Torturadas por lo que son, torturadas por lo que hacen

Martes 26 de junio de 2012, por Amnistía Internacional

La tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna
circunstancia. Y sin embargo, existe, y ataca doblemente a mujeres, niñas y personas
pertenecientes a minorías sexuales, que la reciben por lo que son y también por lo
que hacen: ser activistas de derechos humanos, opositoras políticas o simplemente,
por no callarse y denunciar lo que les ocurre.

Tortura |

Todo esto lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un nuevo documento publicado
con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se
conmemora el 26 de junio. La tortura es un acto basado en el abuso de poder y la
discriminación de género facilita formas de tortura y penas crueles, inhumanas o
degradantes que tienen como objetivo de manera especial o desproporcionada a las
mujeres y las personas con identidades sexuales no mayoritarias.
Al igual que los hombres, las mujeres están expuestas a sufrir tortura bajo custodia, lo
que en su caso puede incluir amenazas de violaciones o humillaciones de tipo sexual,
pero donde las mujeres corren más riesgo hoy por hoy es en la calle. El protagonismo
cada vez mayor que han adoptado en las protestas contra los gobernantes ha
conllevado el intento de silenciarlas, a menudo usando la tortura.
Así ha ocurrido en Yemen, donde las activistas y periodistas que se manifestaron
contra el gobierno fueron perseguidas y en algunos casos, recibieron palizas. O en
Bahrein, donde Aayat Alqomorzi recibió descargar eléctricas en el rostro después de
ser detenida por recitar poemas alusivos al rey durante las protestas de 2011.
Además, las mujeres corren riesgo por ser defensoras de derechos humanos o
activistas políticas. Se ha documentado en China, donde la abogada Ni Yulan
- experta en casos de demolición de viviendas- fue torturada hasta dejarla en una silla
de ruedas, y en otros países como Irán o Zimbawe.
La discriminación de género está en el origen de vejaciones como las pruebas de
virginidad, una práctica habitual durante el gobierno de Mubarak en Egipto. Cuando
el ejército desalojó a los manifestantes de la plaza Tahrir de El Cairo el 9 de marzo de
2011, se sometió a registros corporales sin ropa a 17 de las mujeres que fueron
detenidas allí y a 7 de ellas se les practicaron “pruebas de virginidad”, que están
reconocidas como una forma de tortura. A finales 2011, un tribunal administrativo
determinó que las "pruebas de virginidad" eran ilegales y ordenó a las fuerzas
armadas que dejaran de hacerlas, aunque en marzo de 2012 un médico militar
egipcio acusado de realizarlas fue absuelto.
Conflictos armados: mujeres objetivo de todas las partes
En los conflictos armados, las mujeres y las niñas en numerosas ocasiones son
víctimas de la violencia sexual como instrumento de terror (violación pública,
incesto forzado, propagación deliberada del VIH), son torturadas (con actos de
crueldad extrema: inserción de objetos como cañones de armas, palos, botellas,
porras embadurnadas con picante), son ofrecidas como “botín” a las tropas tras un
enfrentamiento armado y tratadas como esclavas sexuales, y las menores son
utilizadas como niñas soldados.

Hechos como estos han sucedido en la República Democrática del Congo, donde se
cometieron violaciones masivas en 2010 y 2011 por parte tanto de soldados de las
fuerzas armadas congoleñas como de miembros de las Fuerzas Democráticas de
Liberación de Ruanda. En Costa de Marfil se han documentado casos de esclavitud
sexual por combatientes o violaciones en público y en presencia de familiares de la
víctima para humillar a la comunidad a la que pertenecen.
Controlar por la fuerza la sexualidad y la reproducción
La mutilación genital femenina afecta cada año a miles de mujeres y niñas en
muchas partes del mundo. La operación puede causar infección generalizada e
incluso la muerte, pero el sufrimiento dura toda la vida ya que a largo plazo puede
provocar tumores, infertilidad, mayor riesgo de infección de VIH/SIDA, incontinencia
urinaria y relaciones íntimas dolorosas, entre otras graves consecuencias.
Aunque países como Guinea-Bissau o Suiza aprobaron legislación para prohibir o
penar esta práctica en 2011, en otros, como Liberia o Sierra Leona, sigue sin
penalizarse. En Indonesia esta práctica incluso ha sido defendida públicamente por
la ministra de Salud.
En ocasiones, tras una violación, las víctimas son obligadas a contraer matrimonio
con los violadores, como única manera para mantener el “honor” de su familia y su
entorno. El sufrimiento se perpetúa así durante toda la vida de la mujer o la niña
violada. El matrimonio forzado y a edad temprana no sólo es discriminatorio, sino
que puede equivaler a tortura y esclavitud sexual. Según la ONU, en el 56% de las
bodas celebradas en Afganistán la novia tenía menos de 16 años.
La esterilización forzada también puede constituir tortura o malos tratos, como ha
reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional ha
denunciado situaciones como la de China donde, con el pretexto de la planificación
familiar, se han adoptado medidas para esterilizar a miles de personas, algunas en
contra de su voluntad. En Eslovaquia, las autoridades siguen sin reconocer su
responsabilidad en los casos de mujeres gitanas esterilizadas sin su consentimiento
pleno e informado.
Más esperanzadora es la situación Perú, donde la Fiscalía de la Nación ha reabierto
una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres realizada
durante la presidencia de Alberto Fujimori, en la década de 1990.
A Amnistía Internacional también le preocupan las restricciones en el acceso al
aborto, especialmente cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para la
vida de la mujer o cuando la gestación es producto de una violación. Así ocurre en
Nicaragua, donde a “Amalia”, de 27 años, le negaron el aborto terapéutico que
solicitaba para poder recibir tratamiento contra el cáncer que padecía. AI considera
que la prohibición total del aborto constituye una violación de los derechos humanos
de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o
degradante.
Castigar la orientación sexual y la identidad de género
En ocasiones, la discriminación por su identidad de género o su orientación sexual
hace que algunas personas sufran violaciones de sus derechos humanos que pueden
constituir tortura. Es el caso de la denominada violación “correctiva” o “curativa” de
lesbianas con la supuesta intención de modificar su orientación sexual, o los
exámenes anales de gays bajo custodia con el fin de “demostrar” su homosexualidad.
En Uganda, ser homosexual es un delito que se castiga con la cadena perpetua y los
activistas son perseguidos y torturados. Es paradigmático el caso de David Kato,
asesinado en 2011 después de que un periódico ugandés publicara una lista de los
“100 primeros homosexuales” del país y pidiera ahorcar a los incluidos en ella. En
Honduras, el colectivo GLBTI es víctima de constantes malos tratos y los homicidios
de mujeres transgénero como Jazmín Zelaya o Cintia Nicole Moreno ni siquiera se
investigan.

Recomendaciones
Para acabar con la discriminación y la tortura que sufren mujeres, y personas gays,
lesbianas, transexuales, bisexuales y transgénero, los Estados deben derogar las
normas discriminatorias; proteger a estas personas frente a todas las formas de
violencia; acabar con todas las detenciones ilegítimas; no aceptar en los juicios
pruebas obtenidas bajo tortura; llevar a cabo investigaciones independientes y
asegurar que las víctimas tienen acceso a la justicia y a una reparación plena.

Informe final Tortura

/// FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Juan Ignacio Cortés o Celia Zafra
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802
Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org
Por

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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