Comunicado No. 9
El gobierno Santos no honra su palabra. Arreciemos el paro nacional indefinido

Viernes 14 de noviembre de 2014, por Asonal Judicial

Tras 6 horas de deliberaciones en la reunión convocada para el día de hoy, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la posición intransigente de que la nivelación salarial de Ley 4ª de 1992 se agotó con el desafortunado acuerdo de 2012, es decir, con el reconocimiento de la bonificación judicial, a lo cual nos opusimos, porque el espíritu y el contenido de la norma se traduce en un mejoramiento de orden salarial. Es más, el Gobierno cerró la posibilidad de reconocer dicha prestación a quienes no la perciben y a diferir a la ley tributaria la ampliación de los gastos de representación para salvaguardar el ingreso laboral.

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ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL “ASONALJUDICIAL”

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA No. 9

EL GOBIERNO DE SANTOS NO HONRA SU PALABRA, ARRECIEMOS EL PARO NACIONAL INDEFINIDO

Después de que el Gobierno Nacional, por conducto del Ministro de la Presidencia de la República, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, y de la Viceministra de Hacienda, Dra. Carolina Soto, iniciara conversaciones con las organizaciones sindicales convocantes del PARO NACIONAL JUDICIAL INDEFINIDO, en las cuales hizo anuncios sobre la viabilidad de otorgarle carácter salarial a la bonificación judicial y extender dicha prestación a los trabajadores del régimen salarial de los “no acogidos”, registramos con indignación su indolencia frente a la parálisis de la justicia y su falta de seriedad en la resolución del conflicto.

En efecto, tras 6 horas de deliberaciones en la reunión convocada para el día de hoy, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la posición intransigente de que la nivelación salarial de Ley 4ª de 1992 se agotó con el desafortunado acuerdo de 2012, es decir, con el reconocimiento de la bonificación judicial, a lo cual nos opusimos, porque el espíritu y el contenido de la norma se traduce en un mejoramiento de orden salarial. Es más, el Gobierno cerró la posibilidad de reconocer dicha prestación a quienes no la perciben y a diferir a la ley tributaria la ampliación de los gastos de representación para salvaguardar el ingreso laboral.

Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación no honró su palabra de atender la convocatoria del Gobierno y de los sindicatos, lo cual pone en evidencia su arrogancia y el desprecio que profesa por los servidores del ente acusador, pues ni siquiera se ha dignado darles la cara y mucho menos cumplir con los acuerdos que suscribió para promoverlos en el proceso de reestructuración que se viene adelantando.

Por último, se pretendió impedir el ingreso a la reunión de los voceros de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (INPEC), pero finalmente el Gobierno desistió de tal despropósito ante la exigencia del resto de agremiaciones.

En todo caso, si bien no avalamos el acuerdo de prórroga del programa de descongestión, habida cuenta que se suprimieron 329 cargos y no se garantiza el disfrute de las vacaciones colectivas, debemos reivindicar como conquistas de la heroica jornada de protesta de los judiciales la apropiación de $ 50.534’290.241, con lo cual se impidió la desvinculación de 8.400

trabajadores, y la incorporación del criterio según el cual los servidores que vienen desempeñando el cargo tienen la prerrogativa de preservarlo. En consecuencia, convocamos a este sector de servidores a perseverar en la movilización para presionar la consecución de los $ 15.000’000.000 que se requieren para continuar las medidas sin interrupción alguna y materializar su incorporación en provisionalidad a las plantas permanentes de juzgados y tribunales que serán establecidas el año entrante.

Por consiguiente, ante la soberbia e intransigencia del Ejecutivo, el desconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales (pese al sustento jurídico y jurisprudencial de nuestras reclamaciones), y la arrogancia del Fiscal General de la Nación (que pudiendo contribuir a la solución de este conflicto prefiere prestar oídos sordos), no nos dejan opción distinta que radicalizar aún más el PARO NACIONAL INDEFINIDO, por lo cual llamamos a seguir enarbolando con dignidad y determinación las banderas de la nivelación salarial, la promoción en el proceso de reestructuración de la FGN y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios, realizando para el efecto el cierre de las URI a nivel nacional, la denuncia del conflicto ante los organismos internacionales, los plantones en las embajadas, y demandando la solidaridad de organizaciones hermanas a nivel mundial.

Finalmente, es necesario adoptar medidas preventivas ante eventuales reacciones del Gobierno nacional dirigidas a neutralizar la profundización e intensificación de la legítima protesta judicial, pues no sería extraño que un estado indolente con la justicia recurra a ese tipo de represalias para acallar la voz de los trabajadores.

Bogotá D. C., 14 de noviembre de 2014.

FREDDY MACHADO LOPEZ GLORIA BEATRIZ GONZALEZ
Presidente ASONALJUDICIAL Presidente UNISER CTI

ALVARO MARQUEZ RUBEN RODRIGUEZ
Presidente SINTRAFISGENERAL Presidente SEMJUD

HORACIO BUSTAMANTE
Presidente UTP (INPEC)

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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