Inteligencia de E.U publica informe que determina la responsabilidad de Plazas Vega en la retoma del Palacio.

Jueves 8 de octubre de 2009

Desaparición forzada | Bogotá D. C. | Derecho a la verdad | Víctimas de Crímenes de Estado |

Traducción de la comunicación desclasificada de la comunicación de embajada estadounidense en Bogotá al Secretario de Estado en enero de 1999

[Nota: Traducción empieza desde el final de la página 1 y termina con la primera línea de página 6].

TEMA: Fuerza Militar Colombiana: Nuestro sistema judicial no requiere reforma, y la policía tiene la responsabilidad de combatir a los paramilitares

Clasificado por Embajador Curtis W. Kamman, razón 1.5(D).

Resumen

1. (C) Durante una reunión del 13 de enero con representantes de ONG, el jefe del estado mayor de la fuerzas armadas de Colombia el General Hernández y el subcomandante del Ejército Ramírez, rechazaron la idea de que la justicia militar necesitaba reforma para contrarrestar la impunidad persistente de oficiales acusados de abusos de los derechos humanos. Los generales contaron a su público que no apoyan la creación de un cuerpo independiente de justicia militar propuesta por el Vicepresidente Bell el pasado 10 de diciembre (El vocero del nuevo gobierno colombiano sobre los derechos humanos). Ramírez también aseveró que el ejército no tiene responsabilidad en combatir o capturar a los paramilitares. Solamente cuatro líderes importantes de derechos humanos asistieron a la reunión. Además del tema de la reforma de la justicia militar, se discutió poco de fondo y los principales temas de derechos humanos del momento fueron omitidos. Termina resumen.

Reunión de Fuerza Armada/ONG con pobre asistencia, vaga

2. (U) Las fuerzas armadas colombianas convocaron una reunión con representantes de 12-14 ONG locales de derechos humanos y un representante de la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos el 13 de enero. Poloff también asistió (Una invitación especial fue extendida por el Ministro de Defensa Lloreda por medio del embajador el mes pasado). La reunión fue presidida por el General Rafael Hernández,

[…]

el Jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas y el Subjefe de la fuerzas armadas colombianas (Comandante General de la Fuerzas Armadas Fernando Tapias contó al embajador el 15 de enero que no podía personalmente presidir a la reunión debido a una cirugía menor). También asistieron los subcomandantes de [distintas] fuerzas, el inspector general de las fuerzas armadas, el inspector general de cada fuerza, así como varios representantes de la oficina encargada de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Esta fue la quinta reunión así.

3. (C) Entre los cuatro líderes de derechos humanos presentes […] pese […] esfuerzos para levantar temas de fondo, la discusión se limitó generalmente a lecturas largas de la declaración universal de los derechos humanos, sus protocolos de Ginebra, y discursos (por ejemplo, discusiones largas sobre el debido papel de las fuerzas armadas en la sociedad, denuncias del uso por grupos guerrilleros de menores como combatientes, etc.) […] Las reuniones previas fueron formales de manera similar y libres prácticamente de intercambio de fondo. No se discutieron ni las negociaciones actuales de paz ni la ofensiva paramilitar especialmente sangrienta de la semana pasada.

4. (C) […] atribuyó la falta de discusión verdadera a “miedo” entre los representantes de las ONG que serían amenazados o tal vez atacados si contradecían a los militares de manera agresiva y pública. […] había recibido amenazas por teléfono recientemente, que suponían que venían de militares. La presencia entre los “representantes de las ONG” de dos oficiales militares (uno activo, uno retirado), quienes agotaron el tiempo con diatribas largas y pro militares, también afectó el intercambio entre los militares y las ONG. Uno de los dos fue el Coronel Retirado Alfonso Plazas Vargas, quien representó la “oficina de derechos humanos de oficiales militares retirados”. Plazas comandó el asalto del ejército de noviembre 1985 al edificio de la Corte Suprema después de la toma de la M-19. Tal asalto resultó en las muertes de más de 70 personas, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema. Soldados mataron a un número de miembros de la M-19 y supuestos colaboradores fuera de combate, incluyendo al personal de la cafetería del palacio.

“No se necesita a ningún cuerpo de justicia independiente”

5. (C) Poloff observó que el próximo informe de derechos humanos de 1998 del Departamento presentaría nuevamente los dos temas del desempeño de la justicia militar y la impunidad persistente de los oficiales de la fuerza pública en casos de derechos humanos. Dentro de este contexto, Poloff anotó que el anuncio del Vicepresidente Gustavo Bell (en su capacidad como el vocero de los derechos humanos del gobierno colombiano) a los representantes de la comunidad internacional, la sociedad civil y los medios de comunicación el pasado 10 de diciembre (el día internacional de los derechos humanos) sobre una iniciativa oficial de crear un cuerpo de justicia militar independiente (Ref B). ¿Habían tomado pasos el gobierno colombiano y las fuerzas armadas para crear tal entidad?

6. (C) La respuesta del Subcomandante del Ejército el General Mayor Nestor Ramírez fue que el gobierno de EEUU estaba aplicando un “estándar doble”. Según Ramírez, la justicia militar estadounidense había “exonerado

[…]

al teniente William Calley en 1971 por su papel en la masacre de My Lai. Por ende Ramírez encontró que fue hipócrita el interés del gobierno estadounidense en la reforma de la justicia militar. (Nota: Como el suscrito recuerda, Calley fue condenado por 22 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua, aunque esta sentencia posteriormente fue reducida a tres años y medio de su cadena perpetua a una detención de tres meses. Termina nota.) Ramírez después opinó que la justicia militar colombiana tenía una historia fuerte de llegar a decisiones justas. Dio dos supuestos ejemplos: la decisión de la justicia militar de anular todos los cargos en contra del General Retirado Yanine Díaz y la condena de 12 meses de cárcel del Coronel Marco Báez Garzón. (Comentario: Casos extraños para destacar: Ver Ref C para las acusaciones notorias de derechos humanos en contra de General Yanine, y Ref D por detalles del nexo de Coronel Báez con la masacre de Segovia. Termina comentario.)

Gen Hernández: No se necesita reforma

7. (C) General Hernández después aseveró que la justicia militar funcionaba bien, habiendo logrado 263 condenas en el año 1998, incluyendo 20 por homicidio. No dio ni los rangos de las personas condenadas ni las circunstancias de sus delitos. Negando cualquier necesidad para reforma, aseveró que esta historia fue mucho mejor de lo que se ha logrado en la justicia ordinaria de Colombia, que “logró ninguna condena por delitos de derechos humanos en 1998”. (Comentario: […] La justicia ordinaria condenó a cinco oficiales de las fuerzas armadas en 1998 por su papel en la masacre de Segovia de 1988; la justicia militar absolvió a los mismos cinco oficiales y tres otros por cargos similares, Ver Ref E. Termina comentario).

Subcomandante del Ejército: El ejército no debería combatir a los paramilitares

8. (C) El General Mayor Ramírez después contó a aquellos reunidos que el ejército no tenía por qué perseguir a los paramilitares, dado que éstos fueron delincuentes comunes no políticos y por ende “no amenazaban al orden constitucional por medio de actividades subversivas”, como hacen las guerrillas con motivos políticos. Ramírez describió una “amenaza contra el orden constitucional” como lo que desencadena el actuar del ejército, de acuerdo a lo establecido en la constitución. Por ende atribuyó a la policía nacional la responsabilidad de las acciones en contra de paramilitares.

9. (C) Durante una recepción del 14 de enero en la residencia del embajador, Ramírez reiteró estaafirmación al encargado del Departamento de Defensa, con muchas citas fundamentadas a la constitución colombiana y a otras leyes. Dijo que la constitución colombiana definió efectivamente a los paramilitares como delincuentes comunes, y por ende asignó la responsabilidad de su captura a la policía. Otros tres generales también contaron al encargado del Departamento de Defensa que estaban de acuerdo con la interpretación de Ramírez sobre las disposiciones constitucionales relevantes. No obstante, frente lo que sintieron como directivas políticas y disposiciones constitucionales contradictorias, los tres presentaron opiniones personales distintas sobre si la fuerza pública debería combatir a los paramilitares, pero confirmaron su disponibilidad de acatar órdenes.

10. (C) Poloff notó en privado a Ramírez que en términos prácticos la policía nacional necesita la asistencia del ejército para enfrentar bandas numerosas de paramilitares equipados con armamento militar, y que el Presidente Pastrana, el Ministro de Defensa Lloreda y el General Comandante de las Fuerzas Armadas Tapias han comprometido de manera repetida y pública a la fuerza pública de combatir a los paramilitares. Sin embargo, Ramírez sostuvo que la constitución fue “claro en este punto”.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035