En el informe de admisibilidad, presentado el 6 de diciembre del 2003 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se alega la muerte de 17 civiles y las heridas ocasionadas a otros 27, como consecuencia de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea colombiana.
La CIDH presentó el caso ante la Corte IDH el 28 de julio del 2011 (Caso 12.416, Masacre de Santo Domingo, respecto de Colombia), al considerar que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.
Mediante resoluciones del 5 y el 18 de junio del 2012, la Corte IDH dio respuesta a solicitudes probatorias, específicamente a los testimonios pedios por el Estado colombiano.
En la jurisdicción interna, mediante sentencia del 19 de noviembre del 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 1.100 millones de pesos por los daños causados a los familiares de las víctimas de estos hechos.
Andrés Monroy Gómez
Redactor
Ámbito Jurídico
