a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta la crítica situación de derechos humanos que están afrontando el departamento del Nariño

Desaparecida la joven Carolina Garzón Ardila, en Quito

Prensa - Colectivo — 2012-05-15T03:42:55Z

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“Acompañamos las demandas de la población civil” 8ª misión en Colombia de la de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos

Andrés Monroy — 2012-05-14T16:38:47Z

En rueda de prensa realizada el 11 de mayo, los integrantes de la octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, dieron a conocer sus principales conclusiones, luego de 13 días de entrevistas con la población civil y entidades estatales en las zonas de Curvaradó, Sumapaz, Arauca, Cesar, Magdalena y Bogotá.

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales y la ausencia de resultados ciertos que pongan freno a la impunidad son algunas de las razones por las cuales la Comisión concluye que perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia.

La presentación de estas conclusiones estuvo acompañada de hechos de la realidad nacional que refrendaron cada uno de los puntos expuestos por Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea-Parlamento de Madrid.

Mientras la Comisión denunciaba la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del río Curvaradó “a pesar de un importante despliegue numérico de la fuerza pública”, en una cadena radial el comandante paramilitar Salvatore Mancuso expuso cómo muchas de sus acciones criminales era ordenadas o acompañadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la Comisión hizo énfasis en la continuidad del desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, muchos casos ligados a planes empresariales. Resaltaron cómo a su llegada a Colombia se encontraron con la noticia del asesinato de Mao Rodríguez, quien debería acompañarlos como integrante del esquema de seguridad de la Comisión. También, fue expuesto un panfleto de amenazas contra las organizaciones sociales, provenientes de presuntos escuadrones de la muerte autodenominados “Águilas Negras”.

Especial atención mereció para la delegación española la situación carcelaria. Solicitaron la autorización para visitar los establecimientos penitenciarios de Valledupar y “La Picota” de Bogotá. A ésta última les fue negado el acceso sin una aparente justificación. La visita a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue calificada como una “visita al infierno”. En una zona geográfica donde la temperatura promedio supera los 30 grados centígrados, los 1.259 reclusos tienen acceso a agua potable durante 10 minutos, dos veces al día. La Comisión Asturiana calificó como incomprensible que un país con la riqueza de recursos hídricos y la capacidad gubernamental de crear estructuras como Colombia, no haya sido capaz de garantizar condiciones dignas a estas personas privadas de su libertad.

Señalaron además que quienes se atreven a denunciar los abusos de la guardia penitenciaria son víctimas de malos tratos o traslados, lo que les imposibilita el contacto con familiares y abogados defensores.

Este preocupante diagnóstico coincide con el lanzamiento del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la lectura del informe de la CIDH y las conclusiones de la Comisión Asturiana se desprende un desolador común denominador en los establecimientos penitenciarios en América.

En el mismo día de la presentación de las conclusiones de la Comisión Asturiana, a pocas calles del lugar de la rueda de prensa, marcharon un grupo de familiares de personas en condición de reclusión. Muchas de ellas marcharon desnudas “como última opción para ser escuchadas y observadas por el gobierno colombiano, quien no ha entendido que los que se encuentran confinados en los centros de reclusión son seres humanos, ciudadanos colombianos". En sintonía con lo expuesto por la Comisión Asturiana y con el diagnóstico del informe de la CIDH, los familiares de las personas privadas de su libertad acusaron al Estado de mantener a los reclusos en condiciones indignas, carentes de la prestación de servicios mínimos de salud e higiene.

Las libertades sindicales quedaron en absoluto cuestionamiento. Muchos dirigentes sindicales, especialmente de las multinacionales que explotan recursos naturales, han sido despedidos de sus trabajos. En otras empresas, se han creado sindicatos patrocinados por los empresarios, obligando a los trabajadores a afiliarse a ellos, para luego “legitimar” decisiones regresivas para los derechos laborales mediante convenciones colectivas manipuladas. Otro hecho que marcó la visita de esta delegación, fue el asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario del general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, ocurrido el 27 de abril.

También la Comisión Asturiana abordó las infracciones al derecho internacional humanitario, atribuibles a las fuerzas militares, con su presencia y permanencia en poblados, incluyendo escuelas, no sólo con personal sino también con vehículos de combate, generando de esta manera un grave riesgo para la población civil. Así mismo relataron un incidente con tropas de la Brigada 18 acantonadas en el oriental departamento de Arauca, donde una multinacional, respaldada por los militares, pretende la propiedad de unas tierras ocupadas pacíficamente por campesinos. Al momento de llegar a la zona los militares intentaron frustrar la entrevista de los delegados con los campesinos, llegando incluso a afirmar que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.

Finalizaron las observaciones de la Comisión con la denuncia del riesgo de extinción de pueblos indígenas como el Sikuane, Macaguane y Embera. Estas comunidades habitan zonas fuertemente disputadas por actores armados y muchas veces, mediadas estas luchas por los intereses de multinacionales.

La Comisión afirmó que estará atenta al resultado de las denuncias presentadas y enviará unas recomendaciones, de las cuales hará seguimiento, esperando tener “buenas noticas” para la próxima misión de verificación.

Levantado bloqueo a producción petrolera en Arauca

Notiagen — 2012-05-14T16:38:38Z

Del orden regional participaron los voceros de las Organizaciones Sociales, los concejales y alcaldes de los municipios de Arauca, Arauquita, Cubará, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Tame y Saravena, la asamblea departamental, la procuraduría, contraloría y defensoría regional, el obispó de la arquidiócesis de Arauca.

Se agotaron los escenarios de interlocución con estas empresas

Según José Murillo, se ha estado haciendo un llamado al gobierno nacional y a las transnacionales en función de los impactos negativos que desarrolla la actividad petrolera en el departamento de Arauca. Uno de los objetivos es buscar espacios de diálogo que eviten las vías de hecho por parte de la sociedad araucana.

También asegura que las compañías saben que están pidiendo las personas movilizadas, porque se les había llevado el pliego de peticiones, que por lo tanto se le ha estado mamando gallo. Las comunidades quieren una nueva región diferente y compensada en proporcionalidad con el daño que han hecho con la explotación petrolera.

Los acuerdos obtenidos

Una de las exigencias de la comisión vocera de las organizaciones sociales era dar sustento jurídico a una comisión de interinstitucional compuesta por las compañías de la industria petrolera, el gobierno nacional, departamental y municipal, entes de control y las organizaciones sociales, para lo cual se acordó que el mismo se expediría por la presidencia de la república o en su defecto por el ministerio del interior antes del primero de junio de 2012, fecha en la cual se llevara a cabo la siguiente sección de dicha comisión.

De igual manera dicha comisión estará integrada por Organizaciones Sociales del Meta, Casanare, Norte de Santander y Boyacá.

En el acta de acuerdo se estableció una reunión para el día 22 de mayo en el municipio Tame donde la comisión Vocera y el consorcio Oleoducto Bicentenario establecerán mecanismos que favorezcan a los soldadores mecánicos del departamento para sean contratados por dicho proyecto petrolero.

Así mismo las organizaciones sociales exigieron el reinicio de los contratos suspendidos a los trabajadores de la operación, donde la Unión Sindical Obrera-USO presentara la relación de la reclamaciones laborales a Bicentenario y OXY.

Reunión con la comunidad movilizada en Rincón Hondo-Tame

En el pliego de peticiones presentado por las comunidades las compañías se comprometieron a contratar los bienes y servicios de la región de acuerdo a su disponibilidad.

Referente a la jornada de protesta adelantada por los campesinos, indígenas, obreros, jóvenes y mujeres el gobierno regional y nacional se comprometió a no judicializar ni perseguir a las personas que han participado en la movilización pacificas.

Una vez concluida esta reunión, los voceros de las comunidades se desplazaron hasta los puntos de bloqueo, para informar a los marchantes de los acuerdos obtenidos y recibir las inquietudes respecto de la acción adelantada. En alerta se declararon los indígenas ante el acuerdo.

El presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca-ASCATIDAR en el departamento de Arauca expreso que las comunidades indígenas de la región han sido las más afectadas por la acción de las multinacionales en la explotación petrolera sobre la región oriental del país.

Según el dirigente ancestral las comunidades indígenas no creen en las supuestas buenas intenciones de las compañía por lo que permanecerán vigilante al cumplimiento de lo ordenado por la corte que indica que antes de empezar cualquier actividad dentro de sus resguardos realicen la consultas previas con las comunidades.

Los medios locales han calificado esta reunión como un logro de las comunidades movilizadas «Con este documento inicial, las organizaciones sociales le ganaron el primer pulso a las empresas petroleras que operan en esta zona del país»

Mujeres desnudas denuncian situación carcelaria de sus familiares

Notiagen — 2012-05-14T16:38:23Z

La movilización convocada por Familiares a nivel nacional, personas ex detenidas, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Detenidos y Detenidas de las cárceles Colombianas entre otras personas y organizaciones; explicaron que aunque existen unas decisiones de carácter jurídico el sistema penitenciario colombiano no ha cumplido con dichas obligaciones: «Es notorio el irrespeto a derechos tan delicados como la salud y la vida, los cuales a pesar de requerir atención inmediata y encontrarse tutelados por la autoridad judicial, no son atendidos por el INPEC; que puede pasar incluso más de 6 meses sin cumplir un fallo de tutela y cuando decide hacerlo lo hace a medias» . Afirma la declaración Cárceles al Desnudo.

Según denunciaban las manifestantes en las cárceles colombianas se viene aplicando tortura contra quienes se encuentran privados de la libertad; una de las participantes aseguro: « ¿Porque el desnudo?; porque sentimos que nuestros familiares, amigos, hermanos, etc. se encuentran desprotegidos ante las políticas de estado. En los centros carcelarios se está viviendo torturas, existen 11 establecimientos carcelarios llamados Eron (Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional) que están bajo la financiación del Buro general de Estados Unidos».

Iván Cepeda; representante a la cámara y quien se hizo presente durante la movilización denuncio: «Las cárceles colombianas son bombas de tiempo. La reivindicación es que se humanicen las cárceles las cuales en Colombia son un infierno. Las mujeres tienen que desnudarse para ver si las escuchan». El representante reiteró que la cárcel Tramacúa de Valledupar debe ser cerrada: «Esa cárcel tal como está construida está hecha para torturar a seres humanos». Afirmó el representante sobre dicha cárcel la cual tiene varias denuncias por atropellos contra los internos y en la cual los privados de la libertad han realizado jornadas de desobediencia. http://notiagen.wordpress.com/2011/... http://notiagen.wordpress.com/?s=ca.... Según afirmo en 2010 James Jordan; “La Tramacúa”: es el Abu Ghraib de Colombia. http://www.narconews.com/Issue66/ar...

Una de las mujeres participantes de la protesta informó que en la mañana del día 11 de mayo a las nueve de la mañana, los detenidos del patio dos de la cárcel modelo de Bogotá denunciaron que ellos en expresión de solidaridad con las mujeres que marcharon, decidieron no recibir el desayuno de forma pacífica, ante esto la guardia trajo el grupo especial de ataque, los golpeó y según afirman hay muchas personas heridas. Uno de los detenidos denuncio desde la cárcel al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que los guardianes los golpearon y les lanzaron gases lacrimógenos y que hay varias personas heridas.

Según Piedad Córdoba en las cárceles han muertos muchos presos por falta de atención médica, algunos se han suicidado. Igualmente Piedad Córdoba afirmó: «Creo que el país no tiene la menor idea de lo que pasa en las cárceles y el gobierno está siendo connivente con esta situación al no tomar decisiones que permitan realmente hacer correctivos».

Alegatos finales en juicio contra David Ravelo Crespo

Prensa - Colectivo — 2012-05-14T16:37:55Z

Para la defensa de este líder, es claro que éste proceso judicial es parte de un montaje, en la que los testigos de cargo, entre ellos el confeso paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”” han señalado a Ravelo como el autor del asesinato del entonces Secretario de Obras Públicas del municipio de Barrancabermeja, David Nuñez Cala, en hechos ocurridos en abril de 1991.

Durante el desarrollo del juicio, la familia de este defensor de derechos humanos ha recibido varias amenazas por correo electrónico, la última el pasado 8 de marzo, en la que declaran objetivo militar a su hijo y su familia. Igualmente han sido hostigados mediante seguimientos.

A estos hechos se le suman los constantes señalamientos realizados contra Ravelo, entre los que se destaca, la columna de Eduardo Mackenzie, publicada el 30 de febrero pasado, en la página de internet de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia - que tiene como misión defender el legado doctrinario de Álvaro Uribe Vélez – en la que bajo el título “Fotos comprometen a una conocida ONG con las Farc”, afirman que en la emisión del 29 de enero de 2012, de Noticias Uno, se presentaron fotografías en las que aparece el comandante guerrillero Pastor Álape, reunido con miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y David Ravelo

Cabe aclarar que las fotos mostradas tanto por el noticiero, como por este portal web, no corresponden a este defensor de derechos humanos que ha dedicado parte de su vida a denunciar el accionar de grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio.

De igual manera, el pasado 18 de abril, el abogado Jaime Restrepo, fue entrevistado por la emisora Candela 96.0, que se escucha en la ciudad de Bucaramanga y alrededores, en la que presentó graves denuncias en contra, no sólo de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, sino de David Ravelo, amparado en pruebas falsas que le permitirían afirmar los vínculos de éstos con la guerrilla.

Entrevista que presenta además, a pocos días de reiniciarse el juicio contra Ravelo, lo que agrede los derechos fundamentales como persona y como procesado.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, como representante del líder, espera que la conclusión del juicio sea favorable, ya que a todas luces se trata de un montaje, debido a la actividad política y al liderazgo ejercido por Ravelo en la región del Magdalena Medio.