Plan de Desarrollo de Uribe incluyó apartes de libro de Ernesto Báez
Así se desprende de la Sentencia del Tribunal de Justicia y Paz que condena a 32 miembros del Bloque Central Bolívar

Jueves 21 de septiembre de 2017, por Prensa - Colectivo

Eduardo Carreño Wilches, abogado del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, quien representa a la ex senadora Piedad Córdoba como víctima de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, afirmó que esta es una sentencia simbólica, ya que muchos de los condenados ya han cumplido sus penas.

Paramilitarismo | Crímenes de Estado |

Foto: Mapp-OEA Acompañamiento a víctimas del Bloque Central Bolívar en Caquetá y Putumayo, Mayo de 2016

El pasado 15 de septiembre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dió a conocer la sentencia del 11 de agosto de 2017 contra 32 jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar, BCB, (ver lista al final) por la comisión de 965 hechos agrupados en patrones de criminalidad consistentes en homicidios individuales y colectivos (masacres), secuestros como el de la ex senadora Piedad Córdoba, torturas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual contra mujeres y niñas, y reclutamiento forzado de menores de edad, con 1463 víctimas directas y 5.125 indirectas, entre 1999 y 2006, en 15 de los 32 departamentos del país. Por estos crímenes los condenados recibieron una pena de 40 años que, al haberse sometido a la Ley de Justicia y Paz, pasa a ser de ocho años.

Eduardo Carreño Wilches, abogado del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, quien representa a la ex senadora Piedad Córdoba como víctima de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, afirmó que esta es una sentencia simbólica, ya que muchos de los condenados ya han cumplido sus penas.

Incumplimientos con Justicia y Paz

Para el abogado, es preocupante que la mayoría de estas personas hoy se encuentren en libertad a pesar de la gravedad de los crímenes cometidos, lo que constituye un riesgo para sus víctimas. Así mismo, señala varios incumplimientos a los requisitos de colaboración efectiva con la verdad, la justicia y la reparación integral, por los cuales deberían perder los beneficios de Justicia y Paz.

Uno de ellos es que sólo una minoría de desmovilizados se presentó a comparecer ante Justicia y Paz, lo que constituye un fraude en el proceso, razón que considera suficiente para solicitar su exclusión de dichos beneficios. “Según registros de la Fiscalía General de la Nación, la desmovilización de integrantes del BCB, sumó aproximadamente 7.603 hombres y según la misma entidad, 126 fueron postulados por el gobierno nacional al proceso de justicia y paz” P. 28

De igual forma, los hallazgos del fallo en relación con el reclutamiento forzado de menores que no fueron separados de las filas del Bloque Central Bolívar durante el proceso de desmovilización “por orden del alto comisionado Luis Carlos Restrepo, la estructura no desmovilizó a los menores ni los entregó al Bienestar Familiar sino que se les dio un aporte y les envió de regreso a sus familias para que esta práctica no fuera investigada” y añade, que este elemento también debería llevar a una exclusión de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz de quienes participaron en este engaño a la justicia y a la sociedad. Así lo recoge la sentencia:

“A partir de este requerimiento, se develó una cuestión que merece una especial referencia en esta decisión judicial, correspondiente a las irregularidades que tuvo el proceso de desmovilización del BCB y particularmente respecto de la desvinculación de los menores de edad, ante la negativa de vincularlos en la lista de desmovilización del BCB. Negativa, que de la información presentada por los postulados y la Fiscalía, provino de Luis Carlos Restrepo, para esa época Comisionado de Paz. (…)

(…) En audiencia, esta Sala conoció que a los menores de edad reclutados, se les entregó un dinero a cambio que no entraran al trámite regular de desvinculación. Práctica que tuvo lugar en Nariño, Putumayo, Caquetá y Antioquia”. P.483-484

Origen legal, vínculos con fuerza pública y sectores económicos

Por otra parte, llama la atención el análisis de contexto que permite establecer el origen legal del paramilitarismo con base en el Decreto Ley 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, de Seguridad Nacional, que crea las Autodefensas, así como del Decreto 365 de 1994 que crea las Cooperativas Convivir, “muchos de cuyos integrantes pasaron después a hacer parte de estructuras paramilitares” señala el abogado Eduardo Carreño W.

Las pruebas recaudadas, también permiten concluir la colaboración de la fuerza pública, ejército, DAS y otros organismos de inteligencia en las regiones donde hizo presencia el Bloque Central Bolívar. También la participación de empresas como Ecopetrol, sobre la cual la Procuraduría denunció cómo la empresa dejaba el tubo a su disposición para extraer gasolina distribuirla en estaciones de servicio en el Magdalena Medios y así financiarse. Al respecto la sentencia señala:

“… en lo relacionado con el Hurto de combustible la Procuraduría indicó que esta fuente de financiación del BCB, tuvo lugar principalmente en la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, en Barrancabermeja. En ese sentido indicó que dicho acto criminal tuvo lugar con la aparente colaboración de empleados de la misma, quienes informaban al jefe paramilitar cuando y a qué hora debían hacer las perforaciones ilegales al tubo, para robar gasolina que luego sería comercializada en estaciones de servicio.” P. 1.876

Violencia sexual impune

Uno de los patrones de macrocriminalidad de esta estructura paramilitar identificados por el fallo, fue el de la violencia basada en género que tuvo sus peores expresiones en el departamento de Putumayo, caso documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el libro El Placer: Mujeres, guerra y Coca en el Putumayo, así como en Caquetá y en Santander. En este último departamento, llama la atención el caso documentado del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Charalá, Santander, Provincia de Vélez donde la rectora Lucila Inés Gutiérrez y su esposo Luis Moreno pusieron a disposición del frente paramilitar a las niñas y adolescentes estudiantes, para prácticas de esclavitud sexual a través de reinados.

“Según la Fiscalía y la Alianza IMP (Iniciativa de Mujeres por la Paz) el reinado no tenía el único propósito de recolectar fondos para el colegio, sino servir como método de selección, para que los miembros de la estructura paramilitar Frente Comuneros Cacique Guanentá (FCCG) eligieran niñas o adolescentes de su agrado para tomarlas como esclavas sexuales” P.411

Al respecto, el abogado destacó que es aberrante que la administración de justicia no haya abierto la investigación de carácter penal contra las directivas de esta institución por este tipo de infamias contra las menores.

Proyecto paramilitar ¿Política de gobierno?

Pero quizás el aspecto más importante para resaltar de la sentencia de Justicia y Paz sobre el Bloque Central Bolívar, es el análisis que hace sobre un libro que escribió el comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar, alias Ernesto Báez, luego incorporado -en varios de sus apartes- al Plan de Desarrollo 2002-2006 Hacia un estado comunitario.

En el numeral 6.2.6.5, Programa Político del BCB, la Sentencia de Justicia y Paz señala:

“…la propuesta plasmada en el libro Escenarios para la Paz a partir de la construcción de las regiones, al parecer guarda una serie de concordancias estructurales con el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario 2002-2006; que en concreto se refieren, por ejemplo, a que en los dos textos se plantea una reforma regulatoria en el sector minero y un plan de desarrollo para la infraestructura minera nacional, entre otros” Y añade que los dos documentos “… plantean un desarrollo estatal a partir de la inversión privada en distintos sectores de la economía, como el petróleo, la minería, la infraestructura vial, etc.”

Y añade:

“A lo largo de este fallo, se ha evidenciado como el BCB, tuvo como fuente de financiamiento principal, además de las actividades ligadas al narcotráfico, economías ligadas a los tres sectores mencionados. Para el caso, la extracción petrolera en Putumayo y Santander, particularmente en el municipio de Barrancabermeja. Las minas de oro en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar; y la consolidación de proyectos de monocultivo de palma con el inmenso proyecto agroindustrial denominado COPROAGROSUR, en el Sur de Bolívar. P.137.

Esto podría indicar que el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional incorporó los planteamientos e intereses del proyecto paramilitar convirtiéndolos en política de desarrollo en varias regiones.

Por tal razón, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá solicita profundizar en esta materia:

“Lo anterior, deberá ser objeto de amplío estudio y análisis, razón por la cual los planteamientos esbozados quedarán a disposición de las organizaciones civiles, comisiones de la verdad o la Fiscalía General de la Nación, para que sean objeto de rigurosa verificación”, concluye la Sala.

Miembros del grupo criminal condenados

1. Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”
2. Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”
3. Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”
4. Carlos Mario Ospina Bedoya, alias “Tomate”
5. José Germán Sena Pico, alias “Nico”
6. Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”
7. Arnolfo Santamaría Galindo, alias “Pipa”
8. Martín Alonso Hoyos Gutiérrez, alias “Cardán” o “Brayan”
9. Everardo Bolaños Galindo, alias “David”
10. Richard Manuel Payares Coloreado, alias “El Cole”
11. Oscar Leonardo Montealegre Beltrán, alias “Piraña”
12. José Arnulfo Rayo Bustos, alias “Mario”
13. José Orlando Estrada Rendón, alias “El Paisa” o “Copito Johnson”
14. Rodolfo Useda Castaño, alias “Julio Castaño”
15. Guillermo León Marón Pulgarín, alias “El Doctor”
16. Aníbal de Jesús Gómez Holguin, alias “Juan Carlos”
17. Roberto Carlos Delgado, alias “Negro Pacho”
18. Jadith Payares Cantillo, alias “El Costeño”
19. Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias “Rodrigo”
20. Pablo Emilio Quintero Dodino, alias “Bedoya”
21. Bolmar Said Sepúlveda Ríos, alias “Viejo y/o Oscar”
22. Luis Jesús García Ortega, alias “Chucho Mono”
23. Luis Alberto Vargas Pinto, alias “Nare”
24. Julián Gómez Torres, alias “Sangre”
25. José Fernando Gómez Sánchez, alias “El Cartelero”
26. Nelson Quintero Martínez, alias “Pantera”
27. Efraín Rincón Pérez, alias “Muca-Muca”
28. Jorge Eliécer Garro Tristancho, alias “Recluta” o “Farid”
29. Yan Alberto Manjarres, alias “Chama Blanca”
30. Arturo Torres Pineda, alias “Don Carlos”
31. Wilson Fuentes Cruz, alias “Llanero”
32. Alonso Pabón Correa, alias “El Alemán”

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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