La equidad no se garantiza con seguridad: La razón de ser de un Estado es la garantía, respeto y protección de los derechos humanos de la ciudadanía
Análisis de la política de seguridad del presidente Iván Duque

Martes 19 de febrero de 2019

En conclusión, la política busca fortalecer las fuerzas militares y de Policía por encima de las autoridades civiles, órganos de control e investigación a nivel local, regional y nacional. Pese a que el Acuerdo Final de Paz le dio funciones al Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación como órgano asesor y consultivo del Gobierno que, entre otras funciones tiene la de generar una cultura de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, se desconoce este órgano y se le otorgan funciones al Ministerio de Defensa de liderar la política de convivencia y seguridad ciudadana. (Foto: Agencia EFE)

La equidad no se garantiza con seguridad

La razón de ser de un Estado es la garantía, respeto y protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

Análisis de la política de seguridad del presidente Iván Duque

Soraya Gutiérrez Argüello
Cajar
Febrero 11 del 2019

El presidente Iván Duque presentó recientemente en la base militar de Tolemaida la Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el emprendimiento y la equidad. El documento esta dividido en 6 temas:

1. Las amenazas
2. Seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad
3. Ejes de la transformación estratégica
4. Principios de la política
5. Propósitos de la política
6. Objetivos estratégicos y líneas políticas

En su parte introductoria, señala que durante la primera década del sigo XXI (es decir, los dos Gobiernos de Uribe Vélez) el Estado y la sociedad colombiana lograron la desarticulación de las principales amenazas contra existencia, la independencia y la integridad territorial del país, convirtiendo a Colombia en un ejemplo, al transformar la inminencia de un estado fallido a un escenario de oportunidades para el desarrollo, la equidad, el crecimiento económico y el imperio de la ley.

Tres factores, enuncia el documento, fueron decisivos para esto: 1) El liderazgo civil en el diseño y ejecución de la política y defensa que se tradujo en el compromiso del Gobierno en el restablecimiento de la seguridad y en el respaldo político, económico y social de las Fuerzas Militares y la Policía 2) Su modernización y profesionalización para convertirse en un referente mundial y 3) una sociedad cohesionada contra el crimen que no justificaba la violencia, el terrorismo y el delito, y que a través de la movilización ciudadana, deslegitimó la violencia y robusteció la legitimidad de las Fuerzas Militares, la Policía, el Gobierno y el Estado. Esta política doblegó la acción criminal de las AUC y las FARC logrando su disolución como organizaciones terroristas y narcotraficantes.

Cabe recordar que la política se Seguridad Democrática de Uribe fue responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos, con más de 4 mil ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”. Efectivamente, según el informe 003 presentado ante la JEP(1) y denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado, se identificaron un total de 2.248 victimas entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre 2006 y 2008 , lo que demuestra como en el Gobierno de Uribe Vélez, concentraron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, además del uso de la inteligencia ofensiva a través del Das, las detenciones masivas, las redes de informantes, la negación de conflicto armado que justifico las infracciones al DIH, entre otras violaciones a los derechos y libertades ciudadanas.

Enfatiza el documento que a pesar de estos avances subsisten amenazas por la capacidad de adaptación y mutación de los grupos armados ilegales y la pérdida de iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra estos fenómenos criminales, por lo que es necesario una nueva visión de la seguridad que tenga un enfoque multidimensional,que requiere la acción unificada de diferentes instituciones del Estado, y para esto, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, en cabeza de Rafael Guarin Cotrino(2), se reactiva el Consejo de Seguridad Nacional(3) como el máximo órgano asesor en esta materia del Presidente de la República.

Su enfoque es: La defensa y seguridad es la base de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que significa que la política sustentada en la legalidad no puede implicar la renuncia a las responsabilidades constitucionales y por tanto los ceses bilaterales o cualquier figura que implique suspender esta obligación no es compatible con la legalidad.

Así mismo se establece que un proceso que conduzca a la disolución de un grupo organizado al margen de la ley con base en la ley 418/97, estará condicionado a la concentración en espacios geográficos delimitados, con observación internacional y garantizando el fin de cualquier actividad ilegal y cualquier acto terrorista imposibilitará la opción de emplear esta herramienta legal. Adicionalmente, que el Consejo de seguridad en julio del 2018 clasificó al ELN, y a las Bandas Criminales “Pelusos”, “Puntilleros” y otros, como Grupos Armados Organizados, GAO, lo que significaría, según la directiva del ministerio de Defensa del 2017, la facultad a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional del uso del poder letal, que incluye bombardeos,ametrallamientos desde el aire y otras acciones que van en contravía del Derecho Internacional Humanitario, DIH.

Este enfoque aleja las posibilidades de una negociación política con el ELN y otros grupos armados, y pone en cabeza del sector defensa y seguridad asuntos que son del resorte del Ejecutivo en relación con los temas de paz, a la vez que justifica el incumplimiento de protocolos de ruptura de la negociación con el ELN, con las consecuencias políticas y diplomáticas que conlleva vulnerara buena fe, la confianza y la reciprocidad que deben guiar las relaciones internacionales, conforme al derecho internacional.

¿Entre las amenazas internas se destaca en la política de seguridad y defensa?:

• Mutación y capacidad de organizaciones criminales
• Ausencia de instituciones estatales o presencia frágil que origina marginalidad social, política y económica
• En algunas regiones las economías ilícitas han dado lugar al imperio de la ilegalidad y se impulsan estrategias de movilización delictiva para impedir que las autoridades cumplan con sus funciones. Aquí nuevamente el enfoque de estigmatizar a las comunidades que exigen cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
• El nivel de organización de las GAO les confiere la capacidad de amenazar la seguridad nacional y en el 2018 el Consejo de seguridad clasifico a varias organizaciones entre estas el ELN en esta categoría.
• El aumento de los cultivos de uso ilícito (coca) y la extracción ilícita de minerales son la fuente de financiación y riqueza a los GAO
• El desmantelamiento de la política contra los cultivos ilícitos, las equivocadas medidas de política publica que se han adoptado, y el discurso justificatorio han llevado al aumento de cultivos
• La extracción ilícita de minerales, su comercialización, la participación de las GAO y la generación de recursos similares a los producidos por el narcotráfico, además de los daños a los recursos hídricos, parques naturales y paramos considerando en esta política de seguridad y defensa como el mas importante activo estratégico de la nación
• La insuficiente respuesta institucional en los espacios donde estaban las Farc.
• El fortalecimiento de estos grupos y la disputa por el control de rentas ilícitas tiene una relación directa con el aumento de los ataques a líderes sociales y defensores de DH.

Esta política de defensa y seguridad desconoce las amenazas relacionadas con la corrupción, el abuso de autoridad, los nexos de autoridades civiles y militares con estructuras ilegales, la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales entre otros como factores que originan la violencia y al conflicto armado. Esta palabra, por demás, es excluida de toda la política de defensa y, por el contrario, se estigmatizarlo que denomina “discursos justificadores del crimen y el terrorismo”

Otras amenazas que sí identifica la política se relacionan con el aumento de redes y microtráfico, la extorsión, porte ilegal de armas, secuestros, ataques a la infraestructura que afectan la inversión nacional y extranjera, así como la confianza y la seguridad que se requiere para proyectos empresariales y generar riqueza y empleo en los territorios.

Claramente se trata de un regreso al enfoque de garantizar la confianza inversionista, ahora presentado como el discurso de legalidad, el emprendimiento y la equidad es necesario fortalecer la militarización porque esta genera seguridad.

La política de cara a las relaciones internacionales

Sin que el documento lo diga expresamente, se evidencian en él posibles intervenciones y agresiones contra Venezuela, al indicarse como amenaza a la seguridad nacional regímenes no democráticos, crisis humanitarias, migración masiva irregular, tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región y la pretensión de despojar al país del territorio, así como el carácter transnacional que tienen algunas organizaciones ligadas a la extracción ilícita de minerales que aprovechan la porosidad de las fronteras, y en algunos casos la tolerancia, complicidad o apoyo que reciben desde el exterior para contar con santuarios de protección desde donde dirigen ataques en contra de la población en territorio colombiano y el tráfico de cocaína.Todas matrices de opinión y de propaganda que se han manejado en torno a las relaciones con el vecino país.

También enuncia que como Colombia es potencia mundial en biodiversidad y agua, frente al cambio climático, estos bienes naturales se declaran como activos estratégicos de la nación y objeto de la seguridad nacional que velará por su protección y defensa.

Se parte de la premisa que la seguridad no es cuestión de izquierda o derecha, sino que es un bien publico, y la razón fundamental de la existencia del Estado, por tanto,la seguridad es necesaria para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Se insiste en que no hay cabida para los discursos justificadores del crimen y el terrorismo y que la ciudadanía, entre estas mujeres, sindicalistas, defensores, lideres etc. son iguales ante la ley y merecen la misma protección y comparten el mismo deber de solidaridad con la sociedad.

Bajo este enfoque se pretende estigmatizar a quienes consideran que el conflicto armado en Colombia obedece entre otros aspectos, a la exclusión política, económica y social y que su salida es la negociación política, lo que no puede considerarse una justificación sino una realidad sustentada en diversas investigaciones sociales, económicas y decisiones judiciales. Desconoce la política de seguridad del presidente Duque que la protección diferenciada a ciertos sectores de la sociedad se fundamenta en el grado de vulnerabilidad y desprotección en que se encuentran las mujeres, los pueblos indígenas, los líderes y defensores de Dh. y otros, y que su protección no significa falta de solidaridad con el resto de la sociedad, por que esta es diferente a la obligación del Estado de garantizar los derechos.

Es preciso reiterar que el principio de legalidad es un eje estructural de la Constitución que limita el ejercicio del poder público, es la garantía de los derechos todos los ciudadanos, sin embargo en el documento se hace especial énfasis en los derechos relacionados con el emprendimiento, la generación de riqueza y prosperidad individual, la seguridad jurídica para invertir y trabajar y las garantías de seguridad para los pequeños capitales y los conglomerados económicos, concluyendo así que la equidad sólo es posible si la economía de mercado funciona y se establecen condiciones de seguridad que fomenten la iniciativa privada para que los beneficios derroten la pobreza. Es decir, derechos solo para el sector privado, en el contexto de una economía que ha profundizado la pobreza y las desigualdades sociales y económicas de una franja mayoritaria de la población colombiana.

Conforme a lo anterior, la transformación estratégica del sector de defensa y seguridad requiere entre otros aspectos neutralizar las amenazas internas y externas, sobre la base de 5 ejes, que otorgan un fuerte poder a las FFMM y Policía Nacional por encima de las autoridades civiles, contrariando la Constitución Nacional que establece que Alcaldes y Gobernadores son la primera autoridad de policía. Los ejes de esta transformación son los siguientes:

1. La defensa y protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente es una prioridad de la seguridad nacional por que se constituyen es activos estratégicos de la nación
2. Seguridad cooperativa que significa cooperación internacional para influir en la estabilización y prosperidad hemisférica, y contribuir a consolidar un modelo continental basado en la democracia, desalentar los extremismos y en el sometimiento de las amenazas trans-regionales. Es clara la intención de una intervención en Venezuela
3. La disrupción del delito para el desmantelamiento de las economías ilícitas y las riquezas acumulados
4. Pasar del control militar al control institucional
5. Innovación, ciencia y tecnología

La intervención se prevé en tres fases y zonas a las que se caracteriza conforme a lo siguiente: Las primeras se denominan Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) determinadas por el Consejo de Seguridad Nacional en donde se otorgan amplios poderes a las Fuerzas Militares que incluyen la prestación de servicios esenciales y programas civiles de asistencia humanitaria que contribuyan a garantizar derechos.Estas zonas se convierten en teatros de guerra donde se prevén acciones de confrontación militar de Ejército y Policía, con los consecuentes impactos en la vulneración de derechos de la población civil, que solo será receptora de asistencia humanitaria.

Las segundas, denominadas zonas construcción de legalidad, se describen como zonas donde se han generado unas condiciones mínimas de seguridad para pasar de control militar del territorio al control institucional y democrático. Se les confiere nuevamente altos poderes a Fuerzas Militares y de Policía que son las que deben garantizar la acción unificada del Estado. Progresivamente, señala la política, la Policía cumplirá un rol mayor, dado su carácter civil. La justicia ocupará en esta fase un rol central, así como la atención en salud y educación para superar el déficit de presencia estatal. Esto confirma que en las primeraszonas existirá un poder total de Fuerzas Armadas por encima las autoridades locales, los órganos de control y las comunidades

Y en la tercera son zonas de legalidad, emprendimiento y equidad, donde se considera que las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común, la respuesta estará́ a cargo, principalmente de la Policía Nacional y los esfuerzos se centrarán de manera prioritaria en contrarrestar los delitos de mayor impacto, como las diferentes modalidades de hurto, en especial a personas, motocicletas, vehículos etc. El objetivo según el documento, es “promover emprendimiento, generar riqueza y equidad social. La seguridad garantizará las condiciones para promover el desarrollo económico y mejores condiciones sociales para sus habitantes”. Nuevamente, estas zonas confieren poderes a la Policía Nacional por encima de la acción que debe desarrollar el propio aparato de justicia.

Los principios y líneas de la política se agrupan en torno a 4 campos de acción:

1. Disuasión y diplomacia para la defensa y seguridad: Dirigida a liderar un modelo de seguridad cooperativa, fortalecer la diplomacia, fortalecer alianzas estratégicas y la resolución pacifica entre los Estados y alianzas con países con intereses comunes para una disuasión creíble que haga desistir de cualquier potencial amenaza a la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Colombia. Así mismo, y enel marco de la ONU, OEA yOTAN, se integrarán esfuerzos para la exportación en los avances de seguridad y capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional a través del una plan (PEC) que será aprobado por el Consejo Nacional de seguridad(CNS) para la aprobación del Presidente, Capacitación del personal Así mismo a participación en Misiones de paz y otros mecanismos de cooperación.

2. Se pretende priorizar en la política exterior, el impulso de un modelo de seguridad cooperativa, que mas allá de buscar fortalecerlas capacidades para la persecución contra el crimen organizado, redes criminales y comerciales del narcotráfico, trata de personas y otras, se centra en reeditar la llamada seguridad nacional con la alineación de Colombia a países con gobiernos de corte ideológico de derecha, y donde gobiernos que no se alineen con estos, son considerados una amenaza externa y de seguridad nacional, que es necesario confrontar bajo el discurso de defensa de la independencia, la integridad territorial y la soberanía. En este sentido no solo se participarían en Misiones de paz y otras, sino lo mas preocupante es que Colombia impulsaría la conformación de una Fuerza de Tarea combinada en nivel regional que podría convertirse en un obstáculo para la paz en la región.

3. Control Institucional del territorio: Multidimensional, y acción unificada que integra esfuerzos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el sector privado, los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad.

Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. Participación de la ciudadanía en la seguridad. La seguridad exige una sociedad cohesionada en contra de las amenazas, internas y externas, y sin discursos justificativos del delito y del terrorismo. Fortalecimiento de la inteligencia y contra inteligencia, e investigación anticipada que permitan anticipar las amenazas de seguridad a través de la caracterización de los riesgos para proteger a la población que incluye la intervención preventiva en contextos que favorecen el delito y la violencia. El Ministerio de defensa será quien lidere la elaboración de la política de convivencia y seguridad ciudadana con apoyo de CNS y coordinación con los ministerios del Interior y de Justicia.

Se proscribe la conexidad de los delitos de narcotráfico con los delitos políticos. El narcotráfico no será objeto de amnistía, indulto u otro tratamiento.

La Policía Nacional tendrá a cargo la seguridad ciudadana a través de una Sistema Integrado de Seguridad rural bajo el concepto de acercar la institución al campesinado que permita el control institucional del territorio. También se impulsaránprogramas de mediación policial en especial en zonas de transición a la legalidad, y programas de guardabosques y campesinos de mi tierra. Unidades de carabineros para garantizar el derecho de retorno de poblaciones desplazadas. Fuerzas Militares y Policía Nacional seguirán acompañando a la Unidad de restitución de tierra para mantener la seguridad en los desplazamientos, georreferenciación y visitas a los reclamantes de tierras.

Se articulará a la defensa civil en los dispositivos militares y policiales en la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente.

Se prevé la creación de una Red de Participación Cívica multipropósito para enfrentar la delincuencia coordinada con las Fuerzas Militares y Policía Nacional, y medidas para facilitar que empresas de seguridad privada complementen la acción de la Policía Nacional en la seguridad ciudadana, a través de frentes de seguridad, modelos nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la red de participación ciudadana y la adopción de instrumentos jurídicos para facilitar a las personas a tener permisos vigentes.

En relación con las guardias indígenas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional definirán esquemas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en las regiones.
En relación con la protección a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, se elevará el costo de los jefes de aparatos violentos de organizaciones criminales responsables a través de la sensibilización en medios de comunicación y ofrecimiento de recompensas por información para su captura. Las fuerzas militares y policía nacional concentraran capacidades para el desmantelamiento de estas estructuras y será prioridad para sus planes de acción que tendrá un enfoque de prevención para lo cual se fortalecerán capacidades con organismos de inteligencia y de investigación criminal. Frente ala amenazas las autoridades reforzaran medidas de protección. La Política se articula con los programas y directrices del Ministerio del Interior en materia de protección de estas personas, al mismo tiempo que los planes militares y de policía en los territorios tendrán siempre como prioridad proteger a las poblaciones de amenaza de GAO, GDO o cualquier otro actor delictivo.

En conclusión, en la línea de acción de protección a la población y seguridad ciudadana, la política busca fortalecer las fuerzas militares y de Policía por encima de las autoridades civiles, órganos de control e investigación a nivel local, regional y nacional. Pese a que el Acuerdo Final de Paz le dio funciones al Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación como órgano asesor y consultivo del Gobierno que, entre otras funciones tiene la de generar una cultura de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, se desconoce este órgano y se le otorgan funciones al Ministerio de Defensa de liderar la política de convivencia y seguridad ciudadana.

Preocupa el enfoque de anticipación e intervención preventiva, sin mecanismos de control civil, y participación de la propia Fiscalía, cuando es el Ministerio de defensa quien lidera la creación de instancias de coordinación institucional, en especial con la Fiscalía.

Se fortalecen las acciones cívico militares en el campo, a través de programas que se crean de guardabosques y campesinos de mi tierra,contrarias al DIH, ya que militarizan la vida de las comunidades, y vulneran el principio de distinción de la población civil, al involucrarla con procesos que tiene como objetivo la consolidación militar.

Estas acciones cívico militares se articulan a las funciones otorgadas a la Fuerza Pública que contribuyen a la acción militar del Estado en las reconstrucción de las zonas afectadas por el conflicto armado -aunque el documento se refiere a zonas afectadas por el terrorismo, narcotráfico y delincuencia trasnacional- donde se desarrollarían obras de infraestructura con el apoyo de ingenieros militares y programas de infraestructura y gestión social a través del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa(GSED), y la prestación de servicios sociales básicos a la población. Este último aspecto de manera temporal y conforme a los planes especiales de intervención integral. La gestión social con la población como parte de las Fuerzas Militares hace parte de operativos de consolidación militar, en contravía del DIH, como ya lo hemos señalado.

Se fortalece en enfoque del manejo corporativo y empresarial del Ministeriode Defensa. Efectivamente, el presupuesto que va recibir para el 2019 estaría en más de 33 billones de pesos, siendo el segundo sector con mayor financiación del Estado,por encima de la inversión social y la reconciliación.(4), y además cuenta con empresas del GSED que registra ingresos que superaron los 7 billones de pesos, con cerca de 65% corresponden a aportes de la Nación, utilidades por más de 180mil millones y exportaciones cercanas a los 30mil millones(5). Estas empresas de las cuales no se tiene información sobre transparencia, manejo y distribución de sus recursos,serán las responsables de programas de infraestructura y gestión social, según la política de seguridad y defensa, cuando estos derechos de la población deben ser prestado y garantizados por el Estado a través de sus autoridades civiles. Además, pretenden la constitución de un gobierno corporativo para las empresas y entidades que hacen parte del GSED con el propósito de mejorar la competitividad y potenciar las capacidades del sector defensa y seguridad, que incluirían la implementación de modelos en los que participe el sector privado nacional o internacional para ser competitivo y extenderse en el mercado, entre otras líneas de trabajo.

Lo anterior va en contravía de las reformas que requiere el sector defensa y seguridad en un escenario de post conflicto, que implican el cambio de su doctrina y su reducción. Por el contrario, se fija una ruta para que,a 10 años, se tengan unas Fuerzas Militares 100 % profesionales, con énfasis en una formación ligada a este modelo de negocio. Esto nos lleva a la pregunta: ¿La guerra es un negocio?

De otra parte, en lugar de robustecer las entidades civiles responsables de la protección del agua, la biodiversidad, y los recursos naturales, a estos se les cataloga como asuntos de seguridad nacional para justificar la militarización de los mismos, a la que se vincula a la Defensa Civil que ha tenido una función de apoyo en situaciones de desastres naturales. Para estas acciones se crearía una fuerza de protección integral ambiental

La creación de la Red de Participación Cívica de Ciudadanos como recurso indispensable para mejorar los entornos de la seguridad ciudadana, es la reedición de las redes de informantes que ha vinculado a integrantes de estructuras paramilitares a estas. Una cosa son los deberes de la ciudadanía de cooperar con información a las autoridades y el deber de denuncia para la prevención e investigación de los delitos y otra cosa es la creación de redes que son gérmenes de lo que ha sido el paramilitarismo en Colombia.

La alerta temprana ante “situaciones potencialmente peligrosas”,es una noción muy amplia que pueden llevar a intervenciones y acusaciones ciudadanas sin fundamento, y convertirse en instrumento de “cacería de brujas”, “falsos positivos judiciales”etc., lo que sumado a la adopción de instrumentos jurídicos para facilitar a las personas tener los permisos vigentes para el porte de armas que va a contribuir a agravar la situación de Derechos Humanos.

La Guardia Indígena mecanismo autónomo, de derecho propio para la construcción de la convivencia y armónica en los territorios indígenas que tiene como objetivo la vigilancia, control, alarma, protección y defensa de sus tierras y territorios en coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, es independiente y autónoma de cualquier actor armado legal o ilegal. Pretender que las Fuerzas Militares y Policía Nacional definan esquemas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en territorios resulta contradictorio con los derechos a la autonomía, el derecho propio y la consulta previa, entre otros derechos de los pueblos indígenas.

Los actos legislativos y normas que se han aprobado y la Corte Constitucional en relación con el Acuerdo Final de paz, ha definido los delitos conexos con el delito político. Una política de defensa y seguridad no es el medio para proscribir aspectos relacionados con esta temática.

Más que potenciar en el Ministerio de Defensa los programas de atención humanitaria al desmovilizado, es necesario las potenciar los programas integrales para reinserción política, económica y social con plenas garantías de protección.

Respecto a la protección de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el documento desconoce los instrumentos existentes y creados en el marco del Acuerdo Final de Paz como el proceso nacional de garantías para la defensa de derechos humanos y otros escenarios con organizaciones sociales, mujeres, indígenas, así como la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, la Unidad de Investigación para el desmantelamiento de estructuras responsables de ataques contra lideres y defensores de Derechos Humanos, entre otras

4. En la línea de acción Institucionalidad para la defensa y seguridad, se fortalece el Desarrollo de ciencia y tecnología, y articulación de distintas instituciones. Se expresa que la legitimidad dependerá de la aplicación de los Derechos humanos, el DIH, y convocar a la ciudadanía a apoyar la soberanía, la independencia y el territorio nacional.

Este aspecto incluye el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y políticas para eficiencia y bienestar de sus integrantes, en donde será prioridad el fortalecimiento del Comando General de las fuerzas militares, como órgano asesor del Ministerio de Defensa. Así mismo, el desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia, que será adoptada por el CNS, y estará alineada a la estrategia de seguridad que emita esa instancia, el plan nacional de desarrollo y la política de defensa y seguridad.

La comunidad de inteligencia hará uso de los avances de la ciencia, inteligencia artificial y uso analítico de datos, geo-inteligencia articulándola a la investigación criminal para lo cual se dotará de los recursos para estos efecto y aumento de agentes en todos los organismos de inteligencia y profesionalización

Varios escándalos de corrupción y uso ilegal de la inteligencia han salido en los últimos años, los abusos y graves delitos cometidos por organismos de inteligencia, los manejos de los llamados recursos reservados, el uso de hacker ilegales, los obstáculos para el acceso a la información y sin embargo muy poco se desarrolla en la política de defensa y seguridad para el control de sus actividades.

El tema de justicia se incluye como un aspecto sobre bienestar de los miembros de las fuerzas militares donde la política se seguridad priorizará la garantía del derecho al debido proceso de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que concurran a la JEP y se respete el principio de presunción de inocencia. El Ministerio de Defensa desarrollará un programa que vele por que los procesos de construcción de memoria histórica y verdad incorporen la perspectiva de las Fuerzas Militares y de Policía.

Y como contribución a la no repetición, la política señala que el componente de memoria histórica comprenderá́ la construcción de monumentos en espacios públicos, por parte de las unidades militares y de policía, que recuerden los hechos victimizantes cometidos por las organizaciones criminales y subversivas contra la población civil y los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así́ como la elaboración de memoria escrita y audiovisual sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados por dichos aparatos.

Los soldados y policías asesinados, heridos, secuestrados, torturados u objeto de cualquier otra violación a sus derechos y sus familias son considerados como víctimas y merecen especial atención del sector Defensa para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Finalmente se indica que se fortalecerá la Justicia penal militar.

La aplicación de justicia es un derecho de las víctimas. El enfoque de la justicia en un documento de política de defensa y seguridad, pretende elevar a seguridad nacional un derecho para impedir el esclarecimiento de las violaciones cometidas por sus integrantes e impedir el acceso a información reservada bajo la noción de seguridad nacional.

Esta política de seguridad y defensa no reconoce la responsabilidad de miembros de las fuerzas militares y la policía nacional en violaciones a los derechos humanos y la satisfacción de los derechos de las victimas que han producido. Para esta política, la no repetición parte de la garantía de derechos a la verdad, la justicia, reparación integral de hechos victimizantes de sus miembros, y la memoria se limita a la construcción de monumentos frente a hechos victimizantes cometidos contra ellos, que tiene como centro la dignificación de las victimas de las violaciones de DH y DIH cometidos contra los integrantes de la fuerza pública. Pero nada insistimos, refiere a las victimas que integrantes de la Fuerza Publica han generado por acción u omisión, lo que alimenta son las tesis negacionista respecto a sus responsabilidades.

Adicionalmente se pretende además el fortalecimiento de la justicia penal militar, desconociendo la jurisprudencia del Sistema Interamericano y la Corte Constitucional que esta debe ser restrictivas y en ningún caso puede conocer de violaciones perpetradas y que han originado decisiones nacionales e internacionales.
Para finalizar, una línea de acción de la política de seguridad y defensa que merece especial atención es la línea de acción relacionada con la sustitución de economías ilícitas por licitas que pretende brindar las condiciones sociales y económicas para las comunidades dependientes de esta economía, afectadas por el conflicto armado que hoy concentra altos niveles de ataques a líderes de la sustitución, para que sean incluidas social y productivamente, exige una respuesta integral del Estado en materia de derechos, mejoramiento de vías terciarias, obras de infraestructura etc. Por el contrario, la política de seguridad y defensa de Duque pone énfasis en la necesidad de brindar condiciones de seguridad, es decir tratamiento militar como condición necesaria para la creación de mercados, legalidad y desarrollo regional.

En materia de prevención se insiste en la aspersión aérea para la erradicación y sustitución para lo cual se multiplicarán los Grupos Móviles de Erradicación manual (GME), cuya seguridad será garantizada por las fuerzas militares y policía nacional. Así como el uso de tecnología como los drones, y la coordinación de operaciones y control militar en áreas con países fronterizos y aliados.

Los programas se vincularán a los procesos de restitución y titulación de tierras, y se hace énfasis que los programas de sustitución no podrán ser intermediados por organizaciones políticas o de cualquier índole, lo que significa el desconocimiento de los procesos organizativos de las comunidades por la sustitución de cultivos a nivel regional, a lo que se suma que se otorga a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional la coordinación de estos programas de sustitución, y que estos no desconocerán la obligación legal de erradicación y funciones de la fuerza publica. Se estigmatiza los territorios de comunidades indígenas que se les acusa de proteger la acción de narcotraficantes y el aumento de nuevos cultivos. De igual manera se fortalecen mecanismos de extradición, extinción de dominio de narcotraficantes y testaferros, así como la desarticulación de las redes de lavado de activos

En conclusión, prima el enfoque de guerra con el incremento del pie fuerza militar, el otorgamiento de funciones a la fuerza publica para coordinar los programas de sustitución, la prevalencia de destrucción de cultivos y laboratorios, la lucha contra las drogas, y el tratamiento de delincuentes a los pequeños productores que en su mayoría son campesinos, mujeres, indígenas, afros y jornaleros. Todos estos elementos antes que contribuir a la paz territorial va profundizar la violencia y marginación de estas comunidades.

Estas medidas van en contravía del punto 4 del acuerdo de paz sobre solución al problema de las drogas ilícitas, que prevé la participación activa de las comunidades en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas nacionales de sustitución de cultivos de usos ilícito (PNIS).

En cuanto a la extracción ilícita de minerales el Ministerio de Defensa coordinará con el Ministerio de Minas y Energías para asegurar la aplicación de las normas relacionadas con la incautación y medidas administrativas de destrucción de “maquinaria amarilla,” articulado con la persecución al trafico y comercialización de estos minerales, que incluyen el control a la venta y distribución de maquinaria amarilla y programas de recompensas. También medidas contra los bienes de quienes estén relacionados con la extracción ilícita de minerales.

Este enfoque de la política de seguridad y defensa, está destinada a favorecer las grandes empresas mineras y transnacionales, para quienes no existe el discurso de protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, sino la declaratoria de activos estratégicos y objeto de seguridad nacional, con el objetivo justificar la militarización, la creación de una fuerza de protección integral ambiental que garantice las inversiones y la iniciativa privada.

Toda esta política de defensa y seguridad va a contar con un componente de comunicación estratégica a través de sus medios de comunicación, los cuales son considerados como un instrumento fundamental en la “construcción de una cultura de legalidad y valores democráticos”, se prioriza la comunicación con pueblos indígenas y comunidades raizales y afrodescendientes, con quienes se definirá́ y ejecutará una estrategia de comunicación en su lengua y para su ejecución se articulará a todos los medios de comunicación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En conclusión,la comunicación bajo un solo mensaje tiene como objetivo legitimar socialmente la Política de Seguridad y Defensa, entendida como la adhesión voluntaria a las reglas que rigen la convivencia, y el respeto a la libertad económica y la propiedad privada y donde no cuenta la autonomía y derechos de la comunidades.

Notas:

1.República de Colombia, Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductos, Auto 005 de 2018, Caso 003, 17 de julio de 2018, p. 9.
2. ¿Quién es Rafael Guarin Cotrino? Ver en: https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/rafael-guarin-cotrino
3.CNS Se crea mediante decreto 4847 del 23 de diciembre del 2010 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2010/Documents/Diciembre/23/dec474823122010.pdf Mediante decreto 0469 del 2015 se modifica el art 3 sobre composición , el art 5 , Art 7 ) Ver en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%20469%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202015.pdf
4. Ver en: https://www.kienyke.com/politica/presupuesto-colombia-eduacion-defensa-2019
5.Ver los ingresos en 2015: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-del-ministerio-defensa/204966

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035