Expresamos nuestro respaldo y solidaridad con quienes Conforman el Colectivo de Abogados

Ante los recientes hechos suscitados en Colombia relacionados con la divulgación de nueva información sobre la Masacre de Mapiripán ocurrida en 1997 y, concretamente, ante los falsos señalamientos e injustas acusaciones sobre la labor de defensa legal del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el referido caso, las organizaciones que conformamos el Grupo de Trabajo Sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, nos dirigimos al gobierno de Colombia y a la opinión pública nacional e internacional, para expresar lo siguiente:

Defensores de derechos humanos | Colombia |

1. En nuestra condición de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de diversos países del Continente Americano, expresamos públicamente nuestra absoluta solidaridad con quienes integran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su honesto y serio trabajo a favor del conocimiento de la Verdad, el imperio de la Justicia y la oportuna Reparación Integral a favor de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos en Colombia y por su contribución, con ese trabajo, al restablecimiento del Estado de Derecho en dicho país.

2. La aquí expresada solidaridad con quienes integran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), se fundamenta en el amplio conocimiento que tenemos sobre su invalorable trabajo, durante más de treinta años, por la defensa y vigencia de los Derechos Humanos tanto en Colombia como en otras partes del mundo, donde es reconocido internacionalmente por su compromiso, integridad y profesionalismo en sus labores de defensa y representación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Ello se evidencia con las innumerables acciones de defensa presentadas a favor de dichas víctimas de violaciones de derechos humanos en el sistema de administración de justicia de Colombia así como también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los que ha logrado resoluciones a favor de las mismas.

3. Nuestra enorme preocupación de que se haya pretendido, por parte de representantes del gobierno colombiano, minimizar y restarle gravedad a las atrocidades ocurridas en la masacre de Mapiripán, por el solo hecho de que una de las personas, identificada como presunta víctima de la masacre, haya cambiado su testimonio, aun cuando, en su momento, los representantes del Estado Colombiano aceptaron su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de protección de Derecho Humanos.

4. La reciente declaración de la señora Mariela Contreras, la presunta víctima que ha rectificado su inicial declaración, no hace más que mostrar que la Fiscalía General de la
Nación de Colombia, que fue una de las primeras instituciones estatales en reconocerla como víctima y, posteriormente, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al representarla, fueron sorprendidos por dicha persona, aprovechándose de la imposibilidad de determinar e identificar, con certeza, el número de víctimas debido a la forma cruel en que fueron ejecutadas extrajudicialmente las víctimas de Mapiripán (fueron descuartizadas y los restos arrojados al rio Guaviare).

5. Nuestra enorme preocupación al constatar que a partir de la última declaración de la señora Mariela Contreras, se ha promovido una injusta y alevosa campaña mediática de descrédito y desprestigio contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto de parte de algunos medios de prensa afines al gobierno colombiano como también de parte de autoridades del mismo gobierno, al emitir y difundir declaraciones tendenciosas, amenazas y acusaciones carentes de veracidad contra del CAJAR y sus integrantes, con la evidente intencionalidad de presentar al CAJAR, y con ello a las demás organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia, como ONGs corruptas que sólo buscan lucrarse con el sufrimiento del pueblo Colombiano. En nuestro entendimiento, los recursos económicos que ingresan al CAJAR por honorarios de representación de víctimas, son utilizados para la defensa gratuita de otras víctimas y no representan en ningún caso ingresos personales para los abogados y abogadas del Colectivo.

6. Que, por el contrario, las organizaciones suscribientes somos testigos como, en reiteradas ocasiones, ha quedado demostrado que las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, y en particular el CAJAR, han desempeñado un papel fundamental en la defensa de los Derechos violentados a diversos sectores del pueblo colombiano, y como gracias a su asesoramiento y defensa legal se ha logrado llevar ante la justicia a agentes estatales involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y/ delitos de lesa humanidad.

7. La labor de defensa y representación de victimas de Derechos Humanos es una tarea muy compleja, ya que a diario las organizaciones defensoras de Derechos Humanos enfrentan diversos desafíos que van desde poner en riesgo hasta afectar en sí misma la integridad física y libertad personal de sus integrantes, y como en diversas ocasiones se han convertido en victimas de campañas orientadas a la criminalización de sus acciones, intimidación, persecución y hasta asesinatos, que en muchos casos quedan impunes. De esto hay abundantes ejemplos que han sido documentados y judicializados tanto en Colombia como en diversas partes del mundo.
8. En atención a lo antes señalado, hacemos un llamado urgente a las autoridades Colombianas con la finalidad de:

a. Avanzar sin dilación en la investigación, juzgamiento y sanción penal de todos los responsables (mediatos e inmediatos) de los execrables crímenes conocidos como Masacre de Mapiripán, que constituyen exigencias de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas y a sus familiares, que deben ser atenidos en forma oportuna por el Estado de Colombia.

b. Establecer las responsabilidades penales respecto a quienes han incurrido en la comisión de delitos en relación con las supuesta o supuestas “falsas victimas” de Mapiripán.

c. Renovar los compromisos adquiridos como país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto al reconocimiento de la competencia de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esforzándose por cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos al pueblo Colombiano.

d. Asumir, responsablemente, su deber de Investigar las violaciones a Derechos Humanos, emanadas de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de evitar en el futuro la repetición de estos hechos.

e. Actuar con objetividad y seriedad frente al hecho de la rectificación de la señora Mariela Contreras, así como abstenerse de convertir este hecho en una excusa para perseguir penalmente a las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos en Colombia y/o criminalizar, injustamente, a sus integrantes.

f. Brindar medidas y garantías de protección efectivas a quienes laboran en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a todos los defensores de derechos humanos que se ven amenazados o en grave riesgo en el desempeño de sus labores.

Agradeciendo su atención a la presente y en la confianza de que el Estado de Colombia tomará las medidas necesarias y suficientes para el esclarecimiento de estos lamentables hechos, así como para garantizar la integridad y libertad personal de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia y de manera particular de aquellos que laboran en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, nos despedimos.

Atentamente.

Alejandra Straffon
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales - México.

Pedro Landa
(CEHPRODEC), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario – Honduras

Federico Casiraghi
(FOCO) Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos - Argentina.

Víctor Ricco
(CEDHA) Centro de Derechos Humanos y Ambiente - Argentina.
David Velazco

(FEDEPAZ) Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Perú
Julie Dubé-Gagnon

Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la UQAM, Montréal, Québec, Canadá

Javier Kamry
(OLCA) Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – Chile.
Denny de León

(COPAE) Comisión de Paz y Ecología, Diócesis de San Marcos – Guatemala.

Jennifer Moore
MiningWatch – Canadá.

Walter Pereda Ruiz y Sonia Sandra Trujillo Asociación Marianista de Acción Social – AMAS - Perú.

Igor Martins Coelho Almeida Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - SMDH Centro de Cultura Negra do Maranhão – CCN - Brasil

Fernando Pérez Ramírez Área Jurídica Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briceño” BARCA-DH, OAXACA - MEXICO

Observatorio Ciudadano –

Chile Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CODEPU

– Chile Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Chile Sociedad Misionera de San Columbano

– Chile Comunidad Ecuménica Martin Luther King – Chile

CC. Sr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [email protected]
CC. Honorable Juez Diego García-Sayán Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [email protected]

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Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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