Judicialización contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz

Jueves 26 de abril de 2012, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

El pasado 23 de abril, la Comisión de Justicia y Paz, envio una carta a varias autoridades del gobierno Colombiano, entre ellas el presidente Juan Manuel Santos, en la que mediante una constancia histórica y censura ética, le manifiestan su preocupación ante la constatación de una estrategia de montajes judiciales, en contra de integrantes de su organización, la continuidad de una campaña mediática de difamaciones, de desprestigio y un plan no preciso de actuación contra el padre Alberto Franco, Abilio Peña y Danilo Rueda.

Defensores de derechos humanos |

En la carta, les solicitan, acogiéndose al artículo 23 de la Constitución Nacional, se les informe sobre los siguientes puntos:

1. Teniendo en consideración la disposición que, públicamente, ha manifestado el nuevo Fiscal General de la Nación de investigar de manera integral y como crímenes de sistema delitos que respondan a ese patrón, el Fiscal General investigará las campañas de desprestigio, amenazas, hostigamientos, violaciones al domicilio y a la libertad e integridad personal y montajes judiciales bajo ese método?

2. Recordando cuáles han sido los resultados de las investigaciones teniendo que Justicia y Paz fue objeto de actividades de inteligencia ofensiva desarrollada desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), qué actividades investigativas ha desarrollado la fiscalía para develar la relación existente entre las campañas de desprestigio y judicialización en contra de la organización de derechos Humanos y las actividades del DAS?

3. Cuáles son los avances en la investigación luego de que se conociera por Noticias Uno, una comunicación telefónica entre el procesado General Rito Alejo del Río y el ex ministro Fernando Londoño Hoyos en donde se orquestaba un plan de judicialización y desprestigio en contra de la Comisión de Justicia y Paz, así como las sucesivas y recurrentes amenazas de muerte escritas o telefónicas, planes de atentados abortados, un secuestro, detenciones ilegales, violación ilegal de domicilio, seguimientos, hostigamientos en contra de miembros de la Comisión de Justicia y Paz?

Por considerarlo de importancia, transcribimos a continuación el texto de la carta completa:

Bogotá, D.C. abril 23 de 2012


JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia


ANGELINO GARZÓN

Vicepresidente de la República de Colombia


GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior


MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura

JUAN CARLOS ESGUERRA

Ministro de Justicia

EDUARDO MONTEALEGRE

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo


"Una creciente sofisticación en los mecanismo destinados a impedir obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales sin fundamento, la restricción de fuentes de financiamiento, a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectos para su protección"
CIDH informe sobre situación de defensores de DDHH

Ref: Confirmada judicialización contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y planes de acción contra tres defensores de D.H de nuestra organización

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la constatación de una estrategia de montajes judiciales contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, al lado, de la continuidad de una campaña mediática de difamaciones, de desprestigio contra nuestra organización y de un plan no preciso de actuación contra el padre Alberto Franco, Abilio Peña y Danilo Rueda, por el legítimo derecho a defender los derechos humanos en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la constitución nacional.

Desde octubre de 2008 cuando se inició una nueva fase de desprestigio usando un grupo de afrodescendientes y se anunciaba el desarrollo de una estrategia jurídica para desestructurar el trabajo de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato, como lo hizo visible Noticias Uno, cuando dio a conocer una comunicación telefónica entre el procesado General Rito Alejo del Río y el exministro Fernando Londoño Hoyos, sumado a esa campaña han ocurrido recurrentes amenazas de muerte escritas o telefónicas, planes de atentados abortados, un secuestro, detenciones ilegales, violación ilegal de domicilio, seguimientos, hostigamientos.

Son ya casi cuatro años en que se ha dejado Constancia de estas situaciones, se han aportado números teléfonicos de donde provenían las amenazas, se ha indicado como se ha pretendido montar los procesos judiciales, se han dado nombres de artífices, y en absoluto se ha logrado un avance investigativo. Hoy exigiendo que las pruebas se presenten en instancias judiciales todo avanza subterráneamente, vulnerando el derecho al debido proceso, no hay pruebas de nada, porque ninguna falsa acusación es cierta.

Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica de esta nueva Constancia Histórica:

*Lunes 30 de enero en el juzgado 5to adjunto del circuito de Medellín, en desarrollo de la audiencia preparatoria realizada dentro del juicio seguido contra paramilitares y empresarios acusados por desplazamiento forzado y concierto para delinquir de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, la abogada Flor Colombia, parte civil en representación de la víctima del despojo, Gabriel Caro García, cuestionó la legitimidad de la parte civil representada por la Comisión de Justicia y Paz, ordenando la cesación de la misma, sosteniendo, sin ningún tipo de fundamento fáctico, que había intereses "oscuros" en el ejercicio de la defensa de las víctimas.

* Viernes 2 de marzo hacia las 3:30 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció en respuesta a derecho de petición de la Unidad de Fiscales para la Justicia y la Paz, de los vínculos existentes entre el abogado Jaime Arturo restrepo Restrepo y las estructuras paramilitares de las “Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Luís Eduardo Zulúaga, excomandante del Frente José Luis Zulúaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena, afirmó en versión libre que: “cuando empezamos a abrir el Oriente en el año 2000 cayó mucha gente a la cárcel; efectivamente él -Jaime Arturo restrepo Restrepo - en compañía de una señora Bertha también de Medellín, abogada y de un hermano de el también abogado, estuvieron defendiendo los muchachos del frente por mucho tiempo... para las negociaciones fue una persona que contraté para que me hiciera una asesoría jurídica. Participo (sic) en algunas reuniones con el Comisionado... Jaime es un tipo muy reconocido. Defiende víctimas (sic) de la guerrilla. Ese muchacho sale todos los días en polémica por radio. Tenía un tío que se llamaba Samuel Restrepo”.

*Miércoles 21 de marzo entre las 9:00 a.m. y 6:00 p.m. se realizó el foro de la Revista Semana y la Universidad Sergio Arboleda: “¿Funciona la protección internacional de los derechos humanos en el país?”, en el que participaron, entre otros: Fernando Carrillo, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; Roy Barreras, senador del Partido de la U; Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas; Martha Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa; Fernando Vargas, abogado, presidente del comité de Víctimas de la Guerrilla; Rafael Nieto Navia, ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA, y José Jaime Uscátegui, director de Relaciones Internacionales del Partido Conservador Colombiano.

En el espacio Darío Blandón Caiceo, habitante de Río Sucio, ex personero de este municipio, expresó que la Comisión de Justicia y Paz ha participado en crímenes de líderes negros en el Chocó. Blandón en sus actuaciones públicas, muchas de ellas contra derecho, a través de sus diversas actuaciones ha protegido a los empresarios que ocupan ilegalmente tierras en Curvaradó y Jiguamiandó.


*Miércoles 11 de abril en horas de la tarde
, nuestra Comisión de Justicia y Paz, accedió a la grabación de la audiencia pública realizada en Quibdó, el 21 de julio de 2011, en el juicio que se sigue contra Masuel Romaña por el crimen de Graciano Blandón, Manuel Moya y Jair Blandón.

El juez Benjamín Ferrer Mosquera en su intervención respecto a los testimonios de Germán Marmolejo y Fernando Vargas, abogado de la Asociación de víctimas de la guerrilla, afirmó: “Masuel le decía a su hermano Wilmer Romaña de quien ninguna incertidumbre hay es abiertamente militante de las FARC frente 34, que no deben (sic) haber más denuncias pero que de todas tenían que defenderse los derechos a la gente. Y a qué denuncias se referían, a las denuncias que venían haciendo los líderes afrodescendientes que habitaban esa comarca del Carmen del Darién, las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, porque al decir de ellos, unas ONG, entre ellas, una denominada Justicia y Paz, que apoyaba abiertamente a las FARC querían apoderarse no solamente de los procesos comunitarios sino también de esas tierras”.

Posteriormente sostiene el juez: “(…) Pero aquí es importante resaltar una declaración a la que no hemos hecho referencia, la rendida por Doctor, Fernando Antonio Vargas Quemba, que hace una prolija explicación de la tragedia vivida por estos dos líderes afrocolombianos, afrodescendientes, por el solo hecho de defender la tierra para que no pasara de manos de las comunidades negras de Jiguamiandó Curvaradó(…) a manos de los “chilapos” como él, los denominó, como era el interés, según lo declara él de, entre otras ONG, de esa conocida como Justicia y Paz, que andaba del brazo de las FARC”.. En la hora y minuto 24 de la audiencia, transcripción y resaltado nuestro.

Afirmando la total credibilidad de los testigos al “venir a colaborar con la administración de justicia en su condición de ciudadanos (…) y es que hay que seguir diciendo, y el despacho lo recabará una y otra vez, la sinceridad de todos estos testigos de la acusación (…)” Transcripción nuestra.

Este día nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció que en el expediente que investiga los asesinatos de Graciano Blandón y su hijo Jair, y de Manuel Moya Lara, en una entrevista a la Fiscalía General de la Nación con Adán Quinto, en la que afirma que para este proceso cuenta con la asesoría de María Fernanda Cabal Molina, la ex directora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.

Agregó Quinto, afrocolombiano de Cacarica, que después del asesinato de Graciano Blandón, Manuel Mora Lara y Jair Blandón, la guerrilla “han (sic) seguido llamando a los familiares de los muertos, intimidándolos y amenazándolos y a todos los que denunciamos a la ONG de Justicia y Paz”. Afirma Qunito, que todo esto lo conoce: “María Fernanda Cabal amiga nuestra en Bogotá y que fue fiscal, ella nos asesora (...) Cuando yo digo las FARC, digo a cerca de los dos bloques que son causantes de todo esto y que son con los que la ong de la comisión intereclesiastica de justicia y paz (sic) está trabajando”.


*Lunes 9 de abril en horas de la tarde
nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció un escrito de Rafaél Hernández, un supuesto testigo, quien el pasado 19 de septiembre de 2011, denunció ante la Fiscalía General de la Nación por “la matanza que la ONG intereclesial (sic) Justicia y Paz viene haciendo con las comunidades negras indígenas y campesinas, sin que la fiscalía (sic), la procuraduría (sic) ni nadie se ha preocupado por nosotros ni por investigar las actividades que hace esta organización dirigida por el cura Javier Giraldo Moreno”.

Según el documento, nuestra organización es cuestionada por defender los derechos de las comunidades ante los montajes judiciales, y “la ONG les paga tiquetes para que viajen a Bogotá como miembros de Derechos Humanos, pero representan a la guerrilla” (…) [1] (…) “las platas que llegaban donadas del exterior eran divididas con la guerrilla y todo lo que entraba de organizaciones internacionales se lo dividían mitad farc, 30% Javier Giraldo y 20 % consejo comunitario. Estas platas entraron en su mayoría en 2003, 2004, 2005. El das les hizo seguimiento a esos dinero (sic) y esos dineros que fueron vigilados por el banco de la republica (sic) están en alguno proceso (sic) en contra de los funcionarios del das y existe un procurador que tiene esa información que se lama David molina (sic). (…) Los abogados Leonardo Jaimes y Danilo Rueda, le dicen a la comunidad que no atiendan a los fiscales porque estos van armados”.

Se conoce que estas y otras acusaciones contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, se encuentran en procesos judiciales ante Fiscalía 85 de Derechos Humanos No 276156001103200980039 y en la Fiscalía 24 especializada de Medellín No 1032836.

Posteriormente el diario El Espectador expresó: "La investigación, que avanza en una fiscalía de la capital antioqueña, será asumida en los próximos días por un fiscal de Derechos Humanos. Y aunque las autoridades dicen desconocer de una estrategia criminal en contra de personalidades uribistas, fue el columnista Ernesto Yamhure quien advirtió de la puesta en marcha de dicho “plan pistola”, mientras que Fernando Alameda, director ejecutivo de Primero Colombia, denunció que la semana pasada fue asesinado un líder de las comunidades negras en Apartadó, crítico del padre Javier Giraldo, reconocido defensor de Derechos Humanos. “Esta persona se había opuesto a las percepciones de esa tal ONG del cura Giraldo, de la cual tenemos muchas pruebas para afirmar que es auxiliadora de la guerrilla. Si uno hila delgado, podría afirmar que el carrobomba en Caracol Radio es una manera de generar ruido para bajarle el volumen a los asesinatos de esos dos líderes que se oponían a esa denominada izquierda. Yo sí creo que existe un plan para acabarnos y tengo la preocupación de que esto no es ideado por los bandidos en la selva, ya que ellos sólo tienen tiempo de escondérsele al Ejército, sino creado desde una organización no tan oscura y bien montada”, le dijo Alameda a El Espectador.

http://www.elespectador.com/impreso...

*Lunes 16 de abril en horas de la mañana conocimos un video de Youtube colgado por “Liligono” en el que se presentan apartes del foro de la Revista Semana y la Universidad Sergio Arboleda. Fernando Vargas señaló nuestra responsabilidad en el triple crimen de Graciano y Jair Blandón y Manuel Moya y afirmó “En el año 2008 tuve la fortuna de acompañar a estos dos líderes negros a una sesión ante la Corte Interamericana, donde ellos, ésta representación que tenía la Comisión Justicia y Paz (…) y aquí se aclaró que Justicia y Paz había falseado la cifra de su verdadera representación y que en realidad no tenían la representación de todas las familias de Jiguamiandó y Curvaradó. Por tanto, se le pidió a la Corte a nombre de estos líderes Moya y Blandón que por favor les reconociera su autorepresentación y les mantuviera sus medidas de protección como las tenían en ese momento. La corte demoró dos años para decidir, mientras tanto, paradójicamente decide, el día que los asesina las FARC, con un salvedad, que decide un mes antes pero no notifica, por supuesto que allá alguien se pudo haber enterado de esa decisión, por lo tanto, si algo que las FARC respetan es ir a tocar a alguien que tenga unas medidas especiales provisionales de la Comisión o de la Corte, porque van a quedar muy mal ante la Corte, de manera que levantadas las medidas, retiradas las medidas, solo para los que reclamaron su autorepresentación, manteniéndosela a las familias que mantenía Justicia y Paz. De manera que la Corte hace un sesgo inhumano, y yo creo, que permite y promociona que las FARC asesinen el día que se enteran por correo de mail, la Comisión Interamericana que le habían retirado la protección a estos colombianos son asesinados en los ríos del Curvaradó”.

En el mismo escenario, en otro video de youtube colgado bajo el nombre “Liligono” aparece desde el público, Darío Blandón, quién manifestó: “(...) nosotros somos víctimas directamente de las decisiones que toma la Corte, en compañía de la Comisión de Justicia y Paz, son los que nos ponen la lápida encima (…) tienen las famosas zonas humanitarias y de refugio donde tiene a la gente encerrada (…) reciben recursos por nosotros, mucha plata por nosotros, las zonas humanitarias y nosotros comiendo nada”. Un nuevo video de Youtube, también colgado a nombre de “Liligono” toma la información de Noticias Uno, del pasado 19 de febrero de 2012 sobre cultivos de coca en el Curvaradó verificados por miembros de la comunidad internacional. “Liligono” introduce la siguiente afirmación sobre el video de la noticia: “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz culpa a otros (incompleto por exceso de caracteres)”. Más adelante aparece la anotación: “lo que no dicen es que las comunidades llevan rato denunciándolos, Aaunque ellos claramente decían que eran de la guerrilla en contubernio con la ONG”. Este texto está acompañado por una canción de fondo que repite “en las filas del partido comunista”.

Luego del aparte de la nota en la que Alexandra Huck, de Kolko Alemania, denuncia que es imposible que los militares no se hayan percatado del ingreso de insumos, superponiendo sibre su entrevista la canción en la que se repite: “eres muy bonita pero mentirosa” y segundos después el estribillo: “en las filas del partido comunista. Al final de la noticia escriben: “Otra mentira mas del kamarada (sic) comandante ’uno’”

A nombre de “Liligondo” aparece otro video titulado Analvet-camarada Fierro en el que se exhibe una fotografías y el texto “Capitán Juan Alfonso Fierro presidente de Analvet Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerzas Armadas. http://www.youtube.com/watch?v=6YSD...

Divulga este sitio virtual tres videos más con apartes de una reunión del gobierno con empresarios en Urabá. Estos se titulan: “los empresarios reclaman al gobierno I, II y III( ...)lo que no se vio en la Cámara de Urabá”. Una voz femenina hace reclamos a un interlocutor. En la II parte se alcanza a escuchar: “porque si se va a restringir la participación de la gente esta mesa no va a ser productiva...” y en respuesta un hombre señala: “ a esta mesa vienen comunidades, madres cabeza, ganaderos, bananeros, todo mundo cabe en esta mesa”

http://www.youtube.com/watch?v=Dzhu...


*Jueves 19 de abril de 2012
en el medio virtual “liligongo” http://webcache.googleusercontent.c... aparece una carta a la canciller y Ministro del interior de Colombia Darío Blandón, y otros que se presentan como:“Representante Legal Consejo Comunitario del Río Curbaradó”,“presidente de la población desplazada del rio Jiguamiandó”,“Coordinación Jurídica y de DD.HH del Consejo Comunitario del Curbaradó y desplazados del Jiguamiandó” con la referencia: “ denuncia pública contra la multinacional-criminal-asesina de pobladores de la etnia negra-oeneges comision (sic) intereclesial (sic) de justicia y paz (sic) y miembros y comunidades acompañantes internacionales de brigadas internacionales de paz -pbi- (sic)”

En la comunicación se afirma: “llegamos a sus despachos con el único objetivo de presentar denuncia en contra de la multinacional-criminal-asesina-oeneges comisión (sic) intereclesial (sic) de justicia y paz y la organización internacional brigada internacional de paz-pbi-por el permanente y periódico consumo y tráfico de plantaciones de marihuana o estupefacientes por parte de sus miembros y personal nacionales e internacionales acompañantes al interior de las arbitrarias e inconsultas zonas humanitarias de refugio de Caracoli (sic), Andalucia-Caño Claro, Camelias-el Tesoro, Caño Manso, Argenito Diaz (sic), Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza”.

(…)“Igualmente, denunciamos las prácticas homosexuales por parte de miembros o acompañantes internacionales y nacionales de las mencionadas oeneges (sic) en el seno de las arbitrarias e inconsultas zonas humanitarias de refugio, creadas sin el consentimiento de las comunidades negras reunidas en asamblea general de las cuencas de los ríos Curbarado (sic) y Jiguamiando (sic) de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el departamento del choco (sic)”.

Se refiere enseguida a la lideresa, Liría Rosa García, del consejo comunitario de Caracolí, en Curvaradó y nuestra Comisión de Justicia y Paz en los siguientes términos: “Liria Rosa García quien no es propietaria ni poseedora de tierras de comunidades negras de ley 70 del año 1.993,siendo ella y sus moradores chilapos o mestiza-realice permanentes invaciones (sic), construcciones de viviendas y parceleo del territorio colectivo de comunidades negras de ley 70 de 1.993 sin el consentimiento expreso de sus legítimos e históricos propietarios reunidos en asamblea general como máxima autoridad territorial...denunciamos, también, el alquiler de pastos para la cría y engorde de ganado vacuno y comercial en el territorio colectivo de comunidades negras del rio curbarado (sic), sin el consentimiento de la asamblea general, por parte de la señora liria Rosa García, persona mestiza o chilapo, que actúa por orientación de la multinacional-criminal-asesina de pobladores negros propietarios del territorio colectivo de ley 70 del año 1.993 - oeneges comisión intereclesial de justicia y paz (sic) y su acompañante internacional, brigadas internacionales de PAZ-PBI-.”

*Viernes 20 de abril a las 9:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de una reunión sostenida en la que sectores empresariales beneficiarios de paramilitares, se refirieron a la necesidad de enviar mensajes contundentes contra el Padre Alberto Franco, Abilio Peña y Danilo Rueda. La fuente no quiso precisar el carácter del mensaje, si era emisario o no, de paramilitares. Simplemente expresó que deberían cuidarse.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas de investigación eficaz, con celeridad solicitadas desde 1999 en el desarrollo de graves amenazas, señalamientos y montajes judiciales, que luego se desprendieron en operaciones ilegales del DAS con sectores empresariales con intereses en el bajo Atrato y el montaje mediático con la participación del general Jorge Enrique Mora Rangel y la cualificación de la operación de control social militar intensificada desde el 2008 como hemos dejando en conocimiento de sus despachos desde hace cuatro años.

Nuestra Censura Ética ante la constatación, a pesar de la permanente negación de la Fiscalía General de la Nación, del desarrollo de procesos judiciales contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz con las acusaciones falsas de comisión de asesinatos, recepción de recursos de la guerrilla, ocupación de mala fe de tierras, entre otras; proceso perversos, absurdos, en los que funcionarios judiciales, sin sana lógica, sin debido proceso adelantan, creyendo que imparten justicia, protegiendo detrás de su inexplicable actuación, las operaciones criminales paramilitares, paraempresariales que se continúan desarrollando en el bajo Atrato.

Nuestra Censura Ética ante la negligencia, la denegación de investigación penal de parte de la Fiscalía General de la Nación para desentrañar los intereses inconfesables de los beneficiarios y de los artífices de un entramado de estrategia de difamación mediática y de montajes judiciales a fin de obstaculizar el acompañamiento a las víctimas de crímenes de Estado, las investigaciones que adelantamos en el esclarecimiento histórico y la identificación de la estructura de poder que se encuentra detrás del paramilitarismo económico y político regional que impone el uso de la tierra en agronegocios de palma, de banano, de yuca; en obras de infraestructura y operaciones extractivas en una región estratégica para el mercado mundial.

Nuestra Censura Ética ante la grave consecuencia que tiene la negligencia, la denegación de justicia, de investigaciones no adelantadas que permitirían poner a la luz una estructura criminal económica que se beneficia de las estrategias difamatorias, calumniosas, y de montajes judiciales en las que participan Jaime Restrepo Restrepo, José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, Fernando Vargas, Darío Blandón, general (r) Rito Alejo del Río Rojas, fernando Londoño Hoyos, entre otros, y de las que se benefician el coronel (R) Luis Felipe Molano, Claudia y Antonio Argote, Rodrigo Mejía Arango, Gabriel Jaime Sierra, W (nombre no identificado) Vélez, Jesús Correa, (Nombre sin identificar) Quntero, William Ramírez, Victor Ríos, Fabian Ríos, Carlos Ríos, entre otros.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías judiciales en el esclarecimiento y sanción del proyecto de economía sustentado en el paramilitarismo como se evidencia por una nueva acción que proyectan contra defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz; en consonancia con investigaciones penales que desestiman, sin más, sin raciocinio lógico, sin debido proceso las declaraciones que permiten desentrañar la vinculación criminal empresarial con testimonios de circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar a empresarios nacionales y de multinacionales, como lo ha dejado ver Raúl Hasbún, Salvatore Mancuso, y testimonios de otros exparamilitares.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de creatividad para continuar difamando inteligente y razonablemente, ya no siendo suficiente de ser calificados de victimarios, de traficantes de drogas, de poseedores y ocupantes de mala fe, a ser acusados con ideas racistas, homofóbicas, discriminatorias de homosexualismo y de consumo de psicotrópicos, ideas bajas que identifican claramente la mentalidad perversa, la cerrazón, el conservadurismo, y lo excluyente de quienes se encuentran detrás de los montajes judiciales y las operaciones mediáticas de difamación

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces de modificación de la mentalidad desde que las Fuerzas Militares y policiales, y que no decir, de los llamados organismos de inteligencia que conciben el trabajo en defensa de derechos humanos bajo los parámetros estrechos del enemigo interno y la caduca doctrina de la seguridad nacional, que es hoy repetida, reproducida y recreada por los sectores civiles de poder.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitamos con todo respeto, en virtud de sus competencias institucionales, se nos informe de manera detallada:

1. Teniendo en consideración la disposición que, públicamente, ha manifestado el nuevo Fiscal General de la Nación de investigar de manera integral y como crímenes de sistema delitos que respondan a ese patrón, el Fiscal General investigará las campañas de desprestigio, amenazas, hostigamientos, violaciones al domicilio y a la libertad e integridad personal y montajes judiciales bajo ese método?

2. Recordando cuáles han sido los resultados de las investigaciones teniendo que Justicia y Paz fue objeto de actividades de inteligencia ofensiva desarrollada desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), qué actividades investigativas ha desarrollado la fiscalía para develar la relación existente entre las campañas de desprestigio y judicialización en contra de la organización de derechos Humanos y las actividades del DAS?

3. Cuáles son los avances en la investigación luego de que se conociera por Noticias Uno, una comunicación telefónica entre el procesado General Rito Alejo del Río y el ex ministro Fernando Londoño Hoyos en donde se orquestaba un plan de judicialización y desprestigio en contra de la Comisión de Justicia y Paz, así como las sucesivas y recurrentes amenazas de muerte escritas o telefónicas, planes de atentados abortados, un secuestro, detenciones ilegales, violación ilegal de domicilio, seguimientos, hostigamientos en contra de miembros de la Comisión de Justicia y Paz?

Con profunda indignación ante tanta inoperancia judicial, y operadores judiciales, que sin ningún tipo de ética, de respeto a las normas del debido proceso, sin sana crítica, investigan bajo sus cánones de prejuicios, criminalizando nuestra labor legítima de organización de derechos humanos, propiciando que las estructuras criminales y los beneficiarios de graves y sistemáticos crímenes, crímenes de lesa humanidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Notas

[1“La Ong participó en el desplazamiento para que no volverán a su pueblo”

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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