WOLA y su balance del Plan Colombia a 10 años

Jueves 27 de enero de 2011, por Cesar Morales Oyarvide

Este informe concluye que aunque se vendan con éxito las ganancias en seguridad estas son “parciales, posiblemente reversibles, y pueden ser lastradas por los daños colaterales que han significado”. En resumen, se trata de una muestra gráfica del por qué el Plan Colombia y la Seguridad Democrática no son un modelo ni deberían serlo.

2010 fue un año redondo en cuanto a conmemoraciones. Fuera de los festejos de (bi) centenarios varios hubo algunos aniversarios más modestos, como el del Plan Colombia, que cumplió 10 años. Con motivo de este aniversario, mucho se ha celebrado la estrategia de cooperación entre Estados Unidos y Colombia para atajar el problema del narcotráfico y la violencia relacionada con este. Al no poder sustentar el éxito de dicho Plan en el tema de drogas (la producción se mantiene o aumenta y el precio de la droga baja), sus defensores han pasado a centrarse en las mejoras en seguridad que se obtuvieron por medio del Plan y la política del gobierno (también respaldada por los Estados Unidos) llamada Seguridad Democrática: por medio de entre otras cosas, triplicar el presupuesto militar, casi doblar el tamaño de las fuerzas de seguridad, y el usar ciudadanos como informantes pagados se redujo la violencia (bajaron drásticamente asesinatos, secuestros y ataques terroristas) y se hizo aparecer al panorama colombiano como atractivo.

Sin embargo, información aparecida en los últimos meses pone en duda tal afirmación de éxito y sirve para calibrar qué tanto es conveniente o no usar esta estrategia como modelo a imitar. El informe más completo en este sentido es el elaborado por la Washington Office on Latin America, WOLA (una organización promotora de derechos humanos, democracia y justicia social que ha investigado a fondo el tema de la “guerra contra las drogas”), llamado “Colombia: don´t call it a model” disponible en línea (http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/notmodel.pdf) y firmado por Adam Isacson. Este informe concluye que aunque se vendan con éxito las ganancias en seguridad estas son “parciales, posiblemente reversibles, y pueden ser lastradas por los daños colaterales que han significado”. En resumen, se trata de una muestra gráfica del por qué el Plan Colombia y la Seguridad Democrática no son un modelo ni deberían serlo. A continuación hago una síntesis lo más concisa posible de estas fallas:

El costo. En primer lugar, los costos financieros y humanos de una guerra prolongada han sido altísimos. En 2010 se estima que los muertos entre soldados, policías, guerrilleros, y paramilitares son unos 21mil.Los civiles no combatientes muertos unos 14 mil. Y todo esto sin contar los combates que se libran que no involucren a las fuerzas de seguridad (otros miles). Monetariamente, Colombia ha gastado en estos últimos 10 años unos 40-50 mil millones de dólares en aumentar en número y presupuesto a las fuerzas de seguridad. Un costo de oportunidad considerable para un país que necesita competitividad.

La parapolítica. Paradójicamente, mientras que se ha reducido la violencia, las instituciones democráticas y el respeto por los derechos humanos han estado en jaque. El ejemplo más claro es lo que se conoce como “parapolítica”: desde los 80, jefes políticos regionales (muchos de ellos terratenientes con vínculos con narcotraficantes) organizaron y financiaron grupos de paramilitares favorables al gobierno para luchar contra la guerrilla. Con sus táctica de “tierra arrasada” estos grupos mataron a decenas de miles de no combatientes desde los años 90. Entre masacres y fosas comunes, los paramilitares se convirtieron en la organización que más viola Derechos Humanos del país.

La sospecha de que estos grupos no podrían haber funcionado sin apoyo de políticos locales se hizo realidad con la evidencia obtenida recientemente (mucha de ella de ex jefes paramilitares) lo que desencadenó una cascada de investigaciones criminales en las que se encuentran implicados un primo del ex presidente Uribe y varios políticos de su “grupo compacto”. Como corolario, los encargados de llevar a cabo estas investigaciones han tenido que afrontar diversos obstáculos, han sido agredidos y amenazados por el círculo del ex presidente y espiados por los servicios de inteligencia.

¿Justicia y Paz? La estrategia de Seguridad Democrática implicó un pacto fáustico con los paramilitares y un intento de “pasar página sin haberla leído antes”. Entre 2002 y 2006, se desmovilizó vía negociación con el gobierno a las AUC (Autodefensas Unidas d Colombia), el grupo paramilitar más grande. El resultado fue “Justicia y Paz”, un proceso de justicia transicional en que se ofrecía a los líderes aminorar sentencias a cambio de confesiones y reparación a las víctimas. Sin embargo, nada de eso ha pasado. El lento proceso no ha juzgado ni encarcelado a ningún líder “paraco” por violaciones a derechos humanos y prácticamente no ha regresado tierras o propiedades robadas a centenares de miles de familias. Aunque han decrecido las matanzas de los paramilitares, la gente que demanda devoluciones de tierras robadas sigue en riesgo: 45 de ellos murieron en 2005.

Los falsos positivos. Sin muchos de los paramilitares, el ejército colombiano ganó protagonismo contra la guerrilla. Simultáneamente, el número de violaciones de Derechos Humanos atribuidas al mismo se disparó. El Ejecutivo pedía resultados, mensurables, y ninguno era más gráfico que el conteo de muertos. Para 2005, ONGs y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas observaron un fenómeno perturbador: casos de civiles muertos, luego vestidos con ropa de camuflaje y finalmente presentados como guerrilleros muertos en combate. Aunque Uribe llamó “portavoces de terroristas” a los defensores de derechos humanos que revelaron estos hechos, argumentando un complot político en su contra, para 2008 los “falsos positivos” ya no se pudieron negar. En 2009 se contabilizaban un total de 2177 víctimas de estos crímenes desde 1985 (entre los cuales unos mil ocurrieron tras el año 2002, cuando se lanzó la “Seguridad Democrática”). Un número tal indica que los responsables no son sólo “manzanas podridas”, sino que se trata de una política, de algo sistemático contra la que poco se ha hecho judicialmente.

El DAS y sus actividades ilegales. También ha sido escandalosas las oleadas de alegaciones sobre las actividades criminales, los vínculos con paramilitares y narcotraficantes (a quienes entregaban listas de opositores para ser asesinados), de vigilancia ilegal e intimidación a políticos, periodistas, jueces y activistas, realizadas por el DAS (Departamento de Administración de Seguridad), la policía secreta de la Presidencia de Colombia. Su director en tiempos de Uribe, Jorge Noguera, está en juicio por homicidio calificado, aunque tras su defenestración los escándalos no han cesado.

Documentos del DAS disponibles en la página http://www.cipcol.org/?p=1467 aparecidos a principios de 2010 revelan una estrategia de verdadera guerra contra los adversarios políticos del gobierno, por medio de acusaciones infundadas ( desde vínculos con la guerrilla hasta adulterio), de sabotaje para complicar y ralentizar su trabajo (especialmente los jueces de la Suprema Corte dedicados a investigar la parapolítica y los falsos positivos, a quienes Uribe llamó “nostálgicos del terrorismo”) y otras acciones ilegales. No se sabe a ciencia cierta cuanto de todo esto sabía Uribe. Lo que sí se sabe es que la orden vino de muy arriba. Este otro escándalo demuestra la forma ilegal de operar del Ejecutivo en el marco de una política de seguridad supuestamente democrática. El mal uso de la DAS, que ha sido receptora predilecta de ayuda estadounidense, pone en aprietos a los defensores de la estrategia aplicada en Colombia y respaldada por Estados Unidos.

Finalmente, las ganancias en seguridad se están estancando. Analistas independientes señalan que desde 2008 hay un modesto pero preocupante aumento en la actividad de grupos guerrilleros, de redes de grupos criminales y pandillas (herederos de los viejos grupos paramilitares y financiados por el narco), lo que ha causado un aumento en los asesinatos en varias áreas. Un caso preocupante es Medellín, que a pesar de su celebrada histórica reducción de violencia, de 2008 a 2009 duplicó su tasa de homicidios. La tasa en Bogotá también aumenta y a nivel nacional, tras años de declive, ha habido ya un 1% de aumento en 2009. Los datos indican que la violencia cayó rápidamente al principio para quedarse en los últimos años en un nivel que se mantiene inaceptablemente alto, por decir lo menos. En otros temas, como el número de desplazados internos (refugiados en su propio país), aunque ha habido una reducción, no se trata de un gran logro: en 2009, se calculaban unos 286 mil sólo en ese año.

Recapitulando, durante los años del Plan Colombia Estados Unidos ha entrenado efectivos, ayudado en campañas de erradicación de cultivos, donado helicópteros, mandado militares y contratistas estadounidenses como apoyo, todo para que Colombia exporte menos droga y la estrategia sencillamente no ha funcionado. En lo tocante a seguridad, los progresos se encuentran estancados o en retroceso. Los costos de la estrategia que encarnan el Plan Colombia y la Seguridad Democrática han sido demasiados, sus métodos muchas veces ilegales (violando derechos humanos y violentando instituciones democráticas), y en sus resultado la impunidad y la falta de justicia han acabado imperando, mientras la pobreza se concentra cada vez más en el país andino. Si se puede aprender algo de esta experiencia es que una estrategia como esta no debe ser replicada, ni en México ni en Afganistán ni en ningún sitio, porque sería desastroso.

Tras 10 años, creo que la lección más clara de un balance del Plan Colombia es que se llega pronto al límite de lo que la estrategia militar y policial tiene que ofrecer de bueno. Es muy probable que si el Plan Colombia y la Seguridad Democrática han fracasado lo han hecho por su naturaleza desequilibrada, pues solo un 20% de la asistencia se ha destinado a prioridades no militares.

César Morales Oyarvide | Politólogo mexicano

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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