Nace primera organización nacional para la reclamación de tierras

Viernes 3 de diciembre de 2010, por IPC

Visibilizar el drama que ha significado para miles de campesinos colombianos el despojo de tierras por parte de los grupos armados ilegales y adelantar un fuerte trabajo de deliberación e incidencia en políticas públicas que permitan restituir de manera efectiva bienes y predios a las víctimas de este flagelo son, entre otros, los objetivos que se plantea la recién creada Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras.

Campesinos | Derecho a la tierra |

La Asociación recoge el trabajo que venían realizando diferentes organizaciones de campesinos reclamantes de tierras en departamentos como Bolívar, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Córdoba, Caldas y Quindío, quienes ahora no sólo trabajarán unidos en torno a su derecho de acceso a tierras sino que también contarán con el acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales Instituto Popular de Capacitación (IPC), Redepaz; Fundación Forjando Futuros y la Corporación Nuevo Arco Iris.

Con la creación de la Asociación se espera además que la restitución de tierras y, en general, la discusión de la problemática agraria no sea “flor de un día” o un tema de agenda netamente coyuntural sino que pase a ser un aspecto de vital importancia para el futuro del país, que cuente con amplios y profundos debates en los cuales participe el campesinado como una fuerza social reconocida.

La iniciativa surge precisamente en momentos en que avanza el trámite del proyecto de Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras en el Congreso de la República; articulado que ha sido considerado por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, como “prioritario y fundamental” para el desarrollo del país y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Según la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, elaborada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, entre los años 1980 y 2010 unas 6.65 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas o forzadas a dejar abandonadas debido a la expulsión masiva de campesinos que produjeron los grupos armados ilegales en sus lógicas de confrontación.

El estudio también revela que los departamentos más afectados por el flagelo del despojo son Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. Si bien los integrantes de la Comisión, entre los que se destacan el economista Luis Jorge Garay, el ex-magistrado Eduardo Cifuentes y Monseñor Héctor Fabio Henao, celebran que hoy el país esté discutiendo el tema, también advierten sobre las amenazas que se ciernen sobre las iniciativas de restitución de tierras, comenzando por el aspecto de seguridad paras las víctimas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que en los últimos tres años unos 47 campesinos reclamantes de tierras han sido asesinados en todo el país; de ellos, unos ocho casos ocurrieron en el Urabá antioqueño. Sólo en el 2010 se presentaron las muertes violentas de Albeiro Valdez (mayo); Hernando Pérez (septiembre) y Oscar Mausa, este último ocurrido el 24 de noviembre. Asimismo, se registró el atentado contra Fernando Enamorado, ocurrido en el mes de noviembre, que por fortuna no cobró su vida.

Por ello, una de las primeras acciones que emprenderá la nueva Asociación Nacional es interlocutar con el Gobierno nacional para que se mejoren los esquemas de seguridad de los labriegos inmersos en procesos de reclamación de tierras. “Nosotros no contamos con el apoyo de nadie, no tenemos el respaldo institucional, por eso el deseo de unirnos, para ver si entre todos logramos generar mayor incidencia. Hay departamentos muy críticos, como el Valle del Cauca. Allá no hay reconocimientos a las víctimas, hay una amenaza constante a la integridad y los derechos de las víctimas”, expresa Carmen Palencia, presidenta de la Asociación.
De acuerdo con Palencia, lo anterior es fundamental si se quiere fortalecer las organizaciones regionales y vincular a otras más que vienen trabajando en departamentos como Cauca, Nariño, los Llanos Orientales, entre otros. “Para esa labor de fortalecimiento estamos programando la realización de un congreso nacional, que sería para el mes de febrero”, añade la Presidenta de la Asociación.

Para las organizaciones no gubernamentales que acompañarán este proceso, la creación de la Asociación ayudará a contener a los denominados “enemigos legales e ilegales” que tiene la restitución de tierras en Colombia.

“Se ha evidenciado que la eventual restitución de tierras a los despojados tiene muchos enemigos y muy poderosos, lo que refuerza la necesidad de respaldar en forma decidida su organización; de otra manera, las promesas de restitución quedarán como un ‘canto a la bandera’ y un nuevo capítulo de la estructural impunidad que ha rodeado este tema en el país”, señala Martha Lucía Peña Duque, presidenta del IPC, una de las organizaciones que acompañará a la Asociación.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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