Crimen de dirigente campesino de la Unión Patriótica es de lesa humanidad

Esta decisión representa un avance en el reconocimiento estatal de la sistematicidad y generalidad en las conductas criminales que tuvieron que soportar miembros del Partido Comunista como de la Unión Patriótica, como referentes históricos de la esperanza de cambio institucional del Estado colombiano, fueron perseguidos y asesinados por su activismo político y social.

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La Fiscalía Setenta y Cinco Especializada de la Dirección Especializada contra violaciones de Derechos Humanos declaró el homicidio del dirigente campesino de la UP Julio Alfonso Poveda Gauta como un Crimen de Lesa Humanidad. Esta importante decisión, fue producto de una solicitud elevada por la abogada defensora de derechos humanos Yessika Hoyos, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, y en representación de la familia de la víctima. Una de sus consecuencias más importantes es que se reconoce que la investigación penal en el caso no prescribe y debe ser integral.

Esta decisión reconsideró otra de la misma Fiscalía, el pasado 19 de junio de 2020, en la cual el ente investigador afirmó que no estaba probada dentro del sumario que el asesinato hiciera parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra los militantes del Partido Comunista y miembros de la Unión Patriótica, y que el contexto de violencia sociopolítica que rodeó el ejercicio político y social de Poveda no constituía automáticamente la causa de su asesinato.

Frente a esta Resolución, el 27 de julio de 2020 el Cajar presentó un recurso de reposición, en donde argumentó que dentro del sumario si había suficiente material probatorio para establecer que el homicidio de Julio Poveda respondía a los criterios contextuales de sistematicidad y generalidad requeridos para declararlo como un Crimen de Lesa Humanidad en reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

La importancia de esta decisión radica en que tanto la Fiscalía 75 de la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos, como la representante del Ministerio Público, reconocen que es cierto que durante veinte años se ha defendido institucionalmente una teoría del caso lo suficientemente sólida para concluir que el homicidio del reconocido dirigente social Julio Poveda se dio de acuerdo al contexto de violencia sociopolítica y en virtud de sus calidades personales, preferencias políticas y activismo social. Así, la Fiscalía reconoce que era evidente que el propósito del homicidio a sangre fría atendió a su condición humana de líder sindical, agrario y militante de partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica.

En segundo lugar, afirmó que era cierto que el señor Poveda era una persona amenazada, que vivía prevenida en razón del ejercicio de su activismo sindical, político, agrario y social. Amenazas que debieron ser atendidas por el Estado colombiano en el contexto de violencia sociopolítica en el que vivía, y que se extendieron y materializaron en el amplio círculo social y familiar al que pertenecía. En este punto, la Fiscalía reconoce que el líder social y político “era el blanco perfecto para el accionar de los grupos armados ilegales”, por lo que su activismo social fue el móvil de su asesinato, al igual que en los casos de otros importantes líderes agrarios como Victor Julio Garzón y William Jaimes.

La Fiscalía afirmó que la muerte de Poveda Guata sí obedeció a un plan premeditado, que involucró su perfilamiento y persecución para ser vilmente asesinado. Actos que, sumados a la desprotección por parte del Estado colombiano, quien no le brindó la protección que requería a él ni a los miembros de sus colectividades políticas, dejaron miles de víctimas.

Esta decisión representa un avance en el reconocimiento estatal de la sistematicidad y generalidad en las conductas criminales que tuvieron que soportar miembros del Partido Comunista como de la Unión Patriótica, como referentes históricos de la esperanza de cambio institucional del Estado colombiano.

Por otro lado, constituye un referente que reconoce que miembros de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias –Fenacoa- fueron perseguidos y asesinados por su labor de defensa de la reforma agraria y de los intereses del campesinado colombiano. Esto pone de presente que este frente de activismo social y movimiento popular también soportó las consecuencias de una violencia sociopolítica descarnada y degradada que resultó en la eliminación de las voces referentes de reivindicaciones como la reforma agraria, la desconcentración de la propiedad de la tierra y la visibilización del movimiento agrario. Tal era el talante y la importancia de la voz y pluma incisiva de Julio Poveda, y de la inmensidad del vacío que dejó su acallamiento en el movimiento sindical y cooperativo agrario colombiano.

La misma decisión de la Fiscalía pone de presente la situación de impunidad en que se encuentra el caso, pues transcurridos más de veinte años, reconoce que a la fecha no existe claridad sobre la responsabilidad de quienes ordenaron el homicidio. Hasta el día de hoy no se ha condenado a ninguna persona por este crimen por lo cual insistiremos en que se esclarezcan estos hechos y se atiendan los intereses de su familia y esposa, Tulia Vargas, quien afirmó después de conocer el contenido de esta decisión que: “Esperamos que nos digan realmente la verdad: ¿por qué lo mataron? Que nos digan la verdad para poder descansar y que por fin se sepa qué fue lo que pasó. La decisión sirve para que haya justicia, para saber hoy o mañana qué pasó. Solo queremos que se aclare su asesinato y nos digan por qué a él. Esto es lo que estamos esperando.”

Por lo pronto, esta decisión obliga a que la labor investigativa de la Fiscalía responda a los estándares internacionales de integralidad, de suficiencia y seriedad para la investigación de crímenes de lesa humanidad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos, y para que hechos como estos jamás se repitan.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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