Objetamos trámite de ley de víctimas y ley de justicia transicional

Miércoles 15 de diciembre de 2010, por Movice

Como MOVICE nos hemos pronunciado en diversas ocasiones a favor de la creación de un modelo garantista y justo para las víctimas y hemos propendido por una solución política y negociada al conflicto político, social y armado del país. Hemos expresado en distintas ocasiones que sólo verdaderas políticas de reparación integral a las víctimas pueden asegurar procesos de reconstrucción y ampliación de la democracia

Víctimas de Crímenes de Estado |

La ley de víctimas y la justicia transicional reflejan la existencia de un conflicto armado y la crisis de un modelo de aplicación de beneficios legales a personas que participaron en estructuras armadas, lo que es ya un avance en relación con la legislatura pasada.

De la misma suerte, la ley de víctimas amplía la categoría de víctima a toda persona que ha sufrido un daño como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o por una infracción al DIH. Por consiguiente, precisa las diferentes responsabilidades que existen entre el Estado, la sociedad y las víctimas frente a la reparación.

Creemos también que establece la obligación de crear un plan económico que garantice la sostenibilidad de la ley; crea un procedimiento que facilita la restitución de tierras de dos millones de hectáreas, así como estipula la existencia de cerca de siete millones de hectáreas despojadas, según reza el último informe de la Corte Constitucional.

Determina medidas que atienden a las especiales necesidades de las mujeres que han sido victimizadas especialmente en materia de violencia sexual y de despojo y determina la obligación dentro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de especializarse en la persecución de los bienes destinados a la reparación.

El texto aprobado en las dos cámaras en el debate de la ley de víctimas y el propuesto como ley de transición, continúan desconociendo los informes y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional, las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el marco de interpretación sobre derechos de las víctimas de la Corte Constitucional.

Pese a lo anterior objetamos:

1. El proyecto de ley de víctimas aprobado hasta el momento desconoce las obligaciones del Estado en materia de personas protegidas por el DIH con ocasión del conflicto armado interno, de este modo niega la condición de víctimas a los familiares de miembros de grupos armados que hayan sido torturados, ejecutados extrajudicialmente y/o desaparecidos forzadamente.

2. Promueve medidas de “justicia transaccional” como si el conflicto político, social y armado en el país ya hubiese desaparecido.

3. Propone a las víctimas que renuncien a indemnizaciones futuras a cambio de mejorar la fórmula de topes de la reparación administrativa e igualmente impone topes para los honorarios de los defensores de víctimas, desestimulando que consigan abogados que los representen.

4. Presenta la ley en términos monetarios limitándola a la posibilidad de sostenibilidad financiera de la reparación.

5. Comprende hechos ocurridos después de 1993, negando el derecho a saber, el derecho a la memoria y a la verdad de los hechos ocurridos desde 1948.

6. No promueve el esclarecimiento de los crímenes de Estado y de los grupos paramilitares.

7. No distingue de forma total e inequívoca las medidas de reparación a víctimas de la política social y de asistencia consagrada en la Constitución Política como derechos de [email protected] [email protected] [email protected]

8. La restitución se limita a las tierras y se excluye la devolución de otros bienes como semovientes y herramientas de trabajo. No contempla la entrega de prestaciones complementarias tales como el alivio de deudas que recaen sobre el bien, el saneamiento de los bienes y medidas de estabilización socio-económica. Y como estrategia de protección de habitantes rurales, mestizos, afro descendientes e indígenas sólo contempla militarización, sin implementar otras medidas que les permita el retorno y el asentamiento con base en sus iniciativas productivas y de protección ambiental.

Por otro lado, el recientemente radicado proyecto de LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL, pretende beneficiar a mas de 27.000 desmovilizados, convirtiéndose en nuevo mecanismo para ocultar la responsabilidad del Estado, de los sectores políticos tradicionales y del sector empresarial que se ha beneficiado de las acciones del paramilitarismo, propiciando la impunidad jurídica, social y política.

En este sentido hacemos un llamado para que el pueblo Colombiano se pronuncie y se movilice frente a los desaciertos del proceso legislativo de LEY de VICITMAS y se logre adelantar una propuesta que permita la realización efectiva de los derechos de VERDAD, JUSTICIA y REPRACION INTEGRAL. La ley de justicia transicional que pretende beneficiar a más de 17.000 desmovilizados, se convierte en nuevo mecanismo para ocultar la responsabilidad del Estado, de los sectores políticos tradicionales y del sector empresarial que se ha beneficiado de las acciones del paramilitarismo, propiciando la impunidad jurídica, social y política y desconoce la necesidad de la judicialización de la verdad para propiciar el esclarecimiento judicial, no solamente histórico, de individuos de estructuras de poder.

Así, el Movice, no sólo objetará éticamente los proyectos en trámite, sino que adelantará las acciones jurídicas a que hayan lugar para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Invitamos a la realización de actos simbólicos y políticos ante los desconocimientos que vienen realizando bancadas del gobierno sobre los derechos de las víctimas.

SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, SOMOS

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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