Si EPM no le cumple a la autoridad ambiental nosotros qué esperamos como comunidades: Ríos Vivos Antioquia
Movimiento Ríos Vivos Antioquia presentó su Plan de prevención y protección

Viernes 24 de agosto de 2018, por Movimiento Ríos Vivos Antioquia, Prensa - Colectivo

El pasado viernes 15 de agosto se llevó a cabo la socialización del Plan de prevención y protección del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que surge del análisis propio sobre sus escenarios de riesgo, acciones y medidas de prevención, protección, reparación y garantías de no repetición de los ataques a sus líderes y lideresas.

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El pasado viernes 15 de agosto se llevó a cabo la socialización del Plan de prevención y protección del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que surge del análisis del Movimiento Ríos Vivos Antioquia sobre sus escenarios de riesgo, acciones y medidas de prevención, protección, reparación y garantías de no repetición de los ataques a sus líderes y lideresas.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” entrevistó a Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos sobre la importancia de este Plan:

Prensa Cajar –PC-: ¿Cuál es el origen del Plan de prevención y protección del Movimiento Ríos Vivos Antioquía que hoy publica el Ministerio del Interior?

Isabel Zuleta –IZ-: El origen fue en el año 2013 cuando llevábamos un año de solicitar insistentemente medidas de protección colectivas ante las amenazas, principalmente de la Fuerza Pública, por las protestas que desarrollábamos en contra de Hidroituango; cuando nos pidieron llenar los formularios para pedir protección enviamos un listado de 800 personas que necesitábamos medidas en ese momento y nos dijeron que eso no era posible, que las medidas que tenía el Estado no podían atender a tanta gente, entonces empezamos, precisamente, a posicionar más la idea de que las medidas tenían que ser colectivas y que las teníamos que pensar desde nosotros, a raíz de lo que nos estaba sucediendo.

Lamentablemente eso se quedó quieto hasta que asesinaron a dos integrantes del Movimiento en ese año y después de una tutela, el Gobierno se ve obligado a respondernos. Empezamos este proceso que se vio suspendido en varias de sus faces porque ellos siempre planteaban que nuestro riesgo era el de todo colombiano, que porque ser colombiano ya implicaba un riesgo, y nosotros teníamos que demostrar que había un riesgo asociado a nuestra postura política y a las acciones que desarrollamos. Entonces como Movimiento hicimos una línea de tiempo cotejando las acciones de movilización, protesta, exigibilidad de derechos con los incidentes de seguridad y la primera conclusión no gustó mucho, se volvió un debate permanente.

Una segunda conclusión es que precisamente necesitábamos medidas políticas y no tanto materiales; en el Plan el 80% son medidas políticas construidas colectivamente en las asambleas que hicimos, en las que participaron 300 personas, para hablar de lo que considerábamos que era la seguridad, la protección, cuál era la amenaza y cuáles eran las posibles medidas para superar esa situación. Entonces, son unas conclusiones que no es que las puedan discutir porque ha sido una construcción grandísima.

En ese sentido ambas conclusiones no le gustaron mucho al Gobierno pero por fin tenemos esta cartilla. Una última conclusión es que para ellos quedó claro que la protección de los líderes sociales, y específicamente de los líderes ambientalistas, es una cuestión ideológica, así como nos lo dijo el propio Gobierno esto es un problema ideológico, esto no es un problema técnico. Desde nuestro punto de vista es un problema porque no asumen la responsabilidad de lo que significa cercenar una voz opositora de las posturas del Estado.

PC: ¿Cuáles son las principales medidas que propone el Movimiento Ríos Vivos para a su protección?

IZ: Reconocimiento de la legitimidad de defender los ríos en Colombia, de oponerse a los proyectos minero-energéticos en el territorio. Eso es un debate grandísimo porque lo que manifiesta el Gobierno es que reconocer esa legitimidad significaría que están de acuerdo con la oposición pero es que somos un Estado social y de derecho. Sin embargo el gobierno asume que garantizar nuestros derechos es ser opositor de sí mismo y de su política minero energética.

La otra medida que nosotros solicitamos es que deben fortalecer la organización social y comunitaria con nuestras propias medidas de protección, con espacios de análisis como los que tuvimos para hacer el contexto y también para saber cómo cambia. Para nosotros el tema de la protección es un punto importante pero reconocer nuestra legitimad es una obligación del Estado para así proteger nuestros derechos que es lo contrario a estigmatizar, reconocer que lo que hacemos no es ilegal, es posible, que debería ser así, que creemos que los ríos deben dejarlos quietos, que no los toquen, no los contaminen, no los desvíen y no los represen. Dar legitimidad a esa voz y fortalecer la organización social y comunitaria son las principales medidas entre muchas otras que tenemos en nuestro Plan.

PC: Una de las medidas tiene que ver con la investigación de los homicidios, de las amenazas, de los atentados, de las judicializaciones que ha vivido el Movimiento, entonces ¿en qué estado está ese tema de impunidad?

IZ: Nosotros creemos que cada vez que nos atacan y que hay impunidad es como si el Estado estuviera alimentado a los que quieren atacarnos, que no pasa nada con que nos quiten la vida, con que nos amenacen, nos persigan, nos torturen. El estado de impunidad es absoluto, ninguno de los casos que tenemos, de todos los incidentes de seguridad que hemos sufrido, se han aclarado por parte de la justicia. Hay casos en los que los victimarios son ampliamente reconocidos, como los actores criminales al margen de la ley que nadie sabe en dónde están o en dónde se esconden, pero tenemos casos en los que sí se sabe quiénes son como el Alcalde de Valdivia (Jonás Dario Henao Cardona) cuando dispara a la vivienda del compañero, ahí tampoco pasa nada, se sabe quiénes son, hay testigos, están las pruebas y ni siquiera ahí hay justicia.

PC: Una vez teniendo este Plan de protección ¿Qué es lo que sigue, cómo se va a implementar, cómo se logra que esto se vuelva realidad?

IZ: Esa es la tarea más difícil porque muchas de esas cosas eran para que se hubieran implementado en este gobierno que terminó. Ahora el Gobierno queda con un compromiso, ya no sólo con nosotros, sino con la Procuraduría ante quien interpusimos la queja, porque la situación de seguridad de los integrantes del Movimiento es muy difícil. No vemos concebible que esto lo estemos trabajando desde hace tantos años y no haya pasado mayor cosa y nosotros tengamos que soportar esta situación de persecución, estigmatización y señalamiento. Creemos y estamos seguros de que si se hubiera implementado este Plan no nos hubieran asesinado a nuestros compañeros este año y para nosotros es muy doloroso porque el año pasado cuando lo terminamos de construir, cuando dimos la última revisada dijimos: los momentos más críticos de la obra se reflejan en la situación más crítica de seguridad para nosotros, quiere decir que cuando inunden vamos a tener un problema y tal cual pasó. Y no es que seamos adivinos ni pitonisas, sino que hicimos un análisis juicioso y no queremos que nos pase nada, pero entonces ¿Para qué decirlo y dejar esas constancias si no van a hacer nunca nada? Eso es muy triste, realmente nosotros todo lo que hemos dicho ha pasado pero a nadie le ha importado.

PC: ¿Cuál sería el mensaje para el Gobierno que empieza, teniendo en cuenta este Plan de protección? ¿Qué tiene que pasar con los líderes de Ríos Vivos y su territorio?

IZ: En un principio tiene que haber diálogo. Otra de las conclusiones, además partimos de ella y llegamos a ella, es que lo que más nos ha puesto en riesgo es el hecho de que no se nos reconozca como interlocutores válidos para el diálogo social. Cuando Empresas Públicas de Medellín –EPM- dijo que con nosotros no se conversaba y lo dijo públicamente, casi que nos excluye, nos cercena nuestra voz, nos sacan de los escenarios y eso nos pone en riesgo. Entonces, el mensaje principal para el Gobierno entrante es: el diálogo social nos protege a los defensores de derechos humanos y nos protege a los defensores ambientales, es buscar una ruta para que esas diferencias que tenemos de perspectivas sobre el territorio se tramiten, porque cuando no se tramitan y no hay diálogo social nos ponen en mayor riesgo.

PC: ¿Qué está pasando con la tragedia de Hidroituango, cómo ha evolucionado la tragedia finalmente?

IZ: Después de la suspensión de licencia por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- es muy triste ver cómo la evolución es que EPM le sigue mintiendo al país, diciendo que la tragedia se ha superado cuando hay zonas que todavía están en alerta roja pero ya no sale por ningún medio, cuando hay personas que están albergadas todavía en los coliseos, cuando hay personas que están en casas de familias. Ya vamos a ajustar cuetro meses y eso ya es muchísimo tiempo sin que se dé una solución real a la problemática. Nadie sabe realmente qué hay debajo del agua y lo más grave es que ante la última resolución de suspensión temporal, la junta directiva de Hidroituango dijo que no la iba a cumplir, entonces nosotros sí tenemos una preocupación muy grande, no sólo por la vida y por la integridad física, en relación a la amenaza que es Hidroituango, sino porque si no le cumplen a la autoridad ambiental nosotros qué vamos a esperar como comunidades.

Ver y descargar en PDF el Plan de prevención y protección completo

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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