Las víctimas en Colombia se niegan a olvidar y resisten con dignidad

Viernes 26 de junio de 2009, por Luz Helena Ramírez Hache – Movice España)

Así como son diferentes los impactos de los hechos violentos, debe también avanzarse en dimensionar los contenidos de verdad y reparación de manera diferencial. La voz de las mujeres que han sido víctimas o son sobrevivientes, así como sus experiencias sobre la resistencia y sobre los daños causados, deben hacer parte fundamental de la memoria por contar.

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LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente.

E. Galeano.

“Colombia, la democracia más antigua y estable de América Latina”, slogan que reiteradamente repiten sus gobernante quiénes además se precian de que paga cumplidamente sus deudas a la banca multilateral y en donde la inversión extranjera tiene todas las garantías de estabilidad. Cualidades que hace un par de semanas fueron verificadas por los príncipes de Asturías.
Colombia posee una población cercana a los 44 millones. El 10% de sus habitantes han sido despojados de sus tierras y desplazadas internamente. Entre marzo de 2006 y julio de 2008 se encontraron 1.293 fosas comunes de víctimas de paramilitares. La cifra de personas que han sido desaparecidos forzadamente oscila entre 15mil y 30mil.

Desde 1986, año de creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, según registros de la Escuela Nacional Sindical, han sido asesinados 2711 sindicalistas, es decir, desde hace 23 años en Colombia cada tres días pierde la vida un sindicalista. Los ataques contra trabajadores y trabajadoras han coincidido con conflictos obrero patronales, huelgas, privatizaciones.
Contra una sola formación política - la Unión Patriótica - nacida en 1984 fruto de una negociación entre el gobierno y las FARC, se registraron más de 5000 actos atroces que incluyen asesinatos, desapariciones y torturas. También han sido víctimas otras organizaciones políticas de izquierda; el M19, A Luchar y actualmente el Polo Democrático Alternativo.

Todos los sectores sociales organizados han sido declarados objetivo militar por exigir condiciones de vida digna. La lista de víctimas es interminable e incluye dirigentes estudiantiles, campesinos, barriales, de organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, de organizaciones defensoras de derechos humanos. El Proyecto “Colombia Nunca Más” documentó más de 40.000 violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1966 y 1998, perpetradas por agentes estatales y por grupos paramilitares.

En materia de derechos sociales y económicos los datos no son alentadores tampoco. Según el Banco Mundial, la inequidad en Colombia es igual a la registrada en 1938 . Los pobres se mantienen en un 64% del total de la población del país (82% de la población rural) y hay un 27% de la población que se encuentra en situación de indigencia. Doce mil propietarios poseen 10 millones de hectáreas, es decir el 20% del total de la tierra .

Los datos y las cifras presentadas permiten por lo menos determinar la calidad de la democracia colombiana, una democracia en la que no se garantizan ni los derechos civiles y políticos ni los económicos y sociales. No obstante el gobierno colombiano cuenta con el respaldo de la comunidad internacional.

Uno de los factores determinantes en la violencia política ejercida en Colombia ha sido la consolidación de escuadrones de la muerte como una herramienta efectiva para debilitar y exterminar al movimiento social y la oposición política. Sin embargo los grupos paramilitares se esconden tras dos argumentos: la debilidad del estado, que los llevó a tomar las labores de seguridad y defensa en mano propia; y que ellos han atacado a la insurgencia armada. Ambos argumentos carecen de validez como quedará demostrado a lo largo de esta ponencia.

El paramilitarismo, cuyo origen obedece a los discursos de “enemigo interno” y de la seguridad nacional, orientados durante los años 60’s por los Estados Unidos, se expandió y consolidó en todo el territorio nacional con el patrocinio del estado colombiano.

En 1965, bajo el estado de sitio y en forma transitoria, se emitió el Decreto 3398 , que orientaba a las fuerzas militares organizar y entrenar grupos de civiles para labores contrainsurgentes, de inteligencia y seguridad. Esta normativa se convirtió en permanente en 1968 . El estado colombiano renunció entonces al monopolio de las armas.

A pesar de que en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reglamentación que amparaba los grupos de civiles armados, en 1994 empieza el proceso de creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural (CONVIVIR). La filosofía de estas asociaciones era colaborar con la Fuerza Pública promoviendo “la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de promover vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”.

A pesar de los controles posteriores, generados por la presión de la comunidad internacional y organizaciones nacionales de derechos humanos, que condujeron a la ilegalización de varias de dichas cooperativas, limitando sus alcances a labores defensivas y ordenando la devolución del armamento de uso restringido de las fuerzas militares; las CONVIVIR permitieron a los grupos paramilitares su consolidación en muchas regiones del país, y posteriormente, se dieron a la tarea de estructurarse como organización político militar bajo un mando nacional unificado, en torno de las Autodefensas del Magdalena Medio que comandaban los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Así surgen en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

El accionar criminal de los escuadrones de la muerte se ha acompañado de un discurso legitimador por parte de altos funcionarios de los sucesivos gobiernos colombianos. En su informe del año 2000 la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que fue “... testigo de declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos”.

En el año 2002, en un contexto nacional de debilitamiento del movimiento social producto del accionar de la guerra sucia y en lo internacional enmarcado en la cruzada contra el terrorismo, llega a la presidencia Alvaro Uribe Vélez.

La vida pública de Uribe Vélez ha estado llena de cuestionamientos. En el momento de su presentación como candidato presidencial, la Procuraduría General de la Nación informó que tenía 20 procesos penales en indagación preliminar, 16 investigaciones y 11 pliegos de cargos por irregularidades de contratos indebidos durante su gestión como gobernador de Antioquia, cargo que desempeñó entre 1995 y 1997. Período en el que aparecen públicamente las Convivir. De las 690 creadas en todo el país, en Antioquía se fundaron 70.
Una vez es elegido presidente, Álvaro Uribe implementó la denominada política de seguridad democrática, que se sostiene sobre la premisa de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista, y que a los “ciudadanos de bien” les corresponde acompañar al estado en el enfrentamiento con el enemigo.
El desarrollo de la seguridad democrática ha traído como consecuencia la creciente militarización de la vida de las poblaciones y el mayor involucramiento de los civiles en el conflicto. En la polarización a la que se viene conduciendo la sociedad colombiana, los sectores sociales organizados y de oposición siguen siendo blanco constante de ataques y vulneración a sus derechos fundamentales, como lo han señalado varios informes de organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, HRW y las propias Naciones Unidas.
Por parte del gobierno colombiano se ha presentado el proceso de “negociación” con los grupos paramilitares como un aporte significativo en la búsqueda de la paz, como la superación de la impunidad estructural y como el mecanismo mediante el cual las victimas podrán materializar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Nada más alejado de la realidad.

El proceso adelantando con los grupos paramilitares no obedece a una negociación política, en cuanto cualquier negociación supone la existencia de posturas antagónicas , tampoco se trata de un proceso de paz, ni de desmovilización ni mucho menos del desmonte del estos escuadrones de la muerte.

La Corporación Nuevo Arco Iris señaló que ha constatado el “rearme” de unas 21 “bandas emergentes” que actúan en por lo menos 246 municipios del país, estructuras de las que harían parte al menos unos 10.200 hombres . Ni siquiera Sergio Caramagna, veedor de la OEA cree en la posibilidad de la desaparición del paramilitarismo. El 24 de febrero de 2005 en una jornada de seguimiento al proceso afirmó: “Hay incluso quienes proponen el desmonte total del paramilitarismo. Esas propuestas son muy respetables, pero pongamos los pies sobre la tierra. En esas propuestas o hay una terrible ingenuidad o hay otros propósitos, que no me atrevo a precisar”.

El padre Javier Giraldo, reconocido defensor de los derechos humanos, en su artículo Cinco Falacias en el proceso con los paramilitares, describe la lógica de complicidad entre el paramilitarismo y el estado:

“(P)erciben un enemigo común, un mismo modelo social definido; una misma doctrina que es la llamada “seguridad nacional”; unas mismas prácticas represivas, una solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del accionar armado y la participación de la población civil en el mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras a que sirvan a una misma causa” .

El poder alcanzado por estos grupos no sólo ha sido militar sino político y económico. Nuevo Arco Iris ha señalado que “entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular han sido infiltrados por los grupos paramilitares, mientras cinco partidos políticos, cuyos candidatos han sido todos procesados por parapolítica, actualmente gozan de reconocimiento legal y poder político-electoral” , Hasta julio de 2008 estaban siendo investigados 63 parlamentarios , es decir más del 20% del congreso.

Personas investigadas por sus vínculos con el paramilitarismo han sido nombradas en cargos diplomáticos (la cónsul en Nueva York, los ex embajadores en Chile, en República Dominicana, en los Países Bajos, en Canadá, en Italia, el cónsul en Milán, y los embajadores actuales en México y en la OEA).

“Rafael García Torres, ex director de informática del DAS, paramilitar condenado y testigo clave en las investigaciones de la “parapolítica”, afirmó que las entidades del Estado siguen infiltradas, incluyendo la Procuraduría, la Registraduría, la Superintendencia de Vigilancia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Industria Militar (Indumil), la Armada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y los Ministerios del Interior, Transporte, Comunicaciones y de Relaciones Exteriores ”. No se trata entonces de “casos aislados”, se trata de la consolidación de un poder mafioso en la estructura del estado.

El piso jurídico al proceso de impunidad adelantado entre gobierno y paramilitares ha pretendido ser enmarcado en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), normativa aplicable sólo al 1% de los cerca de 36mil combatientes “desmovilizados” y que no se acerca ni de lejos a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas.

Los combatientes que no son cobijados por esta ley ya recibieron los beneficios previstos sin que mediara diligencia judicial alguna, y el día lunes fue aprobado en el Congreso colombiano el principio de oportunidad para más de 19000 combatientes de estas estructuras, esto significa que ahora un fiscal puede suspender la acción penal para que un delincuente no sea investigado sobre un delito, si este colabora con el desmantelamiento del grupo criminal al que pertenece.

A todo lo anterior puede sumarse que la extradición de 16 de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos, es una jugada más para garantizar la impunidad de los crímenes contra la humanidad que han cometido.

Durante todo el llamado “proceso”, la participación de las víctimas ha sido limitada no sólo por la aprobación de una ley a la medida de los victimarios (tanto los materiales como los intelectuales) sino de la inexistencia de garantías políticas y de seguridad para exigir sus derechos y hacer escuchar su voz. Han sido asesinadas 20 personas que reclamaban sus tierras, muchas otras han sido amenazadas e incluso privadas de la libertad. Los procesos de exigencia de sus derechos se ha adelantado en un contexto de agudización del conflicto y en el que se consolidan los poderes mafiosos y se legaliza el despojo y la impunidad

El breve recuento sobre la tragedia nacional que está plasmado en estas líneas, hace parte de la historia no oficial de Colombia, cuyo desconocimiento y negación permite que hoy el estado colombiano se muestre como una víctima más de la violencia y se desentienda de la responsabilidad histórica y política que tiene en el la violación sistemática de todos los derechos humanos.

La lucha contra la impunidad, la vigencia de los derechos humanos, así como la solución política negociada, han estado incluidos en las plataformas reivindicativas de todo el movimiento social colombiano.

Las primeras organizaciones que denunciaban la impunidad estructural del sistema político datan de hace más de 25 años. Desde el mismo momento es que se inició el proceso de impunidad, las víctimas del terrorismo de estado se han organizado, articulando diversas propuestas nacionales y regionales, y han construido herramientas de lucha contra la impunidad, para alcanzar justicia, dimensionar la reparación y recuperar la memoria e historias de vida de las víctimas.

Negar la persistencia de la violencia política y señalar a los sectores organizados de las víctimas y del movimiento social en general de ser enemigos de la paz y de atizar odios y venganzas se convierte en nueva estrategia para criminalizar y estigmatizar a quienes se oponen al olvido.

El caso colombiano es uno de los muchos en los que se ha pretendido reconstruir la memoria de una manera distorsionada, incluso responsabilizando a las víctimas. Las versiones oficiales de la historia plantean que es necesario "pasar la página para alcanzar la paz". De esta manera, se trata de reconstruir sobre el olvido forzado. El poder tiene su propia política de la memoria.

Los responsables y quiénes han sido los beneficiarios de la violencia política plantean su propia versión de los hechos que busca mantener una imagen coherente de sí mismos, es decir contar con legitimidad política y social.

Las violaciones masivas de los derechos humanos no sólo producen daños directos sino que también apuntan a eliminar la dignidad de la gente, ya sea de una manera individual, como en el caso de la torturas o la violencia sexual, o colectiva, como en el caso del genocidio, la llamada "limpieza étnica" o las políticas de tierra arrasada.

La represión busca inhibir la comunicación social, que los individuos se desvinculen de procesos organizativos, producir aislamiento mediante la estigmatización y la desconfianza comunitaria.

La violencia tiene el objetivo de producir terror. Mientras elimina físicamente a las personas que constituyen el blanco directo de sus acciones, los métodos de terror utilizado tienden a paralizar a todos aquellos que puedan sentirse identificados con algún aspecto de las víctimas. Esta irracionalidad aparente de la represión oculta una racionalidad muy clara de hacer visible la amenaza para todos los sectores de oposición. Se trata pues de construir patrones sociales de comportamiento y que se interiorice el miedo.

El silencio y la pasividad se convierten en respuesta frecuente al miedo. La culpabilidad que empiezan a sentir las personas que han sobrevivido y las que han sido testigos de hechos horribles, se convierte en un instrumento de control social, en una justificación para las atrocidades y en una forma de mantener la impunidad de sus responsables reales. “Por qué me ha pasado a mí?”, “¿por qué no hice nada más?”, “si no me hubiera metido en la asociación esto no hubiera ocurrido”, se traslada pues la responsabilidad de los hechos a las víctimas y se desdibuja al verdadero verdugo.

Las víctimas no han tenido la oportunidad de señalar a los culpables, de narrar lo que les ha ocurrido ni del sufrimiento que han padecido. Frecuentemente los recuerdos de hechos dolorosos están atados al miedo, a la desvalorización social e incluso a la criminalización de las poblaciones afectadas. La memoria entonces tiene no sólo un valor terapéutico colectivo, sino también el objetivo de tener un reconocimiento social y justicia, que también incluya una sanción social a los perpretradores.

El impacto de la violencia es diferente en comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. En los pueblos ancestrales la relación con el territorio y la vida en comunidad es fundamental para su sobrevivencia. Las consecuencias de la violencia sociopolítica también son distintas en los menores de edad y en las mujeres.

Son las mujeres las que padecen con mayor rigor el empobrecimiento, la militarización, el silencio sobre la violencia sexual padecida, y son además las que llevan a cuestas la carga de la denuncia de los hechos y la lucha por el esclarecimiento de los mismo en una proporción mucho mayor. Recaé sobre ellas también la reconstrucción comunitaria y social.

Así como son diferentes los impactos de los hechos violentos, debe también avanzarse en dimensionar los contenidos de verdad y reparación de manera diferencial. La voz de las mujeres que han sido víctimas o son sobrevivientes, así como sus experiencias sobre la resistencia y sobre los daños causados, deben hacer parte fundamental de la memoria por contar.

Es importante considerar también la memoria de las experiencias de afirmación y resistencia. No sólo la memoria del daño, sino la memoria de la solidaridad, que forma parte de la experiencia de la gente y que constituye un conjunto de recursos individuales y comunitarios que son la base para un proceso de reconstrucción social.

Los derechos de las víctimas reconocidos por la comunidad internacional definen también los deberes del estado a perseguir y castigar a los perpetradores de graves crímenes y el deber de las sociedades a recordar los hechos dolorosos y restituir a las víctimas la dignidad que se les intentó arrebatar. El cumplimiento de los derechos a verdad, justicia y reparación, deben conducir a la construcción de sociedades más democráticas y justas y su reconocimiento en el ámbito jurídico ha sido un logro atribuido en gran medida al aporte de las mismas víctimas.

Estos derechos se encuentran interrelacionados. No pude haber justicia si no se conoce la verdad. No habrá reparación si no se ha hecho justicia. Hacerlos efectivos debe permitir además resolver problemas prácticos que han sido consecuencia de la vulneración de sus derechos, como la superación de las condiciones de pobreza a las que se han visto avocados; el acompañamiento sicosocial en los procesos que permitan la elaboración de duelos y la realización de actos de dignificación y reinvindicación de las víctimas y de sus proyectos de vida, familiares, políticos y organizativos.

La memoria se convierte en herramienta de lucha y de reinvidicación política y no en un escaparate puesto en un museo, despojado totalmente de su contenido. Se convierte en un cuestionamiento de las estructuras sociales injustas y de sistemas políticos excluyentes.

Exigir justicia para las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia me ha llevado a conocer muchos rostros de hombres, y en su mayoría mujeres, que buscan a sus familiares, que denuncian la impunidad. Los rostros son siempre los mismos: negros, indios, pobres.... se trata de una lógica del poder que utiliza la violencia para lograr sus objetivos. Reconocer el dolor propio en las luchas que se llevan en otros sitios y por otras personas, debe permitir avanzar en la lucha contra la impunidad de formas más contundentes.

Los rostros y testimonios que ustedes conocerán en la exposición “Recordar desde el Corazón, Las víctimas en la memoria” es una muestra del dolor, pero también de la lucha de los y las colombianas que se niegan a olvidar y que resisten con dignidad. Sus voces son la memoria viva que ha sido capaz de convertir la muerte y el dolor en vida y esperanza.
Muchas gracias.

LUZ HELENA RAMÍREZ HACHE
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Colombia)

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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