Cumplimiento de la sentencia Masacre de Mapiripán
Corte Interamericana cuestiona extradición de paramilitares a Estados Unidos y demanda explicaciones al Estado Colombiano

Miércoles 5 de agosto de 2009, por Cejil

En resolución emitida esta semana sobre el cumplimiento de la sentencia en el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó fuertemente la decisión de Colombia de extraditar a ex jefes paramilitares a los Estados Unidos. Expresó el Tribunal que, “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad.”

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Ante el hecho de que uno de los presuntos responsables de esta masacre,
Salvatore Mancuso, haya sido extraditado a otro país para enfrentar cargos de narcotráfico. La Corte Interamericana insistió que “debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos.”

Además, ordenó al Estado colombiano “aclarar los mecanismos, instrumentos
y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona
extraditada colabore con las investigaciones de los hechos [y] para
asegurar su debido enjuiciamiento.”
Así, la Corte advierte a Colombia que
estará en desacato de la sentencia—y expuesto a futuras condenas—si no
garantiza la continuidad de los procesos penales en contra de los ex jefes
paramilitares por violaciones a los derechos humanos.

En mayo de 2008, 14 ex jefes paramilitares, incluyendo a Salvatore
Mancuso, fueron extraditados por Colombia a los Estados Unidos para
enfrentar cargos de narcotráfico, lavado de dinero, y terrorismo. En el
momento de su extradición estas personas estaban sometidas a proceso bajo
la llamada “Ley de Justicia y Paz” que les confería una pena reducida a
cambio de confesar los crímenes cometidos y reparar a las víctimas.

Organizaciones de derechos humanos intergubernamentales y no
gubernamentales criticaron la decisión del gobierno colombiano de
extraditar a los ex jefes paramilitares, ya que la misma privilegiaba sus
crímenes en Estados Unidos (principalmente narcotráfico) sobre los miles
de crímenes atroces—masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y
otros—cometidos en Colombia.

La extradición tornaba imposible garantizar
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Efectivamente, hace unos meses el entonces Fiscal General de Colombia,
Mario Iguarán, reconoció que hubo una “alteración negativa” en los
procesos contra los ex jefes paramilitares como resultado de sus
extradiciones, y que “reconstruir la verdad es difícil en estas
condiciones.”

En su resolución en el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte
Interamericana llamó la atención a la “falta de acuerdo de cooperación
judicial”
entre Colombia y los Estados Unidos destinado a “asegurar que
los procedimientos que se desarrollan fuera de Colombia no interfieran o
entorpezcan las investigaciones de las graves violaciones ocurridas.”
En
particular, la resolución deja plasmado que, pese a las solicitudes del
Estado colombiano, no existe ningún acuerdo entre los dos países para que
cualquier beneficio penal que otorga Estados Unidos sea condicionado a la
colaboración de los extraditados con los casos de violación de derechos
humanos en Colombia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llama
urgentemente al Estado colombiano y al gobierno de los Estados Unidos a
hacer todo lo necesario para asegurar que la extradición de los ex jefes
paramilitares no obstaculice el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación de miles de víctimas en Colombia.

El Caso de la Masacre de Mapiripán fue litigado ante la Corte Interamericana
por CEJIL y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo.”
La sentencia del Tribunal, emitida el 15 de septiembre de 2005, está
disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf. En
dicha sentencia, el Estado colombiano fue condenado por colaborar con
paramilitares en la desaparición forzada de al menos 49 personas.

Resolución corte

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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