Extradición de jefes paramilitares favoreció la impunidad

Jueves 19 de mayo de 2011, por Prensa - Colectivo

El pasado 13 de mayo se cumplieron 3 años de la extradición de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos, hecho que condicionó de manera significativa la aplicación de la ley 975 de 2005 a tal punto que hoy podemos constatar su inefectividad y parálisis. La decisión tomada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, privilegió de un lado la persecución penal de delitos de narcotráfico y conexos, y por el otro; develó una estrategia que garantizara la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y callara las confesiones que empezaban a cerrar el cerco de la responsabilidad del entonces presidente, sus principales aliados y sus familiares cercanos.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

Ya por ese entonces se empezaban a conocer las declaraciones del Ex jefe de informática del DAS – Rafael García – que relacionaban al organismo de inteligencia del Estado adscrito a la Presidencia de la República con la estructura paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, igualmente Salvatore Mancuso confesaba su apoyo y del grupo que comandaba a las aspiraciones políticas de Mario Uribe Escobar y otros políticos de la Costa Norte cercanos al presidente, en el escándalo de corrupción política más grande y sin precedentes de la historia reciente del país. Lo mismo hacían otros paramilitares que endilgaron responsabilidad a aliados cercanos del presidente entre ellos el General Rito Alejo del Rio y José Miguel Narváez y por su parte Hebert Velosa alias HH corroboraba que las Convivir fueron el amparo legal de los paramilitares mientras Alvaro Uribe Vélez fue Gobernador del departamento de Antioquia.

Precisamente en el momento en que empezaban a esbozarse algunos elementos de verdad, a conocerse quienes eran algunos de los máximos responsables, quienes eran los hombres de atrás dentro de los aparatos organizados de poder, se presenta esta decisión que condujó a la extradición de la verdad. Quien más, sino los jefes paramilitares podrían dar cuenta de quienes han sido las personas que historicamente han fomentado y ayudado a la consolidación del paramilitarismo en Colombia como estrategia de persecución política de sectores sociales y de oposición. En consecuencia, la principal hipótesis para explicar este fenómeno, no es otra que la intención deliberada de sustraer de la acción de la justicia a las personas que estaban detrás de los jefes, quienes tenían el control de la voluntad de estos y como resultado de la estructura paramilitar.

En un primer momento, el Estado aseguró que los jefes paramilitares habían sido extraditados porque estos habían seguido delinquiendo desde sus lugares de reclusión y que por ello debían ser excluidos del proceso de ‘justicia y paz’, no obstante a la fecha ni la justicia ha demostrado la reincidencia en conductas delictivas, ni han sido expulsados del procedimiento consagrado en la ley 975 lo que contraría las afirmaciones del entonces presidente de la república.

En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció aduciendo que La “la extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares; impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana; y cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Finalmente, la Comisión resaltó que este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares en la comisión de violaciones a los derechos humanos” .

El Gobierno Colombiano rechazó lo manifestado por la CIDH, y aseguró que la extradición no alteraría el normal desarrollo de las audiencias de justicia y paz, ya que entre el Gobierno Colombiano y el norteamericano existían tratados de cooperación judicial vigentes. Sin embargo, a la fecha ni la opinión pública ni las mismas autoridades tienen conocimiento del citado acuerdo, además, de existir éste no se ve reflejado en un desarrollo sin alteraciones de las diligencias judiciales.

Lo cierto es que la extradición alteró el desarrollo normal de las diligencias judiciales, tanto en el marco de la justicia ordinaria como en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005. Frente a esta última, se redujo de manera significativa la práctica de las versiones libre y las audiencias de la etapa judicial, asimismo luego de 6 años de aplicación de este procedimiento especial no se condena contra ningún jefe paramilitar.

A manera de conclusión, tres años después, se reitera lo que anunciaban las víctimas: que la extradición obedeció al móvil principal de asegurar la impunidad de las personas que desde sus cargos como funcionarios públicos y desde la conducción de importantes gremios económicos fueron los principales determinadores, financiadores y propulsores del paramilitarismo. Así se han pronunciado los jefes paramilitares extraditados al afirmar que con su salida del país se callaba la verdad. Así lo ha sostenido Salvatore Mancuso quien desde su lugar de reclusión en Virginia, Estados Unidos, ha manifestado que en su situación actual se ve imposibilitado para cumplir con su obligacion de decir la verdad y responder por sus crímenes.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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