20 años de un crimen de Lesa Humanidad en busca de la justicia, la verdad y la no repetición

Viernes 8 de agosto de 2014, por Prensa - Colectivo

A pesar de estos importantes avances, en el largo camino en la búsqueda de la justicia y la verdad, aún no se ha logrado establecer toda la cadena de mando que ordenó, planeó y ejecutó el crimen contra el Senador Manuel Cepeda. Los miembros del ejército condenados no actuaron solos, sino como parte de una estructura criminal dentro del Estado que no se ha identificado, y de la cual Narváez es sólo una pieza del engranaje. Determinar toda su composición es fundamental para el desmonte de este tipo de estructuras y la no repetición de los crímenes.

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Foto: Semanario VOZ

Este 9 de agosto se cumplen 20 años del magnicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas, militante del Partido Comunista y la Unión Patriótica, asesinado por el paramilitarismo en complicidad con agentes estatales en la ciudad de Bogotá. Este hecho fue reconocido como crimen de Lesa Humanidad en mayo pasado, y el Estado Colombiano fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reconoció su responsabilidad en agosto de 2011.

En el año 1999, los sargentos del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador fueron condenados a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del senador Manuel Cepeda. En la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tribunal concluyó que la condena contra los agentes fue disminuida varias veces y ellos siguieron delinquiendo desde su sitio de reclusión.

En el lapso de los primeros 10 años del crimen, fueron casi nulos los avances en el caso y sólo hasta 2009 se produjo la sindicación de otro de los autores materiales del magnicidio: Edilson Jiménez Ramírez, alias ‘El Ñato’, supuesto autor del delito de homicidio agravado, por un fiscal de la Unidad Nacional de DH y DIH.

En 2010 se produjo el fallo condenatorio contra el Estado colombiano por parte de la CIDH, que solicitó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y sancionar a todas las personas implicadas en este crimen.

En mayo de 2011, la Fiscalía vinculó a quien hasta ahora es uno de los presuntos máximos responsables del crimen: el asesor y ex funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, quien según el testimonio de varios paramilitares acogido a la ley de Justicia y Paz, fue determinante en el magnicidio.

Tres años después no hay avances en la investigación o juzgamiento de Narváez y él sigue detenido, o más bien protegido, en una instalación militar, en contra de lo que ordena el código penitenciario en cuanto a la reclusión de civiles.

Las últimas actuaciones del caso fueron en abril del 2013 cuando se sometió a sentencia anticipada Jesús Emiro Pereira Rivera, concuñado de Carlos Castaño, cómplice del delito de Homicidio. Posteriormente, El 15 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo penal contra el sargento Gil Zúñiga, y el 26 de mayo la Fiscalía reconoció el hecho como crimen de Lesa Humanidad.

A pesar de estos importantes avances, en el largo camino en la búsqueda de la justicia y la verdad, aún no se ha logrado establecer toda la cadena de mando que ordenó, planeó y ejecutó el crimen contra el Senador Manuel Cepeda. Los miembros del ejército condenados no actuaron solos, sino como parte de una estructura criminal dentro del Estado que no se ha identificado, y de la cual Narváez es sólo una pieza del engranaje. Determinar toda su composición es fundamental para el desmonte de esta clase de estructuras y la no repetición de los crímenes.

El magnicidio del Senador Manuel Cepeda ocurrió en el contexto del exterminio de la Unión Patriótica, partido político surgido de los acuerdos entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancourt. La Unión Patriótica agrupó a las más diversas fuerzas políticas del país que respaldaban el proceso de paz y el programa de transformaciones democráticas y sociales del naciente movimiento político.

Al menos 6.000 de sus integrantes fueron víctimas de persecución y exterminio, y el caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 1997. El Partido perdió su personería jurídica en 2002 al no alcanzar la votación mínima establecida por el Consejo Nacional Electoral, y la recuperó el año pasado por sentencia del Consejo de Estado, que reconoció las circunstancias históricas que minaron su participación electoral.

En el caso del senador Manuel Cepeda Vargas sigue habiendo deudas en materia de justicia y verdad, sobre todo en cuanto al esclarecimiento de las causas históricas que llevaron a este magnicidio y al exterminio de una fuerza política de izquierda que aún hoy padece la persecución y la estigmatización. En la actual coyuntura de diálogo, casos como estos deben ser discutidos en relación con las garantías para la oposición política y la protección efectiva para su ejercicio.

Es urgente que se revisen todos los manuales y doctrinas que consideran a los movimientos políticos de oposición como el "enemigo interno", se depuren las fuerzas militares y todas las ramas del poder público, se separe de los cargos, investigue y sancione a los funcionarios responsables por acción u omisión en violaciones a los derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad. Sólo así se pueden establecer garantías de no repetición para alcanzar una paz estable y duradera, y avanzar hacia la construcción de una real democracia.

Afiliaciones

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Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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