Informe: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 27 de junio de 2019

Jueves 11 de julio de 2019, por Prensa - Colectivo

Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2435 (2018), en la que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en la que solicitó al Secretario General que le informara sobre las actividades de la Misión cada 90 días. El informe abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2019.

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II. Acontecimientos principales

2. El período sobre el que se informa estuvo marcado por la evolución positiva de ciertos aspectos relativos a la implementación de la paz, como la reincorporación. Sin embargo, persistieron las preocupaciones en materia de seguridad y se mantuvo la polarización y la división en torno al proceso de paz, en particular en el pilar de la justicia transicional. En abril y mayo, el Congreso fue escenario de un controvertido debate sobre las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que el Presidente Iván Duque Márquez había presentado en marzo. La votación en el Senado fue seguida de debates procedimentales sobre si en esa cámara se había alcanzado la mayoría absoluta necesaria para superar las objeciones, como sí había sucedido en la Cámara de Representantes. El asunto fue remitido a la Corte Constitucional, que, el 29 de mayo, dictaminó que ambas cámaras habían alcanzado el umbral requerido. El Presidente Duque sancionó la Ley el 6 de junio.

3. El Congreso debatió dos reformas constitucionales propuestas por el Gobierno, que, según afirmó, tenían por objeto subsanar las deficiencias del actual Acuerdo de Paz, aunque solo se aplicarían a los futuros acuerdos. Según la primera propuesta, los delitos de secuestro y tráfico de drogas dejarían de considerarse delitos políticos o actividades relacionadas con ellos. La medida propuesta por el Gobierno incluye una disposición que establece que no afectaría a los signatarios de los actuales acuerdos de paz. La segunda reforma propuesta tendría por efecto asegurar que todos los delitos sexuales contra niños y niñas sean juzgados en el sistema de justicia ordinario. Esta medida, tal como fue propuesta por el Gobierno y aprobada en una primera ronda de examen, no incluye ninguna disposición en la que se afirme explícitamente su carácter no retroactivo. Varias partes sostienen que debería incluirse una disposición explícitaen ese sentido en la segunda lectura para evitar el riesgo de que el proceso de paz en curso se vea perjudicado.

4. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, de cuatro años de duración, fue aprobado el 3 de mayo, tras prolongadas negociaciones con el Congreso. El Plan incluye una “Hoja de Ruta para la Estabilización” que determina las actividades relacionadas con la paz dentro de un conjunto más amplio de inversiones públicas en las regiones afectadas por el conflicto. En el Plan también se faculta al Gobierno para que continúe pagando una renta básica mensual a los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participen en el proceso de reincorporación y para que facilite el acceso a la tierra a efectos de que realicen sus actividades generadoras de ingresos. Se aprobaron enmiendas para reforzar la rendición de cuentas y la supervisión, en particular mediante la inclusión de un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, metas anuales y requisitos de presentación de informes sobre las medidas relacionadas con la paz.

5. El proceso judicial contra Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, acusado de tráfico de drogas y sobre el que pesa una solicitud de extradición, siguió su curso, lo que contribuyó a profundizar las divisiones en torno al proceso de paz. El 15 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró que no se le habían presentado pruebas suficientes para demostrar que la conducta delictiva atribuida al Sr. Santrich había tenido lugar después de la firma del Acuerdo de Paz, y aplicó la garantía de no extradición. La Jurisdicción Especial ordenó su puesta en libertad y afirmó que la presunta conducta debía investigarse en Colombia. La decisión fue apelada por el Procurador General el 24 de mayo. La resolución de la apelación sigue pendiente.

6. Tras su puesta en libertad el 17 de mayo, el Sr. Santrich volvió a ser detenido inmediatamente por la Fiscalía General de la Nación, que declaró haber obtenido nuevas pruebas en el caso contra él. El 28 de mayo, el Consejo de Estado confirmó la condición de miembro de la Cámara de Representantes del Sr. Santrich. La Corte Suprema de Justicia, que tiene jurisdicción sobre los miembros del Congreso, se hizo cargo de la investigación y ordenó su puesta en libertad el 29 de mayo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está examinando el caso, incluida la solicitud de la Procuraduría General de que el Sr. Santrich sea detenido durante la investigación. El Sr. Santrich prestó juramento ante la Cámara de Representantes el 11 de junio, exacerbando la controversia en torno al proceso de paz entre los críticos, que se oponían a su puesta en libertad y alegaban que su presencia en el Congreso equivalía a un acto de impunidad, y quienes estaban a favor de respetar las garantías procesales y esperar el resultado de las actuaciones judiciales.

7. En abril se produjeron diversas manifestaciones en más de 20 departamentos para protestar por la violencia contra líderes sociales y exhortar a la plena implementación del Acuerdo de Paz, incluida una manifestación de unos de 3.000 líderes sociales y comunitarios que viajaron a Bogotá para exigir la implementación de medidas concretas para la protección colectiva de las comunidades. Además, en el departamento del Cauca tuvo lugar una gran “minga” que duró varias semanas. Como consecuencia del diálogo con los movimientos de protesta, el Gobierno acordó el establecimiento de un protocolo especial para la protección de los pueblos indígenas y de una subcomisión étnica en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se puso en marcha el 11 de junio.

8. Ante la proximidad de las elecciones regionales y locales, previstas para octubre, la Misión de Observación Electoral, de carácter no gubernamental, advirtió en un informe de 27 de mayo que en los próximos meses podrían aumentar los actos de intimidación y violencia contra los líderes locales, en particular en siete departamentos de alto riesgo, y señaló que los incidentes ya denunciados contra posibles candidatos habían aumentado un 50 % en relación con el período equivalente anterior a las últimas elecciones locales de 2015. El Consejo de Paz Nacional, la iglesia Católica y la Misión de Observación Electoral lanzaron un pacto por la no violencia, la transparencia y el pluralismo en las elecciones, que fue presentado al Ministerio del Interior.

9. Los órganos conjuntos establecidos para la implementación del Acuerdo de Paz siguieron reuniéndose en distinta medida. El Consejo Nacional de Reincorporación se reunió periódicamente. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final no obtuvo resultados tangibles ni dio muestras de disponer de una agenda estratégica clara. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad solo celebró sesiones regionales y temáticas.

Para leer el informe completo

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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