El GRI, liderado por Leopoldo López Pinzón, director de la Penitenciaría, Uriel Jaramillo, subdirector y el comandante de vigilancia Teniente Nelson Gutiérrez, ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5, aproximadamente a las 8 de la noche del pasado sábado 11 de junio, hora en la que dieron inicio al operativo que culmino sobre las 4 de la mañana de hoy, 12 de junio.
Así lo denunció la Fundación Lazos de Dignidad, una de las organizaciones pertenecientes a la Campaña Traspasa los Muros, que lidera el cierre de este centro carcelario, dada la grave crisis que en materia de derechos humanos padecen los prisioneros en dicha penitenciaria.
Sólo hasta el medio día – luego de varias horas de incertidumbre por la situación de los compañeros que vieron por última vez en estado de inconsciencia mientras eran evacuados del lugar en camillas improvisadas con sabanas por funcionarios del INPEC – los internos pudieron establecer que se trataba de Wilson Rodríguez Aristizabal, Luis Alberto Mancilla Polo, Manuel Bermúdez Cuello, Nilsón Céspedes y Ancelmo Ricardo Guzman Avila, quienes se encuentran con graves heridas en la dependencia de sanidad del establecimiento y en el hospital López Pumarejo de Valledupar
Según prisioneros de las torres 8 y 9, que se lograron comunicar con la Fundación Lazos de Dignidad, durante las 8 horas que duró el operativo, se escucharon fuertes gritos provenientes de las otras torres, en las que los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos.
Estos hechos se produjeron a vísperas de una visita humanitaria a desarrollarse el día de mañana lunes 13 de junio, por representantes del Congreso de la República, Gobierno nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos. Al parecer, el INPEC, con el fin de ocultar la realidad de esta cárcel, desarrolló este operativo, que en la última semana ha tenido varias repercusiones en medios masivos de comunicación.
La Fundación Lazos de Dignidad, que insistentemente, ha alertado al gobierno, a las autoridades penitenciarias y organismos de control en materia de derechos humanos sobre la amenaza de agresión existente contra los prisioneros por parte de la dirección de ese penal y de los funcionarios del cuerpo de guardia y custodia, exige a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, se abra una investigación penal contra todos los funcionarios del INPEC que participaron en el operativo en el cual se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, vinculando inicialmente al director y subdirector de ese penal como autores intelectuales de los delitos.
Igualmente solicitan al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, que como máximas autoridades penitenciarias, ordenen el cierre inmediato de la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar.
Es de destacar que la senadora Gloria Inés Ramírez y los representantes a la cámara Hernando Hernández e Iván Cepeda, en diferentes oportunidades han requerido al alto gobierno nacional para que intervenga y solucione la grave crisis que en materia de derechos humanos padecen los prisioneros en dicha penitenciaria, insistiendo en la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria y la constitución de una comisión de negociación para resolver las peticiones de los reclusos, sin que a la fecha el gobierno nacional o las máximas autoridades penitenciarias hayan cedido a las insistentes peticiones, reconociendo de manera vaga la problemática del agua y restándole importancia a las otras situaciones que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la tortura física y psicológica a la que son sometidos los prisioneros.
Los graves hechos hoy denunciados comprometen en su accionar al estado colombiano, que en cabeza del director y subdirector de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” ejecutaron un brutal operativo, en el que el uso de la fuerza no solo fue desproporcional sino que se aprovecho la noche y el fin de semana para cometer crímenes de lesa humanidad –como tortura y tratos crueles- contra los prisioneros, horas y fechas que dificultan la intervención de organismos de derechos humanos y entidades de control, lo que evidencia que el brutal operativo fue premeditado, causando graves lesiones a la integridad física y psicológica de los prisioneros, arrasando completamente con las normas internacionales sobre el tratamiento a los reclusos y la prohibición de la tortura, la constitución colombiana y el código penitenciario y carcelario.
